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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL DISPONER QUE ES CAUSA JUSTIFICADA DE TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO SIN RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MUNICIPIO O ENTIDAD PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL DE QUE SE TRATE, EL HABER OBTENIDO DECRETO QUE OTORGUE PENSIÓN POR JUBILACIÓN O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, CUYO INICIO DE VIGENCIA SE CONSIGNARÁ EN EL MISMO ORDENAMIENTO, VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL PREVER QUE EL CONGRESO DEL ESTADO FIJARÁ LOS CASOS EN QUE PROCEDA OTORGAR EL PAGO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA POR EDAD AVANZADA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, ASÍ COMO LA CUANTÍA A LA QUE DEBERÁN ASCENDER AQUÉLLAS, VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, SE HACE EXTENSIVA AL DIVERSO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE ESE ORDENAMIENTO, AL REITERAR LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA EXPEDIR DECRETOS DE PENSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, RESPECTO DE TRABAJADORES MUNICIPALES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2008. · Registro digital (IUS): 22645
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 2550.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2008. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de noviembre de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veintiocho de julio de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Faustino Velázquez Medrano, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que demandó la invalidez de los actos que adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

Órganos demandados:

1. El Congreso del Estado de Morelos.

2. Gobernador del Estado de Morelos.

3. Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Actos cuya invalidez se demanda:

1. Decreto Número 782 de diecisiete de junio de dos mil ocho, publicado en la edición del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4620 de dieciocho siguiente, por lo que hace a la adición de la fracción XV al artículo 24; y la reforma al artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

2. Artículos 1, 8, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV; 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero, incisos a), b), c) y d); 54, fracciones I, VI y VII; y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

3. Artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 4529, de nueve de mayo de dos mil siete.

4. Artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 4546, de doce de junio de dos mil siete.

SEGUNDO. En la demanda el promovente señaló como antecedentes los siguientes:

a) En la edición del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos Número 4620, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó el Decreto 782, de diecisiete siguiente, a través del cual se reforma el artículo 56; se adiciona la fracción XV al artículo 24; y se derogan el cuarto párrafo de la fracción II del artículo 58 y el tercer párrafo del artículo 59, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

b) En el capítulo de consideraciones del decreto en mención, el Poder Legislativo de Morelos ratificó su atribución para calificar las relaciones laborales de los Municipios y emitir decretos de pensiones de cualquier naturaleza, con cargo al gasto público municipal; pese al análisis hecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional número 55/2005.

Dentro del mismo capítulo de consideraciones del Decreto 782, el Congreso Local reconoce que al emitir sus resoluciones de pensiones, con frecuencia no se produce la extinción de la relación laboral, pues los trabajadores al servicio de los Municipios o de los Poderes Locales, continúan prestando sus servicios; demandando, posteriormente, la actualización del monto de la pensión, actualización que se da en el caso de los Ayuntamientos con cargo a sus respectivos presupuestos de egresos.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los que se sintetizan enseguida:

1. Considera que se vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16, 115, último párrafo y 123 apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, respectivamente, determinan: la obligación invariable de cualquier autoridad para emitir sus resoluciones o actuar de manera fundada y motivada, no sólo respetando las garantías individuales del gobernado, sino el ámbito de competencia y atribuciones de las demás autoridades, en este caso, municipales; que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales con base en lo establecido en el artículo 123 de la misma Norma Fundamental; y que las normas locales establecerán la forma y los procedimientos para otorgar, entre otras, las prestaciones de seguridad social a los trabajadores burocráticos; seguridad social que será proporcionada a través de un organismo que se constituya para tal efecto, a quien corresponde administra el fondo de aportaciones que cubran proporcionalmente los trabajadores y las instituciones que actúen como patrón y para el mismo fin, lo que implica socializar los riesgos de seguridad social.

