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Modo: Corpus Pro

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO. AL EJERCER SU FACULTAD PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN UN TIRADERO MUNICIPAL, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DE QUE GOZA EL AYUNTAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO. NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO LOCAL Y LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2004. · Registro digital (IUS): 19407
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1637.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2004. MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC-GREGOR POISOT.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de enero del año dos mil seis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Carlos Andonaegui Correa, quien se ostentó como primer síndico procurador del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en representación de dicho Municipio promovió controversia constitucional, en la que señaló como órgano demandado y actos impugnados los siguientes:

"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, con domicilio en Vía Dr. Gustavo Baz Prada número 2160, 2o. piso (edificio Ericsson), Fraccionamiento Industrial La Loma, Municipio de Tlalnepantla de Baz, México, código postal 54060 ... La norma general o acto cuya invalidez se demande. A) El procedimiento administrativo número PROPAEM/0079/2002, conformado por: a) La orden de visita de verificación número PROPAEM/DVA/0079/2002, de fecha 25 de julio de 2002, emitida por la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México; b) El oficio de comisión número PROPAEM/DVA/0079/2002, de fecha 25 de julio de 2002, expedido por la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México; c) El acta de visita de verificación número PROPAEM/DVA/0079/2002, elaborada el día 25 de julio de 2002, por los CC. Miguel Soria Dávila y David Cisneros López, en su carácter de verificadores comisionados, adscritos a la Procuraduría de Protección al Ambiente de esta entidad federativa; d) El acuerdo de radicación y citatorio para garantía de audiencia de fecha 6 de agosto de 2002, emitido por la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, en el procedimiento administrativo número PROPAEM/0079/2002; e) La resolución de fecha 10 de junio de 2003, dictada por la procuradora de Protección al Ambiente de esta entidad federativa, en el procedimiento administrativo número PROPAEM/0079/2002. B) La resolución de fecha 1o. de marzo de 2004, emitida por la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, en el recurso de inconformidad número RI/0096/2003, promovido por mi representada en contra del procedimiento administrativo número PROPAEM/0079/2002."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. El día 25 de julio de 2002, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, ordenó la práctica de una visita de verificación bajo el número PROPAEM/DVA/0079/2002, en el tiradero municipal de Ecatepec, en el cual únicamente se hizo alusión a que dicho tiradero estaba en la colonia Chiconautla, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, señalando como fecha para la práctica de dicha diligencia ese mismo día 25 de julio de 2002. 2. El día 25 de julio de 2002, dicha procuraduría emitió un oficio de comisión bajo el número PROPAEM/DVA/0079/2002, dirigido a los verificadores IBQ. David Cisneros López y TSI. Miguel Soria Dávila, en el cual se les comisionó para que practicaran dicha visita de verificación, en el tiradero municipal de Ecatepec, señalando que éste tenía su domicilio en la colonia Chiconautla, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, cuya diligencia se practicaría ese mismo día 25 de julio de 2002. 3. Es el caso que el día 25 de julio de 2002, tuvo verificativo la orden de verificación, desprendiéndose de la misma diversas anomalías, entre ellas, que los propios verificadores procedieron a realizarla en un lugar no indicado en la orden de verificación, dado que de dicha acta se desprende que ésta se practicó en el domicilio ubicado en Carretera a Ranchería, Reclusorio Ejidos de Santa María Chiconautla. 