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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DEL ACUERDO EMITIDO POR EL CONGRESO LOCAL POR EL QUE SE ESTIMA IMPROCEDENTE Y SE DESECHA LA CONTROVERSIA RESPECTIVA, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE COEXISTEN DOS ACCIONES CONTRADICTORIAS CUANDO EL MUNICIPIO TAMBIÉN SOLICITÓ LA FIJACIÓN DE LÍMITES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2005. · Registro digital (IUS): 19863
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, , Pág. 871.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2005. MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de octubre de dos mil seis.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el treinta de agosto de dos mil cinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lauro Castillo Sánchez, quien se ostentó como síndico del Municipio de Puebla, Estado de Puebla, promovió controversia constitucional en representación de ese Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por la autoridad que a continuación se señala:

"3.2. Parte demandada y domicilio (la entidad, poder u órgano demandado y su domicilio). La parte demandada es el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla ... 3.4. Actos cuya invalidez se demanda ... el acuerdo emitido en sesión plenaria ordinaria de fecha jueves veintitrés de junio del año dos mil cinco, mismo que me fuera notificado el día cinco de julio del año dos mil cinco, a través del oficio número 1250."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:

"3.6.1. Con fecha seis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, justificando como una medida para proveer lo necesario en cuanto a la prestación de servicios públicos y promover una mejor distribución del empleo en las entonces zonas aledañas al Municipio de Puebla, emitió un decreto por el cual se suprimían los Municipios de San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa, Resurrección y Totimehuacán y, en consecuencia, determinaba las nuevas fronteras y límites territoriales del Municipio de Puebla, haciendo referencia dentro de su texto, por consiguiente, a la determinación de la zona limítrofe existente entre este Municipio de Puebla y el Municipio de San Andrés Cholula; decreto congresional que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día treinta de octubre del año de mil novecientos sesenta y dos. Conforme al artículo primero transitorio, ese decreto surtió sus efectos a partir del quince de febrero de mil novecientos sesenta y tres, por lo que se refiere a la integración del Municipio de Puebla, dentro del área que se le asigna. 3.6.2. Con fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla emitió decreto por el que se fijan únicamente los límites del centro de población de la ciudad de Puebla, Municipio del mismo nombre, que comprende una superficie total de ciento noventa y tres kilómetros cuadrados; al mismo tiempo, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla enuncia las áreas urbanas comprendidas en la superficie delimitada y que, por tanto, pertenecen a la administración del Municipio de Puebla, decreto congresional que fue publicado el día nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno y que, de acuerdo a su artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación. 3.6.3. Con fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el decreto mediante el cual se fijan los límites del centro de población de la ciudad de Puebla. 3.6.4. Tal como se desprende del decreto de fecha treinta de octubre de mil novecientos sesenta y dos, emitido por el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, único instrumento legal que hasta la fecha existe y en donde se establecen debidamente los límites del territorio del Municipio de Puebla, se arriba a la conclusión de que, entre otros asentamientos, pertenecen a este Municipio de Puebla los de las zonas: Guadalupe (ejido Romero Vargas), Camino Real a Cholula (fraccionamientos), Rincón de San Andrés, La Cañada (Romero Vargas), La Concepción, Villa Alejandra, Villa Zavaleta, Santa Cruz Buenavista, Arcos del Sur, La Flor de Nieve, zona residencial anexa Estrellas del Sur, Estrellas del Sur (fraccionamiento), Unidad Palma, Santa Cruz Los Ángeles, Residencial Esmeralda, Granjas Atoyac, Villa Florencia, San Miguel La Rosa, Rinconada Sur Oriente, Rinconada Sur Poniente, centro comercial Angelópolis, corredor comercial desarrollo Atlixcáyotl, Infonavit Mateo de Regil Rodríguez, Geovillas Cipreses, unidad habitacional Cemac, Vanguardia Magisterial, Fovissste San Roque, Rincón Arboledas, Bosques de Angelópolis, cortijo La Herradura, conjunto residencial