CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DECRETOS NÚMEROS 940 Y 946; 1037, 1042, 1044 Y 1047, Y 1123, 1129, 1138 Y 1139, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL 5 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 24 DE DICIEMBRE DE 2008, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE LOS CUALES EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINA OTORGAR PENSIONES POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, VIUDEZ Y ORFANDAD E INVALIDEZ CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, A DIVERSOS EMPLEADOS DE ESE AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO A LOS BENEFICIARIOS DE ÉSTOS, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 170/2008. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de enero de dos mil once.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el treinta de diciembre de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Faustino Velázquez Medrano, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: a) El Congreso del Estado de Morelos, con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Legislativo, ubicado en la calle Mariano Matamoros, colonia Centro, Municipio de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. b) El titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. c) El secretario de Gobierno del mismo Poder Ejecutivo de Morelos. Las autoridades antes señaladas en los incisos b) y c) tienen sus respectivos domicilio en el Palacio del Poder Ejecutivo, sito en la calle de Galeana, colonia Centro, Municipio de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se hubieran publicado. a) Los Decretos Números 940 y 946, publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4654 de fecha 5 de noviembre de 2008 a través de los cuales el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensiones por cesantía con cargo al gasto público del Municipio de Jiutepec, Morelos; y los Decretos Números 1037, 1042, 1044 y 1047 publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4659 de fecha 26 de noviembre de 2008, por medio de los cuales la misma Legislatura Local decreta diversas pensiones por invalidez a cargo de la misma hacienda pública municipal. Consecuentemente, de lo anterior, ad cautélam y, en virtud, de la aplicación de las normas que permiten a la Legislatura Local emitir los citados decretos, por extensión y efectos, al formar parte del mismo sistema normativo, se demanda la invalidez de los artículos: a) Los artículos 1o., 8o., 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII, 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. b) El artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4529 de fecha 9 de mayo del año 2007. c) El artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4546 de fecha 12 de junio del año 2007."
SEGUNDO. La promovente aduce como antecedentes, los siguientes:
"1. A manera de antecedentes informo que en el veredicto pronunciado en la controversia constitucional número 55/2005, promovida por el Municipio de Xochitepec, Morelos, sus señorías declararon la invalidez tanto del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como del Decreto Número 712 emanado del Poder Legislativo por medio del cual determinó inconstitucionalmente emitir una pensión a cargo de la hacienda de dicho Municipio. 2. Ahora bien no obstante lo señalado en el punto que precede, el día 28 de julio del año 2008 el gobierno que represento se vio obligado a promover ante ese mismo tribunal, controversia constitucional en la que impugnó el Decreto Número 782 de fecha 17 de junio del año 2008, publicado en la edición del Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4620 del día 18 del mismo mes y año, por lo que hace a la adición de la fracción XV al artículo 24, y la reforma al artículo 56, ambos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en la que la Legislatura Local ratificó su inconstitucional atribución de calificar las relaciones laborales de los Municipios y emitir pensiones y jubilaciones con cargo a su presupuesto público. Y por extensión y efectos de igual forma reclamo la invalidez de los artículos 1o., 8o., 43, fracciones V, XIII, XIV y XVB, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI y VII y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos. Demanda que por turno recayó bajo la distinguida ponencia del Ministro Juan N. Silva Meza en el expediente número 91/2008, habiéndose celebrado la audiencia constitucional el 6 de noviembre del mismo 2008, con lo que se cerró la instrucción y se ordenó turnar los autos para resolver. 