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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL 15 DE OCTUBRE DE 2009, EN EL EXPEDIENTE DD/110/2008, RELATIVO A LA DENUNCIA INTERPUESTA POR DIVERSOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TRANCOSO, DERIVADO DE SU DESTITUCIÓN EN EL CARGO DE REGIDORES, ASÍ COMO DIVERSOS ACTOS DENTRO DE DICHO EXPEDIENTE, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 116/2009. · Registro digital (IUS): 22260
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TRANCOSO, ESTADO DE ZACATECAS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 681.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 116/2009. MUNICIPIO DE TRANCOSO, ESTADO DE ZACATECAS.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de mayo de dos mil diez.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el treinta de noviembre de dos mil nueve, en las oficinas de la Administración Postal del Municipio de Trancoso, Zacatecas, Jesús Almanza Jiménez, en su carácter de síndico del Municipio de Trancoso, Estado de Zacatecas, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

"II. Nombre y domicilio del demandado. Lo es la honorable LIX Legislatura del Estado de Zacatecas y/o el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

"...

"IV. Acto reclamado. Actos cuya invalidez se reclama.

"A) La falta de notificación de la determinación tomada en la Sala de sesiones de la honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, de fecha 15 de octubre del año dos mil nueve, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad número DD/110/2008, que se deriva del oficio número 377 de fecha 11 de noviembre de 2009, mediante el cual se requiere el cumplimiento de la determinación tomada en el presente procedimiento, con apercibimiento en caso contrario, de aplicación de multa hasta por mil cuotas de salario mínimo general vigente (sic), oficio que fuera notificado al C. Jesús Almanza Jiménez, síndico municipal, desprendiéndose además que dice la responsable haber notificado a mi representada desde el día 19 de octubre del año en curso, sin que hasta el momento el suscrito haya recibido notificación alguna dirigida al H. Ayuntamiento Municipal de Trancoso, Zacatecas, por ser ésta (sic) la obligada a cumplir con tal determinación.

"Ad cautelam, también pueden constituirse como actos reclamados los siguientes:

"B) La determinación tomada en la Sala de sesiones de la honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, de fecha 15 de octubre del año dos mil nueve, la cual se notifica a Jesús Almanza Jiménez, síndico municipal mediante oficios # DAP/1894 (sic), con el asunto se remite resolución de fecha 15 de octubre del año dos mil nueve, y dirigido a Jesús Almanza Jiménez en su calidad de síndico mas no al H. Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, dentro de la que se resuelve sobre la denuncia interpuesta por los C. Gloria Rosales Díaz, José Hernández Romo, Ismael Tenorio Cabrera y J. Guadalupe Juárez Juárez, por la destitución del cargo de regidores.

"C) La resolución emitida en fecha 15 de octubre del año dos mil nueve, en sesión ordinaria celebrada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, en esa misma fecha, tal como se desprende del orden del día punto nueve dentro de la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha, tomo I, No. 0190, primer periodo ordinario, tercer año, y que se anexa a la presente en copia y que consta de veintisiete fojas útiles.

"D) El dictamen presentado por la Comisión de Gobernación de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, publicada en su Gaceta Parlamentaria de fecha 13 de octubre de 2009, en la que se describe contenido completo de una resolución recaída dentro del expediente DD/110/2008, que repara perjuicio a mi representada, por haber sido ésta aprobada por unanimidad de votos en lo general y en lo particular, según se desprende del audio y video de la sesión del Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, y que aparece dentro del punto del orden del día marcado como cinco punto uno, a fojas de la veintiuno a la treinta y cinco.

"Los incisos b), c) y d), son actos violatorios de garantías pues al concretarse en uno solo pero que contienen cuestiones distintas y que es, en lo que, en esencia concurre en causas de invalidez de fondo el (sic) acto que se impugna por conculcar garantías individuales que hoy reclama mi representada por esta vía, pues al dictar un acto y publicarlo en su gaceta el día 13 de octubre, y aprobarlo por unanimidad en el Pleno de la responsable en lo general y en lo particular, en fecha 15 de octubre y al no aparecer la publicación en la gaceta de dicha fecha, queremos entender que se aprobó el dictamen propuesto por la Comisión de Gobernación en los términos que se describen en la propia Gaceta Parlamentaria publicada en fecha 13 de octubre todos (sic) del año 2009, y la resolución que se dejó de notificar al H. Ayuntamiento y que solamente se notifica al C. Jesús Almanza Jiménez, síndico municipal en fecha 19 de octubre del año en curso, mediante el oficio # DAP/1894, contiene diferencias sustanciales y de forma entre la acordada por el Pleno y ésta, cuestiones que servirán para precisar el y/o los actos de invalidez."

