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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO EL MUNICIPIO QUE LA PROMUEVE CONTRA UNA NORMA, POR EL MERO INTERÉS DE PRESERVAR LA REGULARIDAD EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES CONFERIDAS A LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO, O BIEN, PROTEGER DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS, SIN ADUCIR INVASIÓN, NI LA EXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO A SU ESFERA DE COMPETENCIAS, PARTIENDO DEL CARÁCTER QUE COMO PODER ORIGINARIO DEL ESTADO LE OTORGA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO ABROGADA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 164/2008. · Registro digital (IUS): 22793
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 1095.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 164/2008. MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de enero de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el doce de diciembre de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Laura Patricia Fernández Marure, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y del secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, por los actos consistentes en la emisión, promulgación y refrendo de las normas siguientes:

"a) Se demanda la invalidez de la fracción VII del artículo 26, fracción VII (sic), así como de las fracciones XX y XXII (sic) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, objeto de modificación por imperio del artículo primero del Decreto Número 937, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4653, de fecha 29 de octubre del año 2008. b) Se demanda la invalidez de los artículos 5, en su fracción V, 9, en su fracción III y sus tres últimos párrafos, 21, 73, párrafo segundo, 89, primer párrafo, 102, párrafo segundo, 103, 106, 108, párrafo segundo y 120 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, objeto de modificaciones, de conformidad con el artículo tercero del Decreto Número 937, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4653, de fecha 29 de octubre del año 2008."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, corresponden a los siguientes:

"1. Es de mencionar respetuosamente a sus Señorías, que en el mes de febrero del año 2008, el gobierno que represento promovió controversia constitucional en contra de, entre otras, la Ley de Transporte del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4576, de fecha 12 de diciembre del año 2007, al considerar que varios de sus preceptos vulneran la autonomía municipal y las atribuciones que el artículo 115 constitucional federal, le confiere en materia de transporte público de pasajeros, entre otras. Reclamando de igual forma y por extensión y efectos la invalidez de, entre otros, la fracción VII del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. La demanda fue admitida y radicada bajo el expediente número 21/2008, bajo la distinguida ponencia de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Durante la sustanciación de la mencionada litis constitucional, también informo a sus Señorías que, con fecha 24 de abril del año que transcurre, el gobierno que represento amplió su demanda por virtud de la edición del Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4599, de fecha 12 de marzo del 2008, en que se hizo constar, entre otras resoluciones, la publicación del Decreto Legislativo Número 622, mediante el cual se reforman los artículos 75 y 108 de la misma Ley de Transporte del Estado de Morelos. Finalmente, el día 1 de octubre de este año que finaliza, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, habiéndose, consecuentemente, cerrado la instrucción. 2. Ahora bien, en la edición del Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4653, datado el 29 de octubre del 2008, se publicó el Decreto Número 937, por virtud del cual el Poder Legislativo de Morelos reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de, entre otros ordenamientos, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y la Ley de Transporte de la misma entidad federativa. Modificación reciente a la mencionada Ley de Transporte de Morelos, que echó por tierra la impugnación inicialmente dirigida en la controversia constitucional número 21/2008, en contra de los artículos 5, fracción IV, 9, 12, 21, 73, 102 y 103, y que también hizo inútil la impugnación de la fracción VII del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, al haberse renovado tales disposiciones con el mencionado decreto legislativo. Disposiciones que hoy por hoy constituyen el objeto de la presente vía de control constitucional, a la que acudo en defensa judicial de las atribuciones del Municipio actor."

TERCERO. La parte actora aduce como conceptos de invalidez, los siguientes:

