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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 95 BIS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, REFORMADO POR DECRETO NÚMERO 123, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 27 DE MARZO DE 2008, QUE SE REFIEREN AL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA RETENCIÓN DE APORTACIONES FEDERALES PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA, NO VULNERAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 51 Y SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 95 BIS, 230 A, 230 B, 230 C, 230 D, 230 E Y 230 F DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, REFORMADO Y ADICIONADOS POR DECRETO NÚMERO 123, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 27 DE MARZO DE 2008, RELATIVOS A LA RETENCIÓN DE APORTACIONES FEDERALES Y PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA, NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 51 Y SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE DE 2007, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 95 BIS, 230 A, 230 B, 230 C, 230 D, 230 E Y 230 F DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, REFORMADO Y ADICIONADOS POR DECRETO NÚMERO 123, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 27 DE MARZO DE 2008, RELATIVOS A LA RETENCIÓN DE APORTACIONES FEDERALES Y PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 95 BIS, 230 A, 230 B, 230 C, 230 D, 230 E Y 230 F DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, REFORMADO Y ADICIONADOS POR DECRETO NÚMERO 123, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 27 DE MARZO DE 2008, RELATIVOS A LA RETENCIÓN DE APORTACIONES FEDERALES Y PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 64/2008. · Registro digital (IUS): 21404
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, , Pág. 1373.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 64/2008. MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO, MARTHA ELBA HURTADO FERRER, ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ Y JOSÉ MARÍA SOBERANES DÍEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de diciembre de dos mil ocho.

VISTOS Y;

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes y órganos demandados, actos impugnados. Por oficio recibido el nueve de mayo de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Pascual Soto Cruz, quien se ostentó como síndico procurador del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de lo siguiente:

Normas generales:

1) Los artículos 95 Bis, 230 A, 230 B, 230 C, 230 D, 230 E y 230 F del Código Financiero del Estado de México y Municipios, publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado de México de veintisiete de marzo de dos mil ocho por "Decreto Número 123".

Señalaron como autoridades demandadas al:

a) Poder Ejecutivo en el Estado de México.

b) Poder Legislativo del Estado de México.

c) Secretario de Gobierno del Estado de México.

d) Director de la Gaceta Oficial del Estado de México.

Señaló como terceros interesados a:

a) Comisión del Agua del Estado de México.

b) Comisión Nacional del Agua.

c) Secretaría de Finanzas del Estado de México.

d) Los 248 Municipios del Estado de México.

SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, en síntesis son los siguientes:

1. El veintiuno de diciembre de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene la adición del artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal.

2. El once de marzo de dos mil ocho, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de México presentó ante el presidente de la Diputación Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de México, la iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

3. El diecisiete de marzo de dos mil ocho, las Comisiones Legislativas Unidas de Recursos Acuíferos y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura Estatal, aprobaron con modificaciones, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

4. El dieciocho de marzo de dos mil ocho, la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de México aprobó la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

5. El veintisiete de marzo de dos mil ocho, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de México el decreto mediante el cual se realizan reformas y adiciones al Código Financiero del Estado de México y Municipios.

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, en síntesis, son los siguientes:

Violación al artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Federal.

Primer concepto. Existe una violación indirecta a la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal porque las reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios vulneran el patrimonio de los Municipios, porque establecen que se podrán afectar los recursos que por ley forman parte del patrimonio de la hacienda pública, pues tales disposiciones establecen ciertos supuestos jurídicos en los cuales al cumplirse dichas hipótesis se hará dicha afectación, sin que hayan ingresado los recursos de los fondos a que se refiere la fracción IV del artículo 228 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, afectando la hacienda pública de los Municipios.

