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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL DISPONER QUE ES CAUSA JUSTIFICADA DE TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO SIN RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MUNICIPIO O ENTIDAD PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL DE QUE SE TRATE, EL HABER OBTENIDO DECRETO QUE OTORGUE PENSIÓN POR JUBILACIÓN O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, CUYO INICIO DE VIGENCIA SE CONSIGNARÁ EN EL MISMO ORDENAMIENTO, VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL PREVER QUE EL CONGRESO DEL ESTADO FIJARÁ LOS CASOS EN QUE PROCEDA OTORGAR EL PAGO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA POR EDAD AVANZADA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, ASÍ COMO LA CUANTÍA A LA QUE DEBERÁN ASCENDER AQUÉLLAS, VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, SE HACE EXTENSIVA AL DIVERSO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE ESE ORDENAMIENTO, AL REITERAR LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA EXPEDIR DECRETOS DE PENSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, RESPECTO DE TRABAJADORES MUNICIPALES. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 90/2008. · Registro digital (IUS): 22642
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ZACATEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 2503.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 90/2008. MUNICIPIO DE ZACATEPEC, ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de noviembre de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veintiocho de julio de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bulmaro Paredes Ocampo, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que demandó la invalidez de los actos que adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: El Congreso del Estado de Morelos. El titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. El secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo de Morelos, por lo que hace al refrendo de la publicación de las normas impugnadas. Norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. a) Se demanda la invalidez de los Decretos Números 785 y 797 expedidos por el Congreso del Estado de Morelos a través de los cuales inconstitucionalmente determina pensiones con cargo al presupuesto de egresos del Municipio actor; mismos que fueron publicados en la edición del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 4627 de fecha 16 de julio del año 2008. b) Se demanda la invalidez del Decreto Número 782 de fecha 17 de junio del año 2008, publicado en la edición del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 4620 del día 18 del mismo mes y año, por lo que hace a la adición de la fracción XV al artículo 24; y la reforma al artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. c) Por extensión y efectos, al formar parte del mismo sistema normativo, se demanda la invalidez de los artículos: c).1. Los artículos 1, 8, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV; 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e incisos a), b), c) y d); 54, fracciones I, VI y VII; y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. c).2. El artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 4529 de fecha 9 de mayo del año 2007. c).3. El artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 4546 de fecha 12 de junio del año 2007."

SEGUNDO. La promovente aduce como antecedentes los siguientes:

"1. Refiero a sus Señorías que en la edición del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ del Gobierno del Estado de Morelos número 4620 de fecha 18 de junio del año 2008, se publicó el Decreto 782, de fecha 17 del mismo mes y año, a través del cual se reforma integralmente el artículo 56; se adiciona la fracción XV al artículo 24; y se derogan: el cuarto párrafo de la fracción II del artículo 58 y el tercer párrafo del artículo 59, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En el extenso capítulo de consideraciones del decreto en mención, sus Señorías podrán apreciar que el Poder Legislativo de Morelos, ratifica inconstitucionalmente su atribución para calificar las relaciones laborales de los Municipios y emitir decretos de pensiones de cualquier naturaleza, con cargo al gasto público municipal; pese al análisis hecho por sus Señorías en el que advirtieron la ausencia de un sistema integral, equitativo y legal de prestaciones de seguridad social a los trabajadores burocráticos; y al veredicto pronunciado al resolver la mencionada controversia constitucional número 55/2005, promovida por el Municipio de Xochitepec, Morelos. Dentro del mismo capítulo de consideraciones del Decreto 782, sus Señorías de igual forma podrán observar, que el mismo Congreso Local reconocer que al emitir unilateral e inconstitucionalmente sus resoluciones de pensiones, con frecuencia no se produce la extinción de la relación laboral, pues los trabajadores al servicio de los Municipios o de