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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4617, DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL OCHO, AL DISPONER QUE EL CONSEJO INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO ESTARÁ INTEGRADO POR LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y CONCERTACIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE, NO VULNERA EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4617, DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL OCHO, AL DISPONER QUE EL CONSEJO INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO PODRÁ PROPONER A LA COMISIÓN REGULADORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PODER EJECUTIVO, AMBAS DE ESA ENTIDAD, LOS PROYECTOS PRIORITARIOS, LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES, RELATIVOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS MIEMBROS DE ESE ÓRGANO DE COORDINACIÓN, NO VULNERA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJO INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MORELOS NO ES UNA AUTORIDAD INTERMEDIA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IV, 4, FRACCIÓN III, 11, 12, 14, FRACCIONES III Y IV, 15, 16, 33 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4617, DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL OCHO, AL ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE LOS AYUNTAMIENTOS CELEBREN CONVENIOS DE COORDINACIÓN, COLABORACIÓN Y CONCERTACIÓN CON EL EJECUTIVO ESTATAL PARA CREAR LAS CONDICIONES PARA FOMENTAR SU DESARROLLO ECONÓMICO, NO VULNERAN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA NI INVADEN LA ESFERA COMPETENCIAL DE LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN I Y 24, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4617, AL FACULTAR AL CONSEJO INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO PARA ACORDAR EL MONTO FINAL DE LAS REDUCCIONES O CONDONACIONES MUNICIPALES, NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2008. · Registro digital (IUS): 22633
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 2590.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2008. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIOS: MARTHA ELBA HURTADO FERRER E ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día cuatro de octubre de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de julio de dos mil ocho, registrado con el número 032957, Faustino Velásquez Medrano, en su calidad de síndico del Ayuntamiento de Jiutepec, Estado de Morelos, y en representación de dicho Municipio, promovió controversia constitucional y demandó de las autoridades que a continuación se señalan, la invalidez de los actos que más adelante se precisan:

"II. Entidad, poder u órgano demandados: a) El H. Congreso del Estado de Morelos. b) El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. c) Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. ... IV. Norma general y acto cuya invalidez se demanda, así como en su caso, el medio oficial en que fue publicado: 1. Los artículos 3, fracción IV, 4, fracción III, 11, 12, 14, fracciones I, III y IV, 24 (fracciones I y II y último párrafo), 33 y sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 4617, de fecha 4 de junio de 2008."

Importa destacar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que también se impugnaron los numerales 15 y 16 de la ley mencionada.

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes de la norma general y de los actos cuya invalidez se demandan los siguientes:

"En la edición número 4617 del Periódico Oficial Tierra y Libertad del Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 4 de junio de 2008, fue publicada la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. Ordenamiento que en sus artículos 3, fracción IV, 4, fracción III, 11, 12, 14, fracciones I, III y IV; 24, 33 y sexto transitorio, se estiman invaden la esfera constitucional de competencia del Municipio actor."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que aduce la parte actora son los siguientes:

1. Que los artículos 4, fracción III, 11, 14 y 24, fracciones I, II y V, último párrafo, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos son violatorios de los numerales 14, 16 y 115, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también de los artículos 10, fracción II, 147, 148, 149 y 154 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de Morelos, al crear al "Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado" como autoridad intermedia entre el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos del Estado, y facultarlo para definir las políticas públicas, programas y acciones municipales relativas al desarrollo económico sustentable y para determinar la condonación o reducción de las contribuciones municipales, violando así el principio de recaudación y de libre administración hacendaria de los Municipios e invadiendo su esfera de competencia.

Que el "Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado" es una autoridad intermedia, debido a que:

a) Es una autoridad ajena y distinta al Gobierno Estatal y a los Gobiernos Municipales, no obstante que se encuentra integrada por servidores públicos de uno y otros gobiernos.

b) Lesiona la autonomía municipal, ya que invade la esfera de competencia de los Municipios al definir las políticas públicas, programas y acciones municipales relativas al desarrollo económico sustentable; así como también determina en forma vinculante y por encima de los Municipios (de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracciones I, II y V, último párrafo, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable) las reducciones y condonaciones a las contribuciones municipales relativas al desarrollo económico.

