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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 133/2008. · Registro digital (IUS): 22794
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 1148.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 133/2008. MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de enero de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el veintiséis de agosto de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Laura Patricia Fernández Marure, quien se ostentó como síndico del Ayuntamiento del Municipio de Xochitepec, Morelos, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que solicitó la invalidez de las normas y actos que más adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: Tienen el carácter de demandados: a) El Congreso del Estado de Morelos. Con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Legislativo ubicado en la calle Mariano Matamoros, de la colonia Centro en el Municipio de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. b) El titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. c) El secretario de Gobierno del mismo Poder Ejecutivo de Morelos. Las autoridades antes señaladas en los incisos b) y c) tienen sus respectivos domicilios en el Palacio del Poder Ejecutivo, sito en la calle de Galeana, de la colonia Centro, en el Municipio de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. Norma general o acto cuya invalidez se demanda así como el medio oficial en que se hubieran publicado: a) Se demanda la invalidez de los artículos 2, fracción IV, 8, 10, 11, 17, fracciones IV y VIII, 21, 23, 27, fracción XVI, 34, fracción II, 51, párrafo segundo, 54, 56, fracciones I y II, 60, 61, párrafo primero y fracción I, 63, 64, 66, 67, 68, 83, párrafo cuarto, 86, antepenúltimo párrafo, 88, 92, 93, 95, 105 y segundo y tercero transitorios de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4627 de fecha dieciséis de julio de dos mil ocho. b) Se demanda la invalidez de los artículos 3, fracción XVIII, incisos d) y e), 7, 12, fracción XVI, 15, fracción XXIII, 16, párrafo segundo, 18, fracción XV, 20, párrafo segundo, 29, penúltimo párrafo, 31, 40, 75, párrafo segundo y 79 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4627 de fecha 16 de julio de 2008. c) Se demanda la invalidez de los artículos 32, 35 y 39, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; así como de los artículos 115 y 117, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal para la misma entidad federativa; ambos preceptos que fueron objeto de modificación de conformidad al Decreto Número 825, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4627 de fecha 16 de julio de 2008, así como el artículo 32, en su cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Morelos. d) Se demanda la invalidez de los párrafos segundo y quinto de la fracción I, la fracción III y la fracción V del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que fue objeto de reforma mediante el Decreto Número 822, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4627 de fecha 16 de julio de 2008, demandándose igualmente el artículo quinto transitorio del citado decreto y su respectiva declaratoria de validez, publicada en el mismo órgano de difusión."

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

"1. Refiero respetuosamente a sus Señorías, que en la diversa controversia constitucional 6/2008, bajo la distinguida ponencia del Ministro instructor Juan N. Silva Meza, el Gobierno Municipal que represento ha impugnado por esta misma vía, el Decreto Legislativo Número 525 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4573 de fecha cinco de diciembre de dos mil siete, tanto por vicios del proceso legislativo de origen que trascienden de manera fundamental a la norma, como por vicios intrínsecos de varios de los preceptos que fueron objeto de modificación de la Constitución Política del Estado de Morelos. 2. Es importante también mencionar, que en el citado Decreto Número 525, desde el capítulo de consideraciones así como en sus preceptos transitorios, se adujo que con posterioridad la Legislatura Local expediría los ordenamientos y adecuaría los preceptos que reglamentariamente dieran cumplimiento a las normas constitucionales inicialmente objeto de cambio. Y efectivamente, en la edición del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4627 de fecha dieciséis de julio del año dos mil ocho, se publicaron diversos ordenamientos y se reformaron varios ordenamientos locales, en su inmensa mayoría aludiendo a cumplir con la expedición de las normas reglamentarias que mandó expedir el tantas veces citado Decreto 525. 3. Adicionalmente, de lo anterior, también señalo respetuosamente a sus Señorías, que en la misma edición del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4627 de fecha de dieciséis de julio del año dos mil ocho, se publicó el Decreto Número 822, y su respectiva declaratoria de validez, a través del cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de Morelos, alusivos a la denominación y atribuciones del órgano de fiscalización de la Legislatura Local."

TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. Ad cautélam y sin admitir la constitucionalidad que tanto por vicios formales del proceso legislativo, como por vicios intrínsecos, el Municipio actor ha expresado en diversa controversia constitucional y respecto del Decreto Legislativo Número 525 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ de fecha cinco de diciembre de dos mil siete; refiero respetuosamente a sus Señorías que se violan en perjuicio del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, los artículos 14, 16, 115, fracciones II y IV y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, los artículos 14 y 16 constitucionales, determinan la obligación invariable de cualquier autoridad para emitir sus resoluciones o actuar de manera fundada y motivada, respetando el ámbito de competencia y atribuciones de las demás autoridades, en este caso municipales. Simultáneamente, el artículo 115 de la misma Norma Fundamental, reconoce como orden de gobierno a los Ayuntamientos, otorgándoles personalidad, autonomía y atribuciones gubernativas, como lo son, entre otras, la de administrar su patrimonio y hacienda que se conformará con las contribuciones, participaciones y los demás ingresos que la Legislatura Local determine a su favor, estando de igual forma autorizados para aprobar y expedir anualmente su presupuesto de egresos, vigilando la congruencia que debe mediar entre los ingresos y el gasto público municipales. Finalmente, la fracción VIII del artículo 117 también constitucional federal, si bien autoriza a las Legislaturas Locales para sancionar los empréstitos que los Municipios deseen contratar para destinarlos a inversiones públicas productivas, cierto es también que la potestad que en dicho sentido se otorga al Poder Legislativo, no le permite invadir la esfera de competencia gubernativa del Municipio actor, para determinar o autorizar ni el mecanismo o el procedimiento de contratación o adjudicación, ni el contrato en sí mismo por el que se adquiera deuda pública, en tanto ambos (procedimiento y contrato) se ajusten a lo que defina la norma jurídica que los regule. Dado que dicho mandamiento constitucional sólo permite a la legislatura ‘establecer las bases’ consignadas en una ley y definir los conceptos y el monto del endeudamiento. Las citadas disposiciones constitucionales han sido transgredidas en agravio del Municipio actor; por lo que hace a los artículos 17, fracciones IV y VIII, 23, 51, en su párrafo segundo, 68 y 88 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Morelos, artículo 29, en su penúltimo párrafo, de la Ley de Deuda Pública para la misma entidad federativa, artículos 32 y 35, este último en su párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público también de Morelos y artículo 115 de la Ley Orgánica Municipal, ambas para la misma entidad federativa, dado que: a) La Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos; en sus artículos 17, fracciones IV y VIII, 23, 68 y 88, disponen lo siguiente: El artículo 17, en su fracción IV, dispone la obligación del Municipio actor de tener que someter a la autorización de la Legislatura Local, el ‘procedimiento de contratación que se seguirá y la justificación para ello’ tratándose de la celebración de los contratos de colaboración público privada, violentándose las facultades de administración y gubernativas del Municipio actor, establecidas en las fracciones I, II y IV del artículo 115 de la Constitución Federal, así como el artículo 117, fracción VIII, de la misma Norma Fundamental, dado que este último precepto únicamente autoriza a las legislaturas para vigilar y autorizar los montos y el destino para actividades productivas a que deben dirigirse los empréstitos que asuman los Municipios, de conformidad a las bases establecidas en una ley; bases o procedimientos de licitación pública, por invitación o por adjudicación directa que ya se encuentran consideradas dentro de los artículos 69 a 91 de la misma Ley de Contratos de Colaboración Público Privada, resultando una intromisión a la esfera de atribuciones gubernativas del Municipio actor, que tenga que someter a la consideración y autorización del Congreso hasta el ‘procedimiento de contratación que se seguirá y la justificación para ello’, cuando esto sólo es potestad del gobierno que represento, ajustándose desde luego a la ley. El mismo reproche y combate se dirige a lo establecido en los artículos 68 y 88 de la mencionada Ley de Contratos de Colaboración Público Privada, dado que en dichos preceptos de igual forma se dispone que el Municipio actor sólo podrá llevar a cabo los procedimientos de contratación que la misma ley previene, siempre que el Poder Legislativo ‘lo haya autorizado a celebrar el contrato de colaboración público privada correspondiente’; lo que también implica lesión