CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 32, PÁRRAFOS SEXTO A OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE LA FALTA DE PRESENTACIÓN OPORTUNA O LA OMISIÓN DE APROBAR LA LEY DE INGRESOS, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, TENDRÁ COMO CONSECUENCIA QUE LOS ORDENAMIENTOS EN VIGOR PARA EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO CONTINÚEN VIGENTES PARA EL SIGUIENTE O QUE CONTINUARÁN VIGENTES LOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR EN TANTO QUE AQUÉLLOS SEAN APROBADOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN LVII, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MORELOS, AL PREVER QUE EL CONGRESO LOCAL ESTÁ FACULTADO PARA AUTORIZAR, EN SU CASO, CONFORME A LAS BASES QUE SE ESTABLEZCAN EN LA LEY, AL ESTADO, A LOS MUNICIPIOS, A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES O MUNICIPALES, A LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL O MUNICIPAL MAYORITARIA Y A LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS QUE FORMEN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL Y PARAMUNICIPAL, LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 115, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MORELOS, AL DISPONER QUE LOS AYUNTAMIENTOS AL APROBAR LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS MUNICIPALES, DEBERÁN INCLUIR Y AUTORIZAR, LA O LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ASÍ COMO LAS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIA Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS QUE FORMEN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL, DERIVADAS DE EMPRÉSTITOS Y DE CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA, Y QUE EN CASO DE OMISIÓN SE ENTENDERÁN POR INCLUIDAS Y AUTORIZADAS LAS PARTIDAS QUE HUBIEREN SIDO APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANTERIOR, NO NULIFICA LAS ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO NI, POR ENDE, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2008. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
COLABORÓ: ANA MARÍA JIMÉNEZ RIVERA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de enero de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Faustino Velázquez Medrano en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan:
1) Del Poder Legislativo del Estado de Morelos se reclama el Decreto Legislativo Número 525, expedido el veintinueve de noviembre de dos mil siete, así como su respectiva declaratoria de validez, ambas resoluciones publicadas en el Periódico Oficial el cinco de diciembre del mismo año, por lo que se refiere a la modificación de los artículos 32, 40 y 115 de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como el primer acto de aplicación del artículo 32 con el que la Legislatura del Estado no expidió la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos.
1) Del titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y del secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, la promulgación del Decreto Número 525, el día tres de diciembre de dos mil siete y su publicación en el Periódico Oficial 4573 el día cinco de diciembre del mismo año.
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
1) Que en noviembre de dos mil siete, el gobierno municipal de Jiutepec recibió oficio sin número, emitido por el secretario del Poder Legislativo Local, por medio del cual se sometió a consideración del Ayuntamiento de Jiutepec el dictamen de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa celebrada el trece de noviembre de dos mil siete.
2) Que con fecha cinco de diciembre del año dos mil siete fue publicado el Decreto Número 525, en el Periódico Oficial 4573.
3) Que hasta el día quince de diciembre del año dos mil siete, la Legislatura Local no expidió la Ley de Ingresos ni el presupuesto de egresos del Gobierno de Morelos.
TERCERO. El actor estimó violados los artículos 14, 16, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 24, 38, 44, 111, 147 y 148 de la Constitución Política del Estado de Morelos, argumentando en sus conceptos de invalidez lo siguiente:
1) Que el Legislativo Local expidió el Decreto Número 525 por el que aprobó las reformas a los artículos 32, 40, 70, 72, 83 y 115; así como la adición a los artículos 40, 70, 80 y 115, todos de la Constitución Política del Estado de Morelos.
2) Que el secretario del Congreso del Estado de Morelos solicitó la aprobación del Ayuntamiento de Jiutepec Morelos de las reformas a la Constitución Local, sin exhibir el acta de la sesión legislativa que demostrara el voto de cuando menos de las dos terceras partes de los legisladores, como lo dispone la Constitución del Estado de Morelos, por tanto, dicha aprobación no produce efecto ya que se dio respecto de un documento que no acredita la voluntad del Poder Legislativo Local.