2. Que el artículo 14, fracciones III y IV, de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos es violatorio de los numerales 14, 16 y 115 de la Constitución Federal al establecer que el "Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado" tiene atribuciones para proponer a los órganos del Poder Ejecutivo Estatal los proyectos prioritarios, las reglas de operación de los programas y las acciones, relativos al desarrollo económico que se implementen en los Municipios miembros de dicho consejo.

Lo anterior, en virtud de que se invade el ámbito constitucional de competencia del Municipio, pues de conformidad con la fracción V del artículo 115 constitucional, corresponde a los Municipios, dentro de su ámbito territorial, la atribución para determinar y aplicar el desarrollo urbano municipal, dentro de la cual queda comprendido el fomento de las actividades económicas o los proyectos productivos y, consecuentemente, la expedición de las reglas de operación de los programas o acciones que el Ayuntamiento estime necesarios para materializar o ejecutar los programas o acciones relativas al desarrollo económico del Municipio.

3. Que los artículos 3, fracción IV; 4, fracción III; 11; 12; 14, fracciones I, III y IV; 15; 16; 24, fracciones I, II y V; 33 y sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, que contemplan la creación del Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado, así como la posibilidad de que los Ayuntamientos celebren convenios de coordinación, colaboración y concertación con el Ejecutivo del Estado, y que establecen que los Municipios podrán recibir apoyos para el desarrollo de proyectos productivos específicos de alto impacto municipal o para la adquisición de sistemas informáticos, asesoría o capacitación del Poder Ejecutivo, condicionando dicho beneficio a que los mismos celebren los convenios señalados, implica un menoscabo a la autonomía, atribuciones y hacienda de los Municipios, ya que:

a) Establecen que el presidente del Municipio que haya celebrado el convenio formará parte del mencionado Consejo Intermunicipal, cuando en todo caso, la voluntad de incorporarse al mismo y la decisión de quién ha de representar al Ayuntamiento, es una decisión que debe tomarse colegiadamente por el propio Ayuntamiento, por lo que se transgreden las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución Federal, que reconocen autonomía y personalidad jurídica a los Gobiernos Municipales.

b) La intervención del presidente municipal en el consejo no puede admitir que se suplan las determinaciones que le corresponde definir al Gobierno Municipal en forma colegiada en materia de desarrollo económico, y menos aún que éstas estén sujetas a la aprobación de las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que se viola la fracción V del artículo 115 constitucional, que otorga a los Gobiernos Municipales la potestad para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipales, sin injerencia externa, dentro de la que queda incluido el fomento a las actividades productivas o el desarrollo económico en su ámbito territorial.

c) Las determinaciones del consejo no pueden tener por objeto el otorgamiento de condonaciones o reducciones a las contribuciones municipales, ni siquiera en el caso de los Municipios que hayan celebrado convenio de coordinación, colaboración y concertación con el Ejecutivo Local, pues se atentaría en contra de la facultad de los Ayuntamientos para percibir sus contribuciones sin que las leyes federales o locales puedan establecer exenciones o subsidios a cargo de las mismas, facultad consagrada en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General de la República, perjudicando así la libre administración hacendaria, al reducir los recursos para hacer frente al gasto público.

Como consecuencia de lo expuesto, el Municipio actor impugna el artículo sexto transitorio de la ley, en el que se establece que el Consejo Intermunicipal deberá ser instalado dentro de los treinta días naturales siguientes a la firma del primer convenio referido en el artículo 15 de la misma.

CUARTO. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la demanda de mérito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, correspondiéndole el número 81/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

Por auto del día quince de julio de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, se tuvieron como demandados en ese procedimiento constitucional a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, y se ordenó emplazarlas, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

Mediante proveído de dieciocho de julio de dos mil ocho, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso requirieron al Congreso del Estado de Morelos para que, al dar contestación a la demanda, remitiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de los antecedentes de las normas generales impugnadas, así como de las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que conste la votación de los integrantes de dicho órgano legislativo, y la apercibieron, para el caso de no cumplir con el requerimiento señalado, con la imposición de una multa, en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

QUINTO. El gobernador constitucional y el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, en sus respectivos escritos de contestación a la demanda, señalaron, en síntesis, lo siguiente:

1. Opusieron la falta de legitimación a la causa del Municipio actor, al estimar que carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer, pues consideran que el Ejecutivo Estatal no ha realizado acto alguno que invada o afecte la órbita competencial del Municipio actor y, en consecuencia, que la actora carece del derecho a demandar la invalidez del acto impugnado.