3. Pese a que la controversia constitucional mencionada en el punto inmediato que precede no ha sido resuelta, menciono a sus señorías que los días 5 y 16 de noviembre del año 2008, se emitieron las ediciones Números 4654 y 4659 del Periódico Oficial Tierra y Libertad, que contienen, entre otros, los Decretos Números 940 y 946, a través de los cuales la misma Cámara de Diputados Local, en aplicación de las normas impugnadas, determinó imponer dos pensiones por cesantía en edad avanzada; y en los Decretos Número 1037, 1042, 1044 y 1047 la misma Legislatura Local impuso tres pensiones por invalidez, en todos ellos, calificando las relaciones laborales del Municipio actor y sus trabajadores y afectando su gasto público al obligarlo a pagar tales pensiones. Decretos que exigen nuevamente ser objeto de controversia jurisdiccional para evitar se aduzca que han sido consentidos."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que se hicieron valer, son los siguientes:
"Primero. Refiero a sus señorías que se vulneran en perjuicio del Municipio actor, los artículos 14, 16, 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, así como la fracción VIII, párrafo segundo y el numeral 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que respectivamente establecen: los principios de fundamentación y motivación que exigen, tratándose de relaciones interinstitucionales, que la actuación o determinación de una autoridad se base en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que se haya actuado en determinado sentido y no en otro (artículos 14 y 16 constitucionales); que dispone el principio de congruencia entre los ingresos y egresos municipales, correspondiendo en forma exclusiva al Ayuntamiento la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa (artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, constitucional); que confieren potestad a los gobiernos municipales para administrar sus recursos y regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales (artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo y artículo 123, apartado B, constitucionales); y que finalmente determinan que los trabajadores burocráticos, como son aquellos al servicio de los Municipios, tiene derecho a que el patrón como lo es el Ayuntamiento les reconozca y otorgue como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación. Mandatos constitucionales que han sido lesionados en perjuicio del Municipio actor, en virtud de los Decretos Números 940, 946, 1037, 1042, 1044 y 1047, publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Números 4654, de fecha 5 de noviembre del 2008 y 4659, de fecha 26 de noviembre del 2008, a través de los cuales el Poder Legislativo de Morelos se entromete en la calificación de las relaciones laborales entre el Ayuntamiento y sus trabajadores y determina otorgar pensiones por cesantía e invalidez con cargo al gasto público del Municipio de Jiutepec, Morelos, como se advierte de las siguientes citas: ‘... Por lo anteriormente expuesto, esta soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: Decreto Número Novecientos Cuarenta. Artículos 1o., 2o. y 3o. (se transcriben). Decreto Número Novecientos Cuarenta y Seis. Artículos 1o., 2o. y 3o. (se transcriben). Decreto Número Mil Treinta y Siete. Artículos 1o., 2o. y 3o. (se transcribe). Decreto Número Mil Cuarenta y Dos. Artículos 1o., 2o. y 3o. (se transcriben). Decreto Mil Cuarenta y Cuatro. Artículos 1o., 2o. y 3o. (se transcriben). Decreto Mil Cuarenta y Siete. Artículos 1o., 2o. y 3o. (se transcriben).’. De las reproducciones anteriores, estimo que sus señorías podrán coincidir conmigo, en que los mencionados decretos entran en franco choque con los citados mandamientos constitucionales, que le reconocen al gobierno que represento la potestad gubernativa de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, entre ellas y desde luego, para otorgar pensiones o jubilaciones; y consecuentemente, también la autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna autoridad estatal. Lo que de manera evidente y consciente fue transgredido por la Legislatura Local al emitir -sin intervención del Municipio actor los mencionados decretos, en los que califica y se entromete inconstitucionalmente en las relaciones laborales del Municipio actor y sus trabajadores, señalando a su juicio con qué documentos el solicitante acredita o no la prestación laboral que requiere; y disponiendo de manera arbitraria y anárquica del gasto público municipal, al imponerle -fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin su autorización e intervención el pago de dichas pensiones, incluso indicando en todos los casos, que el pago de pensiones (aun las de invalidez) operarán ‘una vez que el trabajador se separe de sus labores’. Lesionando de paso y de igual forma el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en