Asimismo, entre el texto del citado dictamen que fue remitido al gobierno municipal y el Decreto 525 que fue publicado en el Periódico Oficial Número 4573 el cinco de diciembre del dos mil siete existen diferencias, de las cuales el Ayuntamiento de Jiutepec no expresó su voluntad.
Los artículos 14 y 16 constitucionales determinan la obligación de cualquier autoridad para emitir sus resoluciones o actuar de manera fundada y motivada, respetando el ámbito de competencia y atribuciones de las demás autoridades; el artículo 115 también constitucional, reconoce al Municipio Libre, como la base de la organización política y administrativa, y el artículo 116 dispone que los poderes de las entidades federativas se organizarán de conformidad a lo previsto en la Constitución Política de cada una de ellas. Finalmente, los artículos 24, 38, 44, 111, 147 y 148 de la Constitución Política de Morelos establecen que las resoluciones del Congreso son leyes, decretos o acuerdos económicos y que para su validez se requiere de cuando menos el voto nominal de las dos terceras partes del total de los legisladores.
De acuerdo con lo anterior, la parte actora solicitó la invalidez del mencionado concepto de violación, por la existencia de violaciones formales dentro del proceso legislativo de creación, que trascienden la norma de la Constitución Política del Estado de Morelos, ya que no se cumple con lo establecido en ésta.
3) La actora reclama la inconstitucionalidad de los artículos primero y segundo del citado decreto y sus artículos primero a cuarto transitorios; como también de los artículos 32, párrafos sexto, séptimo y octavo, 40, fracciones X, en el inciso b) y LVII, en su inciso b) y 115, fracción IV, en sus incisos a), b) y c), así como en el antepenúltimo párrafo, todos de la Constitución Política del Estado de Morelos, por las siguientes razones:
a. A través de los artículos primero y segundo, se determinan las reformas y adiciones de las porciones de los preceptos cuya inconstitucionalidad se reclama.
b. Las disposiciones transitorias disponen el inicio de su vigencia, la derogación implícita de las demás disposiciones que se le opongan y la instrucción de emitir legislación ordinaria.
c. El artículo 32, en sus párrafos sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política Local, que se modifican, autorizan implícitamente y por sus efectos al Poder Legislativo Local, para omitir el mandato constitucional contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna.
d. El penúltimo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Morelos, viola el artículo 115 de la Constitución Federal, ya que tal precepto impugnado establece que aun sin voluntad expresa para constituir partidas presupuestales, éstas se tengan por autorizadas e incorporadas dentro del presupuesto de egresos anual, incluso ajustando el propio presupuesto de egresos, y con esto se elimina la atribución de los Municipios en materia de gasto público.
e. Los artículos 115, fracción IV, inciso a) y 40, fracción LVII, inciso b), de la Constitución Local, otorgaron atribuciones a la Legislatura Local para que los Ayuntamientos de la misma entidad, requieran la aprobación previa del Poder Legislativo para contratar todo tipo de obligaciones, así como para la celebración de contratos de colaboración pública privada, lo cual es violatorio del artículo 115 constitucional.
f. Los artículos primero a tercero transitorios del Decreto 525 se impugna, dado que mediante dichas disposiciones, se establece la entrada en vigor de las modificaciones al texto de la Constitución Política de Morelos, se derogan las normas que se opongan y se establece el periodo de 120 días, a fin de emitir un ordenamiento que aplique las normas.
CUARTO. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil ocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 11/2008 y, por razón de turno, se designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de cinco de febrero de dos mil ocho, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos para que formularan su contestación, sin reconocer el carácter de demandado del secretario de Gobierno del mismo Poder Ejecutivo, dado que no se impugna el refrendo del decreto en mención y se ordena dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO. El gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos dio contestación a la demanda, mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día treinta y uno de marzo de dos mil ocho, señalando en síntesis lo siguiente:
1) Que en la presente controversia constitucional se actualiza la causal de improcedencia contenida en los artículos 19, fracción V y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se señala que las controversias constitucionales son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma o acto de la controversia y que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio sobreviniere alguna causa de improcedencia.
En este caso, el Municipio actor demanda la invalidez del primer acto de aplicación del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que sirvió de fundamento para que la Legislatura Local no expidiera dentro de su primer periodo ordinario de sesiones la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos.
