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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS VEINTISIETE PUBLICADO EL 26 DE MAYO DE 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINA OTORGAR PENSIÓN POR INVALIDEZ CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2010. · Registro digital (IUS): 22777
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 1906.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2010. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de enero de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio depositado el siete de julio de dos mil diez, en la Oficina de Correos de Jiutepec, Estado de Morelos, y recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce del mismo mes y año, Luis Edgar Castillo Vega, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos, promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de las normas y actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. a) El Congreso del Estado de Morelos, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Legislativo ubicado en la calle Mariano Matamoros, de la colonia Centro del Municipio de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. b) El titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. c) El secretario de Gobierno del mismo Poder Ejecutivo de Morelos. Las autoridades señaladas en los incisos b) y c) tienen sus respectivos domicilio en el Palacio del Poder Ejecutivo, sito en la calle de Galeana, de la colonia Centro, en el Municipio de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado. El Decreto Número 427 publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4806 de veintiséis de mayo de dos mil diez, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por invalidez a Nicolás Nieto Gervacio con cargo al gasto público del Municipio de Jiutepec, Morelos. Consecuentemente de lo anterior y, por virtud de la aplicación de las normas que permiten a la Legislatura Local emitir los citados decretos, por extensión y efectos, al formar parte del mismo sistema normativo, se demanda la invalidez de los artículos: b) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII, 55 y 56 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. c) El artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4529 de nueve de mayo de dos mil siete. d) El artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4546 de doce de junio de dos mil siete."

SEGUNDO. El promovente aduce como antecedentes, los siguientes:

"1. A manera de antecedente informo que en el veredicto pronunciado en la controversia constitucional número 55/2005, promovida por el Municipio de Xochitepec, Morelos, sus Señorías declararon la invalidez tanto del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos como del Decreto Número 712 emanado del Poder Legislativo, por medio del cual determinó inconstitucionalmente emitir una pensión con cargo a la hacienda de dicho Municipio. 2. Ahora bien, no obstante lo señalado en el punto que precede, el día veintiocho de julio del año dos mil ocho, el gobierno que represento se vio obligado a promover controversia constitucional en la que impugnó el Decreto Número 782 de diecisiete de junio de dos mil ocho, publicado en la edición del Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4620 del dieciocho del mismo mes y año, por lo que hace a la adición de la fracción XV al artículo 24, y la reforma al artículo 56, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en los que la Legislatura Local ratificó su inconstitucional atribución de calificar las relaciones laborales de los Municipios y emitir pensiones y jubilaciones con cargo a la hacienda municipal. Y por extensión y efectos de igual forma reclamo la invalidez de los artículos 1, 8, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos. Demanda que por turno recayó bajo la distinguida ponencia del Ministro Juan N. Silva Meza en el expediente número 91/2008, habiéndose celebrado la audiencia constitucional el seis de noviembre del mismo dos mil ocho, con lo que se cerró la instrucción y se ordenó turnar los autos para resolver. 