4. Con fecha 31 de julio de 2002, el entonces primer síndico procurador en representación de este H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, México, procedió a realizar diversas manifestaciones ante la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, en el cual vertió una serie de argumentos de defensa, entre los cuales se resaltó que respecto de este mismo tiradero municipal de Chiconautla, Ejidos de Santa María Chiconautla, perteneciente a este Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ya tenía conocimiento la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, bajo el número de expediente 0135160000, en cuya tramitación se emitió un acuerdo de fecha 7 de mayo de 2002, en el que se indicó que no se desprenden elementos constitutivos de infracción a la normatividad ambiental, toda vez que mediante escrito presentado en dicha procuraduría el 6 de mayo de 2002, se acreditó el cumplimiento de las obligaciones ambientales que le fueron requeridas en la visita de inspección, el cual se exhibió en dicha promoción, en el que incluso se agregó una constancia que amparaba que con fecha 2 de mayo de 2002, se presentó ante el Instituto Nacional de Ecología el trabajo relacionado al impacto ambiental del proyecto denominado ‘Vertedero municipal Chiconautla’, sin dejar de señalar que igualmente se hizo hincapié a que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, no era competente para conocer y resolver ese asunto, y por consecuencia no era factible que hubiese requerido a mi representada respecto de dicho vertedero municipal, en razón de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se encontraba conociendo de tal caso por ser su jurisdicción. 5. No obstante lo anterior, con fecha 6 de agosto de 2002, la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, emite un auto al que denomina auto de radicación y citatorio para garantía de audiencia, el cual señala que es dictado en atención al acta de verificación número PROPAEM/0079/2002, de fecha 25 de julio de 2002, practicada en el tiradero municipal de Ecatepec, en la Carretera a Ranchería, Reclusorio Ejidos de Santa María Chiconautla, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el cual hace referencia a que se incumplieron las condicionantes números 2, 4, 5, 7, 8 y 9 de la autorización en materia de impacto ambiental número DGPA/21201/A000/N1418/99, de fecha 18 de octubre de 1999, expedida por la Dirección General de Planeación Ambiental, sin dejar de mencionar que dicha procuraduría en ningún momento hizo saber a mi representada de qué se trataban las referidas condiciones a las que hizo alusión; resaltando que en el citado auto, inclusive indicó que se prosiguiera con el procedimiento administrativo de sanción, en contra de la empresa, siendo que dicho tiradero no es ninguna empresa, como ésta lo manifiesta, señalando como fecha para garantía de audiencia el día 12 de septiembre de 2002. 6. Con fecha 23 de septiembre de 2002, se presentó una promoción ante la procuradora de Protección al Ambiente para el Estado de México, en la cual se exhibió un oficio bajo el número SGPA. DGIRA. DIA. 1017/02, de fecha 12 de septiembre de ese mismo año, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Dirección General para Impacto y Riesgo Ambiental, en el que se daba contestación al escrito presentado ante el Instituto Nacional de Ecología, en fecha 2 de mayo de 2002, donde posteriormente a ello, mediante promoción presentada ante dicha procuraduría, con fecha 22 de noviembre de 2002, se agregó un catálogo de conceptos, manifestaciones y documentos que dicha autoridad dejó de tomar en consideración al momento de emitir la resolución recaída en el procedimiento administrativo número PROPAEM/0079/2002. 7. El 10 de junio de 2003, la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, procedió a emitir la resolución respectiva en el procedimiento administrativo número PROPAEM/0079/2002, misma que carece de toda fundamentación y motivación, además de que la misma no es clara, precisa ni congruente con las cuestiones planteadas, en cuyos resolutivos procedió a resolver que se tenía por acreditada la infracción imputada al tiradero municipal de Ecatepec y/o H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, indicando en la misma que esto fue por no cumplir con la autorización de la manifestación de impacto ambiental imponiendo a mi representada una sanción de amonestación, en cuyo segundo resolutivo lo apercibe que para el caso de incumplimiento de la resolución impondrá una multa de 100 días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de los demás medios de apremio y sanciones de multa, suspensión o clausura total y definitiva. 8. El día 5 de diciembre de 2003, el Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos, México, por conducto de su representante legal promovió recurso administrativo de inconformidad en contra de los actos contenidos en el procedimiento administrativo número PROPAEM/0079/2002, tramitado ante la procuradora de Protección al Ambiente de esta entidad federativa, al cual se le asignó el número de expediente RI/0096/2003. 9. El día 1o. de marzo de 2004, la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, emitió resolución en el recurso administrativo de inconformidad número RI/0096/2003, confirmando la decisión dictada en el procedimiento administrativo número PROPAEM/0079/2002."