"Primero. Se violan en perjuicio del Ayuntamiento actor los artículos 14, 16 y 115, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, respectivamente, establecen los principios de fundamentación y motivación que tratándose de relaciones interinstitucionales, exigen que la actuación o determinación de una autoridad se base en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que se haya actuado en determinado sentido y no en otro; y finalmente que confiere atribuciones al Municipio para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial. Pues, como lo hemos hecho valer con anterioridad, en términos generales, la Ley de Transporte del Estado de Morelos es omisa en definir clara y concretamente el procedimiento, los mecanismos, el modo o formas institucionales en que al Municipio actor, se le permitirá conocer, en primer término, el proyecto de programa estatal para el desarrollo del transporte; y al tiempo participar e intervenir en la formulación de dicho programa, para ya no hablar de las atribuciones de aplicación de dicho programa, porque de estas últimas no sólo no hay mención, sino incluso prohibición. Ahora bien, por lo que hace a esta demanda, refiero a sus Señorías que los mencionados mandamientos constitucionales han sido transgredidos en agravio del Municipio actor, por virtud del artículo tercero del Decreto Legislativo Número 937, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4653 de fecha 29 de octubre del año 2008, por medio del cual fue objeto de nueva reforma el artículo 21 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, que establece la integración del Consejo Consultivo del Transporte, en los siguientes términos: Las fracciones I a XIV de dicho numeral (21) disponen, en principio, los miembros permanentes que integran el Consejo Consultivo del Transporte, a saber: El gobernador, a quien se otorga voto de calidad. El secretario de Gobierno, que tiene derecho a voz y voto. El secretario de Seguridad Pública, también con derecho de voz y voto. El secretario de Planeación y Finanzas, también con derecho de voz y voto. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, también con derecho de voz y voto. El secretario de Desarrollo Económico, únicamente con derecho de voz. El procurador general de Justicia, únicamente con derecho de voz. El director general de Transportes, con derecho de voz y voto. Los delegados regionales (no se precisa el número) de la Dirección General de Transportes, con derechos de voz y voto. El diputado presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación del Poder Legislativo, únicamente con derecho de voz. El delegado federal del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, con derecho de voz. Un representante de cada una de las Cámaras, cuyos estatutos estén ligados con la actividad económica que regula la ley, con derecho de voz. Un representante de los concesionarios y permisionarios por modalidad de transporte de cada delegación que tenga la Dirección General de Transporte, con derechos de voz y voto. Y al final, sus Señorías, en el décimo quinto lugar, se dispone como integrante transitorio, esporádico y remoto a la ‘autoridad municipal correspondiente’, claro, siempre y cuando medie ‘invitación expresa de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo de Morelos’, y en esa hipótesis sin derecho a voto, ‘invitación’ que ni siquiera menciona que debe ser obligada, cuando los temas o asuntos involucren directa o indirectamente al ámbito territorial del Municipio, tomando en cuenta, además, que en el caso particular del Estado de Morelos, la superficie territorial de dicha entidad federativa es pequeña, pues basta un solo día para recorrer todo su territorio, por lo que las acciones o temas del transporte público de pasajeros que en Morelos se llaman rutas y taxis con o sin itinerario fijo, tocan por varios puntos y en su gran mayoría a los Municipios que, como el que represento, se ubica en la zona conurbada del centro de la entidad. Participación que al Municipio actor se otorga en el citado artículo 21, de manera endeble y estéril que contraría al mandato expreso contenido en el artículo 115, fracción V, inciso h), de la Constitución Federal, en el que, expresamente, autoriza a intervenir no sólo en la formulación de los programas inherentes al transporte público de personas, sino incluso indica que los gobiernos municipales deben contar con facultades ejecutivas para, precisamente, ‘aplicar’ tales programas de transporte público. Y la violación a las atribuciones que por mandato constitucional se otorgan al Municipio actos quedan también de manifiestas (sic), si sus Señorías dan lectura al artículo 22 de la misma Ley de Transporte del Estado de Morelos (que no es objeto de impugnación en esta demanda), que en sus fracciones I a IV de la misma Ley de Transporte, esclarece las atribuciones del Consejo Consultivo del Transporte, que son: Coadyuvar al mejoramiento del servicio de transporte público, procurando una adecuada satisfacción de las necesidades de los usuarios. Opinar sobre las medidas administrativas y de servicio adoptadas, relacionadas con el transporte. Emitir opinión respecto a los estudios técnicos que elabore la Dirección General de Transportes, respecto a: El otorgamiento de nuevas concesiones, permisos o modificación de las condiciones de la declaratoria de necesidades. El cambio de modalidad en la operación y explotación del servicio. La modificación de itinerarios y horarios. Las reglas de aplicación de las tarifas