3. Pese a que la controversia constitucional mencionada en el punto inmediato que precede no ha sido resuelta, menciono a sus Señorías que los días 5 y 6 de noviembre del año dos mil ocho, se emitieron las ediciones números 4654 y 4659 del Periódico Oficial Tierra y Libertad, que contienen, entre otros, los Decretos Números 940 y 946 a través de los cuales la misma Cámara de Diputados Local, en aplicación de las normas impugnadas, determinó imponer dos pensiones por cesantía en edad avanzada; y en los Decretos Números 1037, 1042, 1044 y 1047 la misma Legislatura Local impuso tres pensiones por invalidez, en todos ellos, calificando las relaciones laborales del Municipio actor y sus trabajadores y afectando su gasto público al obligarlo a pagar tales pensiones. Y de igual forma el Poder Legislativo Local emitió los Decretos Números 1123, 1129, 1138 y 1139, determinando unilateral y arbitrariamente otras pensiones con cargo al erario del Municipio de Jiutepec, Morelos. Decretos que fueron materia de la controversia número 170/2008 bajo la ponencia del mismo Ministro Juan N. Silva Meza. 4. Días más tarde, en la edición del Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4685 de cuatro de marzo del año dos mil nueve, por enésima ocasión, el Congreso de Morelos y las autoridades del Poder Ejecutivo que participan en el proceso legislativo local, emitieron, entre otros, el Decreto Número 1170, en el cual se insiste en calificar las relaciones laborales del Municipio de Jiutepec, Morelos y sus trabajadores, así como afectar sus arcas, emitiendo unilateralmente una nueva pensión por cesantía que afecta el presupuesto de egresos del gobierno que represento. 5. Finalmente, la Legislatura Local en su reiterada insistencia de invadir la esfera de competencia del Municipio actor, expidió el Decreto Número 427, determinando con cargo a la hacienda municipal, el pago de otra pensión por invalidez a favor del señor Nicolás Nieto Gervacio, resolución legislativa que fue publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4806 de veintiséis de mayo de dos mil diez, a través del cual el Congreso del Estado de Morelos, de manera unilateral y al margen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, insiste en continuar vulnerando la autonomía y esfera de atribuciones el gobierno que represento. Cabe señalar a esa superioridad que la presente administración municipal (que inició su gestión el uno de noviembre del año dos mil nueve), al recabar la información relativa al trabajador Nicolás Nieto Gervacio, no localizó el dictamen médico que supuestamente sirvió de base para que el Congreso del Estado determinara la improcedente pensión por invalidez; aunado a lo anterior, se presumen diversos elementos para determinar la falsedad de los datos contenidos en el ‘Oficio sin número de diecinueve de mayo de dos mil ocho, conteniendo dictamen de invalidez definitiva, no considerado como riesgo de trabajo, expedido por el Dr. Antonio Alfonso Celeni, director de Seguridad Social del Municipio de Jiutepec, Morelos ...’. 7. Por lo anterior, es que este Ayuntamiento decidió interponer formal denuncia, por existir elementos que presumen la comisión de delito en agravio de su patrimonio; respecto de la existencia y contenido del dictamen médico citado anteriormente y que sirvió de base para la emisión de la ilegal pensión a favor de Nicolás Nieto Gervacio, situación que se corrobora con la presentación de la denuncia correspondiente que se acompaña al presente documento."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo el promovente son los siguientes:

"Primero. Ad cautélam y en el caso en que sus Señorías determinen no declarar la invalidez de las normas locales impugnadas en la controversia constitucional número 91/2008, promovida por el Municipio que represento, hago valer respetuosamente que se vulneran en agravio del Municipio actor los artículos 14, 16, 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, así como la fracción VIII párrafo segundo y el numeral 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, respectivamente, establecen: los principios de fundamentación y motivación que exigen, tratándose de relaciones interinstitucionales, que la actuación o determinación de una autoridad se base en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad, que sí procedía aplicar la norma correspondiente (artículos 14 y 16 constitucionales); que dispone el principio de congruencia entre los ingresos y egresos municipales, correspondiendo en forma exclusiva al Ayuntamiento la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa (115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, constitucional); que confieren potestad a los Gobiernos Municipales para administrar sus recursos y regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales (artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo y artículo 123, apartado B constitucionales); y que finalmente determinan que los trabajadores burocráticos, como son aquellos al servicio de los Municipios, tienen derecho a que el patrón como lo es el Ayuntamiento les reconozca y otorgue como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación. Los citados mandamientos constitucionales han sido transgredidos en agravio del Municipio