TERCERO. En la demanda se señalaron como preceptos violados los artículos 14, 16 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se plantearon los siguientes conceptos de invalidez:

"Primero. Se causa agravio a mi representada en virtud de que al emitirse los actos de autoridad que por esta vía se impugnan, se viola en su perjuicio el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho precepto legal establece con toda claridad que solamente se podrá molestar a los gobernados mediante mandamiento escrito emitido por una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y en el caso que nos ocupa la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, carece de atribuciones para emitir los actos combatidos a través de este medio de defensa legal, puesto que en ninguno de los dispositivos jurídicos que cita en cada uno de los actos combatidos se le conceden facultades para su expedición, dado que para el evento no concedido que tuviera la competencia con la que se ostenta, se debe tomar en cuenta que en el asunto a estudio está sancionando a una autoridad administrativa, como lo es el Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos, México, y no a una empresa particular, como pretende la responsable dar esa calidad a una persona moral oficial, aunado a que está transgrediendo la autonomía municipal de que goza el citado Ayuntamiento, según lo señala el artículo 115, fracción I, de nuestra Carta Magna, dado que no puede existir ninguna autoridad intermedia entre el Estado y los Municipios, además de que es un principio general de derecho que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permita, de lo que se infiere que al emitir acto (sic) están obligadas a señalar con toda claridad la norma legal que les permita actuar, es decir, la demandada debió indicar el precepto legal que le diera atribuciones para sancionar a la parte que represento, lo cual no ocurrió en este caso, tal como se señaló en líneas anteriores, por lo que al violentarse los citados numerales solicito que se declare la invalidez de los actos combatidos. Pues independientemente de que ninguno de los artículos que cita en su procedimiento administrativo le dan autoridad, facultad o competencia para sancionar a mi representada en los términos que lo hizo, carece de validez el procedimiento administrativo en su totalidad, en virtud de que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no es aplicable en tratándose de diferencias o controversias que surjan entre el propio Gobierno del Estado y uno de sus Municipios, puesto que dicho código como lo establece su propio artículo primero sólo tiene por objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de México o Municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, luego entonces, sólo regula aquellos actos de las autoridades del Estado de México dirigidos a particulares estableciendo para éstos como medio de defensa el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, sin que ello quiera decir que dicho ordenamiento legal sea aplicable en la forma en que lo hizo la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, en contra de mi representada y mucho menos para emitir las ilegales resoluciones de fechas 10 de junio de 2003 y 1o. de marzo de 2004; a mayor abundamiento, el Código de Procedimientos Administrativos en el artículo 230, establece quiénes son las partes en el juicio, y claramente la fracción II dice que el demandado tendrá ese carácter cuando: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d) El particular a quien favorezca la resolución cuya validez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal sin serlo. Como consecuencia de lo anterior se desprende que el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, México, de ninguna manera puede tener el carácter de demandado ni encuadra en las hipótesis legales mencionadas, por ello el artículo 202 del mencionado Código de Procedimientos Administrativos establece que: ‘El tribunal tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, Municipios y organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares.’. Es decir, que de ninguna manera se puede establecer que un juicio administrativo procede en contra de un Ayuntamiento por alguna controversia que tenga con el Estado de México, pues en congruencia con ello, el artículo 229 del citado ordenamiento excluye estas diferencias que pudieran surgir entre el Gobierno del Estado de México y sus Municipios, por lo que considero que se viola la autonomía constitucional del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, México, garantizada por el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal y, por ende, los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no se fundó ni motivó debidamente el ilegal procedimiento que se instauró a mi representada, pues se aplicó indebida e ilegalmente en su perjuicio