Segundo concepto. Existe una violación al principio de libre administración hacendaria contenido en el artículo 115, fracción IV, constitucional, ya que en los términos en que se realizaron las reformas al artículo 230 B del Código Financiero del Estado de México y Municipios se vulnera dicho artículo constitucional, en virtud de que es prerrogativa del Municipio definir y priorizar cuales son sus necesidades financieras primordiales distintos a sus necesidades reales. Sin embargo, el mecanismo de retención establecido por la Federación en colaboración con el Gobierno del Estado de México conlleva implícitamente a reducir en forma ilegal las participaciones federales a los Municipios y, en consecuencia, limitar los recursos financieros del Municipio actor, en detrimento de los gobernados que habitan en él.

Tercer concepto. Con el artículo 95 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios el legislador local excedió sus funciones, al establecer el mecanismo de retención de aportaciones por concepto de derecho de agua, vulnerando el artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Federal, ya que sin mediar procedimiento jurídico, de manera unilateral se hace la retención sin permitir que los recursos del fondo lleguen a ser parte de la hacienda pública.

El mecanismo que en su caso debió de implementarse sería el dejar de manera optativa a los Municipios para que en su rango de porcentaje con cargo al fondo destinaran a cubrir los adeudos que en su caso existieran por concepto de derechos y aprovechamientos del suministro de agua por parte de la Comisión Nacional del Agua y no establecer las bases optativas en un intervalo del porcentaje sugerido del fondo.

Sexto concepto. Que el artículo tercero transitorio del decreto impugnado vulnera la fracción IV del artículo 115 constitucional, en relación con los artículos 36 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal ya que de manera unilateral se establecen los porcentajes que se habrán en su caso de retener para los ejercicios fiscales dos mil ocho al dos mil doce en adelante, con esta medida hace nugatoria la disposición del legislador federal, invadiendo la esfera del ámbito municipal por cuanto a la limitación para ejercer directamente los recursos por parte de los Ayuntamientos, pues lo que pretende el legislador local es que éstos sean un apéndice del Gobierno del Estado de México que únicamente se encargarán de administrar ciertos recursos, pasando por alto el principio de libre administración hacendaria municipal.

Décimo primer concepto. Señala, a mayor abundamiento, que los artículos 51 y segundo transitorio, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, vulneran el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal en relación con los artículos 36 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, porque aquéllos, como acto generador del decreto de reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios, condicionan que para aplicar el citado artículo 51 exista una legislación de carácter estatal que prevea y disponga el mecanismo previsto en este último precepto legal de la Ley de Coordinación Fiscal vulnerando con ello el contenido de los artículos 36 y 37 de la misma disposición legal.

Agrega que por una parte la Federación otorga recursos financieros aprobados por las Legislaturas Locales a los Municipios mediante el fondo, para diversos rubros, incluidos el pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua y por otra se faculta a la Comisión Nacional del Agua a retener dichos recursos financieros, lo que es inconstitucional ya que corresponde a los Municipios definir y priorizar sus recursos financieros.

Violaciones al artículo 14 de la Constitución Federal.

Quinto concepto. El artículo tercero transitorio del decreto impugnado es violatorio del artículo 14 constitucional, porque establece que las retenciones podrán aplicarse a los pagos corrientes en una relación peso por peso, a la disminución de los adeudos históricos que se registren por tales conceptos, en este sentido, si alguno de los Municipios u organismos descentralizados operadores de agua registran adeudos, no se pueden realizar dichas retenciones y mucho menos que sean aplicables a los adeudos históricos, ya que las reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Local, publicación que fue el veintisiete de marzo de dos mil ocho, por lo que dichas reformas son vigentes a partir del veintiocho del mismo mes y año.

A su juicio señala que el legislador debió establecer las bases para la disminución y pago de los adeudos históricos, siempre y cuando sean comprobables que los organismos operadores de agua y/o los Municipios hayan recibido el agua por lo cual se reportan los adeudos de referencia.

Noveno concepto. Los artículos 51 y segundo transitorio del decreto publicado el veintiuno de diciembre de dos mil siete en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Coordinación Fiscal, son violatorios del artículo 14 de la Constitución Federal porque vulneran el principio de irretroactividad de las leyes.

El artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar la retención y pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor de noventa días naturales, los cuales deben de ser contados a partir de la fecha de entrada en vigor del referido decreto que contiene el precepto legal impugnado, el cual de conformidad con su artículo único transitorio, entró en vigor el primero de enero de dos mil ocho, en ese tenor la Comisión Nacional del Agua únicamente se encuentra en posibilidades de solicitar la retención y los pagos de adeudos que tengan una antigüedad mayor a noventa días contados a partir del primero de enero de dos mil ocho, es decir que estas solicitudes de retenciones y pagos se podrán hacer hasta el primer día del mes de abril de dos mil ocho.

Sin embargo, en el artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal se estipula que: "... La Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los Municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, a la disminución de adeudos históricos que registren tales conceptos al cierre del mes de diciembre de dos mil siete."

Lo anterior significa que la Comisión Nacional del Agua, se encuentra facultada para solicitar la retención y pago por conceptos de pago de derechos y aprovechamientos de agua, por adeudos que tengan una antigüedad mayor a noventa días contados a partir del primero de enero de dos mil ocho, tal como se estableció en el artículo único transitorio del decreto que adicionó el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal; pero también faculta en forma discrecional a la Comisión Nacional del Agua, a que aplique los referidos pagos corrientes a la disminución de adeudos históricos que registren los Municipios y/u organismos operadores al cierre del año dos mil siete.

Este mecanismo es violatorio del principio de irretroactividad de la ley, ya que los adeudos por pago de derechos y aprovechamientos generados a partir del primero de enero de dos mil ocho que sean retenidos a los Municipios, servirán para pagar adeudos históricos anteriores al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, situación que es contraria a lo estipulado en el artículo 14 constitucional.

Además, en todo caso, en concordancia con lo establecido en el artículo 29, fracciones IV y V, de la Ley de Aguas Nacionales en concatenación con los artículos 2o., 3o. y 4o. del Código Fiscal de la Federación, los derechos y aprovechamientos por concepto de agua son créditos fiscales, por lo que el requerimiento de pago y en su caso ejecución forzosa en caso de incumplimiento, se encuentra establecido y regulado en el capítulo III del Código Fiscal de la Federación titulado "Del procedimiento administrativo de ejecución", en los numerales del 145 al 196 B, en los cuales se establece en forma detallada el procedimiento para requerir el pago de créditos fiscales, así como de su ejecución forzosa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Décimo concepto. Los artículos 95 Bis, 230 A, 230 B, 230 C, 230 D, 230 E y 230 F del Código Financiero del Estado de México y Municipios así como de sus correspondientes artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que señalan que la Comisión del Agua del Estado de México sólo podrá solicitar la retención y pago por derechos de agua, cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor de noventa días naturales, los cuales deben de ser contados a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto que adicionó el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, son violatorios de la garantía de irretroactividad de la ley, porque la Comisión del Agua del Estado de México en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, pretenden instrumentar un mecanismo para el efecto de retener participaciones federales que corresponden al Municipio actor, para aplicarlos al pago de adeudos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, que tengan una antigüedad mayor a noventa días contados a partir del primero de enero de dos mil ocho, pero también faculta en forma discrecional a la Comisión del Agua del Estado de México y a la Comisión Nacional del Agua a que apliquen los referidos pagos corrientes a la disminución de adeudos históricos que registren los Municipios y/u organismos operadores al cierre del año dos mil siete.

Este mecanismo es violatorio del principio de irretroactividad de la ley, ya que faculta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión del Agua del Estado de México a solicitar la retención y pago de adeudos posteriores al primero de enero de dos mil ocho, pero también se les faculta a aplicar dichas retenciones de adeudos a aquellos anteriores al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, con lo que se pretende aplicar retroactivamente el pago y retenciones de pagos corrientes.