Que los citados mandamientos constitucionales han sido transgredidos en agravio del Municipio actor, toda vez que los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43; fracciones V, XIII, XIV y XV; 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en sus incisos a), b), c) y d); 54, fracciones I, VI, VII; y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; si bien es cierto reconocen como derecho de los trabajadores de los Municipios diversas prestaciones, entre las que se ubican: la atención médica integral; el otorgamiento de préstamos; el apoyo para vivienda; así como las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia; también lo es que tales prestaciones sólo están plasmadas e incluso contradichas a nivel teórico o retórico, al estar ausentes de un verdadero sistema integral, que le producen perjuicios en agravio del Municipio actor, puesto que:

a) Se le impone la obligación de cubrir dichas prestaciones de manera directa y exclusivamente con cargo a la hacienda municipal, cuando por mandato de los citados preceptos constitucionales federales, los riesgos de seguridad social deben socializarse.

b) Se le impide realizar una efectiva planeación financiera para cumplir con dichas prestaciones laborales y al mismo tiempo prever los recursos para la dotación de los servicios y la realización de las obras que requiere la comunidad a la que sirve. Pues si bien es cierto que el Municipio actor está obligado por mandamiento constitucional federal, a programar y proporcionar la dotación y pago de las prestaciones laborales de sus trabajadores, también lo es que las normas locales de Morelos impiden que tal cumplimiento se genere.

c) Se merman los recursos municipales al disponer que se cubran con cargo a su hacienda y de manera duplicada algunas de dichas prestaciones; o bien pagando inequitativamente el cien por ciento de una pensión, aun cuando el trabajador haya proporcionado el mayor tiempo de su actividad productiva al servicio de los Poderes Estatales o de otro Municipio.

d) Se autoriza la intromisión inconstitucional de la Legislatura Local para que ésta califique las relaciones laborales de los trabajadores del Municipio actor, e imponga unilateral, exclusiva y arbitrariamente todo tipo de pensiones a cargo de las arcas municipales.

Asimismo, sostiene que los mencionados artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV; 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en sus incisos a), b), c) y d); 54, fracciones I, VI y VII, y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos violentan lo establecido en los artículos 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el marco normativo local no establece la forma y los procedimientos indispensables para otorgar las prestaciones a que los trabajadores burocráticos tienen derecho, entre ellas, de seguridad social, ni se ha constituido el organismo a quien corresponda administrar los fondos y proporcionar los servicios en el mismo sentido, organismo a través del cual puedan socializarse el pago de las prestaciones de seguridad social.

2. El Municipio actor aduce que se vulnera en su perjuicio lo previsto en los artículos 14, 16, 115, fracción II, y penúltimo párrafo, fracción IV, penúltimo párrafo, y fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las normas impugnadas lesionan la potestad gubernativa del Ayuntamiento para conducir sus relaciones laborales y determinar legalmente el otorgamiento de las prestaciones que a sus trabajadores correspondan; asimismo, lesionan su autonomía en la gestión de recursos, al establecer que la Legislatura Local fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los empleados municipales, así como la cuantía a la que deberán ascender aquéllas, no obstante que el artículo 115, fracción IV, constitucional dispone que el régimen presupuestal municipal corresponde diseñarlo en exclusiva a los Ayuntamientos, con base en los recursos disponibles previstos en las leyes de ingresos respectivas.

Refiere además, que es inaceptable que el Poder Legislativo sea quien decida lo relativo a las pensiones de sus empleados, unilateralmente y sin la mínima intervención del Ayuntamiento en su calidad de patrón o empleador, así como los casos en que debe proceder el otorgamiento y pago de esas prestaciones, alterando la congruencia, uniformidad y las previsiones que el Municipio tenga ya consideradas en el presupuesto de egresos anual; no sólo respecto de aquellos trabajadores que hayan prestado sus servicios al Municipio actor, sino incluso emitiendo pensiones en las que se compute el tiempo de prestación de servicios que el trabajador haya realizado en otros órganos de gobierno, lo que también implica la imposibilidad para el gobierno municipal de poder prever y planificar el gasto o presupuesto público en cuanto a este tipo de prestaciones laborales, aunado a la carga presupuestal inequitativa y la merma en su hacienda pública, cuando se le obliga a pagar una pensión, como último patrón o empleador.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 14, 16, 115 y 123, apartado B.

QUINTO. Por acuerdo de veintinueve de julio de dos mil ocho, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de vacaciones, ordenaron formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 91/2008, y por razón de turno designaron al Ministro Juan N. Silva Meza, como instructor del procedimiento, admitieron la demanda de controversia constitucional, tuvieron como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos y ordenaron emplazarlos para que formularan su respectiva contestación, asimismo, ordenaron dar vista al procurador general de la República para que manifieste lo que a su representación corresponde.