El Pilar, conjunto habitacional Villas de Atlixco, conjunto habitacional Momosa, Residencial San Ángel, Geovillas Atlixcáyotl La Hacienda, Concepción La Cruz, Geovillas Atlixcáyotl, ampliación Concepción La Cruz, corredor comercial zona boulevard Atlixco, Jardines de San José, San José Vista Hermosa, Concepción Las Lajas, conjunto Amanecer, La Providencia, Hacienda del Camino Real, Vista del Volcán, San Bernardo, Residencial Zavaleta, El Molinito, ampliación Guadalupe Norte, Concepción Guadalupe, Concepción Guadalupe Sur y todas las colonias, fraccionamientos, centros comerciales, etcétera, ubicados dentro del polígono que el Congreso del Estado decretó como límite del Municipio de Puebla, están ubicadas dentro del territorio del Municipio de Puebla, determinando, específicamente, ciertas zonas habitacionales y fraccionamientos ubicados dentro del Municipio; sin embargo, por el crecimiento de la mancha urbana y los cambios determinados en los planes de desarrollo urbano aplicados al Municipio desde la fecha de creación de dicho decreto y hasta estos días, es evidente que el área ha sufrido cambios, creándose nuevas zonas comerciales, habitacionales o mixtas que incrementan el espacio ocupado por la mancha urbana, las cuales también quedan comprendidas en la circunscripción territorial del Municipio de Puebla. 3.6.5. Con fecha veinticinco de junio del año dos mil dos, el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, representado por el presidente municipal y el Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, también representado por su presidente municipal, celebraron convenio de colaboración, para el efecto de establecer la forma y procedimiento a seguir en la denominada consulta popular sobre los territorios existentes entre los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula y con la finalidad de llevar a cabo un instrumento de opinión y participación ciudadana, para la determinación de los límites territoriales. 3.6.6. Con fecha diez de julio del año dos mil dos, fue presentado ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el oficio número SG/471/2002, emitido por el secretario general del honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, mismo que, con fecha once de julio del año dos mil dos, fue turnado por el Pleno del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del mismo Congreso, oficio a través del cual se somete a consideración de esa soberanía, el convenio de colaboración celebrado por los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, respecto a la consulta popular, celebrada el día treinta de junio del año dos mil dos y, en particular, la redefinición de límites territoriales entre ambos Municipios. 3.6.7. De igual manera, con fecha diez de julio del año dos mil dos, fue presentado ante el honorable Congreso del Estado de Puebla, el oficio número 4.S.5.G./DJ./563/2002, emitido por el secretario general del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, mismo que, con fecha dieciocho de julio del año dos mil dos, fue turnado por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del mismo Congreso, oficio por el cual se somete a consideración de esa soberanía, el convenio de colaboración celebrado por los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, respecto a la consulta popular celebrada el día treinta de junio del año dos mil dos. 3.6.8. Esta autoridad municipal que represento, tuvo conocimiento de una serie de actos llevados a cabo por parte del Municipio de San Andrés Cholula, dentro del territorio del Municipio de Puebla, mismos que sustentaron la controversia por cuestiones de límites territoriales o competencia por territorialidad, que fue promovida por el suscrito, en mi calidad de síndico municipal del honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en fecha cuatro de abril del año dos mil cinco, en contra de actos concretos realizados por el referido Municipio de San Andrés Cholula, controversia que fue sometida a la consideración del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y que se hizo consistir en los siguientes: 3.6.8.1. Que las autoridades del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula han prestado servicios públicos (seguridad vial y seguridad pública), dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Puebla, servicios públicos municipales, que deben ser prestados por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, toda vez que se encuentran dentro de los límites de su territorio. 