CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO DD/110/2008, RELATIVO A LA DENUNCIA EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE TRANCOSO, ZACATECAS, QUE CULMINÓ CON LA RESOLUCIÓN DE 22 DE ENERO DE 2009, EMITIDA POR LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO, CON RELACIÓN AL LLAMAMIENTO DE LOS REGIDORES SUPLENTES PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE AQUEL MUNICIPIO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 115, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2009. MUNICIPIO DE TRANCOSO, ESTADO DE ZACATECAS.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de mayo de dos mil nueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de febrero de dos mil nueve, Daniel Hernández Juárez y Jesús Almanza Jiménez, en su carácter de presidente municipal y síndico del Municipio de Trancoso, Zacatecas, respectivamente, promovieron controversia constitucional en la que señalaron como órganos demandados y actos impugnados los siguientes:
"II. Nombre y domicilio del demandado. Lo es la honorable LIX Legislatura del Estado de Zacatecas y/o el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas."
"IV. Acto reclamado. Lo es la resolución emitida en fecha 22 de enero del año dos mil nueve, en cesión (sic) extraordinaria celebrada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, misma que fue publicada en su Gaceta Parlamentaria de fecha veintidós de enero de dos mil nueve, tomo I, No. 0098, y que se anexa a la presente en copia debidamente certificada y que consta de veintiuno (sic) fojas útiles por ambos lados y al final una certificación de fecha veintinueve de enero de dos mil nueve por el secretario general de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Lic. Le Roy Barragán Ocampo, enlistado como punta (sic) número ocho del orden del día de dicha gaceta, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes, bajo protesta de decir verdad manifestamos que del acto reclamado nos enteramos el día 27 de enero de dos mil nueve, los suscritos, Daniel Hernández Juárez presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, por notificación hecha mediante oficio #DAP/1245, y Jesús Almanza Jiménez, sindico (sic) municipal y representante legal del H. Ayuntamiento Municipal de Trancoso, mediante oficio #DAP/1246, de fecha veintidós de enero de dos mil nueve que se agrega a la presente para que surta sus efectos legales correspondientes."
SEGUNDO. Como antecedentes del acto cuya invalidez se demanda se manifestaron los siguientes:
I. Que en fecha veintidós de octubre de dos mil ocho Daniel Hernández Juárez, presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, recibió oficio número 305/2008 enviado por la Comisión de Gobernación de la H. LIX Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual le informaron que se formó el expediente con el número DD/110/2008, luego de su primera lectura en sesión del Pleno de la H. Legislatura de dieciséis de octubre de dos mil ocho, y que mediante memorándum 401 de esa misma fecha, fue turnado el asunto a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen, determinando dicha comisión dar inicio a una investigación por presuntos hechos denunciados ante esa honorable legislatura, por parte de Gloria Estela Rosales Díaz, José Hernández Romo, J. Guadalupe Juárez Juárez e Ismael Tenorio Cabrera, todos ellos ex-regidores del Municipio de Trancoso Zacatecas; presentada en fecha catorce de octubre de dos mil ocho por medio del cual denuncian la destitución de su cargo, hecha por Daniel Hernández Juárez, presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, denuncia que dicen fue ratificada ante esa Comisión Legislativa el catorce de octubre del mismo año, en los términos previstos por la propia normatividad interna, dicho oficio contenía un anexo consistente en copia del escrito de denuncia antes referido, solicitando rindiera el informe circunstanciado, así como las pruebas que considerara convenientes por el que se le informó el inicio de la investigación sobre los hechos denunciados, mas no el inicio de algún procedimiento administrativo de sanción a que se refiere tanto la Constitución Local como el Reglamento General del Poder Legislativo, utilizando como fundamento lo previsto en la fracción VII del artículo 52 del Reglamento General del Poder Legislativo.
II. En fecha once de noviembre de dos mil ocho y encontrándose en tiempo y forma, vía Oficialía de Partes de la honorable Legislatura del Estado de Zacatecas, el ciudadano Daniel Hernández Juárez, presidente municipal de Trancoso, presentó el informe circunstanciado solicitado por la Comisión de Gobernación, mismo que lo tuvieron por rendido, y dentro del cual se negó la existencia del acto reclamado por los denunciantes. Dicha Comisión de Gobernación da cuenta de su recepción y de los anexos que se exhiben para ser tomados en cuenta al momento de resolver.