SEXTO. El Poder Ejecutivo, así como el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, fueron coincidentes en su respectiva contestación de demanda, en la que señalaron, en síntesis, lo siguiente:

1. Que es cierto que en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 4620, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó el Decreto Número 782 por el que se reformó el artículo 56, se adicionó la fracción XV al artículo 24, recorriéndose la anterior fracción XV para pasar a ser XVI, y se derogó el cuarto párrafo de la fracción II del artículo 58, y el tercer párrafo del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

2. Que el Municipio actor en su demanda de controversia constitucional, únicamente atribuye al Poder Ejecutivo la promulgación y publicación del decreto que impugna; tales actos se realizaron con estricto apego a las facultades constitucionales con que cuenta el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, de conformidad con lo establecido por el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Política de la entidad.

3. Que el Municipio actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios de los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por lo que resulta evidente que el poder que represento, únicamente se encuentra llamado a la presente controversia, cumpliendo con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido o promulgado la ley general impugnada.

4. Que es infundado que se violen en perjuicio del Municipio actor, los artículos 14, 16, 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Que es evidente que con la reforma al artículo 56 y adición de la fracción XV al artículo 24, bajo ninguna circunstancia resultan afectados por cuanto a su sentido, alcance o aplicación los artículos 1, 8, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV; 45, fracciones III, IV y XV, esta última en sus incisos a), b), c) y d); 54, fracciones I, VI y VII; 55, 57 y 60 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

6. Que en la fracción XV del artículo 24, con la reforma, únicamente se establece como causa de terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Gobierno del Estado, los Municipios o las entidades paraestatales o paramunicipales, la obtención por parte del trabajador, de un decreto que le otorgue pensión por jubilación o por cesantía en edad avanzada; por otra parte, el artículo 56, únicamente establece el momento a partir del cual se genera el derecho a recibir el pago de la pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada.

7. Que el artículo 1 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que no fue reformado y se encuentra impugnado, sólo establece de manera general que la ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado, y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio, sin que se advierta de qué forma resulte afectado su sentido, alcance o aplicación por la reforma al artículo 56 y adición de la fracción XV al artículo 24 de la misma ley, dado que no se modifica la situación de los empleados de base, de confianza y eventuales, ni restringe los beneficios de seguridad social aplicables para todos los trabajadores.

8. Que los derechos que a favor de los trabajadores que establece el artículo 43, en las fracciones impugnadas, tampoco se ven modificadas en su sentido, alcance o aplicación, ya que la fracción V, únicamente reitera el derecho al disfrute de los beneficios de la seguridad social; la fracción XIII, si bien regula la pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada e invalidez, únicamente hace referencia genérica a esas prestaciones, sin detallar o especificar la forma en que se determinará u otorgará dicha pensión.

9. Las fracciones XIV y XV se refieren a cuestiones distintas al tema propio de las disposiciones reformadas; éstas son relativas a la terminación del nombramiento sin responsabilidad de la entidad pública patronal, como consecuencia de la obtención de una pensión por invalidez o cesantía en edad avanzada, así como al momento en que debe cubrirse la pensión, en tanto que aquéllas (fracciones XIV y XV) hacen referencia a una pensión totalmente distinta, como lo es la que se establece a favor de los beneficiarios del trabajador fallecido o al seguro de vida.

Que si los numerales reformados hacen referencia a la terminación del nombramiento sin responsabilidad de la entidad pública patronal, como consecuencia de la obtención de una pensión por invalidez o cesantía en edad avanzada, así como al momento en que debe cubrirse la pensión, ninguna influencia pueden tener en disposiciones que se refieren a prestaciones distintas.

10. Que la impugnación que se formula en el primer concepto de invalidez planteado por el Municipio actor en contra de disposiciones de la Ley del Servicio Civil, que no fueron reformadas por el Decreto 782, resulta notoriamente improcedente e infundada, ya que tales disposiciones bajo ninguna circunstancia se vieron afectadas en su sentido, alcance y aplicación.

11. Que el segundo concepto de invalidez resulta notoriamente infundado, por ser falso que se vulneren en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16 y 115, en su fracción II y último párrafo, fracción IV, en su penúltimo párrafo, y fracción VIII, en su segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que no se advierte que haya existido la intención o finalidad de modificar o alterar el sistema de pensiones en sí mismo, es decir, variar sus requisitos o procedimiento para su concesión.

12. Que en consecuencia de lo anterior, resulta notoriamente infundada e improcedente la impugnación que realiza el Municipio actor al sistema de pensiones establecido en la Ley del Servicio Civil, por ser evidente que al no haber sido modificado éste mediante el decreto cuya invalidez se demanda, tampoco puede ser impugnado con motivo de dicha reforma, solicitando que así lo determine esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el momento de resolver la controversia constitucional en que se actúa.