SEGUNDO. Como antecedentes del acto cuya invalidez se demanda se manifestaron los siguientes:

1. El veintidós de octubre de dos mil ocho, Daniel Hernández Juárez, presidente municipal del Municipio de Trancoso, Zacatecas, recibió el oficio 305/2008, enviado por la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual se le informó la integración del expediente DD/110/2008, mismo que se turnó a la Comisión de Gobernación, para su análisis y dictamen, en la que se determinó iniciar una investigación con motivo de los hechos denunciados el catorce de octubre de dos mil ocho, por Gloria Estela Rosales Díaz, José Hernández Romo, J. Guadalupe Juárez Juárez e Ismael Tenorio Cabrera, todos ellos ex-regidores del Municipio de Trancoso, Zacatecas, en el que demandan la destitución del presidente municipal.

2. Dicha denuncia fue ratificada por la Comisión Legislativa el catorce de octubre de dos mil ocho y en los términos previstos por la normatividad interna, solicitó al presidente municipal, que rindiera su informe circunstanciado y las pruebas que considerara convenientes para su defensa.

3. El once de noviembre de dos mil ocho, el presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, presentó el informe circunstanciado de mérito, en el cual negó la existencia del acto reclamado por los denunciantes.

4. El veintisiete de enero de dos mil nueve, una persona que dijo ser integrante de la Legislatura del Estado de Zacatecas notificó mediante oficio número # DAP/1245, la resolución tomada por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, en sesión extraordinaria de veintidós de enero de dos mil nueve, mediante la cual se resolvió sobre los hechos denunciados por los mencionados ex-regidores del Municipio de Trancoso, con efectos de notificación.

5. En virtud de lo anterior, el Municipio de Trancoso acudió a este Máximo Tribunal a promover controversia constitucional, la que se asignó a la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, se registró bajo el número 8/2009, y en la que se determinó la invalidez de lo actuado en el expediente DD/110/2008, relativo a la denuncia en contra del Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas y que culminó con la citada resolución de veintidós de enero de dos mil nueve, emitida por la Legislatura del Estado de Zacatecas; en cumplimiento a dicha ejecutoria, la responsable declaró la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento y llamó a juicio al síndico del Municipio para que rindiera informe circunstanciado sobre los hechos denunciados por los mencionados ex-regidores, mediante oficio 306/2009 de diez de agosto de dos mil nueve.

6. La Legislatura del Estado de Zacatecas, en sesión celebrada el quince de octubre de dos mil nueve, resolvió el procedimiento administrativo registrado bajo el número DD/110/2008 sobre la denuncia interpuesta por Gloria Estela Rosales Díaz, José Hernández Romo, J. Guadalupe Juárez Juárez e Ismael Tenorio Cabrera, por la destitución del cargo de regidores, tal como se desprende de la orden del día, punto nueve, de la Gaceta Parlamentaria de trece de octubre de dos mil nueve, en la que se describe el contenido completo de una resolución recaída dentro del expediente DD/110/2008, misma que fuera aprobada por unanimidad de votos en lo general y en lo particular, según se desprende del audio y video de la referida sesión, y que aparece dentro del punto del orden del día marcado como cinco punto uno, a fojas de la veintiuno a la treinta y cinco.

7. La citada resolución emitida el quince de octubre de dos mil nueve, en sesión ordinaria de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, fue notificada a Daniel Hernández Juárez, en su carácter de presidente municipal, el veinte de octubre de dos mil nueve, a Jesús Almanza Jiménez, en su carácter de síndico, el diecinueve de octubre de dos mil nueve, y a los integrantes del Ayuntamiento de Trancoso, ese mismo día, mediante oficios DAP/1893, DAP/1894 y DAP/1895, en los que se adjuntó dicha resolución.