III. Que desconoce si el proceso seguido por la Comisión de Gobernación al investigar los hechos denunciados haya constado de alguna otra etapa, pues cabe señalar que el ciudadano Daniel Hernández Juárez, en ningún otro momento fue requerido para acto o diligencia alguna al respecto, y no fue sino hasta el día veintisiete de enero de dos mil nueve, que una persona del sexo masculino quien dijo ser personal al servicio de la H. Legislatura del Estado de Zacatecas, le notificó mediante oficio marcado con el número #DAP/1245 una resolución tomada por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado en sesión extraordinaria de fecha veintidós de enero del año en curso mediante la cual se resuelve sobre los hechos denunciados por los ex-regidores del Municipio de Trancoso, Zacatecas, presentada en su contra, y con efectos de notificación.
IV. En cuanto al licenciado Jesús Almanza Jiménez, en su calidad de síndico y representante legal del H. Ayuntamiento de Trancoso, tal como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado de Zacatecas, así como la Ley Orgánica del Municipio, manifestó bajo protesta de decir verdad, que su representada jamás fue o ha sido notificada o requerida para acudir a diligencia o acto alguno, relacionado con la denuncia de hechos que hoy deriva de una afectación y agravio directo de la que representa, sin que se haya dado oportunidad de haber sido oída y vencida en juicio, motivo a una presunta denuncia presentada por Gloria Estela Rosales Díaz, José Hernández Romo, J. Guadalupe Juárez Juárez e Ismael Tenorio Cabrera, todos ellos ex-regidores del Municipio de Trancoso, Zacatecas, en contra de Daniel Hernández Juárez, presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, por una supuesta destitución de sus puestos de regidores electos. Por lo que manifestó que su representada desconoce tanto la supuesta denuncia como el procedimiento seguido por parte de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado o por su Comisión de Gobernación, pues nunca fue su representada legalmente citada a comparecer o enterada de la existencia de la denuncia que hoy se impugna por esta vía y que le depara perjuicio, y no fue sino hasta el día veintisiete de enero del año en curso cuando en el local que ocupa su oficina dentro de la presidencia municipal de Trancoso, Zacatecas, acudió una persona del sexo masculino quien se identificó como empleado de la H. Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, a realizar una notificación mediante oficio marcado con el número DAP/1246, por medio del cual se notifica al H. Ayuntamiento de Trancoso por su conducto, una resolución tomada por el Pleno de la H. Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas en sesión extraordinaria de fecha veintidós de enero del año en curso, publicada en su Gaceta Parlamentaria bajo el tomo I, con el número 0098 de veintidós de enero de dos mil nueve, en su tercer periodo extraordinario, mediante la cual se resuelve una investigación instruida en contra de él sobre hechos denunciados por los ex-regidores del Municipio de Trancoso, Zacatecas.
V. De los antecedentes ya expuestos se deduce la clara afectación primero de las garantías de legalidad y de audiencia que debe seguirse en todo proceso y que la autoridad debe ceñirse estrictamente a resolver las cuestiones propuestas por las partes en conflicto y determinar con base y fundamento en las facultades que para ello otorga la Ley de la materia y como un antecedente flagrante en el que incurre la autoridad responsable H. Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, al resolver una situación sin antes haber oído a las partes interesadas en el juicio y determinar con toda claridad y precisión el tipo de procedimiento seguido, pues a manera de antecedente, sólo pueden ser sobre juicio político, declaración de procedencia o responsabilidad administrativa, cuestión que no atiende la responsable y resuelve sobre cuestiones inexistentes excediéndose en sus facultades e invadiendo la esfera competencial del Municipio de Trancoso.