3.6.8.2. Que las autoridades del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula han llevado a cabo actos de gobierno dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Puebla y respecto a colonias que pertenecen a este Municipio de Puebla, tales como la convocatoria a elección de presidentes de Juntas Auxiliares y de las colonias, que han quedado señaladas en el cuerpo del presente ocurso y que pertenecen a este Municipio. 3.6.8.3. Que las autoridades del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula han llevado a cabo actos de cobro de contribuciones a los habitantes del Municipio de Puebla, mismos que motivaron la controversia doméstica. 3.6.9. Al respecto, cabe precisar que, en el texto del escrito a través del cual promoví controversia por cuestiones de límites o competencia por territorialidad, esta autoridad municipal que represento, con relación al convenio de fecha veintiséis de junio del año dos mil dos, celebrado entre los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, ambos del Estado de Puebla, por el cual realizaron una consulta popular entre los habitantes de la zona, para determinar los límites de competencia entre ambos Municipios, manifesté ante el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otras cosas, lo siguiente: Que no obstante lo resuelto por la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, en el sentido de desechar la solicitud propuesta por los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, por ser notoriamente improcedente, consecuencia de que los límites territoriales existentes entre ambos Municipios, se encuentran contenidos en el decreto de fecha seis de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha treinta de octubre del mismo año, el acuerdo llevado a cabo por los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, a través de su representación legal, de fecha veinticinco de junio del año dos mil dos, surtió todos y cada uno de sus efectos legales entre las partes. Que la celebración del convenio supracitado, signado entre los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, a través de su representación legal, de fecha veinticinco de junio del año dos mil dos, interrumpió el término para la prescripción, toda vez que fue el mecanismo que decidieron llevar a cabo para la solución del conflicto de límites territoriales, con independencia de que procediera o no. Que si bien es cierto que los artículos 17 y 78 de la Ley Orgánica Municipal, señalan que son atribuciones de los Ayuntamientos: ‘... X. Celebrar convenios con los Ayuntamientos integrantes de una misma región económica del Estado, para estudiar la congruencia entre los egresos y los ingresos de cada uno, que les sean comunes; ... XVIII. Promover cuanto estime conveniente para el progreso económico, social y cultural del Municipio y acordar la realización de las obras públicas que fueren necesarias; XIX. Establecer las bases sobre las cuales se suscriban los convenios o actos que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento, siempre y cuando los mismos sean acordados por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento o del Concejo Municipal, en los casos que establezca el presente ordenamiento, para obtener la aprobación a que se refiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; ... LV. Intervenir en los procedimientos que establezca la ley, para la solución de los conflictos que se presenten con otros Municipios o con el Gobierno del Estado, con motivo de la interpretación y aplicación de los convenios que se celebren entre éstos.’. También es cierto que los convenios que lleven a cabo los Municipios correspondientes, sólo tendrán vigencia por el lapso que dure su gestión, esto es, tres años, siempre y cuando el Ayuntamiento entrante no convalide tal acuerdo de voluntades, ya que los convenios celebrados entre dos Municipios durante su gestión municipal, no ratificados por los Ayuntamientos que los sucedan, dejarán de surtir sus efectos legales al término de su gestión, como lo es en la especie el convenio multicitado. Que, por ende, el convenio de fecha veintiséis de junio de dos mil dos, celebrado entre los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, ambos del Estado de Puebla, en virtud del cual someten a una consulta popular entre los habitantes de la zona, la determinación de los límites de competencia entre ambos Municipios, dejó de surtir sus efectos el día quince de febrero del año en curso (fecha en que constitucionalmente la presente administración municipal entró en funciones), al no haber sido ratificado el citado convenio, por los Municipios signantes. Que no obstante lo anterior, los actos que se reclamaron en la controversia territorial fueron llevados a cabo en fechas recientes. Que la limitante constitucional de dicho convenio radica en que surte sus efectos sólo durante el periodo en que se signó, si éste no es ratificado, como en la especie ocurrió, tal como lo prevé el artículo 57, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y que, por ello, se advertía su inexistencia. Que es a partir de su conclusión, esto es, el día quince de febrero del año dos mil cinco y ante la negativa del Congreso del Estado para aprobar sus resultados, que se reactivaba el término. Que el término de la controversia no pudo correr, si ambas partes aceptaron un mecanismo de conciliación que fracasó. 