TERCERO. El Municipio de Trancoso, en su escrito inicial adujo, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

1. Que se violan en su perjuicio, las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se respetó el debido proceso, pues hasta la fecha no ha sido ni jurídica, ni formalmente notificado de la determinación dictada dentro del procedimiento administrativo registrado bajo el número DD/110/2008 sobre la denuncia realizada por Gloria Estela Rosales Díaz, José Hernández Romo, J. Guadalupe Juárez Juárez e Ismael Tenorio Cabrera, por la destitución del cargo de regidores y, por otro lado, le repara perjuicio directo a su patrimonio la condena que se realiza del pago de sus dietas o emolumentos laborales, siendo que por un lado no son trabajadores comunes y corrientes, sino representantes de elección popular, es decir, son patrones, más aún cuando los mismos no devengaron tales prestaciones y, sin embargo; pretendiendo fundarse en el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tal como lo describe en el punto resolutivo tercero del acto reclamado, en el que se determina que el Municipio demandado, en términos de la presente resolución, deberá restituir en el goce de sus derechos de los que privó a los regidores denunciantes con motivo de la emisión de los actos reclamados que fueron declarados nulos, debiendo en consecuencia, cubrirles las dietas o emolumentos laborales que los quejosos debieron percibir durante todo el tiempo en el que se les inhabilitó o destituyó y hasta que se les restituyan en el cargo que venían desempeñando, remitiendo a esta soberanía popular constancia fehaciente de su cumplimiento en el término de cinco días hábiles a partir de su notificación; lo anterior sin que se lo hayan pedido los denunciantes o que se haya prevenido a mi representada al momento de llamarla a juicio, es decir, resuelve una situación no planteada al momento de que se emplaza al síndico, y sin que se le haya concedido la posibilidad de defenderse en juicio.

Que el artículo 14 constitucional establece la prohibición a la autoridad de realizar actos o acciones que tiendan a privar de los bienes jurídicos protegidos por esta garantía, a su titular, y sujeta a la autoridad a que deba cumplir con un conjunto de condiciones para que en su momento pueda emitir un acto de privación y éste sea constitucional, para lo cual, la autoridad deberá sujetarse a que el acto se dicte dentro de un juicio, en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento, y que sea sustanciado conforme a las leyes dictadas con anterioridad al hecho, destaca que al dictar un acto de autoridad, ésta debe someterse estrictamente a las formalidades que señale el procedimiento, que son todos aquellos pasos procesales que deben observarse al momento de tramitar un juicio, para cumplir con la garantía en comento, esto es, se debe posibilitar a las partes, para que puedan comparecer y defender sus derechos, dando a conocer todos los puntos debatidos o que se pretendan debatir y que para el caso que nos ocupa no ocurre, así como realizar todos los pasos procesales para que se tenga una oportuna defensa, de igual forma la posibilidad de ofrecer los medios de prueba tendientes a acreditar sus excepciones y defensas en contra de todos los puntos a debatir, en igualdad de condiciones, debe dar oportunidad de alegar su derecho y además, se debe incluir toda manifestación que hagan cada una de las partes con motivo de las vistas que les mande dar el juzgador, por tanto, todo acto de autoridad que le pudiera reparar perjuicio a cualquier persona física o moral, debe ser escuchada en juicio, de lo contrario, incurre en una flagrante violación a la garantía que nos ocupa.

Luego, todo acto que se jacte de ser válido, deberá cumplir con las leyes previamente establecidas con anterioridad al hecho, ya que en caso contrario, caería en una violación al precepto constitucional que se invoca y, por tanto, en un acto carente de validez.

Que la autoridad responsable no cumple con el procedimiento que establece la ley de la materia y se sobrepasa al resolver cuestiones que las partes no le sometieron a su consideración, y sin que se haya hecho del conocimiento de la parte denunciada, pues eran cuestiones que iban a debatirse dentro del procedimiento, situación que causa un perjuicio al Municipio, al condenarlo al pago de dietas y demás emolumentos laborales de los denunciantes, por lo que, el no haber llamado a juicio al Municipio para que se manifestara al respecto, y dictar el acto de autoridad que hoy se combate, resulta viciado y carente de validez, por lo que la controversia constitucional es procedente.

Considera aplicable al caso la tesis jurisprudencial, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, registrada bajo el número P./J. 115/2005, cuyo rubro dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS)."

Por lo que respecta a la invalidez del acto que se reclama y del que deriva la violación que se analiza, es una condicionante con cargo a la autoridad, que recae en el acto de molestia, que consiste en toda perturbación o afectación que se actualice en una esfera jurídica, por lo que esta garantía contempla a su vez tres subgarantías, que son el conjunto de obligaciones que tiene que cumplir la autoridad pública antes de dictar un acto de afectación, es decir, previo a que se dicte un acto de autoridad debe cumplir con los requisitos que exige el artículo 16 constitucional, esos requisitos son: que el acto de autoridad conste en mandamiento escrito; que ese acto emane de autoridad competente; y, que el acto esté debidamente motivado y fundado en la ley.