de los servicios de transporte; y sobre proyecto de programa de transporte. Y recomendar acciones específicas para mejorar las condiciones de seguridad y prevenir actos punibles. De la lista anterior, sus Señorías podrán apreciar, que el consejo consultivo conoce y pondera asuntos sustantivos relativos a la prestación de tal servicio, como son las de conocer sobre: las medidas administrativas y de servicio aplicadas; los estudios técnicos que emita la Dirección General del Transporte; las nuevas concesiones, permisos o modificaciones; el cambio de modalidad en la operación y explotación de los servicios; la modificación de itinerarios y horarios; las tarifas, las acciones de prevención de materia de ilícitos e incluso el proyecto del programa de transporte, aun cuando sólo en apariencia y con la intervención del gobernador y casi la mitad de su gabinete, el citado consejo sólo opine y emita recomendaciones. Conocimiento, ponderación y aun opinión que se merma al Municipio actor, no sólo para ser miembro permanente de dicho consejo, sino incluso para que pueda participar con su voto en la toma de acuerdos o decisiones, aun, insisto, en apariencia, meramente opinantes o de recomendaciones. Pero aun cuando el texto normativo (Ley de Transporte del Estado de Morelos), generosamente le llegare a otorgar al Municipio que represento el derecho de voto, y en el extremo de ello, expresara a través de dicho voto y, en un momento dado, el rechazo a una opinión o recomendación que le resulte perjudicial o lesiva a los intereses públicos que representa, emanada del citado cuerpo colegiado (con la intervención e influencia que en el mismo consejo tiene el gobernador y su voto de calidad); ni aun así el Municipio podrá estar en aptitud de conjurar o disminuir la influencia de lo que en dicho consejo se determine, por la aplastante mayoría que tiene el propio Poder Ejecutivo, a través de todos sus subalternos. Y si bien es cierto que la Carta Magna confiere a los Ayuntamientos la potestad de llevar ante la Suprema Corte de Justicia a cualquier autoridad que vulnere sus atribuciones constitucionales, también lo es que, en principio, debe privilegiarse que la Constitución se respete y no tener que recurrir invariable, desgastante y a veces retardadamente a la defensa judicial de sus derechos. De la misma forma y sin que se impugne en esta demanda el artículo 23 de la misma Ley de Transporte del Estado de Morelos, por haber sido ya atacado con anterioridad, refiero a sus Señorías y sólo para ilustrar cómo es que se vulnera la atribución del Municipio actor en la integración, decisiones y derecho al sufragio dentro del citado consejo consultivo, en contravención a lo que la Carta Magna le otorga, que el mencionado artículo 23 nos indica que las sesiones del consejo consultivo serán válidas con la mitad más uno de sus integrantes, a primera convocatoria. Y que en caso de no reunirse el quórum mínimo exigido, la misma sesión tendrá lugar dentro de las 24 horas siguientes, con los consejeros que asistan, entre los que debe estar el gobernador de la entidad. De esta porción normativa no se desprende, en principio, porque la legislatura no privilegió que un órgano que se aduce es meramente consultivo, no estuvieran presentes todos los gobiernos municipales, y en contraste se admite la presencia de todos los permisionarios y concesionarios de la entidad, cuando es inverosímil que los asuntos que en dicho consejo se traten, involucren en todos los casos y a pie juntillas, los intereses de todos los concesionarios. De manera que la exigencia de un quórum reducido de la ‘mitad más uno’ y a su vez, la posibilidad de que en las 24 horas siguientes, la sesión se lleve a cabo con los consejeros que asistan, llevaría al extremo de que únicamente se reúnan el gobernador y sus subalternos, para tener por ‘válida’ la sesión y los acuerdos a que se lleguen, haciendo inútil la creación del citado consejo consultivo, con la presencia simbólica y supeditada a invitación discrecional y expresa de un Municipio, sin derecho a formar parte de las opiniones o recomendaciones (voto) que emita el citado consejo. Por lo que, con todo respeto se demanda la invalidez del mencionado artículo 21 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos. Segundo. Se violan en perjuicio del Ayuntamiento actor los artículos 14, 16, 21, párrafos cuarto y noveno, y 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, respectivamente, establecen los principios de fundamentación y motivación que tratándose de relaciones interinstitucionales, exigen que la actuación o determinación de una autoridad se base en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que se haya actuado en determinado sentido y no en otro; que sólo compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía; que dispone e impone la necesaria coordinación de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública y, que finalmente, reconoce como servicio público municipal el de seguridad pública a través de la policía preventiva. Los anteriores mandamientos constitucionales estimo vulnerados en agravio del Municipio actor, toda vez que por imperio de los artículos 33, fracciones XX y XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y numerales 5, fracción VI, 9, fracción III, 21, fracción III, 73, párrafo segundo, 89, 102, párrafo segundo, 103 y 120 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, inexplicable e inconstitucionalmente se otorgan facultades como autoridad de transporte a la Secretaría