3.6.10. Con fecha siete de abril del año dos mil cinco, el presidente municipal y el síndico municipal, ambos del honorable Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, presentaron ante el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el oficio número PM/036/05, en virtud del cual solicitaron a esa soberanía, se pronunciara respecto del convenio señalado en los puntos que anteceden. 3.6.11. Con fecha veintitrés de junio del año en curso, el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla resolvió respecto de la presentación de la controversia por de límites territoriales o competencia por territorialidad, que le fue planteada por esta autoridad municipal, declarándola improcedente y desechándola de plano, por los siguientes motivos: ‘Primero. La Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla es competente para conocer respecto de la admisión, procedencia y sustanciación de la presente controversia por cuestiones de límites territoriales o competencia por territorialidad, entre los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, ambos del Estado de Puebla.’. ‘Segundo. Se tiene por acreditada la personalidad del promovente, abogado Lauro Castillo Sánchez, en su carácter de síndico y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Estado de Puebla, tal como lo acredita con las copias certificadas exhibidas de la constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Puebla, del Instituto Electoral del Estado y el acta de la sesión ordinaria de Cabildo, de fecha dieciséis de febrero del año dos mil cinco, en donde consta la toma de protesta como síndico municipal del Ayuntamiento de Puebla, documentos que, en términos de lo dispuesto por los artículos 102, 105, fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, acreditan la representación y personalidad del citado funcionario municipal, para incoar el presente procedimiento.’. ‘Tercero. Se tiene nombrando por la parte actora, a efecto de recibir notificaciones, se impongan de autos o reciban copias a su nombre ante esta soberanía, a los siguientes ciudadanos: José Ernesto Ramírez López, Raúl Campillo Díaz, José Manuel Treviño López, Rosa Isela Ávalos Méndez, Práxedis Caritino Bravo Tlacatelpa, Jesús Humberto Rodríguez López y Rafael Alejandro Corona Fortunio.’. ‘Cuarto. La presente controversia por cuestión de límites territoriales o competencia por territorialidad, fue promovida en tiempo, en atención a que el artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal, señala que: «... Las controversias por límites se deberán iniciar mediante escrito interpuesto dentro de cualquiera de los siguientes plazos: I. Tratándose de actos, dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley de la cual emana el acto reclamado, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución ...», por lo que, al establecerse por parte del Ayuntamiento promovente que, a partir del día quince de febrero del año dos mil cinco, se han llevado a cabo los actos concretos de los que se duele el honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el término comenzó a correr el día dieciséis de febrero del año dos mil cinco, para el efecto de interponer la controversia por cuestiones de límites o competencia por territorialidad, entre los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, tomando en consideración que los actos que se reclaman en concreto, han sido llevados a cabo: por lo que aduce el promovente, respecto a actos de pago de contribuciones a partir del día quince de febrero del año en curso y, por lo que respecta a los actos de prestación de servicios municipales (seguridad vial y seguridad pública) y convocatorias de Juntas Auxiliares y colonias de que tuvo conocimiento con fecha veinticuatro de marzo del año en curso y tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal señala el término de treinta días a partir de que se tiene conocimiento del acto o norma cuya invalidez se reclama; por ende, esta autoridad advierte que la citada controversia por cuestiones de límites o competencia por territorialidad, fue presentada en tiempo, en razón de haber sido presentada en la Secretaría General del Congreso del Estado, con fecha cuatro de abril de dos mil cinco.’