2. Opusieron la falta de legitimación pasiva del Ejecutivo Estatal, al no haber realizado acto alguno que constituya una invasión a la esfera de competencia del Municipio actor y, en consecuencia, este último no puede obtener la pretensión que demanda.

3. Señalaron que los conceptos de invalidez formulados por la parte actora son inoperantes, pues los artículos 3, fracción IV, 4, fracción III, 11, 12, 14, fracciones III y IV, 24, 33 y sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Morelos, que se impugnan, establecen un sistema o régimen de coordinación entre el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos del Estado en materia de desarrollo económico sustentable, que constituye un régimen de opción para el Municipio actor.

Que de los artículos 11, 12, fracción II, 14, 15, 16, 24 y 33 de la ley aludida, se advierte que la participación en el régimen de fomento al desarrollo económico, así como la inclusión, pertenencia y participación en el Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado, resulta optativa para los Ayuntamientos y no impuesta, ya que se requiere que el Ayuntamiento celebre un convenio con el Ejecutivo Estatal.

Que, en consecuencia, los conceptos de invalidez devienen en inoperantes, tanto si decide celebrar el convenio como si no lo hace, en razón de lo siguiente: si celebra el convenio y, en consecuencia, se incorpora al régimen de fomento al desarrollo económico y al Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado de Morelos, los conceptos de invalidez serían inoperantes, en razón de que voluntariamente asumiría la aplicación de las normas que le son optativas, lo que implicaría su consentimiento con las disposiciones relativas; si no celebra el convenio, las normas jurídicas impugnadas no tendrían ninguna consecuencia jurídica sobre su esfera de competencias, atribuciones y patrimonio, por lo que también serían inoperantes los conceptos de invalidez, al no causarle las normas aludidas ningún perjuicio.

4. Manifiestan que el primer concepto de invalidez planteado por el Municipio actor resulta infundado, ya que el Consejo Intermunicipal no constituye una autoridad intermedia, y realizan un análisis de los tres supuestos en los que, de acuerdo con la tesis jurisprudencial 10/2000, del Pleno de la Corte se actualiza la figura mencionada, en los siguientes términos:

I. Señalan que el Consejo Intermunicipal no constituye una autoridad intermedia distinta o ajena a los Gobiernos Estatal y Municipales, porque se integra con funcionarios de ambos niveles de gobierno, como son el secretario de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y los presidentes municipales de los Ayuntamientos que celebren convenios de coordinación con el Gobierno del Estado, y porque no guarda una posición de supremacía, ni se le reconocen facultades unilaterales de decisión, imperio o ejecutividad sobre los Municipios, y sólo actúa como un órgano colegiado con funciones de promoción del desarrollo económico y de formulación de propuestas en esa materia.

II. Argumentan que del análisis de los artículos 115 de la Constitución Federal y 14 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, se advierte que el Consejo Intermunicipal no lesiona la autonomía municipal, ni suplanta o mediatiza las facultades constitucionales de los Ayuntamientos, ni invade sus esferas de competencia, ya que entre las facultades del consejo aludido únicamente se encuentran las de formular propuestas en materia de desarrollo económico municipal, sobre: el monto o porcentaje de reducciones y condonaciones de los impuestos, derechos y contribuciones municipales relativos al desarrollo económico, proyectos productivos, reglas de operación de programas y acciones y mecanismos de coordinación intermunicipal, las cuales no son vinculatorias para las instancias o entidades a que van dirigidas, pues se respeta cabalmente la facultad de los respectivos Cabildos de aceptarlas o no, dejando, por tanto, intacta la libertad hacendaria y autonomía presupuestaria municipal.

III. Manifiestan que ningún artículo de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable prohíbe o impide a los Municipios del Estado de Morelos tener comunicación directa con el Gobierno del Estado en las materias de su competencia, pues no los limita a que sólo a través del consejo aludido se puedan dar sus relaciones interinstitucionales con el Gobierno Estatal, por lo que no puede considerarse como un órgano intermedio de enlace entre ambos niveles de gobierno. Señalan que, por el contrario, el Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado, al estar integrado por un funcionario del Gobierno Estatal y por los presidentes municipales, se instituye como un órgano de coordinación entre el Gobierno Estatal y Municipal, para la deliberación y definición de propuestas, políticas públicas, programas y acciones municipales, en materia de desarrollo económico sustentable.