En todo caso, en concordancia con lo establecido en el artículo 29, fracciones IV y V, de la Ley de Aguas Nacionales en concatenación con los artículos 2o., 3o. y 4o. del Código Fiscal de la Federación los derechos y aprovechamientos por concepto de agua son considerados créditos fiscales, que pueden ser cobrados a través del procedimiento administrativo de ejecución.

Finalmente, los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y segundo transitorio, fracción II, del decreto publicado el veintiuno de diciembre de dos mil siete, así como los artículos 95 Bis, 230 A, 230 B, 230 C, 230 D, 230 E y 230 F del Código Financiero del Estado de México y Municipios, publicados el veintisiete de marzo de dos mil ocho, son inválidos, porque en caso de aplicarse se afectaría gravemente a la hacienda municipal, ya que dichas aportaciones se consideran en el presupuesto de ingresos anual, mismas que de acuerdo a una proyección y planeación financiera ya se encuentran destinadas para diversas acciones y que en su mayoría se refieren al beneficio del interés público, concepto que debe ser tutelado y que no puede estar por debajo de cualquier otro, y que si bien es cierto materialmente no se cuenta con dicho ingreso, lo cierto es que la proyección anual misma que se refleja en el presupuesto de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal, indica la política financiera de los Municipios, encaminada a la ejecución de diversos rubros y que para el caso en específico del Municipio actor, son destinadas al pago de nómina del cuerpo de Seguridad Pública y Protección Civil, servicios que está obligado a cumplir y que entre los apoyos sociales se encuentra el de personas de la tercera edad, madres solteras, personas con capacidades diferentes y familias en extrema pobreza, entre otras, por lo que al retenerse un porcentaje de las aportaciones del fondo, se estaría afectando en gran manera la autonomía financiera y social del Municipio.

Violación al artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuarto concepto. Señala que el artículo 230 B del Código Financiero del Estado de México y Municipios viola el artículo 115 de la Constitución Federal porque establece la obligación de que la Secretaría de Finanzas retenga el pago de adeudos por derechos y aprovechamientos por concepto de agua, pues el legislador local realizó una interpretación sumaria del artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que dejó de observar lo dispuesto por el artículo 36 de la misma disposición legal, el cual, en su inciso a) establece que los recursos del fondo serán entregados sin más limitación ni restricción que las correspondientes a los fines de dicho fondo y que se establecen en el artículo 37 de la misma disposición.

Esta última disposición señala que dichos recursos se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, por lo que cada Municipio tiene la responsabilidad de administrar el citado fondo, destinando un porcentaje para el cumplimiento de dichas obligaciones financieras, el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y la atención a las necesidades en materia de seguridad pública, pues en los Ayuntamientos radica determinar la distribución y administración de la hacienda pública y, no por el contrario, de manera unilateral tanto la Comisión Nacional del Agua como la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y la Comisión del Agua del mismo Estado, determinen la retención que mensualmente reciben los Municipios de las ministraciones del fondo.

Violación al artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Séptimo concepto. Señala que una de las características que establece la Ley de Coordinación Fiscal respecto de las participaciones que corresponden a las entidades y Municipios, es que son inembargables y no pueden afectarse a fines específicos como se pretende con las reformas al Código Financiero impugnadas, pues estas participaciones no pueden estar sujetas a retención, ya que el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece una excepción consistente en que deben ser autorizadas por la Legislatura Local e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo que el legislador local hace nugatorias las disposiciones de carácter federal, al pasar por alto lo señalado en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, pues en caso de que se optare por hacer las retenciones se debió obtener el consentimiento de los Ayuntamientos para realizar dichas retenciones, además de seguir la forma establecida en el propio Código Financiero, en materia de deuda pública, ya que los adeudos actuales e históricos que se llegaren a registrar, necesariamente para ser válidos y que sean cobrables, deben estar registrados conforme al citado código.

Violación al artículo 133 de la Constitución Federal.