. ‘Quinto. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal, el estudio de la procedencia de la demanda es determinante y preferente para la admisión o desechamiento de la controversia intentada por el Ayuntamiento de Puebla, con fecha cuatro de abril del año en curso y advirtiéndose que, en la especie, se encuentran pendientes de resolución las solicitudes presentadas con fecha once de diciembre de dos mil dos, por el mismo Ayuntamiento de Puebla y el de San Andrés Cholula, es de considerarse que nos encontramos ante acciones contradictorias, ya que, de un análisis puntual de los oficios presentados a esta soberanía y, específicamente, el suscrito de manera conjunta y presentado el once de diciembre de dos mil dos por los Ayuntamientos de Puebla y San Andrés Cholula, se advierte la contradicción en las acciones intentadas, cuando en los puntos petitorios de los oficios de referencia solicitan que la resolución que al respecto emita el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla se apegue a una determinación derivada de un convenio para concluir una controversia y, por la otra, mediante el escrito presentado con fecha cuatro de abril del año en curso, se promueve por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la controversia por cuestión de límites territoriales o competencia por territorialidad, posición que resulta por demás contraria, ya que es de explorado derecho que cuando haya varias acciones que provengan de una misma causa, no pueden acumularse, menos cuando una dependa del resultado de la otra. En otras palabras, las acciones que se intenten no deben contraponerse entre sí, de modo que cuando proceda una se excluya la otra. En tal virtud, en términos de lo dispuesto por los artículos 16 y 21 de la Ley Orgánica Municipal, se declara improcedente y se desecha de plano la controversia por cuestión de límites territoriales o competencia por territorialidad, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en contra de actos del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, presentada por el abogado Lauro Castillo Sánchez, en su carácter de síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla.’. 3.6.12. Con fecha veintitrés de junio del año en curso, el Pleno del Congreso del Estado resolvió respecto a la presentación de la solicitud del presidente y síndico municipales del Ayuntamiento del Municipio de Puebla (oficio en virtud del cual solicitan a esa soberanía, se pronuncie respecto al convenio señalado en el presente ocurso), a efecto de que proceda a la redefinición de los límites territoriales entre los Municipios de Puebla y San Andrés Cholula, solicitud que fue desechada."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:

"Mi parte desarrollará los conceptos de violación (sic) a partir de un silogismo, en el que, en la premisa mayor, se analizan las disposiciones constitucionales que se estiman violadas con los actos cuya anulación se reclama; en la premisa menor, se recopilan antecedentes y contenido de la resolución impugnada, mientras que, en la conclusión, se expondrá el resultado de confrontar las premisas mayor y menor. Premisa mayor. 1. El Municipio y su ámbito territorial de competencia. El autor Reynaldo Robles Martínez, en su obra ‘El Municipio’, citando al maestro Ignacio Burgoa Orihuela, señala que: ‘El Municipio implica, en esencia, una forma jurídico-política, según la cual se estructura una determinada comunidad asentada sobre el territorio de un Estado ...’ (4a. edición, Editorial Porrúa, México, 2000, páginas 39 y 40). Al efecto, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre ...’, de lo que deriva que el Municipio es una forma jurídica de organización política, administrativa y territorial, en las entidades federativas. Lo anterior se reafirma en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la cual, en su artículo 102, establece que: ‘El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado ...’. De lo anterior se infiere que el Municipio se encuentra conformado por tres elementos esenciales que interactúan entre sí, siendo los dos primeros su población y el orden jurídico que le sirve de marco regulatorio; el tercer elemento lo constituye el espacio en el que ejercita sus atribuciones, es decir, el Municipio es identificado con el territorio geográfico en el cual circunscribe su competencia jurisdiccional. Por su parte, el jurista Carlos F. Quintana Roldán, en su obra ‘Derecho Municipal’, citando a Hans Kelsen, señala que: ‘El territorio de un Estado no es otra cosa que el ámbito espacial de validez del orden jurídico llamado Estado.’ (Editorial Porrúa, México, 1995, páginas 154 y 155). Es decir, el territorio es uno de sus elementos constitutivos, al igual que lo son el poder de mando y la población. En forma sucinta, el concepto de Estado se integra por la existencia de un poder público ejercido sobre la población, comprendida dentro de un espacio territorial determinado. Así, el territorio de un Estado no es otra cosa que el ámbito espacial de validez del orden jurídico. Aunado a las ideas anteriores, es importante destacar los conceptos que al efecto expresa el maestro Felipe Tena Ramírez, en su obra ‘Derecho Constitucional Mexicano’, señalando, entre otros, que: ‘El territorio nacional no pertenece a ninguno de los dos órdenes coextensos (Federación y Estados-miembros), sino a la nación, representada generalmente por el Gobierno Federal, es decir, que el territorio nacional no es pertenencia de los Estados-miembros ni del Gobierno Federal, sino que es en el territorio nacional donde aquéllos y éste ejercen sus jurisdicciones respectivas.’. Asimismo, señala que: ‘En el sistema federal, el área geográfica no es sino la medida de la jurisdicción en el espacio, lo que, en última instancia, se resuelve en aplicabilidad para los Estados-miembros y sólo para ellos. De la teoría de Jellinek, se desprende que los Estados-miembros ejercen dentro del territorio de su circunscripción, no un dominum sobre el territorio, sino un imperium sobre las personas; de esta forma, los Estados-miembros usufructúan una potestad refleja sobre el territorio.’. Así ‘el territorio no sirve para los Estados sino como base o asiento de su jurisdicción. El límite, en el espacio, de cada jurisdicción, se marca en la superficie sobre la cual se ejerce.’. Así vemos que, derivado del anterior razonamiento, podemos aseverar que la ‘... jurisdicción consiste en la facultad que tienen la Federación y los Estados para dictar leyes y aplicarlas dentro de determinado territorio.’ (confróntese: Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 26a. edición, Editorial Porrúa, México, 1992, páginas 189 a 191). El Municipio, al igual que la Federación y las entidades federativas, tiene como uno de sus elementos integrantes a la extensión territorial; por lo que respecta al ámbito municipal, el jurista Carlos F. Quintana Roldán, citando a Arnoldo Shewerert Ferrer, señala en su obra ‘Derecho Municipal’, que: ‘sin territorio, no puede haber Municipio’, de ahí que se haya dicho que éste no está limitado, sino que está constituido por el territorio, es decir, el territorio le pertenece jurisdiccionalmente. (Editorial Porrúa, México, 1995, páginas 154 y 155). Abundando en lo anterior y con relación al elemento territorial, debemos señalar que: ‘El territorio donde se asienta el Municipio le es propio, pero no exclusivo, ya que forma parte de un territorio mayor, el del Estado; por tanto, el Municipio no tiene un ámbito de validez especial exclusivo, pero sí propio.’ (Robles Martínez, Reynaldo, El Municipio, 4a. edición, Editorial Porrúa, México, 2000, página 216). Concluyendo, de los criterios antes señalados, se establece la trascendencia que para los Municipios tiene la existencia del elemento territorial, entendido éste como un concepto jurisdiccional, que les permite tener competencia para la ejecución de los actos que en forma de gobierno realizan. Conformando (sic) lo antes expuesto, es importante destacar que, a su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio, relacionando el concepto de ‘jurisdicción’ con el de ‘territorio’, en la tesis P./J. 40/99, identificada bajo el rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA EXPRESIÓN «JURISDICCIONES», CONTENIDA EN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE REFIERE AL TERRITORIO EN EL QUE LOS MUNICIPIOS EJERCEN SUS FACULTADES. La interpretación armónica y sistemática de las fracciones III y V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lleva a concluir que la expresión «jurisdicciones», empleada en tal precepto, en las frases «... de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones ...» y «... controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales ...» se refiere al territorio sobre el que los Municipios ejercen sus facultades.’. 2. Facultad del Congreso Local en materia de límites territoriales. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. Las Legislaturas Locales, por acuerd

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19863-d1a6bc09/conflicto-de-limites-territoriales-en-el-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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