CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO ASF/01062/2009, DE 13 DE FEBRERO DE 2009, SUSCRITO POR EL AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA INICIO A LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2008 DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14, 16, 115, FRACCIÓN IV Y 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO ASF/01063/2009, DE 12 DE FEBRERO DE 2009, SUSCRITO POR EL AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES AL MUNICIPIO DE JIUTEPEC PARA QUE EXHIBA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, APERCIBIDO DE QUE EN CASO DE NO CUMPLIR EN DICHO PLAZO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL PROPIO ESTADO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2009. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: YDALIA PÉREZ FERNÁNDEZ CEJA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de noviembre de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el treinta de marzo de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Faustino Velásquez Medrano, síndico y representante legal del Ayuntamiento de Jiutepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Poder y órganos demandados:
a) Congreso;
b) Gobernador constitucional;
c) Secretario de Gobierno; y,
d) Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
Actos impugnados:
a) Del oficio número ASF/01062/2009, de fecha trece de febrero de dos mil nueve, suscrito por el auditor superior de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, documento que fue notificado el día trece de febrero de dos mil nueve.
b) Del oficio número ASF/01063/2009 de fecha doce de febrero de dos mil nueve, suscrito por el auditor superior del Congreso del Estado de Morelos, documento que fue notificado con la misma fecha.
c) El inicio, desarrollo y conclusión de la citada autoría a la cuenta pública precisada en los incisos anteriores, así como las determinaciones y actos que se deriven directa o indirectamente o que sean consecuencia de los citados actos de fiscalización.
d) Por extensión y efectos, se demanda la invalidez del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos en la porción normativa que establece "... 5% Pro-Universidad ..."; así como de los artículos 38, fracción XXIX y 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por cuanto obligan a los servidores públicos a otorgar fianza para ocupar sus cargos.
SEGUNDO. Como antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda se manifestaron los siguientes:
1. Mediante las controversias constitucionales números 53 y 141, todas del año dos mil ocho, el Municipio de Jiutepec está cuestionando la constitucionalidad de las normas que regulan al órgano de fiscalización de la Legislatura del Estado de Morelos.
2. El trece de febrero de dos mil nueve se recibió el oficio número ASF/01062/2009, de la misma fecha, suscrito por el auditor superior de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, en el que, aduciendo la práctica de la revisión a la cuenta pública del año dos mil siete, solicitó diversa documentación e información de los archivos oficiales del Municipio.
3. El día trece de febrero del año en curso, el órgano de fiscalización del Congreso de Morelos, dio a conocer el oficio número ASF/01063/2009 de fecha doce de febrero de dos mil nueve, mediante el cual dio a conocer "... el inicio de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil ocho ..."
TERCERO. Artículos constitucionales que se estiman violados. El actor estimó violados los artículos 14, 16, 35, fracción II, 113, 115, 116 y 123, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Conceptos de invalidez. En la demanda de controversia constitucional, la parte actora expresó en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:
1) Primero. La invalidez del oficio ASF/01063 /2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, así como del segundo párrafo del inciso a) del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos en su porción normativa que establece: "5% pro-universidad", violan en perjuicio del Ayuntamiento actor los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señala la parte actora que se vulneran los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que la Legislatura Local, en aplicación del segundo párrafo del inciso a) del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal para esa entidad federativa, exige al Municipio actor "la relación de enteros del 5% a la UAEM", lo que puede apreciarse de la lectura del oficio número ASF/01063/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, suscrito por el C.P. Gerardo Casamata Gómez, en su carácter de auditor superior de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.
De lo anterior se estima que los artículos 14 y 16 constitucionales determinan la obligación de toda autoridad para emitir sus actos o resoluciones de manera fundada y motivada, actuando dentro del marco que las leyes les permiten, por lo que cualquier acto o resolución que violente lo dispuesto por nuestra Norma Fundamental, vulnera los principios de legalidad tutelados por los dispositivos constitucionales anteriormente señalados.
Posteriormente aduce que el auditor superior de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01069/2009 (sic) de fecha doce de febrero de dos mil nueve, trasgrede el artículo 115, fracción IV, «constitucional» al exigir imperativa y coercitivamente al Municipio actor, concretamente en el numeral 3 del apartado denominado "Ingresos", la relación de los recursos que el Municipio actor haya enterado por concepto "del 5% a la UAEM" durante el ejercicio fiscal del año dos mil ocho, otorgando un plazo de tres días hábiles y apercibiendo al Municipio para que, en caso de no cumplir con el plazo otorgado, le será impuesta una multa en aplicación del artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, apercibimiento que también se impugna, dado que dicho numeral no autoriza a la imposición de sanciones por la revisión ordinaria de la cuenta pública anual de los Municipios, sino cuando se ejerce o practica una revisión "excepcional", regulada en el capítulo único del título octavo de la misma Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.