actor, por virtud del Decreto Número 457, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4806, de veintiséis de mayo de dos mil diez, a través del cual inconstitucionalmente el Congreso de Morelos insiste en sostener su inconstitucional intervención en el gasto público municipal, al decretar el otorgamiento de una pensión con cargo a las finanzas del Municipio actor, y con efectos de pago retroactivos a la fecha de la separación del trabajador, aplicando para ello, el sistema normativo previsto en los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV, XV, esta última fracción en sus incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI, VII y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, numerales que si bien es cierto reconocen como derecho de los trabajadores de los Municipios diversas prestaciones, entre las que se ubican: la atención médica integral; el otorgamiento de préstamos; el apoyo para vivienda; así como las pensiones por: jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia, también lo es que tales normas y sus actos concretos de aplicación como lo son el decreto impugnado, establecen un sistema de prestaciones local, que transgrede los citados mandamientos o exigencias de la Norma Fundamental, lo que produce perjuicios en agravio del Municipio actor, puesto que: a) Se faculta en forma exclusiva al Poder Legislativo Local, para calificar las relaciones laborales entre el Municipio actor y sus trabajadores; recibir todo tipo de solicitudes de los trabajadores del Municipio para el otorgamiento de tales pensiones; y finalmente para decretar unilateralmente todo tipo de pensiones con cargo a las arcas del Municipio actor, incluso definiendo pagos retroactivos, como se aprecia en el decreto impugnado, lo que evidentemente contraviene el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General de la República, pues invade la esfera de competencia del Ayuntamiento que represento, en tanto que impide a éste administrar libremente su hacienda pública, definiendo su presupuesto de egresos sin la intervención e injerencia de ninguna otra autoridad; y al mismo tiempo trastoca lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 115 constitucional y el inciso a), fracción X del apartado B del artículo 123 de la propia Norma Fundamental que disponen, que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la propia Constitución y sus disposiciones reglamentarias. Lo anterior que evidentemente fue vulnerado con la expedición del Decreto Número 427, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4806 de veintiséis de mayo de dos mil diez, en tanto impide el cumplimiento de este mandato constitucional, pues es la Legislatura Local y no el Municipio actor la que realiza facultades ejecutivas al momento de calificar las relaciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, al momento de otorgar pensiones y ordenar su pago con cargo a los recursos que integran su hacienda pública, impidiendo que sea el propio Gobierno Municipal el que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales conferidas de manera exclusiva sobre su presupuesto y sobre sus relaciones laborales, pueda incluso prever sobre el otorgamiento de las prestaciones que correspondan a sus trabajadores, observando la normatividad que en la materia expida la Legislatura Local; lo que evidentemente evitaría que, en posible contubernio de servidores públicos deshonestos, se emitan constancias, certificaciones o dictámenes médicos contrarios a la verdad y a la legalidad, con el claro propósito de menoscabar ilícitamente y de manera continua y permanente la hacienda pública municipal, al imponerle una obligación económica, como es la pensión que hoy se reclama, que ni constitucional ni legalmente es procedente, como sucede en el presente caso. Pues si se reconociera que la facultad de otorgar las pensiones o jubilaciones es del Ayuntamiento, al actuar como patrón y administrador de sus recursos, esto, reitero, hubiera impedido que se hubiera otorgado el decreto de pensión que hoy se reclama, pues al momento de recibir la solicitud por el trabajador, la autoridad municipal, es decir el Ayuntamiento, hubiera tenido oportunidad de advertir que las constancias o dictamen en que se sustenta no son verídicas; lo que hoy por hoy, ha obligado a solicitar la intervención del Ministerio Público Local con la presentación de la denuncia respectiva. b) Se le impone la obligación de cubrir dichas prestaciones de manera directa y exclusiva con cargo a la hacienda municipal, cuando por mandato de los mencionados preceptos constitucionales federales, los riesgos de seguridad social deben socializarse. c) Se le impide realizar una