los Poderes Locales, continúan prestando sus servicios; demandando posteriormente la actualización del monto de la pensión; actualización que se da, en el caso de los Ayuntamientos, desde luego y nuevamente con cargo a sus respectivos presupuestos de egresos. A su vez y en aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, incluyendo las modificaciones autorizadas en el citado Decreto Legislativo Número 782, en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 4627 de fecha 16 de julio del año 2008, el Poder Legislativo Local emitió los Decretos Números 785 y 797, a través de los cuales inconstitucionalmente determina pensiones con cargo al presupuesto de egresos del Municipio actor. Determinación legislativa que a través de este medio se impugna, junto con las demás normas que tienen íntima vinculación, al formar parte del mismo sistema legal."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que se hicieron valer son los siguientes:

"Primero. Se vulneran en perjuicio del Municipio actor, los artículos 14, 16, 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente determinan: la obligación invariable de cualquier autoridad para emitir sus resoluciones o actuar de manera fundada y motivada, no sólo respetando las garantías individuales del gobernado, sino el ámbito de competencia y atribuciones de las demás autoridades, en este caso, municipales; que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales con base en lo establecido en el artículo 123 de la misma Norma Fundamental; y que las normas locales establecerán la forma y los procedimientos para otorgar, entre otras, las prestaciones de seguridad social a los trabajadores burocráticos; seguridad social que será proporcionada a través de un organismo que se constituya para tal efecto, a quien corresponde administrar el fondo de aportaciones que cubran proporcionalmente los trabajadores y las instituciones que actúen como patrón y para el mismo fin, lo que implica socializar los riesgos de seguridad social. Los citados mandamientos constitucionales han sido transgredidos en agravio del Municipio actor, por virtud de los Decretos Números 785 y 797, a través de los cuales inconstitucionalmente el Congreso de Morelos, determina pensiones con cargo al presupuesto de egresos del Municipio actor; así como la invalidez de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV; 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en sus incisos a), b), c) y d); 54, fracciones I, VI y VII; y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; numerales que si bien es cierto reconocen como derecho de los trabajadores de los Municipios diversas prestaciones, entre las que se ubican: la atención médica integral; el otorgamiento de préstamos; el apoyo para vivienda; así como las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada; invalidez; orfandad y ascendencia; también lo es, que tales normas y sus actos concretos de aplicación, establecen un sistema de prestación local, que transgrede los citados mandamientos o exigencias de la Norma Fundamental, lo que produce perjuicios en agravio del Municipio actor, puesto que: a) Se le impone la obligación de cubrir dichas prestaciones de manera directa y exclusivamente con cargo a la hacienda municipal, cuando por mandato de los mencionados preceptos constitucionales federales, los riesgos de seguridad social deben socializarse. b) Se le impide realizar una efectiva planeación financiera para cumplir con dichas prestaciones laborales y al mismo tiempo prever los recursos para la dotación de los servicios y la realización de las obras que requiere la comunidad a la que sirve. Pues si bien es cierto, que el Municipio actor está obligado por mandamiento constitucional federal, a programar y proporcionar la dotación y pago de las prestaciones laborales de sus trabajadores, también lo es que las normas locales de Morelos, impiden que tal cumplimiento se genere. c) Se merman los recursos municipales, al disponer que se cubran con cargo a su hacienda y de manera duplicada algunas de dichas prestaciones, o bien, pague inequitativamente el cien por ciento de una pensión, aun cuando el trabajador haya proporcionado el mayor tiempo de su actividad productiva al servicio de los Poderes Estatales o de otros Municipios. d) Se autoriza la intromisión inconstitucional de la Legislatura Local, para que ésta califique las relaciones laborales de los trabajadores del Municipio actor, e imponga unilateral, exclusiva y arbitrariamente todo tipo de pensiones a cargo de las arcas municipales, como así acontece con los Decretos Números 785 y 797, que otorgan dos pensiones con cargo al presupuesto de egresos municipal. En efecto, informo a sus Señorías, que en el Estado de Morelos, los mencionados artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV; 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en sus incisos a), b), c) y d); 54, fracciones I, VI y VII y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, violentan lo establecido en