Asimismo, manifiestan que es infundada la afirmación del actor consistente en que la facultad concedida al Consejo Intermunicipal para deliberar y definir las políticas públicas, programas y acciones municipales relativos al desarrollo económico sustentable, transgrede sus potestades y su ámbito de competencia, porque, en términos del artículo 14, fracciones III y IV, de la ley impugnada, dichas facultades son tan sólo de formular propuestas de proyectos productivos que considere prioritarios para el desarrollo económico de los Municipios miembros del consejo, y porque en términos de lo establecido por el numeral 25 de la Constitución Federal, el fomento y promoción del desarrollo económico es una facultad concurrente de todos los niveles de gobierno.

Finalmente, manifiestan que es infundada la afirmación consistente en que la atribución conferida al Consejo Intermunicipal para determinar la condonación o reducción de contribuciones municipales atenta en contra del principio de libre administración hacendaria, en razón de que, en términos del artículo 14, fracción I, de la ley impugnada, dicho consejo únicamente tiene la atribución para formular la propuesta del monto o porcentaje de reducciones y condonaciones de las contribuciones municipales relativas al desarrollo económico, y el artículo 24 del ordenamiento citado establece que los Ayuntamientos que celebren los convenios de coordinación podrán con autorización del Cabildo, otorgar las condonaciones o reducciones de impuestos, derechos o contribuciones municipales.

5. Sostienen que el segundo concepto de invalidez es infundado, pues de conformidad con el artículo 14, fracciones III y IV, del ordenamiento impugnado, las facultades otorgadas al Consejo Intermunicipal son tan sólo para formular propuestas, y porque las normas impugnadas no invaden el ámbito competencial del Municipio actor, en razón de que promueven la concurrencia de los ámbitos de Gobierno Estatal y Municipal en el fomento y promoción del desarrollo económico, lo que es acorde con el numeral 25 de la Constitución Federal.

6. Señalan que el tercer concepto de invalidez es infundado, en razón de lo siguiente:

a) Que los artículos 15, 16 y 33 impugnados no menoscaban la autonomía, atribuciones y hacienda del Municipio, en razón de que no eliminan, restringen, ni limitan alguna de las facultades constitucionales o legales del Municipio actor, así como tampoco se prevé que el otorgamiento de apoyos sea en detrimento o perjuicio de alguno de los elementos o recursos que integran la hacienda municipal, de acuerdo con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

b) Que es infundado que la intervención de los presidentes municipales en el Consejo Intermunicipal supla las determinaciones que le corresponden al Gobierno Municipal en materia de políticas públicas, programas, proyectos o acciones en materia de desarrollo económico, pues en términos de los numerales 12, fracción II y 15 de la ley impugnada, les corresponde a los Ayuntamientos la decisión acerca de la celebración de los convenios de referencia, y porque la inclusión de dichos funcionarios no implica que se pretenda suplir la voluntad y atribuciones del Ayuntamiento, sino que dicho funcionario, en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, es el representante administrativo, político y jurídico del Ayuntamiento y, en consecuencia, el Ayuntamiento en cuestión se encuentra jurídica, política y administrativamente representado en dicho consejo, por conducto del presidente municipal.

c) Que es infundado que las determinaciones del consejo implican el otorgamiento de condonaciones o reducciones de las contribuciones municipales, ya que de conformidad con los artículos 14, fracción I y 24 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, al Consejo Intermunicipal le corresponde únicamente acordar la propuesta del monto o porcentaje de las reducciones o condonaciones citadas, siendo facultad exclusiva de los Ayuntamientos aceptar dichas propuestas, pues las mismas no les son vinculantes ni obligatorias.

SEXTO. El Congreso del Estado de Morelos, al contestar la demanda, señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Respecto del primer concepto de invalidez, señala que el Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado no es una autoridad intermedia, en razón de que se trata de un órgano de coordinación que tiene por objeto concertar medios y esfuerzos para la deliberación y definición de las políticas públicas, programas y acciones municipales relativas al desarrollo económico sustentable y, por lo tanto, su labor se encuentra supeditada a la vigilancia y común acuerdo de otros entes, como lo son la Comisión Reguladora para el Desarrollo Económico del Estado de Morelos, la Secretaría de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y los Ayuntamientos de los diferentes Municipios.