Que por fundamentación, debemos entender la mención de la autoridad de cuáles son los preceptos constitucionales o legales en que se apoya para emitir el acto de autoridad, debiendo hacer la fundamentación de su competencia y por motivación, los razonamientos para que se emita el acto de molestia.

Que en el caso que nos ocupa, la Legislatura del Estado de Zacatecas, por un lado, si bien emitió un mandamiento por escrito, también lo es que dicho mandamiento no emana de la autoridad competente, pues su actuación invade competencias que corresponden al Municipio de Trancoso, según lo prevé la propia Constitución Federal en su artículo 115, así como la Constitución Estatal, en su artículo 126 y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, por lo que el acto al no encontrarse ajustado a tales preceptos, carece de fundamentación y motivación, más aún si fue dictado sin que antes se haya satisfecho el derecho de audiencia, al no haber notificado al actor de la presente controversia, sobre la pretensión de los denunciantes, por lo que el acto que en esta vía se impugna, es inválido.

2. Que resulta una causa más de invalidez del acto, la falta de notificación al Ayuntamiento de Trancoso, de la determinación tomada en la Sala de sesiones de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, de quince de octubre de dos mil nueve, con lo que se le deja en total estado de indefensión, ya que la autoridad demandada pretende notificar de manera personal al presidente municipal y al síndico, mediante oficios DAP/1893 y DAP/1894, respectivamente, a los que se adjunta la resolución impugnada; sin embargo, sólo se notifica de forma individualizada al presidente y a los integrantes del Ayuntamiento pero en ningún momento se notifica al Ayuntamiento de Trancoso, que es el ente jurídico obligado a cumplir con lo determinado por la legislatura, dentro del término de cinco días hábiles a partir de la notificación.

Que de la lectura de los resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la resolución reclamada, se desprende que la propia autoridad que emite el acto impugnado, realiza la separación de las figuras jurídicas a notificar que son: el presidente municipal, el síndico y los integrantes del Ayuntamiento y que es dentro de los resolutivos de dicho acto, donde obliga al Ayuntamiento a cumplir con la misma, a partir de su notificación, pues es en ese momento cuando debe surtir sus efectos la determinación dictada dentro del procedimiento administrativo marcado con el número de expediente DD/110/2008, sobre la denuncia interpuesta por Gloria Rosales Díaz, José Hernández Romo, Ismael Tenorio Cabrera y Guadalupe Juárez Juárez, por la destitución del cargo de regidores, y no antes, ni tampoco a partir de la notificación a las demás figuras jurídicas, ya que la propia Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, en sus artículos 28, 30, 41, 48, 49, 74, 75, 78 y 79, realiza una separación de ellas y les otorga facultades, funciones y obligaciones distintas.

De los preceptos citados, puede advertirse que el presidente municipal tiene funciones específicas, el síndico las propias y los regidores las descritas en el apartado de facultades y obligaciones de los mismos, es decir, son personas jurídicas diferentes y el Ayuntamiento, tal como lo determinan los artículos 28 y 41, y sus facultades y obligaciones se establecen en los artículos 48 y 49 todos de la Ley Orgánica del Municipio, es decir, el Ayuntamiento es un ente jurídico reconocido por la propia ley de la materia y organizado en los términos del artículo 115 constitucional, con funciones precisas y distintas a sus integrantes, por lo que si la determinación dictada dentro del procedimiento administrativo marcado con el número de expediente DD/110/2008 que hoy nos ocupa, resuelve que el Ayuntamiento deberá en la sesión de Cabildo posterior a la notificación de tal determinación revocar los acuerdos de Cabildo de veintinueve y treinta de septiembre, en consecuencia, quien legalmente está obligado a cumplir es el Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, no el síndico, ni el presidente municipal, y mucho menos cada uno de los regidores del Ayuntamiento de Trancoso, ya que el primero es el representante legal, el segundo, ejecutor de las determinaciones del propio Ayuntamiento, y los últimos, parte del cuerpo colegiado, que conjuntamente con aquéllos, integran el ente jurídico llamado Ayuntamiento, para la toma de decisiones; en tales condiciones, para que se pueda exigir el cumplimiento de la determinación dictada por la Legislatura del Estado de Zacatecas, en sus puntos resolutivos, en la que ordena al Ayuntamiento de Trancoso revocar los acuerdos tomados en sesión de Cabildo de veintinueve y treinta de septiembre de dos mil ocho, debiendo restituir a los regidores denunciantes en sus funciones, e informar sobre el cumplimiento de tal determinación, en cinco días hábiles, y en la que se precisó que los regidores suplentes que asumieron los cargos de regidores, cesarán en sus funciones a partir de la fecha en que se notifique al Ayuntamiento la resolución de que se trata; el Ayuntamiento debe ser notificado personalmente, por conducto de su representante legal, que es el síndico, para que esté en condiciones de cumplimentar la misma.