Con fecha veintidós de enero de dos mil ocho, el Congreso Local expidió la citada ley así como el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre del año dos mil ocho, publicados en el Periódico Oficial de fecha veinticinco de enero del mismo año, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia conforme a lo que dispone el artículo 19 de la ley de la materia.
2) Que la parte actora carece de legitimación, ya que no tiene la titularidad del derecho que pretende hacer valer, en virtud de no haberse realizado acto que invada su órbita competencial. Correlativo a lo anterior, se actualiza la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo de Morelos.
3) Que en cuanto a los preceptos constitucionales considerados violados, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contienen garantías a favor de los gobernados y no de los entes oficiales; los artículos 115 y 116 constitucionales no se violan, ya que no se ha atentado contra la esfera de competencia del Ayuntamiento.
4) Que en cuanto a las diferencias entre las modificaciones al texto de la Constitución del Estado contenidas en el dictamen y las publicadas en el Periódico Oficial, son acontecimientos ocurridos exclusivamente entre el Municipio de Jiutepec y el Poder Legislativo Local, sin que haya intervenido el Poder Ejecutivo del Estado.
5) Que contrario a lo que señala el accionante, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos no requieren de la promulgación del titular del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a lo dispuesto por los artículos 147 y 148 de la Norma Suprema Estatal.
6) Que es infundado el segundo concepto de violación, ya que el actor expone que el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos autoriza implícitamente al Poder Legislativo Local para omitir el mandato constitucional contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna y, contrario a lo que señala el actor, el propio artículo 32 en su segundo párrafo obliga expresa y determinantemente a la legislatura a expedir la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del Estado y las Leyes de Ingresos Municipales a más tardar el quince de diciembre.
SEXTO. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil ocho, el secretario de Gobierno de Morelos presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito, el cual fue agregado a los autos ya que no se le reconoce el carácter de demandado en la presente controversia.
SÉPTIMO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día veintiuno de abril del dos mil ocho, por la diputada Martha Patricia Franco Gutiérrez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, en el que en síntesis expresa:
I. Respecto a los antecedentes:
1) Que es cierto que los artículos 111, 147 y 148 de la Constitución Local, refieren a la existencia de los Ayuntamientos que conforman la entidad federativa y del procedimiento para ser reformada o adicionada la Constitución Local.
2) Que desde la sesión ordinaria de trece de noviembre del dos mil seis, se lleva a cabo el procedimiento que tuvo como fin realizar modificaciones a la Constitución Local, enviándose el dictamen y el Semanario de los Debates a los Municipios y, mediante oficio de trece de noviembre de dos mil siete se aprobó el proyecto de reformas enviado.
3) Que es cierto que con fecha cinco de diciembre de dos mil siete, en el Periódico Oficial 4573, se publicó el Decreto 525, por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Morelos.
4) En cuanto a lo que la actora señala, que la Ley de Coordinación Hacendaria establece los ingresos que anualmente deben determinarse a favor de los Gobiernos Municipales, se observa que no hay materia de controversia, ya que no se ha demandado la Ley de Coordinación Hacendaria.
5) Que respecto a la omisión del Poder Legislativo del Estado, de expedir la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, con fecha veintidós de enero de dos mil ocho, el Congreso del Estado aprobó la citada ley correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, dándose así una causa de improcedencia.
II. En cuanto a los conceptos de invalidez:
1) Que la expedición del Decreto 525 no es violatorio de los artículos invocados por la parte actora por vicios del proceso legislativo, pues las reformas constitucionales de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, fueron aprobadas por veinte Ayuntamientos, lo que implica que aun sin el voto del Ayuntamiento de Jiutepec se tienen los votos necesarios para tener por reformadas las disposiciones constitucionales, por lo que opera la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 20, fracción III, de la ley de la materia.
2) Que en las reformas constitucionales, motivo del Decreto 525, se cumplió con los requisitos establecidos en ley, tal como ha quedado comprobado, por lo que debe ser declarado totalmente constitucional.
