CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO ASF/01068/2009, DE 13 DE FEBRERO DE 2009, SUSCRITO POR EL AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA INICIO A LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2008 DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14, 16, 115, FRACCIÓN IV Y 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO ASF/01069/2009 DE 12 DE FEBRERO DE 2009, SUSCRITO POR EL AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES AL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC PARA QUE EXHIBA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, APERCIBIDO DE QUE EN CASO DE NO CUMPLIR EN DICHO PLAZO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL PROPIO ESTADO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2009. MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, ESTADO DE MORELOS.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: YDALIA PÉREZ FERNÁNDEZ CEJA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de noviembre de dos mil nueve.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Basiliso Miranda Román, en su carácter de presidente del Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Poder y órganos demandados:
a) Congreso del Estado de Morelos;
b) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos;
c) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; y
d) Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
Actos reclamados:
a) El oficio número ASF/01069/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, suscrito por el auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, documento que fue notificado el día trece de febrero de dos mil nueve.
b) El oficio número ASF/01068/2009 de fecha trece de febrero de dos mil nueve, suscrito por el auditor superior del Congreso del Estado de Morelos, documento que fue notificado con la misma fecha.
c) El acta de inicio de auditoría a la cuenta pública del Municipio de Xochitepec, Morelos, correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal del dos mil ocho, formulada con fecha trece de febrero de dos mil nueve.
d) El desarrollo y conclusión de la citada autoría (sic) a la cuenta pública precisada en los incisos anteriores, así como las determinaciones y actos que se deriven directa o indirectamente o que sean consecuencia de los citados actos de fiscalización.
e) Por extensión y efectos, se demanda la invalidez del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en la porción normativa que establece "5% pro-universidad"; así como de los artículos 38 fracción XXIX y 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por cuanto obligan a los servidores públicos a otorgar fianza para ocupar sus cargos.
SEGUNDO. Como antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda se manifestaron los siguientes:
1. Mediante las controversias constitucionales números 77, 133 y 156, todas del año dos mil ocho, el Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, cuestiona la constitucionalidad de las normas que regulan al órgano de fiscalización de la Legislatura del Estado de Morelos.
2. El trece de febrero de dos mil nueve, el Municipio de Xochitepec recibió el oficio número ASF/01069/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, suscrito por el auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, en el que, aduciendo la práctica de la revisión a la cuenta pública del año dos mil siete (sic), solicitó diversa documentación e información de los archivos oficiales del Municipio.
3. El día trece de febrero de dos mil nueve, el órgano de fiscalización del Congreso de Morelos dio a conocer el oficio número ASF/01068/2009 de fecha trece de febrero de dos mil nueve, mediante el cuál dio a conocer "... el inicio de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil ocho ..."
TERCERO. Artículos constitucionales que se estiman violados. La parte actora estimó violados los artículos 14, 16, 35, fracción II, 113, 115, 116 y 123 apartado ‘B’ fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Conceptos de invalidez. En la demanda de controversia constitucional, la parte actora expresó en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:
1) Primero. La invalidez del oficio ASF/01069/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, así como del segundo párrafo del inciso a) del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en su porción normativa que establece: "5% Pro-universidad" violan en perjuicio del Ayuntamiento actor los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señala la parte actora que se vulneran los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que la Legislatura Local, en aplicación del segundo párrafo del inciso a) del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal para esa entidad federativa, exige al Municipio actor "la relación de enteros del 5% a la UAEM", lo que puede apreciarse de la lectura al oficio número ASF/01069/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, suscrito por el C.P. Gerardo Casamata Gómez, en su carácter de auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
De lo anterior, se estima que los artículos 14 y 16 constitucionales determinan la obligación de toda autoridad para emitir sus actos o resoluciones de manera fundada y motivada, actuando dentro del marco que las leyes les permiten, por lo que cualquier acto o resolución que se encuentre violentando lo dispuesto por nuestra Norma Fundamental, vulnera los principios de legalidad tutelados por los dispositivos constitucionales anteriormente señalados. Y por su parte, el artículo 115, fracción IV, establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda la cual se formará, de entre otras, por las contribuciones y las tasas adicionales que se establezcan sobre la propiedad inmobiliaria, señalando además, que las leyes estatales no podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones.