de Seguridad Pública para: vigilar que el servicio público de transporte del Estado de Morelos, en cualquiera de sus modalidades, se preste conforme a lo dispuesto por la Ley de Transporte del Estado, su reglamento y las demás normas jurídicas aplicables. Artículo 33, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. Planear, organizar, regular y vigilar los sistemas de vialidad y tránsito en el Estado de Morelos. Artículo 33, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. Realizar en forma exclusiva ‘operativos’, con el objeto de: vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en la misma Ley de Transporte del Estado de Morelos y su reglamento (artículo 5, fracción VI). Remitir a la Dirección General de Transportes la información inherente a las infracciones, sanciones o delitos que haya impuesto a los concesionarios del transporte público y supervisar, controlar y vigilar el transporte público (artículo 73, párrafo segundo). Vigilar que las frases, palabras, objetos, fotografías y/o dibujos que se utilicen no atenten contra la moral, las buenas costumbres, la dignidad humana, ni se estime como inscripciones despectivas u ofensivas, y verificar que la publicidad no obstruya o desvirtúe las características y cromática que identifica a las unidades (artículo 89). Vigilar y supervisar mediante los operativos en vía pública y las visitas de verificación domiciliarias que estime convenientes, que el servicio de transporte público y privado se preste con vehículos adecuados y operadores capacitados en conducción segura y de cortesía, y que obtengan la capacitación a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública o del Colegio Estatal de Seguridad Pública (artículo 102, párrafo segundo). Exigir a los concesionarios, permisionarios y operadores del servicio de transporte a que le proporcionen a la Policía Estatal de Caminos y Auxilio Turístico, o a las policías estatales nombrados para tal efecto por la Secretaría de Seguridad Pública, los informes, documentos y datos que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones (artículo 103). Imponer sanciones por infracciones a la Ley de Transporte y su reglamento (artículo 106). Retener el vehículo en que se preste el servicio de transporte público concesionado en garantía de pago por la imposición de sanciones económicas (artículo 108, párrafo segundo). De las citas de los dispositivos mencionados, en el párrafo inmediato que precede, sus Señorías, estimamos que todo ello resulta inconstitucional, no sólo porque la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Morelos define que la seguridad pública es el conjunto de actividades encaminadas a prevenir y disminuir la incidencia de las infracciones y delitos, a fin de salvaguardar los derechos y la integridad de las personas, preservando la libertad, el orden y la paz pública; reconociendo como autoridades en dicha materia: al Poder Ejecutivo del Estado y a los Municipios; estableciendo la necesaria coordinación de todas las acciones que en materia de seguridad pública llevan a cabo las autoridades estatales y municipales, autorizando a realizar servicios de vigilancia en la prevención de actos ilícitos, como así lo refieren los artículos 2, 3, 7, fracciones I, a VI, 9, 15 y 54 de dicha ley, normas que no tienen nada que ver con la autoridad administrativa que regula y vigila lo relativo al transporte público de personas o de bienes; de manera que estimamos, que bajo el delgado e inconstitucional matiz de designar y otorgar atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo y sus demás cuerpos policíacos, como autoridades del transporte público, para realizar ‘operativos’, ‘visitas domiciliarias’, ‘requerimientos de documentación e información’, a los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros y de carga, sean públicos o privados, sin ninguna exigencia de respeto a las garantías de audiencia, fundamentación, motivación, es decir, de legalidad y seguridad jurídica de los gobernados, se vulneran en contra de los individuos las garantías individuales establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, que establecen como garantías mínimas a favor de toda persona, la inviolabilidad de su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, papeles, honra y reputación; y también se transgrede el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Federal, que dispone que las instituciones de seguridad pública es la institución (sic) que en forma exclusiva comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva; así como la sanción de las infracciones administrativas, regida bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución; lo que consideramos no permite subsumir en las corporaciones policíacas de Morelos, las atribuciones de autoridades en materia de transporte público, porque no sólo generaría incertidumbre, inseguridad, confusión y violación a los derechos humanos de la ciudadanía, en su calidad de concesionaria, sino además en las acciones u operativos que se lleven a cabo entre las Policías Estatales y las del Municipio actor, ello constituirá un agravio a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia y profesionalismo, cuando es la propia Policía Estatal que también tiene a cuestas la enorme o monumental tarea de prevenir el delito, asume también las funciones de autoridad, casi en exclusiva, en materia de transporte público y en todo el territorio estatal."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son los artículos 14, 16, 21 y 115.