En adición a lo anterior, el Municipio actor señala que esta exigencia la realiza el auditor superior de fiscalización del Congreso Local, respecto del 5% recaudado durante el dos mil ocho sobre el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (antes impuesto sobre traslado de dominio), derechos sobre autorización de fraccionamientos, y su entrega a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que derivan de la aplicación del artículo 123(1) de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
Derivado de lo anterior, la actora señala que este Alto Tribunal ha sostenido que el establecimiento de un destino específico sobre el gasto público municipal, respecto de sus ingresos autónomos, invade la facultad municipal de aprobar su presupuesto de egresos e incurre en la prohibición constitucional de establecer subsidios a favor de persona o institución alguna sobre los ingresos que les corresponde recibir.
En el mismo apartado se expresa que el artículo 115, en su fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre, la actora señala que del segundo párrafo de la citada fracción se desprende la prohibición a la Federación de limitar la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), y añade que las leyes estatales no podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones; precisa también que sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios, salvo que sean utilizados para fines o propósitos distintos de su objeto público. A su vez expone que este artículo tutela dos importantes garantías, una es el principio de reserva a los Municipios de determinadas fuentes de ingreso y la otra el principio de libre administración que se aplica a parte de los recursos que integran la hacienda municipal, apoyándose en las jurisprudencias de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES." (se transcribe), "PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." (se transcribe), "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." (se transcribe) y "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA." (se transcribe).
En adición a lo anterior, se menciona que el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 6 de diciembre de 2007, al momento de resolver la controversia constitucional número 14/2007, presentada por el Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, declaró la invalidez del segundo párrafo del inciso a) del artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal de la citada entidad federativa, al señalar que viola la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, porque condiciona el destino de uno de los ingresos cuya recepción está constitucionalmente reservada a los Municipios, quedando incluido además dentro del conjunto de recursos sobre los cuales aquéllos gozan de potestad de libre administración.
2) Segundo. Se violan en perjuicio del Municipio actor, los artículos 14, 16, 35, fracción II, 113, 115, fracciones II y VIII, y 123, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que el Congreso del Estado de Morelos, a través de su auditor superior de fiscalización y mediante oficio número ASF/01069/2009 (sic), de fecha doce de febrero de dos mil nueve, exige al Municipio actor exhiba la fianza del tesorero del Ayuntamiento y por extensión y efectos, la invalidez de los artículos 38, fracción XXIX y artículo 79, en sus tres últimos párrafos, ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
En la demanda se estima que los artículos 14 y 16 constitucionales determinan la obligación de toda autoridad de respetar el ámbito de competencia y atribuciones de las demás autoridades, en este caso, municipales.
Posteriormente se sostiene que el artículo 115, fracciones II y VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los Municipios la potestad de emitir los actos de gobierno que sean necesarios para cumplir con sus atribuciones, entre ellos, definir su organización interna o estructura orgánica y nombrar al personal que se desempeñe en el servicio público municipal, sin más obligaciones que las de cumplir con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia el desempeño de su empleo, cargo o comisión conferida, como reza el numeral 113 de la misma Constitución Federal.
En el mismo apartado señalan que, el artículo 123, apartado B, fracción VII, constitucional establece respecto de las relaciones de los gobiernos con sus trabajadores, que la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes.
En este sentido, la actora señala que las normas antes mencionadas han sido transgredidas a través del oficio número ASF/01063/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, concretamente en el apartado denominado "Egresos" cuando el auditor superior del Congreso del Estado, exige al Municipio la exhibición de la "fianza del tesorero"; otorgando un plazo de tres días hábiles y notificando al Ayuntamiento de que, en caso de no cumplir con el plazo otorgado, se hará acreedor a una multa en aplicación del artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.