Considera aplicable al caso, la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO QUE PUEDA AFECTAR AL MUNICIPIO, POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL AL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DEL SÍNDICO (ESTADO DE MÉXICO)."

3. No obstante la falta de notificación aludida, ad cautelam, se plantea la causa de invalidez de la determinación dictada dentro del procedimiento administrativo marcado con el número de expediente DD/110/2008, sobre la denuncia interpuesta por Gloria Rosales Díaz, José Hernández Romo, Ismael Tenorio Cabrera y J. Guadalupe Juárez Juárez, por la destitución del cargo de regidores en la sesión celebrada el quince de octubre de dos mil nueve, ya que dicho acto se encuentra viciado de origen, pues por un lado, pretende resolver una situación planteada por quien se duele de ellos, pero resuelve en sentidos diversos, al grado de que el alcance del acto se extiende a afectar la esfera jurídica de derechos del Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, de quince de octubre de dos mil nueve, que fue notificada a Jesús Almanza Jiménez, síndico municipal mediante oficio DAP/1894, con el que se remitió la resolución que en esta vía se impugna, y que la parte demandada pretende comparar con el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación de la Legislatura Estatal, publicada en la Gaceta Parlamentaria de trece de octubre de dos mil nueve, en la que se describe el contenido completo de una resolución recaída dentro del expediente DD/110/2008, que para perjuicio al Municipio, y que fue aprobada por unanimidad de votos, en lo general y en lo particular, según se desprende del audio y video de la sesión del Pleno de la Legislatura Estatal.

Lo anterior, porque de la comparativa de dichos escritos, se deducen una serie de diferencias con la resolución impugnada, lo que deja al Municipio en total estado de indefensión, ya que mientras en la gaceta se publica completo el dictamen de referencia, en la resolución que se remite aparecen sendos cambios o diferencias que van desde aspectos formales, como separar el aspecto de resultandos y designarlo de esa forma y posteriormente enumerar los puntos en forma ascendente, siendo que en la que se notificó, no existe tal separación y en cada punto se agrega la palabra resultando; lo mismo ocurre en el apartado de considerandos, pues como ya se dijo en el dictamen aprobado por la legislatura, separa dicho apartado de considerandos y posteriormente se enumeran de forma ascendente el número de éstos, además de que, a foja 26 del dictamen publicado en la gaceta de trece de octubre de dos mil nueve, y a foja 13 de la resolución que se notificó a Jesús Almanza Jiménez de quince de octubre de dos mil nueve, se destaca lo siguiente: "De tal suerte que la resolución impone al Municipio de Trancoso, Zacatecas." mientras que en la publicada en trece de octubre de dos mi nueve, dice: "De tal suerte que la resolución que en su caso se pronuncie impondría al Municipio de Trancoso, Zacatecas."; en igualdad de condiciones, a fojas 31 de la gaceta y 22 de la que se notifica, aparece la siguiente diferencia: "A partir de la fecha en que se notifique la resolución que se pronuncie, sin que sus actuaciones llevadas a cabo por ellos se vean afectados por la resolución que se pronuncie" y "A partir de la fecha en que se notifique la presente resolución, sin que sus actuaciones llevadas a cabo por ellos se vean afectadas por el contenido de la resolución." asimismo, a foja 33 de la gaceta y 27 de la resolución que se notifica, se encontraron las diferencias de fondo siguientes: "Por lo expuesto y en atención a la revocación de los acuerdos que se estima declarar procedentes ...". "A partir de la fecha en que se notifique la resolución que se pronuncie" y la que se notifica dice: "Por lo expuesto y en atención a la revocación de los acuerdos que se estima declarar improcedentes ...", "A partir de la fecha en que se notifique al Ayuntamiento la presente resolución" de igual manera, a foja 35 de la gaceta y 30 de la resolución que se notifica se encontraron las siguientes diferencias: "Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 206, fracción II y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo es de proponerse y se propone único. Se apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen, en los términos descritos en la parte considerativa de este instrumento legislativo" y en la que se notifica dice: "Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 94 y 97 relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, es de resolverse y se resuelve ‘Primero. ...’, ‘Segundo. ...’, ‘Tercero. ...’, ‘Cuarto. ...’, ‘Quinto. ...’."