la fracción IV del artículo 115 constitucional, que debe prevalecer entre las percepciones que para un año se estiman obtener, con el consecuente gasto público que también se planifica y programa a través del presupuesto de egresos para el mismo periodo; principio de congruencia que la Legislatura Local rompe arbitrariamente al momento en que impone una serie de gastos al Municipio a través de las citadas pensiones que no están previstas en el presupuesto de egresos para el 2008 y menos aún cuando dicho ejercicio fiscal está a punto de agotarse, sin que existan recursos económicos para el pago de dichas pensiones. Sin que sobre decir, que de la misma manera inconstitucional y arbitrariamente la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza acumular la antigüedad de los servicios que un trabajador preste en los demás Municipios o en cualesquiera de los Poderes Estatales o sus organismos, para finalmente imponer el pago de la pensión o jubilación al último orden de gobierno en que el trabajador preste sus servicios, de manera pues que ante tal circunstancia, el gobierno que represento no puede constituir ninguna partida presupuestal que de manera integral, anticipada y planificada permita suponer el número aproximado de pensiones o jubilaciones que en el plazo inmediato, mediato o a largo plazo correspondan a sus arcas, por concepto de pensiones o jubilaciones y con motivo exclusivamente de las relaciones laborales con sus trabajadores, pues, insisto, para dichas prestaciones no se toma únicamente en cuenta los servicios que se hayan prestado al Municipio actor, circunstancias que han generado incluso la existencia de pensiones o jubilaciones ajenas a la verdad y la legalidad; al permitir que se exhiban por los interesados constancias de varias dependencias u organismos estatales y de varios Municipios, para acreditar años de servicio burocrático que no se dieron; todo ello ante la evidente resistencia de la Legislatura Local de normar transparentemente el sistema de pensiones y jubilaciones de los Ayuntamientos, pese al análisis hecho por sus señorías en el que advirtieron la ausencia de un sistema integral, equitativo y legal de prestaciones de seguridad social a los trabajadores burocráticos al reflexionar respecto a la controversia constitucional número 55/2005; y pese a la impugnación que el gobierno que represento hace valer en la diversa controversia número 91/2008. Por lo que con todo respeto se demanda la invalidez de los citados decretos. Segundo. Ad cautélam y en el caso en que sus señorías determinen no declarar la invalidez de las normas locales impugnadas en la controversia constitucional número 91/2008, promovida por el Municipio que represento, hago valer respetuosamente que se vulneran en agravio del Municipio actor, los artículos 14, 16, 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, así como fracción VIII, párrafo segundo y el numeral 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que respectivamente establecen: los principios de fundamentación y motivación que exigen, tratándose de relaciones interinstitucionales, que la actuación o determinación de una autoridad se base en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente (artículos 14 y 16 constitucionales); que dispone el principio de congruencia entre los ingresos y egresos municipales, correspondiendo en forma exclusiva al Ayuntamiento la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa (artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, constitucional); que confieren potestad a los gobiernos municipales para administrar sus recursos y regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales (artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo y artículo 123, apartado B, constitucionales); y que finalmente determinan que los trabajadores burocráticos, como son aquéllos al servicio de los Municipios, tienen derecho a que el patrón como lo es el Ayuntamiento les reconozca y otorgue como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación. Los citados mandamientos constitucionales han sido transgredidos en agravio del Municipio actor, en virtud de los tantas veces citados Decretos Números 940, 946, 1037, 1042, 1044 y 1047, a través de los cuales inconstitucionalmente el Congreso de Morelos determina pensiones a cargo de las finanzas del Municipio actor, aplicando para ello, el sistema normativo previsto en los artículos 1o., 8o., 24, fracción XV, 43, fracciones V, XIII, XIV y XV, 45, fracciones III, IV, XV, esta última fracción en sus incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI, VII y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; numerales que si bien es cierto