TERCERO. La parte actora en la demanda señaló como violados los artículos 14, 16 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y planteó los conceptos de invalidez que se reproducen a continuación:
"Primero. Debe considerar este más Alto Tribunal de la Nación como una causa de invalidez y flagrante violación a los principios fundamentales de legalidad y audiencia que toda autoridad esta (sic) obligada a emitir cualquier determinación apegándose estrictamente a tales preceptos, pues, tal autoridad debe constituirse como garante del respeto estricto al debido proceso, al no haberlo hecho la hoy autoridad responsable violando en perjuicio de mi representada H. Ayuntamiento de Trancoso Zacatecas, lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que, el acto que se reclama le repera (sic) perjuicio directo sin que se le haya concedido la posibilidad de defenderse en juicio, dichos preceptos en su parte relativa establecen: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). Tal precepto constitucional establece la prohibición a la autoridad de realizar actos o acciones que tiendan a privar de los bienes jurídicos protegidos por esta garantía, a su titular, y sujeta a la autoridad a que deba cumplir con un conjunto de condiciones para que en su momento pueda emitir un acto de privación y éste sea constitucional, para lo cual, la autoridad deberá sujetarse a que el acto se dicte dentro de un juicio, en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento, y que sea substanciado conforme a las leyes dictadas con anterioridad al hecho, cabe destacar que al dictar un acto de privación la autoridad debe someterse estrictamente a las formalidades esenciales que señale el procedimiento, que son todos aquellos pasos procesales que deben observarse al momento de tramitar un juicio, es decir, son las reglas a que esta (sic) sujeto todo procedimiento seguido en forma de juicio, y que deben acatarse por los jueces o las autoridades ante quienes se hagan los trámites para cumplir con la garantía en comento, esto es, se debe dar la posibilidad a las partes, para que pueda comparecer a ella y defender su derecho, así como realizar todos los pasos procesales para que tenga una oportuna defensa, de igual forma la posibilidad de ofrecer los medios de prueba tendientes (sic) a acreditar sus excepciones y defensas, en igualdad de condiciones se dará oportunidad de alegar su derecho, y además se debe incluir toda manifestación que hagan cada una de las partes con motivo de las vistas que les mande dar el juzgador, por tanto, todo acto de autoridad que le pudiera reparar (sic) perjuicio a cualquier persona física o moral debe ser escuchada en juicio, de lo contrario incurre en una flagrante violación a la garantía que nos ocupa, por tanto todo acto que se jacte de ser valido (sic) deberá subsumirse estrictamente a cumplir con las leyes previamente establecidas con anterioridad al hecho ya que en caso contrario caería en violación al precepto constitucional que se invoca y, por tanto, en un acto carente de validez. Razón a lo anterior, al no haber cumplido la responsable con el procedimiento que establece la ley de la materia y que para el caso que nos ocupa, aún sin conceder, que pudiera haber sido el inicio a un procedimiento administrativo de responsabilidad, al no haber cumplido con dicho procedimiento ni llamar a juicio a la que represento y dictar el acto de autoridad que hoy se combate en esta vía, resulta viciado y carente de validez, pues la parte que represento jamás tuvo ni ha tenido conocimiento de la existencia de algún juicio seguido en su contra, ya que la responsable en ningún momento cumple con el procedimiento establecido, ni llama a mi representada como parte interesada por que le pudiera reparar perjuicio cualquier determinación en el que se permitiera hacer valer el derecho de quien represento, por lo que, al no darle su derecho de audiencia resulta el acto de autoridad que se impugna carente de validez y por tanto procedente la presente controversia constitucional, lo anterior se sustenta con la tesis jurisprudencial (No. Registro: 177,333. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, septiembre de 2005, tesis P./J. 115/2005, página 890). ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).’ (se transcribe). ‘Artículo 16.’ (se transcribe). En lo que corresponde a la invalidez del acto que se reclama y que deriva la violación que se analiza, es una condicionante con cargo a la autoridad, que recae en el acto de molestia, que consiste en toda perturbación o afectación que se actualice en una esfera jurídica, por lo que, esta garantía contempla a su vez tres subgarantías, que son el conjunto de obligaciones que tiene que cumplir la autoridad pública antes de dictar una (sic) acto de afectación, es decir, previo a que dicte un acto de autoridad debe cumplir con los requisitos que exige el artículo 16 constitucional, esos requisitos son: que el acto de autoridad conste en mandamiento escrito; que ese acto emane de autoridad competente; y que el acto esté debidamente motivado y fundado en la ley. Debemos entender por este