el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Segundo. Al emitirse los actos de autoridad que por esta vía se impugnan se viola en su perjuicio el contenido del artículo 115, fracción I, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la responsable al expedir los actos controvertidos se está colocando como una autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos, México, al haberlo sancionado con una amonestación y apercibirlo con la imposición de una sanción económica, cuando como se señaló en el agravio que antecede, la demandada no es competente para sancionar a la parte que represento, lo cual deja en completo estado de indefensión e inseguridad jurídica considerando, en consecuencia, que se debe declarar la invalidez del acto combatido. Tercero. Se viola en perjuicio de mi representada el artículo 16 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 128, fracción I, incisos c) y d), del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, pues suponiendo sin conceder su aplicación, al emitirse la orden de visita y oficio de comisión número PROPAEM/0079/2002, de fecha 25 de julio de 2002, la responsable no funda ni motiva su actuación, toda vez que la responsable se abstiene de indicar con precisión en qué lugar se debería llevar a cabo la visita, además de que no señala de manera clara cuál es el objeto y alcance de la visita, dado que de manera genérica indica que la visita tendrá por objeto constatar si la empresa emite, causa o provoca algún tipo de contaminación a la atmósfera, suelo, agua, flora, fauna u otro elemento natural circundante a ésta, generada dentro de las instalaciones por los procesos, actividades, manejo de sustancias, materiales y residuos, contraviniendo la normatividad aplicable, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones relativas a licencias, permisos y autorizaciones en materia ambiental y se revisará que cuente con acta constitutiva y alta en hacienda, revisándose además en materia de emisiones a la atmósfera, si el visitado cuenta con los sistemas y equipos necesarios para conducir y controlar las emisiones de biogas, bitácoras de control de ingresos de transporte, de operación y mantenimiento, así como su manual de operaciones, contar con los conductos de venteo para realizar los monitoreos correspondientes; asimismo, en materia de suelo, se verificará si se cuenta con licencia de uso de suelo, sistemas de captación de lixiviados y laguna correspondiente, las condicionantes de la autorización de impacto y riesgo ambiental en su caso; por otro lado, en materias de residuos no peligrosos, se verificará que cuente con bitácora de control interno y su manejo; por otra parte, en materia de agua se revisará que se cuente con el registro de descarga de aguas residuales, sus condiciones particulares y la documentación necesaria en este supuesto, así como un sistema de captación de aguas pluviales; finalmente, en materia de flora, fauna y elementos naturales circundantes, se verificará el estado de conservación o deterioro que presenten y que se esté dando cumplimiento a los programas ambientales; sin embargo y no obstante lo anterior, se observa en este punto que la procuradora al emitir los citados documentos no señala cuál es la normatividad aplicable y a cuáles permisos, licencias o autorizaciones se refiere, cuáles son los equipos y sistemas a que alude, utilizando además vocablos que no son claros como la palabra ‘lixiviados’, sin explicar su significado, de lo que se desprende una falta de motivación en los mencionados documentos y, por tanto, se violentan en perjuicio de mi representada los citados preceptos legales, por lo que deberá declararse la invalidez de los actos combatidos. El mencionado artículo 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, es inaplicable, puesto que en ningún momento se refiere, autoriza o faculta a una autoridad para llevar a cabo visitas de verificación en el domicilio, instalaciones, equipo o bienes propiedad de un Ayuntamiento, pues dicha facultad es para realizar verificaciones en domicilio, instalaciones, equipos y bienes de los particulares, independientemente de que como se ha dicho, la supuesta orden de verificación y el oficio de comisión es para que los inspectores se constituyeran en el tiradero municipal con domicilio en la colonia Chiconautla, Municipio de Ecatepec de Morelos, México, y en las actas (sic) de verificación del 25 de julio de 2002, expresamente dice que los inspectores se constituyeron en Carretera a Ranchería Reclusorio Ejidos de Santa María Chiconautla, es decir, en un domicilio totalmente diferente causando a mi representada el agravio correspondiente. Cuarto. En otro orden de ideas y derivado de lo expuesto en el agravio que antecede, se deberá declarar la invalidez del acta de verificación número PROPAEM/0079/2002, de fecha 25 de julio de 2002, elaborada por los CC. Miguel Soria Dávila y David Cisneros