Derivado de lo anterior, la actora señala que la exigencia del auditor superior de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, es vinculante hacia el Municipio actor, en virtud de que el funcionario estatal aprovecha sus facultades de revisión y fiscalización que sobre las cuentas públicas municipales le han sido atribuidas, para ordenar al Ayuntamiento la exhibición de la "fianza del tesorero", so pena de imponer una multa a la autoridad municipal en caso de incumplimiento. La exigencia del citado órgano de fiscalización se origina por la aplicación de los artículos 38, fracción XXIX y 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.(2) Bajo estos textos normativos la actora sostiene que imponen la obligación al Ayuntamiento actor a exigir y al tesorero a pagar, de su peculio, una fianza que cubra proporcionalmente el monto del presupuesto ejercido por el mismo Gobierno Municipal.
En relación con el citado argumento, se señala que este Alto Tribunal ha sostenido que la exigencia de fianza para ocupar un empleo o comisión en la función pública, con cargo al peculio del nombrado, actualiza la violación al derecho constitucional de acceder a los empleos públicos, el cual está consagrado en la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(3)
En adición a lo anterior, se expone que se limita la potestad del Gobierno Municipal para nombrar libremente a los servidores públicos que le sean subordinados, en donde las condiciones tendrían que atender exclusivamente a las de perfil, capacidad, idoneidad, honradez, experiencia, sin tener que involucrar aquella que atiende exclusivamente a una cuestión de capacidad económica del aspirante o seleccionado.
De esta manera, se sostiene que la Constitución Federal garantiza el derecho a los ciudadanos a acceder a la función pública; asimismo, este derecho se sujeta a las calidades que establezca la ley, sin embargo, éstas deben ser razonables y no discriminatorias, en tanto tienen sustento en un precepto que establece una condición de igualdad para los ciudadanos, además que el mismo debe interrelacionarse con los preceptos constitucionales que regulan la función pública.
Aunado a lo anterior se expone que al igual que en el caso del derecho al acceso a la función pública, la cuestión del problema de la igualdad consiste en garantizar, incluso frente al legislador, que sean todos los ciudadanos, a la luz de sus méritos y capacidades, quienes puedan acceder a la función pública y no sólo una parte de ellos en virtud de su condición de superioridad económica o su cercanía con el Poder del Estado.
La demanda establece que este Alto Tribunal, al realizar el análisis del artículo 35, fracción II, constitucional, ha sostenido que se advierte que, si bien estamos ante un derecho de configuración legal, pues corresponde al legislador fijar las reglas selectivas de acceso a cada cargo público, su desarrollo no es completamente disponible para el legislador, pues la utilización del concepto "calidades", se refiere a las cualidades o perfil de una persona que vaya a ser nombrada en el empleo, cargo o comisión de que se trate.
En este sentido, la actora señala que el concepto "calidades" también debe vincularse con el principio de eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones contenido en el artículo 113, así como con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción VII, que dispone que la designación del personal sea mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, del que se desprenden los principios de mérito y capacidad; interpretación que debe ser relacionada con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción VI, constitucionales que ordenan que las relaciones de trabajo entre los Estados y los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
Como consecuencia de lo anterior, la actora señaló la siguiente tesis jurisprudencial, bajo el siguiente rubro: "ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE ESE DERECHO."(4) (se transcribe).
3) Tercero. El auditor superior de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01062/2009 de fecha trece de febrero de dos mil nueve, al ordenar la revisión de la cuenta pública del Municipio de Jiutepec por el ejercicio presupuestal 2008, sin señalar los elementos mínimos para llevar a cabo dicha revisión, que otorguen legalidad y certidumbre jurídica al Ayuntamiento violan los artículos 14, 16, 115, fracción IV y 116, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La parte actora sostiene la invalidez de los artículos 14 y 16 constitucionales bajo los mismos argumentos antes mencionados.
En el mismo concepto de invalidez se expone que la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política Federal establece que las Legislaturas de los Estados revisarán y fiscalizarán las cuentas públicas de los Municipios, atendiendo a lo que dispongan tanto la Constitución Federal, como la Constitución y las leyes locales, el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos, al igual que el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, determinan que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Por su parte, la fracción III del artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos establece que en el ejercicio de la función de fiscalización se tendrán en cuenta los mismos principios; señalando además que en el proceso de fiscalización mediarán acciones integrales y sistematizadas de las diversas dependencias de la Auditoría Superior, precisando los objetivos, estableciendo procedimientos y fijando plazos para la ejecución de tales acciones.