Posteriormente, aduce que los preceptos de la Norma Fundamental que se hayan transgredido, al momento en que el auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01069/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, exige imperativa y coercitivamente al Municipio actor, concretamente en el numeral 3 del apartado denominado "Ingresos", la relación de los recursos que el Municipio actor haya enterado por concepto "del 5% a la UAEM" durante el ejercicio fiscal del año dos mil ocho, otorgando un plazo de tres días hábiles y apercibiendo al Municipio para que, en caso de no cumplir con el plazo otorgado, le será impuesta una multa en aplicación del artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, apercibimiento que también se impugna, dado que dicho numeral no autoriza a la imposición de sanciones por la revisión ordinaria de la cuenta pública anual de los Municipios, sino cuando se ejerce o practica una revisión "excepcional", regulada en el capítulo único del título octavo de la misma Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.
La parte actora señala adicionalmente que este Alto Tribunal ha establecido como criterio, que el establecimiento de un destino específico sobre el gasto público municipal, respecto de sus ingresos autónomos, invade la facultad municipal de aprobar su presupuesto de egresos e incurre en la prohibición constitucional de establecer subsidios a favor de persona o institución alguna sobre los ingresos que les corresponde recibir.
En el mismo apartado se expresa que el artículo 115, en su fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre, conforme a las siguientes bases:
La hacienda municipal se integrará con los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los Municipios y con las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan en su favor, entre las cuales deben contarse necesariamente:
a) Las contribuciones que los Estados establezcan sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales;
b) Las participaciones en recursos federales, y
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Se prohíbe a la Federación limitar la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) y añade que las leyes estatales no podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones; precisa también que sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios, salvo que sean utilizados para fines o propósitos distintos de su objeto público.
La actora señala que este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que la fracción IV del artículo 115 «de la Constitución General» tutela dos importantes garantías, una es el principio de reserva a los Municipios de determinadas fuentes de ingreso y la otra el principio de libre administración que se aplica a parte de los recursos que integran la hacienda municipal, apoyándose en las jurisprudencias de rubros: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."; "PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."; "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "HACIENDA MUNICIPAL LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA."
En adición a lo anterior, se menciona que el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de diciembre de dos mil siete, al momento de resolver la controversia constitucional número 14/2007, presentada por el Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, declaró la invalidez del segundo párrafo del inciso a) del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal de la citada entidad federativa, al señalar que viola la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, porque condiciona el destino de uno de los ingresos cuya recepción está constitucionalmente reservada a los Municipios, quedando incluido además dentro del conjunto de recursos sobre los cuales aquéllos gozan de potestad de libre administración.
2) Segundo. El Congreso del Estado de Morelos, a través de su auditor superior de fiscalización y mediante oficio número ASF/01069/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, al exigirle al Municipio actor exhiba la fianza del tesorero del Ayuntamiento, y por extensión y efectos, la invalidez de los artículos 38 fracción XXIX y artículo 79, en sus tres últimos párrafos, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, ya que se violan los artículos 14, 16, 35, fracción II, 113, 115, fracciones II y VIII y 123 apartado ‘B’ fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la demanda se estima que los artículos 14 y 16 constitucionales determinan la obligación de toda autoridad para emitir sus actos o resoluciones de manera fundada y motivada, respetando el ámbito de competencia y atribuciones de las demás autoridades, en este caso municipales.
Posteriormente, se sostiene que el artículo 115, fracciones II y VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los Municipios la potestad de emitir los actos de gobierno que sean necesarios para cumplir con sus atribuciones, entre ellos, definir su organización interna o estructura orgánica y nombrar al personal que se desempeñe en el servicio público municipal, sin más obligaciones que las de cumplir con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión conferida, como reza el numeral 113 de la misma Constitución Federal.
En el mismo apartado señalan que, el artículo 123, apartado ‘B’ fracción VII, constitucional establece respecto de las relaciones de los gobiernos con sus trabajadores, que la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes.