López, en su carácter de verificadores adscritos a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, el acuerdo de radicación y citatorio para garantía de audiencia de fecha 6 de agosto de 2002, de la resolución de 10 de junio de 2003, actos emitidos por la procuradora de Protección al Ambiente de esta entidad federativa en el procedimiento administrativo número PROPAEM/0079/2002, así como de la resolución de fecha 1o. de marzo de 2004, dictada por la última de las autoridades antes indicadas en el recurso administrativo de inconformidad número RI/0096/2003, al tratarse de los frutos de un acto viciado de origen que ha sido nulificado en el considerando anterior, como lo es la orden de visita de fecha 25 de julio de 2002, debiéndose aplicar en este punto el principio general de derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Quinto. Sin perjuicio de lo anterior, se viola en perjuicio de mi representada el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 128, fracción IV, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, suponiendo sin conceder su aplicación, en virtud de que al llevarse a cabo la visita de verificación el día 25 de julio de 2002, los dos inspectores que la realizaron no se identificaron plenamente con la persona con quien se entendió la diligencia, puesto que en el acta que elaboraron únicamente anotaron que se identificaban con las credenciales números 001 y 012, emitidas por el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México, sin indicar el nombre de quien emitió dichos documentos, por lo que la parte que represento no tuvo la certeza de que quienes efectuaron la visita fueran realmente los representantes de la autoridad demandada al no haberse identificado plenamente, por lo que al violarse los citados preceptos jurídicos se debe declarar la invalidez de los actos combatidos. Sexto. Por otra parte, con la emisión del acuerdo de radicación y citatorio para la garantía de audiencia de fecha 6 de agosto de 2002, la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, viola en perjuicio de mi representada el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 129, fracción I, inciso c), del Código de Procedimientos Administrativos de esta entidad federativa, en virtud de que la responsable omite establecer con toda claridad y precisión el objeto o alcance de la diligencia, toda vez que únicamente menciona que se tendrá el derecho de aportar pruebas y alegar lo que al derecho de la parte que represento convenga, en relación con las infracciones que motivaron el procedimiento administrativo, sin aludir cuáles son esas faltas que se atribuyen; ahora bien, para el evento no concedido de que dichas infracciones sean a las que se refiere la demandada en el segundo párrafo del acuerdo antes indicado, debe decirse que aun en este apartado, la autoridad no es clara para señalar cuáles son las faltas de que se acusa a la parte que represento, puesto que solamente menciona la demandada que se incumplió con las condicionantes números 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la autorización en materia de impacto ambiental número DGPA/21201/A000/N1418/99, de fecha 18 de octubre de 1999, expedida por la Dirección General de Planeación Ambiental, infiriéndose que la responsable no menciona con claridad cuál fue la infracción que se cometió que se derivara de la visita realizada el día 25 de julio de 2002, es decir, la demandada no indica el porqué considera que se incumplió con las condicionantes que refiere en el párrafo segundo del acuerdo de radicación que se ataca en este medio de defensa legal, por lo que al violarse los citados numerales, se debe declarar la invalidez de los actos impugnados. Pues la propia Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, al entrar al estudio de mi quinto agravio manifestó: ‘Respecto del quinto de sus agravios le hago de su conocimiento que desconocimiento (sic) del contenido que guardan las condicionantes de referencia de su autorización en materia de impacto ambiental, que alega en este agravio, no es un argumento contundente para desvirtuar la infracción a estudio; ya que dichas condicionantes debe conocerlas desde el momento mismo en que le fue entregada la autorización en cuestión.’