último como fundamento legal únicamente cuando la autoridad indique en el mandamiento escrito, cuáles son los preceptos constitucionales o legales en que se apoya para emitir el acto de autoridad, debiendo hacer la fundamentación de su competencia y los motivos para que se dé el acto de molestia, y que para el caso que nos ocupa, la autoridad señalada como responsable, que lo es la H. Legislatura del Estado de Zacatecas, por un lado, si bien emite un mandamiento por escrito también lo es que dicho mandamiento no emana de la autoridad competente para dictarlo, pues con tal acto pretende invadir competencias que corresponde a la que represento, según lo prevé la propia Constitución Federal en su artículo 115, fracción I párrafo tercero, así como la propia del Estado en su artículo 126, último párrafo, las cuales remiten a la actuación con base en lo dispuesto por la ley tal como lo prevé el artículo 60, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, por lo que el acto al no encontrarse ajustado a tales preceptos carece de fundamento y motivación dicho acto de autoridad que se impugna por esta vía, aún más que dicho acto fue dictado sin que antes se haya escuchado en defensa a mi representada, sin que se le haya notificado o requerido sobre el conocimiento de la existencia de algún juicio, pues no se notifico o emplazo (sic) jamás al Ayuntamiento que represento por consecuencia el que se dicte un acto de una autoridad incompetente, carente de fundamento y sin que se haya dado la oportunidad de defenderse en juicio es un acto viciado y por consecuencia invalido (sic) lo cual da sustento a la procedencia de la presente controversia constitucional, resulta aplicable al caso que nos ocupa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (No. Registro: 177,331. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, septiembre de 2005, tesis P./J. 109/2005, página 891). ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.’ (se transcribe). SEGUNDO. Resulta una causa más de invalidez del acto que se impugna y desde luego aún sin conceder sobre las graves violaciones a la legalidad y audiencia antes descrita, lo es la invasión de competencia que pretende realizar la responsable sobre las facultades que concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción I párrafo tercero, a favor de mi representado H. Ayuntamiento de Trancoso Zacatecas, que a la letra dice: ‘Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.’. En igualdad de condiciones la propia del Estado en su artículo 126, último párrafo, describe tal competencia y la reserva a los Ayuntamientos al señalar que: ‘Si alguno de los miembros del Ayuntamiento dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.’. De lo que se desprende que al no desempeñarse el cargo o abandonarlo definitivamente deberá de actuarse en los términos de la ley, lo que conlleva a lo previsto por el artículo 60, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, que establece que: ‘La ausencia de los regidores y el síndico a tres sesiones de Cabildo consecutivas, sin causa justificada, tendrá el carácter de abandono definitivo, debiéndose llamar a los suplentes los cuales no podrán excusarse de tomar posesión del cargo sino por causa justificada que calificara la legislatura del Estado.’, de las disposiciones antes invocadas se desprende que el legislador reserva al Ayuntamiento la competencia exclusiva para el caso de un abandono definitivo del encargo, de algún miembro del Ayuntamiento llamar a su suplente y que dentro de nuestra legislación el citado artículo 60, párrafo tercero, es muy claro al dar competencia para el caso de un abandono definitivo para que pueda intervenir la legislatura solamente para que califique la excusa justificada de un suplente que se ha llamado para tomar el cargo y se niegue a hacerlo, por lo que, la autoridad responsable se excede en sus funciones e invade la esfera competencial reservada al Ayuntamiento causando un agravio directo y una violación a la autonomía del Municipio a que se refiere el artículo 115 de nuestra Carta Magna razón a ello es procedente la presente controversia constitucional, pues el supuesto fundamento que pretende utilizar la H. Legislatura del Estado de Zacatecas, y que describe en el considerando primero del acto que se impugna, resulta deficiente en apreciación y facultades de competencia, así como error en su interpretación pues la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas en su artículo 10, limita a la autoridad responsable a tres ti