QUINTO. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil ocho, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 164/2008 y, por razón de turno, designaron como instructor al Ministro Mariano Azuela Güitrón.

SEXTO. Resulta innecesario aludir a los informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, así como a la opinión del procurador general de la República dado el sentido en que se emite el presente fallo.

SÉPTIMO. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el treinta de marzo de dos mil nueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO. Con fundamento en los artículos 24 de la ley reglamentaria de la materia, 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 34, fracción XXII y 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de tres de noviembre de dos mil nueve, el Tribunal Pleno determinó que la ponencia del Ministro Sergio A. Valls Hernández sustituyese, para efectos de turno, a la del señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, como consta en el acuerdo del día primero de diciembre de dos mil nueve, que obra en la foja trescientos noventa y dos del expediente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que se plantea un conflicto entre el Estado de Morelos, a través de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el Municipio de Xochitepec de esa entidad federativa.

SEGUNDO. Por ser una cuestión de estudio preferente, se precisan las disposiciones objeto de la controversia, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, que son del tenor literal siguiente:

"Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada."

"Artículo 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios."

"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

"I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; ..."

Del contenido de la demanda, se advierte que el promovente, en sus conceptos de invalidez, se manifiesta en contra únicamente de diversas normas generales, reformadas mediante el Decreto Número 937, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, el veintinueve de octubre de dos mil ocho. Tales normas corresponden a las siguientes:

a) Artículos 26, fracción VII y 33, fracciones XX, XXI y XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.

b) Artículos 5, fracciones V y VI, 9, fracción III, 21, 73, párrafo segundo, 89, primer párrafo, 102, párrafo segundo, 103, 106, 108, párrafo segundo y 120 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos.

Precisado lo anterior, se procede al análisis de la oportunidad de la presentación de la demanda, respecto de los preceptos impugnados por el actor.

TERCERO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

Como se desprende del apartado anterior, en el presente juicio el Municipio actor impugna normas de carácter general respecto de las cuales resultan aplicables las reglas establecidas en la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, según el cual, el plazo para la interposición de la demanda será "de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.".

Como se indicó, los preceptos cuya invalidez se demanda son: los artículos 26, fracción VII y 33, fracciones XX, XXI y XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como el 5, fracciones V y VI, 9, fracción III, 21, 73, párrafo segundo, 89, primer párrafo, 102, párrafo segundo, 103, 106, 108, párrafo segundo y 120 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, reformados mediante el Decreto Número 937, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, el veintinueve de octubre de dos mil ocho, como se advierte de su texto:

"29 de octubre de 2008. Periódico Oficial

"Al margen izquierdo un escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. L Legislatura 2006-2009.

"Dr. Marco Antonio Adame Castillo, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed:

"Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:

"La Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política Local, y, ...

"Por lo anteriormente expuesto, esta soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente:

"Decreto Número Novecientos Treinta y Siete

"Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la Ley de Transporte del Estado de Morelos y del Código Penal para el Estado de Morelos.

"Artículo primero. Se reforma la fracción VII del artículo 26; las fracciones V y VI del artículo 33; se adiciona una fracción XX al artículo 33, recorriéndose en su orden las actuales para ser XXI y XXII; y se derogan las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII del artículo 26, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, para quedar como sigue:

"Artículo 26. ...

"I. a VI. ...

"VII. Planear, organizar, regular y, en su caso, administrar el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades así como otorgar concesiones y permisos necesarios para la explotación de las vialidades de jurisdicción estatal, tomando en cuenta la opinión de los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

"VIII. a XXX. ...

"XXXI. Derogada;

"XXXII. Derogada;

"XXXIII. Derogada;

"XXXIV. ...

"Artículo 33. ...

"I. a IV. ...

"V. Regular, supervisar, controlar y vigilar la prestación de los servicios de seguridad privada, y en consecuencia, expedir la autorización del Ejecutivo para el establecimiento, integración y operación de las empresas del ramo que llevan a cabo sus funciones dentro del territorio estatal.

"VI. Administrar y controlar el sistema penitenciario estatal y los centros de reclusión y de custodia preventiva en el Estado, asegura

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22793-6c4c1a43/controversia-constitucional-carece-de-interes-legitimo-el-municipio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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