reconocen como derecho de los trabajadores de los Municipios diversas prestaciones, entre las que se ubican: la atención médica integral; el otorgamiento de préstamos; el apoyo para vivienda; así como las pensiones por: jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia; también lo es que tales normas y sus actos concretos de aplicación como lo son los decretos impugnados, establecen un sistema de prestaciones local, que transgrede los citados mandamientos o exigencias de la Norma Fundamental, lo que produce perjuicios en agravio del Municipio actor, puesto que: a) Se le impone la obligación de cubrir dichas prestaciones de manera directa y exclusivamente con cargo a la hacienda municipal, cuando por mandato de los mencionados preceptos constitucionales federales, los riesgos de seguridad social deben socializarse. b) Se le impide realizar una efectiva planeación financiera para cumplir con dichas prestaciones laborales y al mismo tiempo prever los recursos para la dotación de los servicios y la realización de las obras que requiere la comunidad a la que sirve. Pues si bien es cierto, que el Municipio actor está obligado por mandamiento constitucional federal, a programar y proporcionar la dotación y pago de las prestaciones laborales de sus trabajadores, también lo es que las normas locales de Morelos, impiden que tal cumplimiento se genere. c) Se merman los recursos municipales al disponer que se cubran con cargo a su hacienda y de manera duplicada algunas de dichas prestaciones; o bien, pague inequitativamente el cien por ciento de una pensión, aun cuando el trabajador haya proporcionado el mayor tiempo de su actividad productiva al servicio de los Poderes Estatales, sus organismos o de otros Municipios. d) Se autoriza la intromisión inconstitucional de la Legislatura Local, para que ésta califique las relaciones laborales de los trabajadores del Municipio actor, determine la idoneidad de los documentos que el solicitante le presente; e imponga unilateral, exclusiva y arbitrariamente todo tipo de pensiones a cargo de las arcas municipales, como así acontece con los decretos impugnados. En efecto, informo a sus señorías, que en el Estado de Morelos, los mencionados artículos 1o., 8o., 24, fracción XV, 43, fracciones V,
III, XIV y XV, 45, fracciones III, IV, XV, esta última fracción en sus incisos a), b), c) y d), 54, fracciones I, VI, VII y 55 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, violentan lo establecido en los artículos 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el marco normativo local, no establece la forma y los procedimientos indispensables para otorgar las prestaciones a que los trabajadores burocráticos tiene derecho; entre ellas, de seguridad social, ni se ha constituido el organismo a quien corresponda administrar los fondos y proporcionar los servicios en el mismo sentido, organismo a través del cual puedan socializarse el pago de las prestaciones de seguridad social. Vulneración que propicia la indefensión de los trabajadores burocráticos municipales; y además, gesta una serie de abusos e intromisiones de la Legislatura Local hacia la potestad de gobierno, hacienda y autonomía municipal, pues a guisa de ejemplo, refiero a sus señorías, que a diferencia del Gobierno Estatal que cuenta con el Instituto de Crédito para los Trabajadores Burocráticos del Gobierno del Estado, en general, los Municipios y, en particular el Municipio actor, carecen del marco normativo que considere el sistema bajo el cual integralmente se proporcionen las prestaciones a que tienen derecho sus trabajadores, lo que los obliga a autorizar de manera directa y a cargo del presupuesto de egresos municipal, préstamos en numerario a sus empleados, que les permitan resolver de manera inmediata o en el mediano o largo plazo algunos de sus apremios o necesidades. Vulneración que se acredita, pues también como botón de muestra respetuosamente indico a sus señorías, que si bien es cierto que los artículos 43, fracción V, 45, fracción XV, inciso d), 54, fracción I y 55 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, consignan que las prestaciones de seguridad social, consistentes en la atención médica integral a los trabajadores burocráticos y sus familiares, se otorgará a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, previa la celebración del convenio que al efecto se celebre, también lo es: ... Que la opción de proporcionar, previa la celebración de un convenio y a los trabajadores burocráticos municipales, los servicios de seguridad social que suministran tales organismos federales, no significa haber cumplido con los mandamientos constitucionales contenidos en los citados artículos 115, último párrafo y 