a las facultades de administración y gubernativas del Municipio actor establecidas en las fracciones I, II y IV del artículo 115 de la Constitución Federal, así como al artículo 117, fracción VIII, de la misma Norma Fundamental, dado que este último precepto únicamente autoriza a las legislaturas para sancionar el monto y destino del empréstito, pero no para que autoricen la celebración de un contrato en específico de colaboración público privada, porque para ello y, en términos de los artículos 69 a 91 de la misma Ley de Contratos de Colaboración Público Privada, se requiere contar previamente con la autorización de la legislatura y en segunda seguir, desahogar o cumplir las fases o procedimientos del método que resulte aplicable para llegar a la adjudicación final del contrato con un particular, sea por licitación pública, por invitación o por adjudicación directa. Desbordando con ello sus atribuciones el Poder legislativo e invadiendo inconstitucionalmente la esfera de competencia del Municipio actor. El mismo artículo 17, ahora en su fracción VIII, y los artículos 23, 68 y 88, establecen inconstitucionalmente la obligación del Municipio actor de tener que tramitar y obtener previamente la autorización del Congreso de Morelos para llevar a cabo el procedimiento de contratación y celebrar cualquier contrato de colaboración público privado, incluyendo aquellos que no impliquen deuda pública, lo que en dicho sentido acarrea la vulneración a la autonomía e invasión a la esfera constitucional de atribuciones del Municipio que represento, plasmadas en las fracciones I, II y IV del artículo 115 de la Constitución Federal, que lo reconoce como orden de gobierno, con personalidad jurídica y potestad para administrar sus bienes y celebrar los actos jurídicos que sean necesarios para ejercer sus funciones y prestar los servicios públicos a su cargo, sin injerencia o subordinación de autoridad externa. Finalmente, el mismo artículo 23 de la tantas veces citada Ley de Contratos de Colaboración Público Privada, dispone la obligación del Municipio actor de informar a la Legislatura Local, en el plazo de 60 días naturales, los términos y condiciones en que fue celebrado cualquier contrato de colaboración público privada, debiendo acompañar copia de los documentos en los que consten los actos jurídicos que los documenten. Exigencias de información y documentación que transgreden en agravio del Municipio que represento el penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional, que dispone que los actos de rendición de cuentas de los Municipios y a la legislatura son ex post y únicamente lo son la cuenta pública, cuenta pública que en el caso del Estado de Morelos es anual, y que debe presentarse en el mes de enero del ejercicio fiscal siguiente, como así lo establece el párrafo cuarto del artículo 32 de la Constitución Política de Morelos. Cuenta pública que activa las facultades de fiscalización de la propia Legislatura Local a través de su órgano técnico respectivo, como lo dispone el artículo 84 de la misma Constitución Política de Morelos. De manera que el Municipio actor constitucionalmente no está obligado y, por tanto, la Legislatura Local tampoco está facultada, para que al margen de la cuenta pública, el Municipio deba presentarle en el curso de un ejercicio fiscal, informes o documentos relativos a los contratos de colaboración público privada que llegare a celebrar, dado que tampoco tiene atribuciones para juzgar separada o aisladamente los actos de gobierno, ni proceder a la fiscalización inmediata de los mismos. b) A su vez, el párrafo segundo del artículo 51 de la citada Ley de Contratos de Colaboración Público Privada, el artículo 29, penúltimo párrafo, de la Ley de Deuda Pública, el artículo 32 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y el artículo 115 de la Ley Orgánica Municipal, todos del Estado de Morelos, disponen que en el caso en que el Ayuntamiento no incluya dentro del presupuesto de egresos anual, el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de colaboración público privada, o incluso el pago de los servicios derivados de la deuda pública, todo ello se ‘entenderá incluido y autorizado’, ‘ajustándose’ el monto del presupuesto de egresos de manera ‘automática’, rompiendo con los principios de uniformidad y congruencia entre ingreso y gasto público y violentando la potestad exclusiva y constitucional del Municipio actor, para que éste expresamente sea quien autorice el gasto público anual, a través del presupuesto de egresos respectivo. Como se advierte de la cita de los citados preceptos impugnados: Ley de Contratos de Colaboración Público Privada: ‘Artículo 51.’ (se transcribe). Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos: ‘Artículo 29.’ (se transcribe). Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos: ‘Artículo 32.’ (se transcribe). Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). Preceptos que implican una severa transgresión al artículo 115 de la Constitución Federal, que reconoce como gobierno del Municipio a la autoridad colegiada denominada Ayuntamiento, a quien corresponde administrar los bienes y los ingresos que formen parte de su patrimonio y hacienda, pudiendo disponer o autorizar en forma exclusiva el gasto público anual, a través del presupuesto de egresos respectivo, por lo que, reitero, no es dable que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales, en el afán de lograr lo que ambos llaman un ‘marco jurídico de clase mundial’ dispongan que en ausencia o sin la aprobación expresa del Gobierno Municipal que represento, las ‘obligaciones’ o las ‘partidas’ de los contratos de colaboración público privada, o ‘el servicio de la deuda pública’ se incluyan ‘automáticamente’ en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal siguiente, lo que no sólo borra al Ayuntamiento actor, sino además rompe con el principio de uniformidad y congruencia que debe prevalecer entre los ingresos y el gasto público. c) Finalmente, aunque no menos importante, mediante el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, se dispone que la vigencia de un presupuesto de egresos no se considerará concluida, en los casos previstos por el artículo 32 de la Constitución Política de la misma entidad federativa, es decir, aun cuando no se haya presentado la iniciativa respectiva o bien, el Poder Legislativo no expida el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal siguiente, como se aprecia de la cita de dicho numeral: ‘Artículo 35.’ (se transcribe). Prórroga del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, que agravia al Municipio actor, toda vez que de conformidad a los artículos 7 a 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, se dispone que la Legislatura Local a través del presupuesto de egresos estatal de cada año, se determinarán las bases, los criterios de asignación y el monto de las participaciones, que en ingresos federales, así como del fondo de aportaciones estatales para el desarrollo económico correspondan a favor de los Municipios. Por lo que la continuidad de la v

gencia del presupuesto de egresos del Gobierno de Morelos, que provenga del ejercicio fiscal anterior agravia al gobierno que represento, dado que a través de dicha norma la Legislatura Local, abdica inconstitucionalmente de expedir o fijar anualmente las contribuciones, las participaciones y los demás ingresos que correspondan al Municipio actor, en términos de los que manda la fracción IV del artículo 115 Constitucional Federal y, por tanto, se merma inconstitucionalmente los ingresos que anualmente le corresponden y deben determinarse, en función de los montos e indicadores actualizados para cada ejercicio fiscal, como lo son las participaciones que en ingresos federales el Gobierno Federal asigne para cada ejercicio fiscal al Estado de Morelos, y como lo es, la fiscalización de las contribuciones municipales que anualmente debe reportar el órgano técnico de control de la propia legislatura. Segundo. Ad cautélam y sin admitir la constitucionalidad de las normas que fueron objeto de reforma y adición de la Constitución Política del Estado de Morelos, que por vicios derivados del proceso legislativo se ha hecho valer en diversa controversia constitucional, refiero a sus Señorías que se violan en perjuicio del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, los artículos 14, 16 y 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, los artículos 14 y 16 constitucionales, determinan la obligación invariable de cualquier autoridad para emitir sus resoluciones o actuar de manera fundada y motivada, respetando el ámbito de competencia y atribuciones de las demás autoridades, en este caso municipales. Simultáneamente, el artículo 115, en sus fracciones I, II y IV, de la misma Norma Fundamental, reconoce como orden de gobierno a los Ayuntamientos, otorgándoles personalidad, autonomía y atribuciones gubernativas, entre ellas, la de administrar su patrimonio y hacienda, aprobar y expedir anualmente su presupuesto de egresos, y rendir la cuenta pública de ingresos y gasto ante la Legislatura Local, mandato que de igual forma reitera el párrafo cuarto del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos y el numeral 13 de la Ley de Auditoría Superior Gubernamental de la misma entidad federativa. Las citadas disposiciones constitucionales y secundarias antes mencionadas han sido vulneradas en agravio del Municipio actor, al modificarse los artículos 39, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y 117, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal para la misma entidad federativa y, por consecuencia, se impugna de igual forma el artículo 32, párrafo cuarto, de la Constitución Política de Morelos, que invariablemente autorizan para que personas ajenas al servicio público municipal, es decir, carentes de autoridad, presenten la cuenta pública del gobierno que represento por el periodo de enero a octubre del último año de una gestión municipal. En efecto, las normas constitucionales y secundarias que de carácter local impugno, dicen textualmente lo siguiente: De la Constitución Política del Estado de Morelos: ‘Artículo 32.’ (se transcribe). De la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos: ‘Artículo 39.’ (se transcribe). De la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos: ‘Artículo 117.’ (se transcribe). De las reproducciones anteriores sus Señorías, estimo, claramente podrán apreciar que a través de dichas normas de una parte, se impone la obligación a personas que en su condición de particulares, presenten hasta el treinta de noviembre la cuenta pública del Municipio actor, correspondiente al periodo de enero a octubre del último año de la administración pública municipal, cuando por disposición del artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos cada Ayuntamiento popularmente electo, inicia su gestión el primero de noviembre del año de la elección y la concluye el treinta y uno de octubre del tercer año de ejercicio constitucional, por lo que no es admisible que las citadas normas no sólo autoricen, sino impongan la obligación a las personas que ya no forman parte de la administración pública municipal, es decir, a la ‘administración saliente’ para que en la misma condición de terceros ajenos a la autoridad municipal ‘presenten’ a la Legislatura Local la cuenta pública del Municipio por el periodo de enero a octubre del último año de la gestión edilicia, otorgándoles el plazo que fenece hasta el treinta de noviembre del mismo año, es decir, cuando precisamente ya no son autoridades municipales, para que emitan a nombre del Municipio actor, dicho acto de rendición de cuentas. Lo que transgrede directamente el artículo 115, fracción IV, en su penúltimo párrafo, de la Constitución Federal que dispone que la presentación de la cuenta pública o los actos de rendición de cuentas de los Municipios a la legislatura, son actos de autoridad que no pueden ejercerse por terceros, en su condición de particulares, por más que éstos hayan prestado sus servicios en la administración pública, admitir lo contrario, significa que legalmente pueda autorizarse a un tercero a usurpar atribuciones de autoridad, para poder presentar oficial e institucionalmente a nombre del Ayuntamiento que represento la cuenta pública correspondiente a diez meses de un año, pues de conformidad también al artículo 38, fracción VI, de la citada Ley Orgánica Municipal de Morelos, sólo al Ayuntamiento como autoridad, corresponde aprobar y rendir la cuenta pública del Municipio ante el Poder Legislativo de Morelos. Tercero. Se vulneran en agravio del Municipio actor, los artículos 14, 16, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 44, 111, 147 y 148 de la Constitución Política de Morelos y los artículos 18, 32, primer párrafo, 33, 35, fracción VII y 38, fracción XL, de la Ley Orgánica Municipal de la misma entidad federativa. En efecto, los artículos 14 y 16 constitucionales, previenen en el primer caso, la garantía de debido proceso legal, lo que obliga a cumplir con los procedimientos que las leyes establezcan antes de emitir una resolución que pueda producir una afectación, y en el segundo, la garantía de legalidad que exige que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, lo que significa que no pueden actuar fuera de su competencia. Exigencias constitucionales cuyo cumplimiento no es ajeno o excluye a la Cámara de Diputados del Estado de Morelos, para reunir los requisitos formales en el proceso de creación de normas en el ámbito local. Máxime cuando dichas normas, están dirigidas a determinar el ámbito de competencia, las obligaciones y las consecuencias jurídicas de los actos que en materia de ingresos y gasto público realicen los Ayuntamientos, como sucede en la especie, tratándose del Decreto Número 822 que reforma los artículos 23, fracción VI, párrafo tercero, 32, párrafos noveno y décimo, 40, fracciones XXVII, XXXII, XXXIII, XLI, XLIV, XLVI, XLVII y LV, 84, 109 Bis, primer párrafo, 109 Ter, párrafo tercero y 136 de la Constitución Política del Estado de Morelos, todos ellos inherentes al órgano de fiscalización de la Legislatura Local. La misma Norma Fundamental en su artículo 115, primer párrafo y fracción II, reconocen como orden de gobierno a los Municipios, invistiéndolos de personalidad jurídica y autorizándolos a realizar los actos gubernativos o de autoridad que dispongan las leyes respectivas; atribuciones entre las que se incluye, en el caso del Estado