Que las diferencias detalladas anteriormente, vician la determinación dictada por la legislatura, por lo que ante tales contradicciones, se deja al Municipio actor, en un total estado de indefensión, por lo que debe declararse la invalidez de los actos que se reclaman.

4. Que también es causa de invalidez el acto que se impugna, el hecho de que la responsable, excediéndose en sus facultades, vaya más allá de lo que las partes piden y entre al estudio de una cuestión que no es de su competencia y que no le es pedida por las mismas, ya que con su actuar, al dictar la resolución que hoy se considera carente de validez, por repercutir directamente en el patrimonio del Municipio, pues la responsable pretende, sin contar con facultades claras, condenarlo al pago de las dietas o emolumentos laborales a los regidores destituidos del cargo, cuando por un lado no son trabajadores comunes, sino representantes de elección popular, es decir, son patrones, más aún cuando los mismos no devengaron tales prestaciones y, sin embargo; la responsable pretende fundarse para tal condena en el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, que establece que las sentencias anulatorias firmes tendrán el efecto que la dependencia o entidad en la que el servidor público presente o haya presentado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de los que establezcan otras leyes.

Que con base en tal disposición, la responsable resuelve en los términos descritos en el punto resolutivo tercero del acto reclamado que dice: "TERCERO. Deberá además el Municipio demandado, en términos de la presente resolución, restituir en el goce de sus derechos de los que privó a los regidores denunciantes con motivo de la emisión de los actos reclamados que fueron declarados nulos, debiendo, en consecuencia, cubrirles las dietas o emolumentos laborales que los quejosos debieron percibir durante todo el tiempo en que se les inhabilitó o destituyó y hasta que se les restituyan en el cargo que viene desempeñando, remitiendo a esta soberanía popular, constancia fehaciente de su cumplimiento en el término de cinco días hábiles a partir de la notificación."; circunstancia que es totalmente improcedente, pues obliga al Municipio a cubrir una especie de salarios caídos y demás prestaciones laborales, como si se tratara de un trabajador subordinado y al servicio del Municipio como patrón, cuando lo cierto es que no se puede considerar a éstos como trabajadores sino como parte del patrón por ser representantes sociales por elección popular.

Lo anterior aunado a que el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas claramente precisa que es un medio de impugnación contra las resoluciones dictadas por la contraloría, es decir, la competencia en todo caso es de ésta, y no de la Legislatura Estatal, más aún que ésta se refiere a sanciones impuestas por el propio Ayuntamiento o por la contraloría, mas no que con ello se confieran facultades a la Legislatura Estatal, pues el acto denunciado por los regidores que hoy se pretenden restituir, no consiste en la aplicación de una sanción en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, sino que se trata de una aplicación del párrafo tercero del artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio, por lo que es posible deducir que la responsable pretende causar un daño directo al patrimonio del Municipio de Trancoso, Zacatecas, apoyándose en una jurisprudencia inaplicable, pues se refiere a trabajadores que prestan un servicio personal subordinado al Municipio y que se le haya sancionado con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, y la que, impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, declara la nulidad del acto sancionador y se obliga al Municipio en calidad de patrón, a cubrir tales prestaciones, por lo que es competencia, por una parte, de la contraloría o del propio Ayuntamiento, fincar sanciones y, por otra, es facultad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, declarar su validez o su procedencia, lo que conduce a que la hoy responsable carece de facultades para resolver en los términos en que lo hace dentro del considerando cuarto, párrafo tercero, de la resolución de quince de octubre de dos mil nueve, por lo que es un acto carente de validez.

CUARTO. El actor considera que se viola en su perjuicio lo estatuido en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil nueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22260-75d24600/controversia-constitucional-la-resolucion-dictada-por-la-quincuagesima · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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