En este sentido, la actora señala que las normas antes mencionadas han sido transgredidas en cuanto el auditor superior del Congreso del Estado, a través del oficio número ASF/01069/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, concretamente en el numeral 11 del apartado denominado "Egresos", exige al Municipio, la exhibición de la "fianza del tesorero"; otorgando un plazo de tres días hábiles y apercibiendo al Ayuntamiento para que, en caso de no cumplir con el plazo otorgado, se hará acreedor a una multa en aplicación del artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.
Derivado de lo anterior, la actora señala que la exigencia del auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, es vinculante hacia el Municipio actor, en virtud de que el funcionario estatal aprovecha sus facultades de revisión y fiscalización que sobre las cuentas públicas municipales le han sido atribuidas, para ordenar al Ayuntamiento la exhibición de la "fianza del tesorero", so pena de imponer una multa a la autoridad municipal, en caso de incumplir esta orden. La exigencia del citado órgano de fiscalización se origina por la aplicación de los artículos 38, fracción XXIX y 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Bajo estos textos normativos la actora sostiene que imponen la obligación al Ayuntamiento actor de exigir y a la persona que se designe como tesorero a pagar, de su peculio, una fianza que cubra proporcionalmente el monto del presupuesto ejercido por el mismo gobierno municipal.
En relación con el citado argumento, se señala que este Alto Tribunal ha sostenido que la exigencia de fianza para ocupar un empleo o comisión en la función pública, con cargo al peculio del nombrado, actualiza la violación al derecho constitucional que tienen los ciudadanos mexicanos de acceder a los empleos públicos, el cual está consagrado en la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En adición a lo anterior, se expone que se limita la potestad del gobierno municipal para nombrar libremente a los servidores públicos que le sean subordinados, en donde las condiciones tendrían que atender exclusivamente a las de perfil, capacidad, idoneidad, honradez, experiencia, sin tener que involucrar aquella que atiende exclusivamente a una cuestión ajena al servicio público, como lo es la capacidad económica del aspirante o seleccionado.
De esta manera, se sostiene que la Constitución Federal garantiza el derecho a los ciudadanos a acceder a la función pública; asimismo, este derecho se sujeta a las calidades que establezca la ley, sin embargo, éstas deben ser razonables y no discriminatorias, en tanto tienen sustento en un precepto que establece una condición de igualdad para los ciudadanos, además que el mismo debe interrelacionarse con los preceptos constitucionales que regulan la función pública.
Aunado a lo anterior, se expone que al igual que en el caso del derecho al acceso a la función pública, la cuestión del problema de la igualdad no se reduce solamente al trato igualitario para todos aquellos que son considerados iguales por la ley, sino que consiste en garantizar incluso frente al legislador que sean todos los ciudadanos a la luz de sus méritos y capacidades quienes puedan acceder a la función pública y no sólo una parte de ellos, en virtud de su condición de superioridad económica o su cercanía con el poder del Estado.
La demanda establece que este Alto Tribunal, al realizar el análisis del artículo 35, fracción II, constitucional, ha sostenido que se advierte que, si bien estamos ante un derecho de configuración legal, pues corresponde al legislador fijar las reglas selectivas de acceso a cada cargo público, su desarrollo no es completamente disponible para el legislador, pues la utilización del concepto "calidades" se refiere a las cualidades o perfil de una persona, que vaya a ser nombrada en el empleo, cargo o comisión de que se trate, que pueden ser: capacidad, aptitudes, preparación profesional, edad y demás circunstancias, que pongan en relieve el perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne.
En este sentido, la actora señala que el concepto "calidades" también debe vincularse con el principio de eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones contenido en el artículo 113, así como con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción VII, que dispone que la designación del personal sea mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, del que se desprenden los principios de mérito y capacidad; interpretación que debe ser relacionada con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción VI, «constituciopnales» que ordenan que las relaciones de trabajo entre los Estados y los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
La conclusión a que arriba la actora es que la Constitución impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública, requisito o condición alguna que no sea referible a los principios de eficiencia, mérito y capacidad que se plasman en dichos preceptos, de manera que deben considerarse violatorios de la prerrogativa de los ciudadanos de acceso a los cargos públicos todos aquellos supuestos que, sin esta referencia, establezcan una diferencia discriminatoria.