os de procedimientos para sancionar a los servidores públicos, sobre juicio político, declaración de procedencia o responsabilidad administrativa y, para el caso que nos ocupa a mi representada jamás se le informa o notifica sobre el inicio de procedimiento alguno y sin embargo no obstante que no existe denuncia alguna en contra de mi representada o acto que se le reclame la Legislatura del Estado de Zacatecas, tramita un supuesto procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de mi representada a quien le resulta un perjuicio directo mediante el acto que se impugna sin que tenga competencia para dictarlo en los términos en que lo hace. Igualmente resulta carente de validez el acto que se impugna por esta vía al resolver la responsable H. Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, en los términos del considerando segundo, ya que en él en su parte preliminar señala: ‘Los denunciantes reclaman en esencia la ilegal destitución de sus cargos por parte del presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, quien sustenta dicho acto en la inasistencia consecutiva a tres sesiones de Cabildo por parte de los regidores denunciantes.’. En atención a lo anterior debo señalar que los actos según la responsable se reclaman del presidente municipal de Trancoso, mas no de mi representada H. Ayuntamiento de Trancoso, y sin embargo al resolver la responsable el presente asunto le repara (sic) perjuicio tal coMo (sic) se desprende de los puntos resolutivos primero, segundo y tercero que a letra dicen: (se transcriben). De tal considerando y resolutivos antes descritos sólo deja ver la responsable que, por un lado se olvida que de la parte que represento no se reclama ningún acto sino que los supuestos denunciantes reclaman actos del presidente municipla (sic) de Trancoso, que el acto que se demanda lo es una supuesta destitución de sus cargos como regidores del H. Ayuntamiento de Trancoso, actos que desde luego no se hacen del conocimiento de mi representada y por tanto constituyen agravios directos a la que represento. La responsable es omisa además dentro del acto que se impugna al no señalar en su punto resolutivo tercero a quien se ordena notificar y la forma en que deba hacerlo esto es, sólo se limita a determinar que se notifique y se cumpla lo que conlleva a que de igual forma se deje en estado de indefensión a los terceros interesados que de igual forma al igual que a la parte que represento les resulta un agravio con el acto de autoridad que se combate al no ser llamados a juicio y no se les ordena notificar la resolución que se impugna y sin embargo también les repararía perjuicio de ejecutarse en los términos y condiciones en que se determina por la hoy responsable razón a todo ello deberá tener como terceros interesados a los C. Olga Susana Ovalle Hernández, C. Juan Pedro Mauricio Juárez, C. José Luis Saucedo Oliva, y José Maneul (sic) Rivera Cordero para que sean llamados a juicio en los términos de ley. Tercero. Es causa de invalidez del acto que se reclama por parte del suscrito ciudadano Daniel Ernández (sic) Juárez presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, pues la responsable H. Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, violenta los principios más elementales de derecho y del debido proceso al dictar la resolución de fecha veintidós de enero del año en curso, misma que se constituye como el acto de invalidez que se reclama por esta vía, en la que sin tener sustento legal ni probatorio alguno determina mediante una resolución la aplicación de apercibimientos y determinación de revocación de acuerdos de Cabildo fuera de su esfera de competencia e irrumpe en la esfera que le es exclusiva a los Municipios y en particular para el caso que nos ocupa, para el H. Ayuntamiento de Trancoso, a que se refiere el artículo 115, fracción I párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 126, último párrafo, de la Constitución Política del Estado; así como lo previsto por el artículo 60 tercer párrafo de la Ley Orgánica del Municipio esta del Estado de Zacatecas, pretendiendo justificar un procedimiento que atodas (sic) luces conculca derechos de legalidad y audiencia contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la determinación que toma la responsable agravia al suscrito en todas y cada una de sus partes y en particular en lo referente a los considerandos primero y segundo, así como en sus resolutivos primero, segundo y tercero, ya que tal como se desprende de la que se impugna la responsable se olvida de atender a conciencia las formas, los actos que se reclaman y precisar de quién se reclaman dichos actos para determinar su existencia y por quién fueron perpetrados, pues cabe señalar que si bien existe una denuncia presentada por loa (sic) C.C. Gloria Estela Rosales Díaz, José Hernández Romo, J. Guadalupe Juárez Juárez e Ismael Tenorio Cabrera, todos ellos exregidores del Municipio de Trancoso, Zacatecas, mediante la cual interponen formal y legal denuncia en contra del ciudadano Daniel Hernández Juárez, presidente municipal de Trancoso, pero son omisos al señalar si dicha denuncia se hace por actos realizados en su calidad de ciudadano o en su carácter de presidente municipal de Trancoso, y la responsable en ninguna de sus partes advierte tales omisiones, sino por el contrario entra al estudio de actos inexistente (sic) y resuelve cuestiones que no le son propuestas por las partes excediéndose en sus facultades al resolver mas haya (sic) de lo que las partes le solicitan, violentando lo previsto en el (sic) artículos 11 punto 1 fracción I, 12, 13 punto 1, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, y con ello la legalidad que se reclama por esta