. Es decir, que dicha autoridad reconoce plena y expresamente que nunca me fueron notificadas las multicitadas condicionantes números 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la autorización en materia de impacto ambiental de fecha 18 de octubre de 1999, pero sin embargo, pretende instaurar un pseudo procedimiento administrativo en contra de mi representada, dizque por un supuesto incumplimiento de dichas condicionantes, pues no es posible que una autoridad inicie un procedimiento en base a un incumplimiento de algo que nunca ha sido notificado como lo reconoce plenamente la autoridad estatal, pero no sólo esto, sino que además dice que estas condicionantes me fueron entregadas cuando se me dio la autorización en cuestión, ignoro a qué autorización en cuestión se refiere la autoridad estatal, ya que no he recibido ninguna ni nunca se me han notificado las condicionantes que menciona y de cuyo supuesto incumplimiento me sancionó en su resolución de fecha 1o. de marzo de 2004, pues no es posible de una manera lógica y jurídica que se sancione a alguien del incumplimiento que no sólo se encuentra comprobado sino que además nunca se notificó la realización de las condicionantes números 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la autorización en materia de impacto ambiental expedidas por la Dirección General de Planeación Ambiental con fecha 18 de octubre de 1999, pues ni siquiera se sabe en qué consisten las mismas, causándome con ello el agravio correspondiente. Séptimo. Ahora bien, con la emisión de la resolución de fecha 10 de junio de 2003, emitida por la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, en el procedimiento administrativo número PROPAEM/0079/2002, se viola en perjuicio de mi representada el artículo 16 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la responsable no funda ni motiva adecuadamente su actuación, dado que no señala con precisión los motivos, razones o circunstancias que tomó en cuenta para sancionar al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, México, con una amonestación y apercibirlo con la imposición de una multa de cien días de salario mínimo vigente, lo anterior, tomando en cuenta que se limita a indicar que se incumplió con las condicionantes números 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la autorización en materia de impacto ambiental número DGPA/21201/A000/N1418/99, de fecha 18 de octubre de 1999, emitida por la Dirección General de Normatividad, Reordenamiento e Impacto Ambiental, sin hacer referencia la autoridad a los motivos por los cuales considera que se incumplió con tales condicionantes, incluso existe una incongruencia entre el acuerdo de radicación y citatorio para garantía de audiencia de fecha 6 de agosto de 2002 y la resolución de fecha 10 de junio de 2003, puesto que en el citado acuerdo se indica que la autorización de impacto ambiental fue expedida por la Dirección General de Planeación Ambiental, y en la citada resolución se expresa que dicha autorización la emitió la Dirección General de Normatividad, Reordenamiento e Impacto Ambiental, por lo que ante tales inconsistencias e irregularidades, se deja a la parte que represento en completo estado de indefensión, por lo que se debe declarar la invalidez de los actos impugnados. Pues además impone una multa económica de cien días de salario mínimo sin motivar y sin fundamentar dicha sanción, puesto que no dice en base a qué artículo de qué ordenamiento jurídico aplica dicha sanción y además no expresa ni dice los motivos por los cuales llega a la conclusión de sancionar exactamente con cien días de salario mínimo, pues porque no concluyó con cinco, diez o quince salarios, sino en forma caprichosa y sin tomar en cuenta los parámetros que esa Suprema Corte de Justicia ha establecido para la aplicación de sanciones económicas. Octavo. Finalmente, por lo que se refiere a la resolución de fecha 1o. de marzo de 2004, emitida por la procuradora de Protección al Ambiente del Estado de México, en el recurso administrativo de inconformidad número RI/0096/2003, debe decirse que se viola en perjuicio de mi representada el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la responsable no funda ni motiva adecuadamente su determinación, toda vez que hace un indebido estudio del concepto de impugnación que se le formuló respecto de que la autoridad emisora del acto recurrido es incompetente para su emisión, dado que para desestimar tal cuestión se basó en lo dispuesto por el acuerdo emitido por el Ejecutivo del Estado de México, mediante el cual se crea la Procuraduría de Protección al Ambiente de esta entidad federativa y el reglamento interior de dicha dependencia, sin embargo, en ninguno de dichos ordenamientos legales se establece la facultad de la demandada para poder sancionar al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, México, y apercibirlo de la imposición de una multa, puesto que tratándose de autoridades, la demandada únicamente puede hacerles recomendaciones, pero no sancionarlas, por lo que al citarse el citado numeral se debe declarar la invalidez de los actos impugnados."

CUARTO. Por acuerdo de nueve de agosto de dos mil cuatro, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 81/2004, y por razón de turno designó como instructor del procedimiento al Ministro Sergio Salva

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19407-8e3b648c/procuraduria-de-proteccion-al-ambiente-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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