Como consecuencia de lo anterior, la actora señala la siguiente tesis jurisprudencial, bajo el siguiente rubro: "ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE ESE DERECHO.".(1)
3) Tercero. El auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01068/2009 de fecha trece de febrero de dos mil nueve, al ordenar la revisión de la cuenta pública del Municipio de Xochitepec por el ejercicio presupuestal dos mil ocho, sin señalar los elementos mínimos para llevar a cabo dicha revisión, que otorguen legalidad y certidumbre jurídica al Ayuntamiento violan los artículos 14, 16, 115 fracción IV y 116 fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La parte actora sostiene que los artículos 14 y 16 constitucionales determinan la obligación invariable de cualquier autoridad para emitir sus resoluciones o actuar de manera fundada y motivada, respetando el ámbito de competencia y atribuciones de las demás autoridades, en este caso municipales.
En el mismo concepto de invalidez se expone que la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política Federal, establece que las Legislaturas de los Estados revisarán y fiscalizarán las cuentas públicas.
De igual forma, en este apartado de la demanda se menciona que el artículo 116, fracción II, párrafo cuarto, determina que la función de fiscalización que desarrollen las Legislaturas Locales se sujetará a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
En la demanda se concluye que los citados mandamientos constitucionales han sido transgredidos en agravio del Municipio actor, cuando el auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01068/2009 de fecha trece de febrero de dos mil nueve, informa al Municipio actor sobre el inicio de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil ocho, sin establecer los elementos mínimos que otorguen legalidad y certidumbre jurídica al Municipio, para llevar a cabo dicho acto de fiscalización, es decir, en dicha determinación el auditor jamás menciona los rubros, conceptos o elementos que en específico serán objeto de dicho acto de revisión, y tampoco indica o fija reglas claras respecto del proceso de fiscalización.
La actora establece que el oficio del auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos carece de los siguientes elementos que son indispensables para el cumplimiento del principio de legalidad, que establece el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos y que son:
a) Carece del señalamiento respecto del tipo de auditoría que se practicará.
b) Es omiso en determinar las áreas específicas que serán auditadas durante el proceso de fiscalización.
c) Está ausente el señalamiento respecto del periodo que abarcará la auditoría; es decir, un mes, dos meses, o todo el ejercicio fiscal. Pero invariablemente el señalamiento del periodo es indispensable.
d) Carece del señalamiento respecto del tiempo que durará la auditoría, pues no puede dejarse abierto, debe determinarse el inicio de la revisión y estimarse el tiempo de duración de la misma.
Todos los anteriores elementos son indispensables para cumplir con las premisas constitucionales en materia de fiscalización de las cuentas públicas.
La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política Federal establece que las Legislaturas de los Estados revisarán y fiscalizarán las cuentas públicas de los Municipios atendiendo a lo que dispongan tanto la Constitución Federal, como la Constitución y las leyes locales, el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos al igual que el artículo 11, fracción II, de la Constitución Federal, determina que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, por su parte, la fracción III del artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, establece que en el ejercicio de la función de fiscalización se tendrán en cuenta los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad; señalando además que en el proceso de fiscalización mediarán acciones integrales y sistematizadas de las diversas dependencias de la auditoría superior, precisando los objetivos, estableciendo procedimientos y fijando plazos para la ejecución de tales acciones.
En este sentido, el actor reprocha al auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos el hecho de pretender dar inicio al proceso de revisión de la cuenta pública sin observar los elementos que tanto la Constitución Política Federal como la local le imponen, por lo cual, vulnera en perjuicio del Municipio actor, la garantía de legalidad prevista en los artículos 14, 16 y 116, fracción II, constitucionales, apoyándose en los siguientes criterios de jurisprudencia, cuyos rubros son: "CUENTAS PÚBLICAS. PARA DETERMINAR LAS FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES EN MATERIA DE REVISIÓN DE AQUÉLLAS, DEBE ATENDERSE TANTO A LAS PRESCRIPCIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL COMO A LAS DE LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES."(2) y "PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, QUE EXCEPCIONA A CIERTAS REVISIONES DEL LÍMITE TEMPORAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.".(3)
4) Cuarto. El auditor superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01068/2009 de fecha trece de febrero de dos mil nueve, al pretender dar inicio a una auditoría en las instalaciones del Municipio actor, sin notificarle las normas de auditoría que regirán el proceso de fiscalización, es violatorio de los artículos 14, 16, 113 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La parte actora sostiene que el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales determinan la obligación de toda autoridad para emitir sus actos o resoluciones de manera fundada y motivada, actuando dentro del marco que las leyes les permiten, por lo que cualquier acto o resolución que se encuentre fuera del ámbito de sus atribuciones, que no tenga sustento jurídico o que sea contrario a lo dispuesto por nuestra Norma Fundamental y las leyes que de ella derivan, vulnera los principios de legalidad tutelados por los dispositivos constitucionales anteriormente señalados.