En la demanda se concluye que los citados mandamientos constitucionales han sido transgredidos en agravio del Municipio actor, cuando el auditor superior de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01062/2009 de fecha trece de febrero de dos mil nueve, informa al Municipio actor sobre el inicio de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio presupuestal dos mil ocho, sin establecer los rubros, conceptos o elementos que en específico serán objeto de dicho acto de revisión, y tampoco indica o fija reglas claras respecto del proceso de fiscalización, por lo cual, vulnera en perjuicio del Municipio actor la garantía de legalidad prevista en los artículos 14, 16 y 116, fracción II, constitucionales, apoyándose en los siguientes criterios de jurisprudencia, rubro: "CUENTAS PÚBLICAS. PARA DETERMINAR LAS FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES EN MATERIA DE REVISIÓN DE AQUÉLLAS, DEBE ATENDERSE TANTO A LAS PRESCRIPCIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL COMO A LAS DE LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES."(5) (se transcribe) y "PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000, QUE EXCEPCIONA A CIERTAS REVISIONES DEL LÍMITE TEMPORAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."(6) (se transcribe).
4) Cuarto. Se violan en perjuicio del Ayuntamiento actor, los artículos 14, 16, 113 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que el auditor superior de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01062/2009 de fecha trece de febrero de dos mil nueve, ordena dar inicio a una auditoría en las instalaciones del Municipio actor, sin notificarle las normas de auditoría que regirán el proceso de fiscalización, de conformidad con las disposiciones legales que rigen su actuación.
La parte actora sostiene la invalidez de los artículos 14 y 16 constitucionales bajo los argumentos señalados con anterioridad.
En concordancia con lo anterior, sostiene la fracción IV del artículo 115 constitucional, que las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.
Posteriormente, se alude a que en comunión con las disposiciones constitucionales antes referidas, los artículos 116, fracción II, de la Constitución Política Federal y el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos, la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Consecuentemente con lo anterior, la fracción VIII del mismo artículo 84 de la Constitución Política de Morelos, dispone como obligación del órgano de fiscalización del Poder Legislativo Local, expedir las normas de auditoría que regularán el ejercicio de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, lo que constituye un derecho del Ayuntamiento actor, como ente o entidad auditada, para conocer con toda certeza las reglas o normas bajo las cuales desplegará sus atribuciones de fiscalización respecto de la cuenta pública anual del año dos mil ocho.
De lo anterior, la actora sostiene que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, en su artículo 10, fracción I, también atribuye al auditor superior de fiscalización la expedición de las normas de auditoría que regularán su ejercicio, así como las reglas del proceso de fiscalización y su control interno.
En ese mismo tenor, en la demanda se expone que el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, en su artículo 11, atribuye al auditor superior de fiscalización la facultad de autorizar, expedir y actualizar los manuales de organización, de procedimientos y servicios públicos, mismos que deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, pues es la única manera de cumplir con el citado principio de legalidad, otorgando certidumbre jurídica a los entes auditados en contra de eventuales actos arbitrarios por parte del mencionado órgano de fiscalización. Asimismo, las guías e instructivos que prevean las políticas, normas técnicas, métodos y procedimientos a que se sujetará el personal adscrito a la Auditoría Superior al efectuar las visitas, revisiones, inspecciones, auditorías y evaluaciones correspondientes.
Las normas de auditoría que regulan el proceso de fiscalización, por cuanto hace a las visitas, revisiones e inspecciones, son fundamentales para cumplir con el principio de legalidad previsto en el artículo 84 de la Constitución Política Local, así como en el artículo 10, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.
La actora sostiene que el funcionario estatal aduce dar cumplimiento a la fracción I del artículo 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, entregando al Municipio actor un "CD" que contiene las normas de auditoría, dicho CD se adjuntó al oficio con número ASF/01068/2009 (sic) de fecha trece de febrero de dos mil nueve; sin embargo, se desconoce su contenido, ya que el medio magnético se encontraba dañado, por lo cual, la actora sostiene que el presente concepto de invalidez se basa en el incumplimiento del auditor superior de fiscalización, a lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización, que establece que las normas de auditoría deberán expedirse previamente y publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Morelos.
5) Quinto. Se violan en perjuicio del Ayuntamiento actor, los artículos 14, 16, 115, fracción IV y 116, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que el auditor superior gubernamental del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01063/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, exige de manera genérica e imprecisa al Municipio actor la siguiente información:
En el concepto de invalidez de referencia la parte actora sostiene que el auditor superior gubernamental del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio antes mencionado, le exige información de manera genérica e imprecisa.