3) Que los actos del Poder Legislativo Local no causan perjuicio a los intereses del Municipio actor, ya que al Congreso del Estado le corresponde aprobar las leyes, decretos o acuerdos para el Gobierno del Estado, y para lo cual dicha autoridad ha aprobado la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos del Gobierno del Estado.
4) Que por lo que respecta a que se expidió declaratoria de validez sin contar con la aprobación del Ayuntamiento de Jiutepec, carece de sustento, toda vez que con fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, tal Ayuntamiento remitió oficio donde consta que se aprueba el dictamen con proyecto de decreto.
5) Que en relación a las diferencias entre la iniciativa de proyecto del dictamen y lo publicado en el Periódico Oficial, es inverosímil el argumento de la actora, ya que son los mismos documentos de los cuales el Ayuntamiento dio su aprobación.
6) Que la violación que argumenta el actor en relación con la prórroga de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos no existe, puesto que en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4589, de fecha veinticinco de enero de dos mil ocho, contiene la Ley de Ingresos y el Decreto 583 que contiene el presupuesto de egresos.
7) Que respecto a que las disposiciones transitorias del Decreto 525 transgreden disposiciones constitucionales, el Municipio cuando aprueba el dictamen también lo hace de las disposiciones transitorias, por lo que la parte actora no puede aducir que no los conocía, con lo que se actualiza una causal de sobreseimiento.
8) Que el artículo 32 de la Constitución Local no autoriza omitir el mandato constitucional contenido en el artículo 115, sino que señala la posibilidad de que el Congreso ante la falta de iniciativa de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos, se apliquen los del año anterior para que los órganos públicos no se queden sin normatividad.
9) Que lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 115 del decreto, no reviste ninguna inconstitucionalidad, pues de manera previsiva la reforma determina que en casos de omisión no se disponga sobre las obligaciones que constituyan deuda pública se entenderán por incluidas y autorizadas las partidas que hubieren sido autorizadas en el presupuesto anterior, lo cual no viola el artículo 115 de la Constitución Federal, ni se considera inconstitucional, ya que fue aprobado por el Ayuntamiento de Jiutepec.
10) Que la inconstitucionalidad de los artículos 115, fracción IV, inciso a) y 40, fracción LVII, de la Constitución Local, que señala la parte actora es infundada, dado que sólo de manera previsiva la reforma determina que el Congreso autorice los empréstitos o contratos de colaboración público privada que impliquen obligaciones que constituyan deuda pública. De igual manera, tal disposición fue aprobada por el Ayuntamiento de Jiutepec por unanimidad de votos en la sesión de fecha veintitrés de noviembre de dos mil siete.
OCTAVO. La parte quejosa amplió su escrito inicial de demanda mediante ocurso presentado el día dieciséis de mayo de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual fue admitido mediante proveído de fecha veinte de mayo del mismo año, en la que señala, en síntesis, lo siguiente:
I. Autoridades demandadas:
a) El Congreso del Estado de Morelos.
b) El gobernador del Estado de Morelos.
c) El secretario de gobierno de la misma entidad por lo que hace al refrendo y publicación de normas.
II. Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
a) El Semanario de los Debates del Poder Legislativo de Morelos, correspondientes a los días trece y veintinueve de noviembre del año dos mil siete.
b) La declaratoria de validez de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil siete, por la que la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, tuvo por aprobadas las modificaciones a la Constitución Política de la misma entidad.
c) El Decreto 525, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, firmado por la mesa directiva del Poder Legislativo de Morelos.
d) Los dos oficios sin números, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, dirigidos al gobernador de Morelos, mediante los cuales le remite el texto del decreto, así como la declaratoria de validez, solicitando la publicación de ambos.
e) La promulgación, el refrendo y la publicación del Decreto 525, incluyendo la publicación de la declaratoria de validez de dicho decreto, publicados el cinco de diciembre de dos mil siete en el Periódico Oficial de la entidad.
f) Los treinta y tres oficios firmados por el secretario del Congreso del Estado de Morelos, en los que remite copia del dictamen por el que se modifica la Constitución Local a los Ayuntamientos.