los artículos 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el marco normativo local, no establece la forma y los procedimientos indispensables para otorgar las prestaciones a que los trabajadores burocráticos tienen derecho; entre ellas, de seguridad social, ni se ha constituido el organismo a quien corresponda administrar los fondos y proporcionar los servicios en el mismo sentido, organismo a través del cual puedan socializarse el pago de las prestaciones de seguridad social. Vulneración que propicia la indefensión de los trabajadores burocráticos municipales; y además, gesta una serie de abusos e intromisiones de la Legislatura Local hacia la potestad de gobierno, hacienda y autonomía municipal, pues a guisa de ejemplo, refiero a sus Señorías, que a diferencia de los Poderes Locales que cuentan con un instituto de crédito para los trabajadores burocráticos del Gobierno del Estado (que por cierto cobra intereses elevados por los financiamientos que otorga) en general, los Municipios, y en particular el Municipio actor, carecen del marco normativo que considere el sistema bajo el cual integralmente se proporcionen las prestaciones a que tienen derecho sus trabajadores, lo que los obliga a autorizar de manera directa y a cargo del presupuesto de egresos municipal, préstamos en numerario a sus empleados, que les permitan resolver de manera inmediata o en el mediano o largo plazo algunos de sus apremios o necesidades; autorizaciones municipales que simultáneamente generan que el órgano de fiscalización del Congreso del Estado, emita categórica e intransigentemente una ‘observación resarcitoria’, imputando ‘responsabilidad directa’ a los funcionarios municipales, por el hecho de no haber ‘cobrado o recuperado’ al 31 de diciembre de cada año, el monto íntegro de tales préstamos, lo que no sólo limita inconstitucionalmente su potestad de gobierno, sino ocasiona reclamos y acciones jurídicas laborales que los mismos trabajadores emprenden en contra del Gobierno Municipal, a más de las acciones jurídicas que arbitrariamente despliega la Legislatura Local por conducto de su mencionado órgano de fiscalización. Vulneración que se acredita, pues también como botón de muestra, respetuosamente indico a sus Señorías, que si bien es cierto que los artículos 43, fracción V; 45, fracción XV, inciso d); 54, fracción I y 55 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consignan que las prestaciones de seguridad social, consistentes en la atención médica integral a los trabajadores burocráticos y sus familiares, se otorgarán a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, previa la celebración del convenio que al efecto se celebre; también lo es: Que la opción de proporcionar, previa la celebración de un convenio y a los trabajadores burocráticos municipales, los servicios de seguridad social que prestan tales organismos federales, no significa haber cumplido con los mandamientos constitucionales contenidos en los citados artículos 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir; de definir la forma y los procedimientos para otorgar la seguridad social a los trabajadores burocráticos, ni las exentas de constituir el organismo que ex profeso se encargue de administrar los recursos y de prestar los servicios en tal sentido; ni las autoriza para cargar exclusivamente y a cargo del Municipio actor las prestaciones de seguridad social, que deben socializarse por mandamiento constitucional. Que en el caso en que el Ayuntamiento actor optare por la celebración del convenio, bien sea con el Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, es evidente también, que la normatividad vigente de ambos organismos federales, limita a los afiliados el disfrute de todas las prestaciones laborales a que tienen derecho, en el presente caso, a los trabajadores municipales, dado que de inicio, la atención y subvención, por ejemplo, con el IMSS y respecto de las trabajadoras que estén en periodo de gestación o embarazo, no quedan cubiertas con la celebración del convenio que llegare a celebrar el Municipio actor, lo que deviene, en que el Municipio no pueda dejar en el abandono o inhibirse de cubrir el derecho de otorgar seguridad social a dichas trabajadoras, por resultarles ajenas las limitaciones jurídicas que tenga dicha institución federal, teniendo que pagar de manera directa tales conceptos; o bien, en el caso en que el trabajador municipal padezca alguna enfermedad crónica o terminal, tampoco quedaría cubierta su atención médica ni el otorgamiento de otros beneficios a que tenga derecho con la celebración de dicho convenio, pues las mencionadas instancias federales se inhiben en este tipo de circunstancias de otorgar las prestaciones. Lo que sigue demostrando, que las normas locales contenidas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, vulneran, reitero, los mandamientos constitucionales que obligan al legislador ordinario a que los riesgos de seguridad social sean socializados; a definir la forma y los procedimientos