Octavo concepto. Las reformas del Código Financiero del Estado de México y Municipios impugnadas, por lo que hace a su aplicación, trasgreden el artículo 115, fracción IV, constitucional, por ir más allá de lo que establece esta disposición constitucional. De igual manera vulneran el artículo 14 constitucional por pretender aplicar retroactivamente dichas reformas impugnadas.

Asimismo, las citadas reformas transgreden lo dispuesto por los artículos 36 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal por no ser observados por el legislador local, los cuales establecen que los recursos provenientes del fondo deben ser entregadas con la mayor agilidad a los Municipios, así como las bases para su aplicación correspondiente. Por lo que al momento de calificar la controversia constitucional se aplique lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal.

Décimo segundo concepto. En otro aspecto, señala que existe una violación al principio de supremacía constitucional toda vez que los artículos 95 Bis, 230 A, 230 B, 230 C, 230 D, 230 E y 230 F del Código Financiero del Estado de México y Municipios al apartarse del espíritu del citado principio no pueden tener aplicabilidad alguna, pues no puede admitirse que leyes de jerarquía inferior reduzcan el ámbito de mandamientos constitucionales.

CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, primer párrafo; 115, fracciones II y IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 64/2008 y por razón de turno designó como instructor al Ministro Mariano Azuela Güitrón.

Por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional en contra de los artículos 36, 37 y 51, así como del artículo segundo transitorio, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal y de los artículos 95 Bis, 230 A, 230 B, 230 C, 230 D, 230 E y 230 F del Código Financiero del Estado de México y Municipios, así como de los artículos transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del Decreto 123 de veintisiete de marzo de dos mil ocho mediante el cual se reformó el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

En dicho auto, reconoció con el carácter de demandados al Congreso de la Unión, por conducto de sus respectivas Cámaras, al Poder Ejecutivo Federal, al secretario de Gobernación y a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México, así como al secretario de Gobierno de la entidad. No reconoció el carácter de demandados a los directores del Diario Oficial de la Federación y de la Gaceta Oficial del Estado de México, por tratarse de órganos subordinados del Poder Ejecutivo Federal y Estatal respectivamente. Asimismo, no tuvo como terceros interesados a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión del Agua del Estado de México y a la Secretaría de Finanzas del mismo Estado, por no ser entidades, poderes u órganos de gobierno de los contemplados en la fracción I del artículo 105 constitucional. Tampoco reconoció el carácter de terceros interesados a los Municipios que conforman al Estado de México pues la sentencia que se llegue a dictar tendrá efectos únicamente respecto de las partes por lo que no es susceptible de perjudicarles.

Finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Contestación de los Poderes demandados.

Poder Ejecutivo Federal. El Poder Ejecutivo Federal al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:

1. Solicita el sobreseimiento de la controversia constitucional porque a su juicio, de estimarse procedente, el efecto de la declaratoria de invalidez de los preceptos impugnados sería que no se le aplique a los Municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal el beneficio a que tienen derecho de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que se les estaría causando un perjuicio.

La reforma al artículo 37 de la citada Ley de Coordinación Fiscal, lejos de afectar al Municipio actor le beneficia, ya que permitió que los Municipios que así lo deseen puedan hacer uso de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para hacer frente a sus adeudos por suministro de agua.

Por tanto, se debe sobreseer en la controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en razón de no poderse concretar los efectos de la sentencia de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 37 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal impugnada.

2. Resulta infundado el argumento vertido por el Municipio actor, en relación a que los artículos 36, 37 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y el diverso segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, violan el artículo 115 de la Constitución Federal, porque las participaciones federales son diferentes a las aportaciones federales ya que las primeras sí forman parte del régimen de libre administración hacendaria mientras que las segundas no.

Las aportaciones federales no están sujetas al régimen de la libre administración, porque son recursos federales que tienen una regulación propia, en virtud de la cual, los Municipios no tienen libre disposición de ellos. Así, aunque estos recursos ingresan en la hacienda municipal, no entran dentro del régimen de libre administración hacendaria y, por ende, las disposiciones de la ley impugnada que regulan los citados recursos federales no violan dicho régimen y, consecuentemente, no existe invasión a la esfera competencial de la parte actora.