II. Preceptos constitucionales violados: la parte actora señala como preceptos violados, los artículos 14, 16, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 44, 111, 147 y 148 de la Constitución del Estado de Morelos y los artículos 18, 32, 33, 35 y 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
III. Hechos o abstenciones que constituyen antecedentes:
a) Que con fecha veinticinco de abril del año dos mil ocho se notificó al gobierno municipal de la contestación a la demanda por parte del Poder Legislativo de Morelos, acompañando el texto de la contestación, pero no de los documentos anexados.
b) Que de la consulta del presente expediente se aprecia que de las copias certificadas acompañadas a la contestación, no se acredita el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea local, como tampoco el voto de los Ayuntamientos, respecto al Decreto Número 525, por lo que hasta ese momento se ignoraba el proceso de creación del decreto que llevó a cabo el Poder Legislativo.
IV. Conceptos de invalidez:
Que las citadas disposiciones constitucionales han sido transgredidas dado que no se acreditó la aprobación de la asamblea legislativa, cuando menos del voto nominal de las dos terceras partes de los diputados, como tampoco la aprobación expresa de los Ayuntamientos del Decreto 525 y su declaratoria de validez, como lo disponen los artículos 24, 40, 44, 147 y 148 de la Constitución Política del Estado de Morelos.
NOVENO. El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos dio contestación a la ampliación de la demanda formulada por el síndico municipal del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, mediante ocurso presentado el cuatro de julio de dos mil ocho, señalando, en síntesis, la siguiente causal de improcedencia y concepto de invalidez:
a) Que la ampliación de demanda promovida por el Municipio actor resulta improcedente, toda vez que la parte actora señala como hechos nuevos la promulgación, el refrendo y la publicación del Decreto 525 y su declaratoria de validez realizados por el gobernador y el secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede la ampliación a la demanda dentro de los quince días siguientes al de la contestación si de esta última apareciere un hecho nuevo o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente.
Tales actos que señala la parte actora, no constituyen hechos nuevos, ya que el Municipio actor tuvo conocimiento de éstos antes de la demanda inicial, tan es así, que en ella impugnó dichos actos.
b) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos, el decreto promulgatorio de leyes y decretos debe ser refrendado por el secretario, con lo que se entiende que lo que se refrenda es el acto promulgatorio no las leyes y decretos, por tanto, es falso que el secretario de Gobierno del Estado haya vulnerado en agravio de la actora los artículos 14, 16, 115 y 116 constitucionales.
c) Que conforme a lo dispuesto por los artículos 147 y 148 de la Constitución Local, los decretos que reforman o adicionan a la Constitución, no requieren de la promulgación entendida como la aprobación del Ejecutivo Estatal, por tanto, no puede existir el refrendo del acto promulgatorio por parte del secretario de gobierno.
d) Que de conformidad con los artículos 36, 40 y 94 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, la publicación del Decreto 525 y su declaratoria de validez fueron debidamente fundadas y motivadas.
DÉCIMO. La diputada Martha Patricia Franco Gutiérrez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la ampliación de la demanda formulada por el síndico municipal del Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, mediante escrito presentado el once de julio de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, en los siguientes términos:
I. En relación a los antecedentes:
a) Que es cierto que el Municipio actor interpuso demanda de controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Morelos por la aprobación del Decreto 525.
b) Que respecto a la notificación hecha a la actora del acuerdo de fecha veintitrés de abril de dos mil ocho, por el cual se tiene dando contestación a la demanda, ni se afirma ni se niega por no ser hecho propio.
II. Conceptos de invalidez:
a) La expedición del Decreto 525 no es violatorio de los artículos 14, 16, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en sesión ordinaria celebrada el trece de noviembre de dos mil siete, se estableció que fueron recibidos los votos aprobatorios de veinte Ayuntamientos, necesarios para tener por reformada la Constitución Local, con fundamento en el artículo 147, fracción primera, de la citada Constitución.
b) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 y 31, fracción IV, constitucionales, exigen que toda contribución municipal deba establecerse en una ley emanada de la Legislatura Local, esto no vulnera la autonomía hacendaria del Municipio de Jiutepec, así como tampoco las disposiciones del Decreto 525.