SÉPTIMO. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, en su contestación respectiva, adujo, en síntesis, lo siguiente:

a) Que efectivamente en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos Número 4620, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó bajo el número Decreto 782, la reforma a diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, siendo éste un error que el mismo gobierno subsanó mediante la publicación de la debida "fe de erratas" en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 4622, de 25 de junio del año en curso, es decir, un mes tres días antes de que se interpusiera la presente demanda de controversia constitucional, siendo erróneo que dicha reforma se haya dado por medio del Decreto 782, cuando en realidad se dio mediante Decreto 778, ya que el Decreto 782 corresponde a la abrogación de la ley que crea un organismo público descentralizado que se denominará "Ingeniería Rural, Urbanización y Vivienda de Morelos".

b) Que el decreto 782 aludido por la actora, no contiene ninguno de los argumentos que esgrime, ya que la materia es completamente diferente al tratarse de la abrogación de un decreto de la ley que crea un organismo público descentralizado y no le afecta de manera directa al Municipio actor.

c) Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, no existe obligación de situar en un apartado específico del escrito inicial los actos cuya invalidez se demanda, sino únicamente señalarlos con la precisión que permita identificarlos; además, el artículo 39 del mismo ordenamiento legal obliga a la autoridad resolutora a examinar en su conjunto los razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, para esclarecer cuáles son los actos que se impugnan, porque como ha quedado demostrado, se trata de ordenamientos diferentes del impugnado señalado por la actora.

d) Que por cuanto al Decreto 788, no se vulneran los artículos 14, 16, 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X (que debió ser la fracción XI), inciso f), párrafo segundo (que debió invocar el inciso a), de la Constitución Federal, ya que en la emisión del presente Decreto 778, se plantea en la exposición de motivos la corrección de diversas circunstancias que acaecían con motivo de la emisión de los decretos de jubilación, siendo la parte toral de la reforma, corregir situaciones que se han presentado en los casos en que trabajadores que solicitan su pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada, al serles otorgada ésta, no cesan en sus funciones, sino que siguen laborando y al paso del tiempo presentan demandas laborales contra el poder o Municipio en que se encuentren laborando y contra el Congreso.

e) Que tampoco se transgreden los artículos 14 y 16 de la Carta Fundamental, ya que el proceso legislativo se cumplió con cada una de sus etapas con la exposición de motivos, y los ordenamientos que fundan y motivan el Decreto 778, conforme a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; por otra parte, no se le causa perjuicio alguno al Municipio actor al emitir el presente Decreto 778, ya que no se ha decretado pago alguno de pensión, en particular contra la actora, o no se reclama en este acto, siendo en este caso, que no hay un perjuicio que lo legitime para el proceso que ha instaurado.

f) Que por cuanto al Decreto 778, no se vulneran los artículos 14, 16, 156, fracción II, y último párrafo, fracción IV, en su penúltimo párrafo y fracción VIII, de la Constitución Federal, ya que si el Decreto 778 reforma el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil, entre otros artículos, la exposición de motivos expresa que se debe a circunstancias particulares de orden social, haciéndose así la reforma de manera coordinada con otros numerales.

OCTAVO. El procurador general de la República, al emitir su opinión, en síntesis, manifestó:

1. Que la demanda de controversia constitucional a estudio fue presentada el veintiocho de julio de dos mil ocho ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando la invalidez del Decreto 782, mediante el cual se adicionó la fracción XV al artículo 24 y se reformó el numeral 56, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y por extensión y efectos, diversos artículos de la misma ley; así como los preceptos 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la entidad y 109 de su reglamento.

2. Que respecto del Decreto 782, mediante el que se adiciona la fracción XV al artículo 24 y se reforma el numeral 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de junio de dos mil ocho, cabe hacer la observación que de las constancias que obran en autos se desprende que hubo un error en la publicación del decreto en comento, el cual fue subsanado mediante la "fe de erratas" publicada en el medio de difusión oficial el 25 de julio siguiente.