efectiva planeación financiera, para cumplir con dichas prestaciones laborales y al mismo tiempo prever los recursos para la dotación de los servicios y la realización de las obras que requiere la comunidad a la que sirve. Pues si bien es cierto, que el Municipio actor está obligado por mandamiento constitucional, a programar y proporcionar la dotación y pago de las prestaciones laborales de sus trabajadores, también lo es que las normas locales de Morelos, impiden que tal cumplimiento se genere. d) Merma los recursos municipales, al disponer que se cubran con cargo a su hacienda y de manera duplicada algunas de dichas prestaciones, o bien se pague inequitativamente el cien por ciento de una pensión, aun cuando el trabajador haya proporcionado el mayor tiempo de su actividad productiva al servicio de los Poderes Estatales o de otros Municipios. En efecto, informo a sus Señorías que en el Estado de Morelos, los mencionados artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV, XV, esta última fracción en sus incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI, VII y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, violentan lo establecido en los artículos 115, último párrafo y 123 apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el marco normativo local, no establece la forma y los procedimientos indispensables para otorgar las prestaciones a que los trabajadores burocráticos tienen derecho, entre ellas, las de seguridad social, ni se ha constituido el organismo a quien corresponda administrar los fondos y proporcionar los servicios en el mismo sentido, organismo a través del cual puedan socializarse el pago de las prestaciones de seguridad social. Vulneración que se acredita, pues también como botón de muestra, respetuosamente indico a sus Señorías que si bien es cierto que los artículos 43, fracción V, 45, fracción XV, inciso d), 54, fracción I y 55 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consignan que las prestaciones de seguridad social, consistentes en la atención médica integral a los trabajadores burocráticos y sus familiares, se otorgarán a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, una vez que se celebre convenio, también lo es ... Que la opción de proporcionar previa la celebración de un convenio y a los trabajadores municipales, los servicios de seguridad social que suministran tales organismos federales, no significa haber cumplido con los mandamientos constitucionales contenidos en los citados artículos 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, en definir la forma y los procedimientos para otorgar la seguridad social a los trabajadores; ni las exenta de constituir el organismo que ex profeso se encargue de administrar los recursos y de prestar los servicios en tal sentido; ni las autoriza para cargar exclusivamente al Municipio actor las prestaciones de seguridad social, que deben socializarse por mandamiento constitucional. Que en el caso en que el Ayuntamiento actor, optare por la celebración del convenio, bien sea con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, es evidente también que la normatividad vigente de ambos organismos federales limita a los afiliados el disfrute de todas las prestaciones laborales a que tienen derecho, en el presente caso, a los trabajadores municipales, dado que de inicio, la atención médica, por ejemplo, con el IMSS y r

specto de las trabajadoras del Municipio que estén en periodo de gestación o embarazo, no quedan cubiertas con la celebración del convenio que llegare a celebrar el Municipio actor, lo que deviene, en que el Municipio no pueda dejar en el abandono o inhibirse de cubrir el derecho de otorgar seguridad social a dichas trabajadoras, por resultarles ajenas las limitaciones jurídicas que tenga dicha institución federal, teniendo que pagar de manera directa tales conceptos, o bien en el caso en que el trabajador municipal padezca alguna enfermedad crónica o terminal, tampoco quedaría cubierta su atención médica ni el otorgamiento de otros beneficios a que tenga derecho, con la celebración de dicho convenio, pues las mencionadas instancias federales se inhiben en este tipo de circunstancias de otorgar las prestaciones. Lo que sigue demostrando que las normas locales contenidas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y los actos de aplicación que se reclaman, vulneran reitero, los mandamientos constitucionales que obligan al legislador ordinario a que los riesgos de seguridad social sean socializados, a definir la forma y los procedimientos para otorgar la seguridad social a los trabajadores burocráticos; así como de constituir el organismo que ex profeso se encargue de administrar