c) Que de conformidad con los artículos 42 al 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 72 y 73 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, se puede observar que se cumplió con los requisitos establecidos en la ley.
d) Que por lo que respecta a la declaratoria de validez del citado decreto, es infundado el argumento de que se tuvo inexactamente aprobado, ya que la actora con fecha veintidós de noviembre de dos mil siete, remitió al secretario del Congreso el acta mediante la cual fue aprobada de manera unánime el dictamen por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
DÉCIMO PRIMERO. Con fecha veintiséis de agosto de dos mil ocho se presentó un segundo escrito de ampliación a la demanda, a través del síndico del Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, que en síntesis señala lo siguiente:
I.Autoridades demandadas:
a) Congreso del Estado de Morelos.
b) Gobernador del Estado de Morelos.
c) Secretario de Gobierno de la misma entidad federativa.
II. Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
a) Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, publicada el dieciséis de julio de dos mil ocho en el Periódico Oficial 4627, por lo que hace a los artículos 17, fracciones IV y VIII, 23, 51, segundo párrafo, 68 y 88.
b) Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, publicada el dieciséis de julio de dos mil ocho en el Periódico Oficial 4627, por lo que hace al artículo 19, en su último párrafo.
c) Decreto Legislativo 825, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial 4627 de fecha dieciséis de julio de dos mil ocho, por lo que hace a los artículos 32 y 35, este último en su párrafo segundo.
d) Decreto Legislativo 825, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial 4627 de fecha dieciséis de julio de dos mil ocho, por lo que hace al artículo 115.
III. Preceptos constitucionales violados: los artículos 14, 16, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Hechos o abstenciones que constituyan antecedentes del acto impugnado:
Que con fecha dieciséis de julio de dos mil ocho, fueron publicadas en el Periódico Oficial de la entidad la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos y la Ley de Deuda Pública para la misma entidad federativa, así como el Decreto 825 por medio del cual se modifican disposiciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como la Ley Orgánica Municipal.
IV. Conceptos de invalidez:
a) Que las disposiciones constitucionales señaladas anteriormente fueron vulneradas en agravio del Municipio actor, cuando el Congreso del Estado aprobó el Decreto 525 y de esta manera da cumplimiento a éste expidiendo la normatividad reglamentaria del mismo, siendo éstas inconstitucionales, en virtud de que el citado decreto tuvo vicios en el proceso legislativo de creación.
b) Que la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada, la Ley de Deuda Pública y el Decreto Número 858, resultan inconstitucionales, en virtud de ser reglamentarios de una modificación constitucional inválida.
c) Que el artículo 32 de la Constitución del Estado de Morelos es inconstitucional, toda vez que otorgan a la Legislatura Local la atribución de aprobar previamente los contratos de colaboración público privada que celebre el Municipio, lo que constituye una invasión a las atribuciones de administración y gubernativas establecidas en el artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
d) Que el artículo 17 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada dispone la obligación del Municipio de someter a la autorización legislativa local, el procedimiento de contratación que se seguirá y la justificación para ello, violentándose las facultades de administración y gubernativas del Municipio establecidas en el artículo 115 constitucional.
De igual manera, los artículos 68 y 88 de la Ley de Contratos de Colaboración disponen que el Municipio sólo podrá llevar a cabo los procedimientos de contratación que la misma ley previene, siempre que el Poder Legislativo lo haya autorizado a celebrar el contrato, y el artículo 23 de la mencionada ley, dispone la obligación del Municipio de informar a la Legislatura Local, los términos y condiciones en que fue celebrado cualquier contrato de colaboración público privada.
e) Que el artículo 51 de la citada ley, el artículo 29 de la Ley de Deuda Pública, el 32 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el artículo 115 de la Ley Orgánica Municipal disponen que en el caso de que el Ayuntamiento no incluya dentro del presupuesto de egresos anual, el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de colaboración público privada, se entenderá incluido y autorizado, ajustándose el monto del presupuesto de egresos de manera automática, lo cual viola en perjuicio del Municipio actor lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Federal.
f) Que es inconstitucional el artículo 35 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21470-1caa8c86/controversia-constitucional-el-articulo-32-parrafos-sexto-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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