123, apartado B, fracción X, inciso f), párrafo segundo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de definir la forma y los procedimientos para otorgar la seguridad social a los trabajadores burocráticos, ni las exenta de constituir el organismo que ex profeso se encargue de administrar los recursos y de prestar los servicios en tal sentido, ni las autoriza para cargar exclusivamente al Municipio actor las prestaciones de seguridad social, que deban socializarse por mandamiento constitucional. Que en el caso en que el Ayuntamiento actor, optare por la celebración del convenio, bien sea con el Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, es evidente también, que la normatividad vigente de ambos organismos federales, limita a los afiliados el disfrute de todas las prestaciones laborales a que tienen derecho; en el presente caso, a los trabajadores municipales, dado que de inicio, la atención médica, por ejemplo, con el IMSS y respecto de las trabajadoras del Municipio que estén en periodo de gestación o embarazo, no quedan cubiertas con la celebración del convenio que llegare a celebrar el Municipio actor, lo que deviene, en que el Municipio no puede dejar en el abandono o inhibirse de cubrir el derecho de otorgar seguridad social a dichas trabajadoras, por resultarles ajenas las limitaciones jurídicas que tenga dicha institución federal, teniendo que pagar de manera directa tales conceptos; o bien, en el caso en que el trabajador municipal padezca alguna enfermedad crónica o terminal, tampoco quedaría cubierta su atención médica ni el otorgamiento de otros beneficios a que tenga derecho, con la celebración de dicho convenio, pues las mencionadas instancias federales se inhiben en este tipo de circunstancias de otorgar las prestaciones. Lo que sigue demostrado, que las normas locales contenidas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y los actos de aplicación que se reclaman, vulneran, reitero, los mandamientos constitucionales que obligan al legislador ordinario a que los riesgos de seguridad social sean socializados, a definir la forma y los procedimientos para otorgar la seguridad social a los trabajadores burocráticos; así como de constituir el organismo que ex profeso se encargue de administrar los recursos y de prestar los servicios en tal sentido. Que en el mismo caso en que el Ayuntamiento actor, optare por la celebración del convenio con cualesquiera de los dos organismos de seguridad social del Gobierno Federal, ello también genera a cargo de las arcas públicas municipales y de manera duplicada, el otorgamiento de pensiones, pues las citadas instituciones de seguridad social federales, proporcionan en general a todos sus afiliados el derecho irrenunciable de recibir una pensión, cubriendo desde luego los requisitos legales que la normatividad establece en cada caso y, por su parte los artículos 1o., 8o., fracción IV, 11, 15, fracción VI, 24, fracción XV, 43, fracciones XIII y XV, 54, fracción VII, 56, 57 y 58 a 64 de la misma Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, disponen como obligación del Municipio actor y como derecho también irrenunciable de los trabajadores municipales, el disfrutar de la diversa pensión sea por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia, que unilateralmente decrete el mismo Poder Legislativo con cargo directo a las arcas del Municipio. Que la transgresión a los citados mandamientos constitucionales quedan también probados, cuando el artículo 61, párrafo segundo, de la mencionada Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza que la atención médica de los trabajadores municipales se preste por médico particular, tan es así, que permite al trabajador para acreditar su invalidez, a través de un dictamen o diagnóstico médico emitido por profesionista legalmente autorizado para ejercer su profesión, cuando dicho trabajador ‘no esté afiliado a ninguna institución’; lo que evidentemente demerita ‘el derecho irrenunciable’ consignado legalmente a favor del trabajador; ante, reitero, la transgresión de las normas locales, para efectivamente considerar y establecer un sistema integral de seguridad social, la socialización de los riesgos de seguridad social y el organismo que se encargue de ello. Que la transgresión a los citados mandamientos constitucionales, quedan también demostrados, con la duplicidad en el pago de pensiones de igual o diversa naturaleza, a cargo de las arcas municipales y respecto de un mismo trabajador, pues de conformidad a lo establecido en el artículo 66, párrafo cuarto, de la tantas veces citada Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se faculta inconstitucionalmente al mismo Congreso para ‘requerir’ al trabajador, a