vía, pues en tales preceptos se determina con toda claridad que las partes podrán denunciar y deberán probar su dicho con los elementos de prueba fehacientes pues quien afirma está obligado a probar, sin que demuestre la hoy responsable que su resolución se encuentra sustentada en elementos probatorios aportados por las partes razón a ello resulta procedente la presente controversia; de igual forma son omisos los denunciantes y no lo advierte la responsable al dictar el acto de autoridad que se considera carece de validez, si las imputaciones que se le reclaman lo hace con carácter de ordenadora o ejecutora, pues no exhiben elemento de prueba alguno con el que se puede determinar tal acontecimiento, para ello debo señalar que si bien los artículos 19 fracción I y 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como lo previsto por el artículo 206 fracción II del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, faculta a la legislatura a atender denuncias que presenten las personas con interés jurídico de hechos realizados por servidores públicos y que sean violatorios de las disposiciones legales aplicables, también lo es que se exigen requisitos de procedencia los cuales no fueron atendidos en ninguna de sus partes por la responsable dentro del acto que se impugna pues dentro del considerando primero se limita a pretender fundamentar su actuar en disposiciones que nada tienen que ver con el resultado del acto que hoy se considera inválido, pues cabe hacer mención que el procedimiento seguido por la H. Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Zacatecas, resulta viciado de origen ya que dicha autoridad responsable sólo tiene facultades para desarrollar tres tipos de procedimientos y que son juicio político, declaración de procedencia o responsabilidad administrativa, en los términos de los artículos 151, 152, 153 y 154 de la Constitución Política del Estado, así como lo previsto por el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, y sin embargo al momento de citar al suscrito Daniel Hernández Juárez presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, lo hacen para que rinda un informe circunstanciado por el inicio de una investigación motivo a una denuncia de hechos, es decir, jamás se dio inicio a ningún procedimiento de responsabilidad y sin embargo la responsable mediante el acto que hoy se impugna resuelve aplicando sanciones, tal como se desprende de los puntos resolutivos primero y segundo de la que se combate, igualmente la responsable omite analizar correctamente las pretensiones de la s (sic) partes, pues tal como se desprende del considerando segundo, pues, en su parte preliminar señala: ‘Los denunciantes reclaman en esencia la ilegal destitución de sus cargos por parte del presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, quien sustenta dicho acto en la inasistencia consecutiva a tres sesiones de Cabildo por parte de los regidores denunciantes.’. Lo que resulta falso ya que el suscrito en todo momento negué (sic) la existencia del acto que se me reclama tal como se desprende del informe circunstanciado rendido ante la hoy responsable, pues el suscrito jamás realice (sic) acto alguno tendiente (sic) a destituir del cargo de regidores a dichos denunciantes tal como se demostró en tiempo y forma ante la H. Legislatura del Estado de Zacatecas, olvidándose dicha autoridad responsable de lo ya señalado, es decir, precisar que se reclama y de quien se reclama, sin embargo, tal como lo dispone el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, último párrafo que a la letra dice: ‘Artículo 150.’ (se transcribe), aunado a ello y según lo dispone el artículo 3 del (sic) la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, la carga de la prueba le corresponde a quienes denuncian o solicitan el fincamiento de responsabilidad así como, lo previsto en los artículos 193 del Reglamento General del Poder Legislativo, atento a lo anterior debemos atender a que dadas las atribuciones que confiere el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación al artículo 206 fracción II de (sic) Reglamento General del Poder Legislativo, se debe entender que corresponde a las partes demostrar la existencia del acto reclamado y que dicho acto le es imputable al servidor público que se señala como responsable, esto es, toda persona que denuncie conductas que violen disposiciones legales deberá demostrar con elementos de prueba su existencia, es decir a quien denuncia le corresponde la carga de la prueba y para el caso que nos ocupa los denunciantes tal como se desprende del acto que se impugna jamás demostraron que el suscrito C. Daniel Hernández Juárez, presidente municipal de Trancoso, haya realizado acto alguno tendiente (sic) a destituirles del cargo de regidores, al no haberlo demostrado se debe declarar inexistente y, por tanto, procedente la declaración de invalidez
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21663-5b7ce0d4/controversia-constitucional-lo-actuado-en-el-procedimiento-dd · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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