Manifiesta que el consejo no constituye una autoridad intermedia entre el Gobierno Estatal y el municipal, en razón de que no es un ente ajeno a la estructura orgánica del Estado, pues forma parte de éste y actúa dentro del ámbito de facultades del mismo, y no afecta la autonomía municipal, pues no obstante que tiene como objetivo fundamental la deliberación y definición de las políticas públicas, programas y acciones municipales relativas al desarrollo económico sustentable, el consejo no posee atribuciones de decisión o ejecución sobre ninguna materia específica cuya determinación le corresponda exclusivamente al Ayuntamiento, es decir, no tiene una posición de supremacía frente al Municipio, pues no se le conceden facultades unilaterales de decisión o ejecutividad que le permitan actuar por encima de ellos.

Por otra parte, arguye que no se advierte en qué forma el Consejo Intermunicipal podría interferir en la comunicación directa que debe existir entre ambos niveles de gobierno, pues en términos de los numerales 2, 3, 25 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y del 41 de la Ley Orgánica Municipal, ambos ordenamientos del Estado de Morelos, se encuentra integrado por los funcionarios que legalmente representan al Ejecutivo Estatal (gobernador del Estado) y al Ayuntamiento (presidente municipal).

Asimismo, aduce que el Consejo Intermunicipal no reúne las características de autoridad intermedia, pues solamente le fueron otorgadas facultades para realizar propuestas, lo que implica que se trata de un órgano de enlace y apoyo, aunado a que en su integración se encuentran representados tanto los Ayuntamientos como el Poder Ejecutivo.

2. En relación con el segundo concepto de invalidez, señala que de la lectura de los artículos tildados de inconstitucionales no se advierte que al Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado se le haya concedido o reconocido ninguna facultad de decisión que por sí misma pudiese ejecutar, además de que en términos del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable, sus atribuciones se limitan a acordar y proponer proyectos productivos y reglas de operación, lo que no significa que pueda imponer las propuestas referidas, pues se encuentran sujetas tanto a las determinaciones de los Ayuntamientos como a la Comisión Reguladora para el Desarrollo Económico y a la Secretaría de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo, ambas del Estado de Morelos y, por tanto, "es que dicho Consejo Intermunicipal al formar parte de la organización del Municipio, y atento a sus atribuciones, no afectan la esfera de competencia de los Ayuntamientos ni obstaculizan en forma alguna la comunicación directa que debe haber entre el Gobierno del Estado y sus Municipios".

3. Al contestar el tercer concepto de invalidez, manifiesta que no se vulnera el artículo 115, fracciones I, II, IV y V, de la Constitución Federal, en razón de que el Consejo Intermunicipal es un órgano de coordinación o conexión, en el que únicamente recaen atribuciones de propuesta, sin tener facultades para determinar, imponer o ejecutar por sí mismo proyectos productivos o reglas de operación, por lo que no sustituye al Ayuntamiento en el ejercicio de facultades que sólo le corresponden a éste, siendo inexacto que el consejo aludido esté facultado para formular los proyectos productivos prioritarios para el desarrollo económico en sustitución de los Ayuntamientos.

Por otra parte, sostiene que el presidente municipal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 41 de la Ley Orgánica Municipal, es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento, por lo que dicho funcionario no es tomado en cuenta como ente unilateral, sino como la persona que simboliza un órgano colegiado como lo es el Ayuntamiento.

Por lo que respecta a la celebración de los convenios de coordinación, aduce que los numerales 15, 18 y 24 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable no transgrede la fracción IV del artículo 115 constitucional, pues dicha celebración no es obligatoria para los Ayuntamientos, además de que la misma queda sujeta a la autorización del Cabildo correspondiente, lo que implica que en el supuesto de que los convenios sean celebrados, serán objeto de estudio, valoración y aprobación por parte del Cabildo.