3. Que tomando en consideración que la publicación del Decreto 782 impugnado, se llevó a cabo el dieciocho de junio de dos mil ocho, se actualiza la primera hipótesis contenida en la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 y, en consecuencia, el plazo de 30 días para promover la demanda inició el diecinueve de junio y feneció el quince de agosto de dos mil ocho; por tanto, si la demanda que nos ocupa fue presentada el veintiocho de julio siguiente, en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprende de autos, la misma es oportuna, únicamente respecto a la impugnación de los artículos 24, fracción XV y 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

4. Que la demanda de controversia constitucional es notoriamente extemporánea respecto a la impugnación de los artículos 1, 8, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero, incisos a) a d), 54, fracciones I y VII, 55 y 57 a 68 de la Ley del Servicio Civil, 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso y 109 del reglamento para el Congreso, todos del Estado de Morelos, toda vez que resulta evidente que entre su publicación y la presentación de la demanda ha transcurrido en exceso el plazo de 30 días, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el numeral 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 y, por ende, el sobreseimiento previsto en el precepto 20, fracción II, de la citada ley.

5. Que la improcedencia de la presente vía, bajo el argumento de que el Municipio actor carece de legitimación activa y las autoridades demandadas adolecen de legitimación pasiva, deberá desestimarse, en virtud de que para determinar si existe o no afectación alguna a la esfera de facultades de aquél, es necesario entrar al estudio de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

6. Que de los artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se desprende que si bien la facultad para emitir decretos en los que se conceda una pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada es propia del Congreso Local, no es menos verdad que dicha atribución va más allá de su esfera competencial, dado que a través de ella se lesiona una atribución eminentemente municipal, como lo es la autonomía en la gestión de los recursos de la hacienda del Municipio actor.

7. Que, por otra parte, los numerales 54, fracción VII, 55 y 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos confirman la obligación del Municipio actor, en el sentido de cubrir las pensiones en cuestión, al señalar expresamente que los trabajadores en materia de prestaciones sociales tendrán derecho a pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia; asimismo, las prestaciones, seguros y servicios en tratándose de dichas pensiones, estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios a través de las instituciones que para el caso determinen y se otorgarán mediante decreto que expida el órgano legislativo local.

8. Que las razones que llevaron al Congreso Estatal a adicionar la fracción XV al artículo 24 y reformar el numeral 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, son las de evitar que los trabajadores del Estado, los Municipios y las entidades paraestatales o paramunicipales que obtengan una pensión por jubilación o cesantía en edad avanzada, continúen con la relación laboral y, posteriormente, demanden una actualización a dicha pensión, con lo cual se otorga certeza jurídica a uno de los elementos que se regulan en la indicada ley del servicio civil.

9. Que los numerales impugnados no vulneran la potestad del Ayuntamiento actor para conducir sus relaciones laborales y determinar el otorgamiento de las prestaciones que a sus trabajadores correspondan; que dichas pensiones deberán otorgarse de conformidad con lo que indica la Ley del Servicio Civil y los demás ordenamiento aplicables; que el pago de dicha prestación será a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo y que el trabajador que se haya separado por cualquier motivo de su empleo antes del inicio de vigencia del decreto por el que se otorga la pensión, recibirá su pago a partir del día siguiente al de su separación.

10. Que en tal virtud, el argumento que nos ocupa deviene infundado, por lo que este Máximo Tribunal deberá declarar la validez constitucional de los artículos 24, fracción XV y 56 de la Ley del Servicio Civil de Morelos.

NOVENO. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Jiutepec y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como el secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos.

SEGUNDO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

De lo planteado en la demanda de controversia constitucional se desprende que el Municipio actor demanda la invalidez del Decreto Número 782 de diecisiete de junio de dos mil ocho, publicado en la edición del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número 4620 de dieciocho siguiente, por lo que hace a la adición de la fracción XV al artículo 24; y la reforma al artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por tanto, lo que se impugna en el presente asunto es una norma general.

Ahora bien, el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, señala:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"...

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

Conforme a la transcripción que antecede, se desprende que tratándose de la oportunidad para la impugnación de normas generales, señala el siguiente supuesto: Dentro del plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

En el presente caso se actualiza la hipótesis referida en el párrafo que antecede, por ende, tomando en cuenta que el decreto impugnado fue publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho, el plazo para promover la presente controversia constitucional transcurrió del diecinueve de junio de dos mil ocho al quince de agosto de dos mil ocho, debiéndose descontar del plazo los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de junio, cinco, seis, doce, trece y del dieciséis al treinta y uno de julio, dos, tres, nueve y diez de agosto de dos mil ocho, por corresponder a sábados y domingos y ser inhábiles; así como por encontrarse comprendidos dentro de ellos los correspondientes al periodo de receso por vacaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22645-87f4cc09/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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