En orden de lo anterior, la parte actora alude a los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo vino haciendo anteriormente.
En este sentido se expone que la fracción IV del artículo 115 constitucional establece que las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.
De lo anterior, la actora desprende que las normas constitucionales antes mencionadas son vulneradas en agravio del Municipio actor, cuando el auditor superior de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01063/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, exige al Municipio información o documentos que van más allá de las facultades que, en esta materia, le atribuye la Constitución Federal, la Particular del Estado de Morelos y la propia Ley de Fiscalización Superior de la misma entidad federativa. En este sentido, se señala el otorgamiento de un plazo de tres días hábiles apercibido que, en caso de no cumplir con el plazo otorgado, se hará acreedor a una multa en aplicación del artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.
La actora sostiene que en materia de cuentas públicas y su fiscalización por parte de las Legislaturas Locales, el alcance de las facultades atribuidas a éstas, debe atender a lo que dispongan tanto la Constitución Federal, como las Constituciones Estatales, incluyendo también a las leyes locales, lo anterior se apoya en el criterio sostenido por este Alto Tribunal al momento de resolver la controversia constitucional 22/2000, derivando la siguiente tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es: "CUENTAS PÚBLICAS. PARA DETERMINAR LAS FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES EN MATERIA DE REVISIÓN DE AQUÉLLAS, DEBE ATENDERSE TANTO A LAS PRESCRIPCIONES DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL COMO A LAS DE LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES."(7) (se transcribe).
Del contenido de la tesis anterior, la demanda destaca que la Constitución Política del Estado de Morelos creó un órgano con autonomía técnica y de gestión denominado "Auditoría Superior de Fiscalización", dependiente del Poder Legislativo Local encargado de llevar a cabo la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y de los Municipios, cuyo sustento legal y atribuciones principales se contienen en los numerales 32, último párrafo, 40, fracciones XXVIII y XLVII, y 84, apartado A, de la mencionada Constitución Local.(8)
El actor señala que las facultades del Congreso del Estado de Morelos, en materia de fiscalización, derivan de la presentación de las cuentas públicas por parte del Estado y de los Ayuntamientos; por lo mismo, es importante definir lo que en términos de la legislación local se entiende como "cuenta pública", en este sentido el actor cita los siguientes artículos: 2, fracción III y 27 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, así como el 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la misma entidad federativa:(9)
En ese contexto, el concepto de invalidez señala que el auditor superior de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a través del oficio número ASF/01063/2009, de fecha doce de febrero de dos mil nueve, exige al Municipio actor, entre otras cosas, "el padrón del impuesto predial, detallando el total de contribuyentes, el número de ciudadanos al corriente de su obligación fiscal, el número de contribuyentes en rezago y la cuantificación del rezago".
De lo anterior la demanda sostiene:
• Los contribuyentes en rezago fiscal todavía no reportan ingreso para el Ayuntamiento y, por tanto, al no haber ingreso, esta situación es ajena a la cuenta pública.
• La relación entre el Gobierno del Municipio y sus contribuyentes, es parte de los actos de gobierno y de imperio que ejerce el Ayuntamiento, por lo que no puede ser motivo de fiscalización, ni de responsabilidad administrativa.
• El rezago en el pago del impuesto predial se da por diversos motivos, como por el hecho de que hay muchos vecinos de este Municipio que se encuentran actualmente en la Unión Americana por motivos de trabajo, que siendo contribuyentes no radican en el Municipio.
• El Ayuntamiento a través de resoluciones de carácter general tiene facultades para adoptar decisiones de diversa naturaleza como el otorgamiento de estímulos fiscales, subsidios, etcétera, por lo mismo, la existencia de contribuyentes en rezago es ajena a la cuenta pública y su fiscalización por el Poder Legislativo Local.
Lo anterior se señala, debido a que el órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, ya ha impuesto observaciones al Municipio actor en esta materia, en ese contexto, la actora señala el contenido del informe de resultados de la revisión a la cuenta pública del Municipio de Jiutepec, Morelos, correspondiente al ejercicio presupuestal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 4599, de fecha doce de marzo de dos mil ocho.
En relación con el citado argumento, la parte actora también sostiene que se encuentran en igual situación el organigrama general del Ayuntamiento; la plantilla de personal; las actas de Cabildo; la relación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22133-d58b4bac/controversia-constitucional-el-oficio-asf-01062-2009-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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