fin de que éste defina qué pensión opta por disfrutar, en el caso en que dicho beneficiario tenga dos pensiones a cargo del Gobierno Estatal o de un Municipio. ‘Requerimiento’ ajeno al Ayuntamiento, que si no se emite, permite impunemente el disfrute de dos pensiones por el mismo concepto o hipótesis normativa. Y por si lo anterior no fuere bastante, de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y de la interpretación y aplicación extensiva que el mismo Poder Legislativo realiza al artículo 59 del mismo ordenamiento, la pensión que por años de servicios se considere a favor de los trabajadores, autoriza a sumar la antigüedad o los años de servicio que el trabajador haya prestado en cualesquiera de los demás Poderes Locales y de otros Municipios de la misma entidad, lo que significa, a manera de ejemplo, que basta que un trabajador haya prestado sus servicios en un Ayuntamiento por unos cuantos días, para que sea beneficiario de una de las tantas pensiones que por antigüedad refieren los artículos 58 y 59 del mismo ordenamiento, si demuestra que el resto del tiempo exigido en dichos preceptos, prestó sus servicios en el Gobierno Estatal o en cualesquiera de los demás Ayuntamientos, quedando a cargo de las arcas públicas municipales en que el trabajador preste el último de sus servicios, el pago absoluto de la pensión decretada. Lo que sigue acreditando la inexistencia de un sistema integral que otorgue a los trabajadores burocráticos sus prestaciones relativas a la seguridad social y del organismo que se encargue de ello, que al mismo tiempo genera todo tipo de arbitrariedades que merman injusta e inequitativamente las arcas municipales, privando al Ayuntamiento que represento de la posibilidad real de realizar un ejercicio de planeación financiera en el corto, mediano y largo plazos, para prever con cargo a cada presupuesto anual: El pago de las pensiones que derivado de sus relaciones laborales se generen cuando la contratación de cualquier persona, puede dar motivo a que en el corto e incluso en el inmediato plazo, se le imponga una pensión que determine unilateralmente la Legislatura Local, si dicho trabajador acredita el tiempo o plazo de servicio en otras instancias públicas ajenas, en términos de lo establecido en los mencionados artículos 58 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. O bien, en el pago de las prestaciones de seguridad social que deben cubrirse adicionalmente, en los casos en que, no obstante la celebración del convenio que se celebre con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; dichas instituciones no consideren integralmente la prestación de todos los servicios que en materia de seguridad social correspondan a los trabajadores municipales. E incluso, se merman también los recursos de la hacienda pública municipal, dado que el pago de las pensiones que decrete el Poder Legislativo, van a cargo y en forma exclusiva al gasto público, sin que proporcionalmente se hayan fijado las aportaciones que en este sentido correspondan a los trabajadores. Por lo que se solicita se declare la invalidez de las citadas normas locales y los actos de aplicación de las mismas, al resultar inconstitucionales y, consecuentemente, también se declare la invalidez de los artículos 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, que respectivamente establecen: a) La facultad del Congreso del Estado para recibir las solicitudes de los trabajadores municipales o sus beneficiarios, calificar la procedencia del cumplimiento de los requisitos laborales y determinar con cargo a la hacienda pública municipal, las pensiones que por jubilación cesantía en edad avanzada, invalidez, orfandad y ascendencia deban imponerse al Municipio actor. b) La atribución de la comisión legislativa interna, denominada: Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para emitir un dictamen en la que analice la procedencia de las solicitudes hechas por los trabajadores municipales, realizar el cómputo de la prestación de todos los servicios prestados por el trabajador en los Poderes Locales y los Ayuntamientos; emitir opinión respecto de su procedencia y someter a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto por el que se expida un decreto de pensión con cargo a las citadas arcas municipales."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son: 14, 16, 115 y 123, apartado B.
QUINTO. Por acuerdo de dos de enero de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 170/2008
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22782-2aea30fb/controversia-constitucional-los-decretos-numeros-940-y-946 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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