los recursos y de prestar los servicios en tal sentido. Que en el mismo caso en que el Ayuntamiento actor, optare por la celebración del convenio con cualesquiera de los dos organismos de seguridad social del Gobierno Federal, ello también genera a cargo de las arcas públicas municipales y de manera duplicada, el otorgamiento de pensiones; pues las citadas instituciones de seguridad social federales, proporcionan en general a todos sus afiliados el derecho irrenunciable de recibir una pensión, cubriendo desde luego los requisitos legales que la normatividad establece en cada caso y, por su parte, los artículos 1, 8, fracción IV, 11, 15, fracción VI, 24, fracción XV, 43, fracciones XIII y XV, 54, fracción VII, 56, 57 y 58 a 64 de la misma Ley del Servicio Civil de Morelos, disponen como obligación exclusiva del Municipio actor y con cargo al presupuesto de egresos, y como derecho también irrenunciable de los trabajadores municipales, el disfrutar de la diversa pensión sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia, que unilateralmente decrete el mismo Poder Legislativo con cargo directo a las arcas del Municipio. Que la transgresión a los citados mandamientos constitucionales, queda también probada, cuando el artículo 61, párrafo segundo, de la mencionada Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza que la atención médica de los trabajadores municipales se preste por médico particular, tan es así, que permite al trabajador para acreditar su invalidez, a través de un dictamen o diagnóstico médico emitido por profesionista legalmente autorizado para ejercer su profesión, cuando dicho trabajador ‘no esté afiliado a ninguna institución’; lo que evidentemente demerita ‘el derecho irrenunciable’ consignado legalmente a favor del trabajador, ante, reitero, la transgresión de las normas locales, para efectivamente condenar y establecer un sistema integral de seguridad social, la socialización de los riesgos de seguridad social y el otorgamiento que se encargue de ello. Y por si lo anterior no fuere bastante, de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil de Morelos y de la interpretación y aplicación extensiva que el mismo Poder Legislativo realiza al artículo 59 del mismo ordenamiento, la pensión que por años de servicio se considere a favor de los trabajadores, autoriza a sumar la antigüedad o los años de servicio que el trabajador haya prestado en cualesquiera de los demás Poderes Locales y de otros Municipios de la misma entidad, lo que significa, a manera de ejemplo, que basta que un trabajador haya prestado sus servicios en un Ayuntamiento por unos cuantos días, para que sea beneficiario de una de las tantas pensiones que por antigüedad refieren los artículos 58 y 59 del mismo ordenamiento, si demuestra que el resto del tiempo exigido en dichos preceptos, prestó sus servicios en el Gobierno Estatal o en cualesquiera de los demás Ayuntamientos, quedando a cargo de las arcas públicas municipales en que el trabajador preste el último de sus servicios, el pago absoluto de la pensión decretada. Lo que sigue acreditando la inexistencia de un sistema integral que otorgue a los trabajadores burocráticos sus prestaciones relativas a la seguridad social y del organismo que se encargue de ello, que al mismo tiempo genera todo tipo de arbitrariedades que merman injusta e inequitativamente las arcas municipales, privando al Ayuntamiento que represento de la posibilidad real de realizar un ejercicio de planeación financiera en el corto, mediano y largo plazo, para prever con cargo a cada presupuesto anual: El pago de las pensiones que derivado de sus relaciones laborales se generen, cuando la contratación de cualquier persona, puede dar motivo a que en el corto e incluso en el inmediato plazo, se le imponga una pensión que determine unilateralmente la Legislatura Local, si dicho trabajador acredita el tiempo o plazo de servicio en otras instancias públicas ajenas, en términos de lo establecido en los mencionados artículos 58 y 59 de la Ley del Servicio Civil de Morelos. O bien como sucede en la especie con el decreto impugnado, que el Congreso arbitraria e inconstitucionalmente sea quien determine el pago retroactivo de la pensión que emite, afectando la hacienda pública municipal, pues no hay manera de adivinar cuándo y cuánto es lo que el Congreso ordenará que el Municipio actor pague, inclusive aun cuando no exista partida presupuestal prevista para el rubro de pensiones futuras; o bien, la partida presupuestal que se tiene para el presente ejercicio fiscal, sólo permite cubrir las citadas cargas económicas que provienen del ejercicio fiscal del año dos mil nueve. O bien, en el pago de las