En relación con el argumento de la actora consistente en que las determinaciones del consejo no pueden tener por objeto el otorgamiento de condonaciones o reducciones a las contribuciones municipales, al ser facultad de los Ayuntamientos el percibir sus contribuciones sin que las leyes federales o locales puedan establecer exenciones o subsidios a cargo de las mismas, la legislatura establece que la prohibición constitucional es para los casos en que se pretenda otorgar un privilegio individual, pero no para los casos en que por razones de carácter social, y en leyes generales y abstractas, se autoricen condonaciones. También señala que la facultad de condonar o de otorgar reducciones de contribuciones municipales es una potestad de los Ayuntamientos, que pueden ejecutar, siempre y cuando sea con la autorización del Cabildo, y acordado con el Consejo Intermunicipal, por lo que no se vulnera el numeral 115, fracción IV, de la Norma Fundamental.

Asimismo, señala que si bien es cierto que la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal prohíbe conceder exenciones de contribuciones, también es cierto que dicho beneficio será otorgado únicamente a aquellas empresas, organizaciones sociales, privadas y personas físicas con actividad empresarial, siempre y cuando se compruebe que éstas cuentan con un domicilio legal y fiscal dentro del Estado de Morelos, o que se establezcan en él, que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, tanto federales como estatales, y que los proyectos de inversión que realicen impliquen la creación de empleos permanentes en el Estado, lo que justifica el otorgamiento de dichos beneficios.

SÉPTIMO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó sustancialmente lo siguiente:

1. Respecto de la causal de improcedencia hecha valer por el gobernador y el secretario de Gobierno del Estado de Morelos, consistente en la falta de legitimación a la causa del Municipio actor, manifestó que deben ser desestimadas, ya que tienen íntima relación con el fondo del negocio y, en consecuencia, no es la etapa idónea para resolver dicha cuestión.

2. En relación con el concepto de invalidez formulado por el Municipio actor, que establece que el Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado de Morelos constituye una autoridad intermedia, señaló que es infundada, en razón de lo siguiente:

Que de la lectura de los artículos 4, 11 y 12 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable de Morelos se observa que por la forma en que está integrado el Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico de la entidad, no puede ser considerado como un ente ajeno al Gobierno Estatal o Municipal, ya que se integra tanto por autoridades del Estado de Morelos (el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico) como de los Ayuntamientos (presidentes municipales) que celebren los convenios con el Ejecutivo Estatal, y únicamente tiene la naturaleza de un órgano de coordinación para la deliberación y definición de las políticas públicas, programas y acciones municipales. Que, en consecuencia, el Consejo Intermunicipal no constituye una autoridad intermedia, por no ser distinto ni ajeno a los Gobiernos Estatal y Municipales, y porque carece de facultades unilaterales de decisión, imperio o ejecutividad sobre los Municipios.

Que el Consejo Intermunicipal no invade la esfera de facultades del Municipio, pues las atribuciones previstas a favor del mismo, en el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable, no restringen, se contraponen, ni hacen nugatorias las facultades consagradas por el artículo 115 de la Constitución Federal, aunado a que del análisis de dicho numeral no se desprende que el Ayuntamiento tenga conferidas atribuciones en materia de desarrollo económico sustentable.

Que si el mencionado consejo sólo puede acordar, proponer y promover los proyectos productivos prioritarios para el desarrollo económico de los Municipios miembros, resulta incuestionable que con dichas atribuciones no se suplantan las facultades que constitucionalmente le competen a los Ayuntamientos.

Que el Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico del Estado no constituye una autoridad intermedia, porque no guarda una posición de supremacía, ni se le reconocen facultades unilaterales de decisión, imperio o ejecutividad sobre los Municipios, en razón de que, en términos de los artículos 11 y 14 de la ley impugnada, actúa solamente como un órgano colegiado con funciones de promoción y formulación de propuestas de desarrollo económico y, en consecuencia, las propuestas que emite no son vinculatorias para las entidades a que van dirigidas.

3. Por otra parte, señala que el Consejo Intermunicipal para el Desarrollo Económico no impide el trato directo entre los ámbitos de Gobierno Estatal y Municipal, ya que las disposiciones impugnadas no le imponen a los Ayuntamientos de Morelos la obligación de acudir en primera instancia al consejo aludido para que éste se dirija al Gobierno Local, es decir, no se coarta el derecho de los Municipios para acudir ante el Gobierno Estatal para tratar de manera directa los asuntos relacionados con la materia de desarrollo económico sustentable.

Manifiesta que las atribuciones conferidas al consejo se encuent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22633-515ba549/controversia-constitucional-el-articulo-12-fraccion-ii-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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