En concordancia con lo anterior, la fracción IV del artículo 115 constitucional establece que las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.
Posteriormente, se alude que en comunión con las disposiciones constitucionales antes referidas, los artículos 116, fracción II, de la Constitución Política Federal y 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos establecen que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Consecuentemente de lo anterior, la fracción VIII del mismo artículo 84 de la Constitución Política de Morelos dispone como obligación del órgano de fiscalización del Poder Legislativo Local, expedir las normas de auditoría que regularán el ejercicio de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Lo que constituye un derecho del Ayuntamiento actor, como ente o entidad auditada, para conocer con toda certeza las reglas o normas bajo las cuales desplegará sus atribuciones de fiscalización respecto de la cuenta pública anual del año dos mil ocho.
En concordancia con lo anterior, la actora sostiene que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, en su artículo 10, fracción I, también atribuye al auditor superior de fiscalización la expedición de las normas de auditoría que regularán su ejercicio, así como las reglas del proceso de fiscalización y su control interno.
En ese mismo tenor, en la demanda se expone que el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, en su artículo 11 atribuye al auditor superior de fiscalización la facultad de autorizar, expedir y actualizar los manuales de organización, de procedimientos y servicios públicos, mismos que serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, asimismo, las guías e instructivos que prevean las políticas, normas técnicas, métodos y procedimientos a que se sujetará el personal adscrito a la auditoría superior al efectuar las visitas, revisiones, inspecciones, auditorías y evaluaciones correspondientes.
Las normas de auditoría que regulan el proceso de fiscalización, por cuanto hace a las visitas, revisiones e inspecciones, son fundamentales para cumplir con el principio de legalidad previsto en el artículo 84 de la Constitución Política Local, así como en el artículo 10, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.
Asimismo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, dichas normas de auditoría deben ser publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, pues es la única manera de cumplir con el citado principio de legalidad, otorgando certidumbre jurídica a los entes auditados en contra de eventuales actos arbitrarios por parte del mencionado órgano de fiscalización.
La actora sostiene que el funcionario estatal aduce dar cumplimiento a la fracción I del artículo 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, entregando al Municipio actor un "CD" que contiene las normas de auditoría, dicho CD se adjuntó al mencionado oficio; sin embargo, se desconoce su contenido, ya que el medio magnético se encontraba dañado, por lo cual la actora sostiene que el presente concepto de invalidez se basa en el incumplimiento del auditor superior de fiscalización, a lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización, que establece que las normas de auditoría deberán expedirse previamente y publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Morelos.
5) Quinto. El auditor superior gubernamental del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01069/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, al exigir información de manera genérica e imprecisa es violatorio de los artículos 14, 16, 115, fracción IV y 116, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el concepto de invalidez de referencia la parte actora sostiene que el auditor superior gubernamental del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01069/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, exige de manera genérica e imprecisa la siguiente información:
1. Organigrama general del Ayuntamiento autorizado.
2. Plantilla de personal autorizada.
3. Copias certificadas de todas y cada una de las actas de Cabildo
4. Relación de juicios y demandas del Ayuntamiento.
5. Altas y bajas del personal.
6. Padrón del impuesto predial, detallando el total de contribuyentes, el número de ciudadanos al corriente de su obligación fiscal, el número de contribuyentes en rezago y la cuantificación del rezago.
7. Padrón de licencias de funcionamiento comercial detallando su situación tributaria, de establecimientos cuya actividad sea la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado o al copeo.
8. Inventario de equipo de cómputo.
9. Resguardos de equipo de cómputo.
10. Cotización y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22124-cfe54918/controversia-constitucional-el-oficio-asf-01068-2009-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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