para otorgar la seguridad social a los trabajadores burocráticos; así como de constituir el organismo que ex profeso se encargue de administrar los recursos y de prestar los servicios en tal sentido. Que en el mismo caso en que el Ayuntamiento actor, optare por la celebración del convenio con cualesquiera de los dos organismos de seguridad social del Gobierno Federal, ello también genera a cargo de las arcas públicas municipales y de manera duplicada, el otorgamiento de pensiones; pues las citadas instituciones de seguridad social federales, proporcionan en general a todos sus afiliados el derecho irrenunciable de recibir una pensión, cubriendo desde luego los requisitos legales que la normatividad establece en cada caso; y por su parte, los artículos 1, 8, fracción IV, 11, 15, fracción VI, 24, fracción XV, 43, fracciones XIII y XV, 54, fracción VII, 56, 57 y 58 a 64 de la misma Ley del Servicio Civil de Morelos, disponen como obligación del Municipio actor y como derecho también irrenunciable de los trabajadores municipales, el disfrutar de la diversa pensión sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia, que unilateralmente decrete el mismo Poder Legislativo con cargo directo a las arcas del Municipio. Que la transgresión a los citados mandamientos constitucionales quedan también probados, cuando el artículo 61, párrafo segundo, de la mencionada Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza que la atención médica de los trabajadores municipales se preste por médico particular, tan es así, que autoriza al trabajador para acreditar su invalidez a través de un dictamen o diagnóstico médico emitido por profesionista legalmente autorizado para ejercer su profesión, cuando dicho trabajador ‘no esté afiliado a ninguna institución’; lo que evidentemente demerita ‘el derecho irrenunciable’ consignado legalmente a favor del trabajador; ante,

reitero, la transgresión de las normas locales, para efectivamente considerar y establecer un sistema integral de seguridad social; la socialización de los riesgos de seguridad social y el organismo que se encargue de ello. Que la transgresión a los citados mandamientos constitucionales, queda también demostrado, con la duplicidad en el pago de pensiones de igual o diversa naturaleza, a cargo de las arcas municipales y respecto de un mismo trabajador; pues de conformidad a lo establecido en el artículo 66, párrafo cuarto, de la tantas veces citada Ley del Servicio Civil de Morelos, se faculta inconstitucionalmente al mismo Congreso para ‘requerir’ al trabajador, a fin de que éste defina qué pensión opta por disfrutar, en el caso en que dicho beneficiario tenga dos pensiones a cargo del Gobierno Estatal o de un Municipio. Y por si lo anterior no fuere bastante, de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil de Morelos, y de la interpretación y aplicación extensiva que el mismo Poder Legislativo realiza al artículo 59 del mismo ordenamiento, la pensión que por años de servicio se considere a favor de los trabajadores, autoriza a sumar la antigüedad o los años de servicio que el trabajador haya prestado en cualesquiera de los demás Poderes Locales y de otros Municipios de la misma entidad, lo que significa, a manera de ejemplo, que basta que un trabajador haya prestado sus servicios en un Ayuntamiento por unos cuantos días, para que sea beneficiario de una de las pensiones que por antigüedad refieren los artículos 58 y 59 del mismo ordenamiento, si demuestra que el resto del tiempo exigido en dichos preceptos, prestó sus servicios en el Gobierno Estatal o en cualquiera de los demás Ayuntamientos, quedando a cargo de las arcas públicas municipales en que el trabajador preste el último de sus servicios, el pago absoluto de la pensión decretada. Lo que sigue acreditando la inexistencia de un sistema integral que otorgue a los trabajadores burocráticos sus prestaciones relativas a la seguridad social y del organismo que se encargue de ello, que al mismo tiempo genera todo tipo de arbitrariedades que merman injusta e inequitativamente las arcas municipales, privando al Ayuntamiento que represento de la posibilidad real de realizar un ejercicio de planeación financiera en el corto, mediano y largo plazo, para prever con cargo a cada presupuesto anual: El pago de las pensiones que derivado de sus relaciones laborales se generen, cuando la contratación de cualquier persona, puede dar motivo a que en el corto e incluso en el inmediato plazo, se le imponga una pensión que determine unilateralmente la Legislatura Local, si dicho trabajador acredita el tiempo o plazo de servicio en otras instancias públicas ajenas, en términos de lo establecido en los mencionados artículos 58 y 59 de la Ley del Servicio Civil de Morelos. O bien, en el pago de las prestaciones de seguridad social que deben cubrirse adicionalmente, en los casos en que, no obstante la celebración del convenio que se celebre con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dichas instituciones no consideren