3. Resulta infundado el argumento vertido por el Municipio actor, en relación a que los artículos 36, 37 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y el diverso segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, son violatorios del artículo 115 constitucional, porque el Municipio actor pretende que las aportaciones que conforman el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, sigan el mismo destino de los recursos regulados por el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, mismo que hace referencia a las participaciones federales, sin embargo, estos recursos son diferentes.

Los recursos cuya libre administración reclama el Municipio actor no son participaciones federales, sino aportaciones federales, es decir, el fondo se encuentra regulado por los artículos 36 a 38 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y, por tanto, no son de libre administración.

4. Resulta infundado el argumento vertido por el Municipio actor en el que señala que el artículo segundo transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal violenta la fracción IV del artículo 115 constitucional, porque de manera unilateral establece los porcentajes que se habrán de retener a los Municipios, por el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, en el periodo comprendido entre los ejercicios fiscales dos mil ocho a dos mil doce, invadiendo con ello el ámbito de atribuciones municipal.

El argumento del Municipio demandante resulta infundado en razón de que el artículo segundo del decreto impugnado únicamente especifica la entrada en vigor de las disposiciones reformadas y establece que la Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención a que se refiere el artículo 51 que se adiciona a la Ley de Coordinación Fiscal para el cobro de adeudos que se generen a partir del primero de enero de dos mil ocho, es decir, nuevamente establece la vigencia de la ley. Además, el artículo segundo del decreto impugnado en ningún momento establece porcentajes de retención de aportaciones federales para el periodo comprendido entre dos mil ocho y dos mil doce, pues lo único que establece es que el beneficio contenido en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal se podrá aplicar a los pagos corrientes que realicen los Municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, y que dichos pagos reducirán a la vez, los adeudos históricos que registren tales conceptos al cierre del mes de diciembre de dos mil siete.

El pasado veintiocho de marzo de dos mil ocho, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas para la aplicación del artículo segundo, fracción II, de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal contenidas en el decreto impugnado, y conforme a lo previsto en dichas reglas, el régimen de beneficios de disminución de adeudos históricos es optativo, pues de la regla tercera, primer párrafo, puede apreciarse que sólo los Municipios que voluntariamente presenten una solicitud a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, en la que manifiesten su intención de obtener los beneficios previstos en las reglas podrán acogerse a sus beneficios, esto es, nadie estará obligado, aunque resultaría incomprensible que un Municipio no se adhiriera pues, como se aprecia en la regla quinta, los beneficios de la adhesión son por cada peso corriente pagado, además de cubrirse el derecho o aprovechamiento del periodo de que se trate adicionalmente se disminuirá un peso del adeudo histórico.

Asimismo, dicho beneficio podrá aplicarse siempre y cuando las entidades a las que pertenezcan los Municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

5. Es infundado el argumento del Municipio actor en el que señala que los artículos impugnados violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, por considerar que se pretende instaurar un régimen de excepción permitiendo que la Comisión Nacional del Agua cobre los adeudos que los Municipios hayan generado por los derechos y aprovechamientos por concepto de agua, aplicando un mecanismo de afectación de aportaciones distinto al que el Código Fiscal de la Federación establece para hacer efectivos los créditos fiscales.

Es infundado dicho argumento porque el Municipio actor pretende que le sea aplicada una legislación en materia fiscal cuando se trata de un recurso federal que debe ser regulado por una ley especializada, como lo es la Ley de Coordinación Fiscal.

De acuerdo con el principio de especialidad, la norma especial debe prevalecer sobre la general y, en este caso, al momento de realizarse la afectación de las aportaciones federales correspondientes al Municipio, se trata de operaciones en materia de c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21404-abab6a77/controversia-constitucional-el-articulo-51-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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