de Morelos y de conformidad a los artículos 44, 147 y 148 de la Constitución Política Local, el de aprobar como parte del Constituyente Permanente cualquier modificación al citado Código Supremo Estatal, siempre que al interior del propio Ayuntamiento se reúna el voto de la mayoría calificada de sus integrantes, como así lo exige el artículo 38, fracción XL, de la Ley Orgánica Municipal de la misma entidad federativa. Finalmente, el artículo 116 del Código Supremo Nacional, dispone que el ejercicio del poder público en los Estados de la República, se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, prohibiendo la reunión de dos o más poderes en una sola persona o corporación, indicándose también que las Constituciones Locales organizarán a dichos poderes. Las citadas disposiciones constitucionales han sido transgredidas en agravio del Municipio actor, puesto que el Congreso del Estado de Morelos, transgredió o violentó el proceso legislativo extraordinario previsto en los artículos 44, 147 y 148 de la Constitución Política de la misma entidad federativa, para modificar en cualquier sentido el texto del mismo Código Supremo Estatal, dado que: a) Al Municipio actor, como integrante del Constituyente Permanente local, en ninguna forma se le dio a conocer o acreditó, en primer término la previa aprobación de la Asamblea Legislativa de cuando menos el voto nominal de las dos terceras partes del total de los diputados del Poder Legislativo y respecto de las normas de la Constitución Política Local que fueron objeto de modificaciones en el citado Decreto Número 822, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4627 de fecha dieciséis de julio del año dos mil ocho. Toda vez que el Poder Legislativo únicamente turnó al Municipio actor una copia de un dictamen emitido por una Comisión Legislativa interna de la misma Cámara de Diputados Local, lo que de ninguna manera acreditó la aprobación que por el voto nominal de la mayoría calificada se exige en primer término a los miembros de la Asamblea Legislativa. Decreto Número 822, en cuyos artículos primero y segundo transitorios publicados se reconoce que los integrantes del Constituyente Permanente local no ha aprobado la modificación a las normas contenidas en dicho decreto, como se aprecia de las siguientes citas: ‘... Primero. aprobado que sea el presente decreto en los términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos para que manifiesten su aprobación o desaprobación ...’. ‘Segundo. Una vez aprobado por el Constituyente Permanente, el presente decreto iniciará su vigencia a partir del diez de octubre del presente año ...’. Por lo que si en el texto que fue publicado del citado Decreto 822 se reconoce que no existe la aprobación de ninguno de los integrantes del Constituyente Permanente local, resulta inconstitucional que la Mesa Directiva del propio Congreso, sin facultades legales haya expedido el decreto en cuestión, transgrediéndose lo establecido en el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Política Federal, que prohíbe en las entidades federativas reunir dos o más poderes en una sola persona o corporación o depositar el Legislativo en un individuo. b) En segundo término, porque de la lectura a la declaratoria de validez del mencionado Decreto 822 que aparece también publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4627 de fecha dieciséis de julio del año dos mil ocho, se hace constar sin lugar a dudas, que al igual que al Municipio actor, a los restantes 32 Ayuntamientos de Morelos, únicamente se les turnó copia de un dictamen emitido por una comisión legislativa interna de la Cámara de Diputados, y no como legalmente correspondía al acta de la sesión en la que constare el voto nominal (citando el nombre) de cuando menos las dos terceras partes del total de los legisladores integrantes del Congreso (veinte diputados); por lo que la aprobación que se aduce emitieron los Municipios de Atlatlahuacan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco; Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Temoac, Tepalcingo, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Yautepec y Zacatepec, es de igual forma inconstitucional, al haber emitido el consentimiento que de ellos se aduce en un documento no idóneo, como lo es el dictamen y no el acta de la sesión legislativa en la que conste fidedigna y fehacientemente el nombre de cuando menos veinte legisladores aprobando íntegramente las normas que refiere el tantas vece

citado Decreto 822. Sin que sobre decir que en la citada declaratoria el Congreso no indica si los Ayuntamientos de Atla

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22794-cc11cc48/controversia-constitucional-ante-la-ausencia-de-conceptos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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