integralmente la prestación de todos los servicios que en materia de seguridad social correspondan a los trabajadores municipales. E incluso, se merman también los recursos de la hacienda pública municipal, dado que el pago de las pensiones que decrete el Poder Legislativo, van a cargo y en forma exclusiva al gasto público, sin que proporcionalmente se hayan fijado las aportaciones que en este sentido correspondan a los trabajadores. Finalmente, aunque no menos importante, la transgresión de los mencionados artículos de la Ley del Servicio Civil de Morelos, a lo establecido en los mandamientos constitucionales federales contenidos en los preceptos 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X, inciso f), segundo párrafo, también queda demostrada, si sus Señorías dan lectura al capítulo de consideraciones y los artículos que fueron objeto de modificación mediante el Decreto Número 782 expedido por la misma legislatura y publicado en el Periódico Oficial 4620 de fecha 18 de junio del año en curso, mediante el cual, el Poder Legislativo lejos de atender las consideraciones vertidas por sus Señorías al analizar algunas de las normas contenidas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y soslayar el veredicto pronunciado al resolver la controversia constitucional número 55/2005, ratifica su inconstitucional atribución de calificar las relaciones laborales del Municipio actor y expedir decretos que impongan todo tipo de pensiones con cargo al gasto público municipal. En efecto; en el citado Decreto Número 782, sus Señorías podrán apreciar, que lejos de rectificar y expedir la legislación ordinaria que finalmente cumpla las exigencias constitucionales federales, para regular integralmente las prestaciones laborales a que tienen derecho los trabajadores burocráticos municipales, entre ellas, insisto, las de seguridad social, el Congreso adujo, que con el objeto de ‘corregir situaciones irregulares’, identificado como ‘situación irregular’ el que los servidores públicos estatales o municipales no obstante lograr del Congreso el otorgamiento de una pensión, la prestación o relación laboral con el Municipio o con el Estado continúe y, a la postre, genere demandas de tipo laboral, reclamando la actualización del importe que por pensión les es reconocida por la legislatura, que lo obligan a emitir un nuevo decreto. Todo esto al margen del Municipio actor que como gobierno, tiene la potestad de nombrar, cubrir las prestaciones de sus trabajadores, otorgarles estímulos por sus servicios, o imponerles medidas disciplinarias y aun removerlos, autorizando el gasto público que prevea cubrir todas las prestaciones económicas que generen o pueda generarse con motivo de sus relaciones laborales. Consideraciones o reflexiones plasmadas en el mencionado Decreto 782, de las que copio en su parte conducente lo siguiente: ‘... II. Materia de la iniciativa. Reformar la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con el fin de prever y corregir situaciones irregulares en cuanto al pago de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, y el inicio de la vigencia para el pago de la mismas, corrigiendo situaciones que se han venido presentando en los casos en que trabajadores que solicitan su pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada, al serles otorgada ésta, no cesan en sus funciones, sino que siguen laborando y al paso del tiempo presentan demandas laborales, contra el poder o Municipio en que se encuentren laborando y contra el Congreso, solicitando la actualización de la pensión por el tiempo laborado después de que se les expidió el decreto para el pago de la pensión correspondiente, por lo que la iniciativa busca perfeccionar la ley con el fin de dar certidumbre jurídica a quienes tienen derecho a recibir dicha prestación y a quienes deben pagarla ...’. ‘... En su redacción manifiestan que después de hacer un estudio cuidadoso de los artículos 24, 54, fracción VII, 56, 58 y 59 de la ley en comento, han detectado que el inicio de la vigencia para el pago de la pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada al siguiente día de la separación del empleo del ya pensionado, ha dado lugar a situaciones irregulares en que trabajadores que solicitan su pensión por jubilación o por cesantía en edad avanzada y les es otorgada ésta, no cesan en sus funciones, sino que siguen laborando y al paso del tiempo presentan demandas laborales contra el poder, Municipio o institución pública de que se trate, o bien, contra el Congreso del Estado, solicitando la actualización de la pensión por el tiempo que han laborado después de que se les expidió el decreto para el pago de la pensión correspondiente ...’