prestaciones de seguridad social que deben cubrirse adicionalmente, en los casos en que, no obstante la celebración del convenio que se celebre con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dichas instituciones no consideren integralmente la prestación de todos los servicios que en materia de seguridad social correspondan a los trabajadores municipales; o bien, ante el pago de las pensiones que otorguen las mismas instancias federales y a su vez las que determine el Congreso con cargo a la hacienda municipal. E incluso, se merman también los recursos de la hacienda pública municipal, dado que el pago de las pensiones que decrete el Poder Legislativo, van a cargo y en forma exclusiva al gasto público, sin que proporcionalmente se hayan fijado las aportaciones que en este sentido correspondan a los trabajadores. Por lo que se solicita se declare la invalidez de las citadas normas locales y los actos de aplicación de las mismas al resultar inconstitucionales, por resultar contrario a los artículos 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y consecuentemente también se declare la invalidez de los artículos 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, que respectivamente establecen para reclamar el pago de la pensión, a la que estima tener derecho, ante la autoridad y en la vía que corresponda. a) La facultad del Congreso del Estado para recibir las solicitudes de los trabajadores municipales o sus beneficiarios, calificar la procedencia del cumplimiento de los requisitos laborales y determinar con cargo a la hacienda pública municipal, las pensiones que por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia deban imponerse al Municipio actor. b) La atribución de la Comisión Legislativa interna denominada: Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para emitir un dictamen en el que analice la procedencia de las solicitudes hechas por los trabajadores municipales, realizar el cómputo de la prestación de todos los servicios prestados por el trabajador en los Poderes Locales y los Ayuntamientos; emitir opinión respecto de su procedencia y someter a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto por el que se expida un decreto de pensión con cargo a las citadas arcas municipales. Segundo. Ad cautélam, y sin admitir la constitucionalidad de las normas que otorgan al Poder Legislativo la atribución de calificar las relaciones laborales del Municipio actor y sus trabajadores, así como de afectar su presupuesto de egresos, refiero a sus Señorías que se vulneran en perjuicio del Municipio actor las siguientes disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 14 y 16 que resguardan los principios de fundamentación y motivación que exigen que la actuación o determinación de una autoridad se base en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que se haya actuado en determinado sentido y no en otro, la fracción IV del artículo 115, en sus párrafos primero, penúltimo y último, que disponen el principio de congruencia entre los ingresos y egresos municipales correspondiendo en forma exclusiva al Ayuntamiento la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa; finalmente, la fracción VIII del propio artículo 115 en su párrafo segundo, que confiere potestad a los Gobiernos Municipales para administrar sus recursos y regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales. Así como los artículos 116 y 123 de la Constitución Federal que disponen las autoridades encargadas de regular las relaciones laborales entre los Municipios y sus trabajadores. Mandatos constitucionales que han sido lesionados en perjuicio del Municipio actor, por virtud del Decreto Número 427, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4806 de veintiséis de mayo de dos mil diez, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por invalidez a Nicolás Nieto Gervacio con cargo al gasto público del Municipio de Jiutepec, Morelos, en el cual el poder citado invade la esfera de competencia del Municipio actor, ya que con la arbitraria e inconstitucional expedición del decreto impugnado, otorga de manera unilateral e ilegal una pensión por invalidez definitiva con cargo a la hacienda pública del Municipio de Jiutepec, Morelos, como se advierte de la siguiente cita: (se transcribe). De las reproducciones anteriores, estimo que sus Señorías podrán coincidir conmigo en que el mencionado decreto legislativo contraviene los mandamientos co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22777-0a2ee190/controversia-constitucional-el-decreto-numero-cuatrocientos-veintisiete-publicado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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