. Por lo que se solicita se declare la invalidez de las citadas normas locales, al resultar inconstitucionales. Segundo. Se vulneran en perjuicio del Municipio actor, los artículos 14, 16, 115, en su fracción II, y penúltimo párrafo, fracción IV, en su penúltimo párrafo, y fracción VIII, en su segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente determinan: La obligación invariable de cualquier autoridad para emitir sus resoluciones o actuar de manera fundada y motivada, no sólo respetando las garantías individuales del gobernado, sino el ámbito de competencia y atribuciones de las demás autoridades, en este caso municipales; que reconoce a los Gobiernos Municipales personalidad jurídica y autonomía en la administración legal de su patrimonio; que determinan que el Ayuntamiento es el titular, en su calidad de patrón, de las relaciones de trabajo con sus servidores públicos, pudiendo designarlos, estimularlos, imponerles sanciones disciplinarias, removerlos y otorgarles las prestaciones laborales a las que tengan derecho; que disponen que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales con base en lo establecido en el artículo 123 de la misma Norma Fundamental; y que toca a los Ayuntamientos sancionar y disponer anualmente su gasto público, en el que se incluya desde luego, el pago de las prestaciones laborales de sus trabajadores. Los mencionados mandamientos constitucionales se han transgredido en agravio del Municipio actor, al momento en que la Legislatura Local, emitió el Decreto Número 782, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 4620, de fecha 18 de junio del año 2008, que adiciona la fracción XV al artículo 24; y reforma integralmente el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a través de los cuales la Legislatura Local reiteró su atribución inconstitucional para determinar unilateral y arbitrariamente todo tipo de pensiones con cargo a las arcas municipales, calificando previamente las relaciones laborales entre los trabajadores y el Municipio actor; así como sus respectivos actos de aplicación, contenidos en los Decretos Números 785 y 797, por medio de los cuales impone o decreta unilateral y arbitrariamente dos pensiones, con cargo al presupuesto de egresos del gobierno que represento. Lo que sus Señorías podrán apreciar de la cita que hago de los dispositivos objeto de modificación en dicho decreto: ‘Artículo 24.’ (se transcribe). ‘Artículo 56.’ (se transcribe). De la transcripción anterior, sus Señorías podrán apreciar, insisto, que la Legislatura Local, lejos de reconsiderar su actitud, mediando el veredicto pronunciado por ustedes en la controversia constitucional número 55/2005, ratificó su arbitrario proceder, para calificar las relaciones laborales de los Municipios y continuar emitiendo decretos por pensiones con cargo a las arcas municipales, incluso en el caso que no exista ‘decreto’, que tampoco excluye la exigencia para imponerle el pago de pensiones por jubilación, cuando inexplicablemente en el último párrafo del artículo 56, indica que la ‘pensión’ deberá ser cubierta ‘al día siguiente de la separación’ del trabajador. Preceptos recientemente renovados por dicho decreto legislativo, que obliga por extensión y efectos, a demandar de igual forma las demás normas locales que tienen íntima vinculación con los artículos objeto de alteración, al formar parte del mismo sistema o conjunto normativo alusivo a las pensiones que serán decretadas con cargo a la hacienda del Municipio que represento. Por lo que consecuentemente, se demanda la invalidez de los artículos 57, último párrafo; 58, párrafo primero; 64 y 66 en su párrafo final, de la misma Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y los preceptos 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, que respectivamente establecen: a) La facultad del Congreso del Estado para recibir las solicitudes de los trabajadores municipales o sus beneficiarios, calificar la procedencia del cumplimiento de los requisitos laborales y determinar con cargo a la hacienda pública municipal, las pensiones que por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia establece el mismo ordenamiento, en sus artículos 57 y 64, que a la letra dicen lo siguiente: ‘Artículo 57.’ (se transcribe). ‘Artículo 64.’ (se transcribe). b) Determinar la pensión por jubilación, a cargo de la hacienda pública del Municipio actor, estando autorizada la Legislatura Local, para sumar el tiempo de los servicios que el trabajador haya prestado en instituciones u órdenes de gobierno que le son ajenos, como lo son cualesquiera de los tres Poderes Locales o incluso de los demás Ayuntamientos, como se aprecia de la lectura del artículo 58 de la mencionada ley: ‘Artículo 58.’ (se transcribe). c) Autorizar a la Legislatura Local para requerir que el trabajador, defina cuál de las dos pensiones a su favor es que opta y a cargo de las arcas municipales, como así lo establece el artículo 66, que textualmente refiere: ‘Artículo 66.’ (se transcribe). d) Disposición de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que dan pie a lo establecido en los artículos 67, fracción I, de la Ley Orgánica del C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22642-fc573999/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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