EVALUACIÓN DEL REQUISITO DE RAZONABILIDAD. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA 2006, QUE REGULAN LA TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL, AL CUMPLIR CON LA MOTIVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES, SON CONSTITUCIONALES. HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON CRITERIOS DE CARÁCTER CUALITATIVO Y NO CUANTITATIVO, CON BASE EN LOS CUALES DEBE DETERMINARSE LA RAZONABILIDAD DE LA MOTIVACIÓN DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES. HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON PARÁMETROS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES. HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN. HACIENDA MUNICIPAL. LA VIOLACIÓN A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SÓLO PODRÁ IMPUGNARSE POR EL MUNICIPIO AFECTADO Y NO POR LOS PARTICULARES, TODA VEZ QUE NO INCIDE EN LA FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD PARLAMENTARIA. HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN SEPARARSE DE LAS PROPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN SOBRE UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE. HACIENDA MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN VII, Y 19, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA 2006, AL ESTABLECER SUPUESTOS DE EXENCIÓN, TRANSGREDEN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2006. MUNICIPIO DE MORELIA, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de junio de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el siete de febrero de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Macouzet Zamacona, quien se ostentó como síndico y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan:
1) Del Poder Legislativo del Estado de Michoacán se reclama la aprobación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintisiete de diciembre de dos mil cinco, específicamente por lo que se refiere a la modificación de los artículos 6o., 7o., 5o., 9o., 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 48, 49 y 51 de la propuesta enviada por el Municipio.
2) Del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo se reclama la promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia para el ejercicio fiscal de dos mil seis.
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
1) Que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil cinco, se llevó a cabo la sesión ordinaria de Cabildo, a través de la cual se analizó, discutió y aprobó por parte de los integrantes del Ayuntamiento, el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil seis, y con esa misma fecha, se envió ante el Congreso del Estado para su aprobación.
2) Que como se infiere del contenido del Periódico Oficial del Estado, de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil cinco, el Congreso del Estado, con fecha trece de diciembre del mismo año, aprobó la referida ley.
TERCERO. El actor estimó violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, argumentando en sus conceptos de invalidez lo siguiente:
1) Violación al principio de autonomía del Ayuntamiento de Morelia, previsto por el numeral 115, fracción IV, de la Constitución Federal. Que el Congreso del Estado de Michoacán se excedió en sus facultades al modificar la Ley de Ingresos propuesta por el Ayuntamiento, toda vez que de conformidad con el artículo 44, fracción X, de la Constitución del Estado, el Congreso del Estado sólo se encuentra facultado para aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios, así como para revisar, fiscalizar y dictaminar las cuentas públicas de las haciendas municipales y no así para realizar modificaciones a las iniciativas del Municipio.
Que del artículo 115 de la Constitución Federal se desprende que los Municipios administrarán libremente su hacienda y en todo caso, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria; que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y que las legislaturas aprobarán las Leyes de Ingresos de los Municipios y revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.
Que con base en lo anterior, se considera vulnerado el derecho del Ayuntamiento a percibir las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, toda vez que la propuesta originalmente enviada fue modificada por el legislador estatal, privando así al Municipio de Morelia de percibir las contribuciones señaladas en el inciso a) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, en la forma y términos que propone el propio Municipio.
Que en el caso concreto, el Congreso del Estado modificó la propuesta de los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Ingresos del Municipio actor, disminuyendo la tasa de 0.25% a 0.24%.
Ver tabla
Que lo anterior se hizo sin que fuera comunicado el Ayuntamiento con la finalidad de que hiciera uso de su derecho en relación con dicha observación, o bien, no debió haberse aprobado hasta en tanto se comunicaran al Ayuntamiento los fundamentos legales que consideró convenientes para estimar no aprobada la totalidad de la propuesta.
Que como se desprende de la lectura del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal y del artículo 5o. transitorio del decreto por el que se reformó aquél en diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el impuesto predial se ha concebido constitucionalmente como un tributo cuya configuración normativa no debe desatender las exigencias de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias; dichas exigencias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, las cuales deben ser equiparables a los valores de mercado. Asimismo, señala que las medidas conducentes a fin de que estos valores unitarios sean equiparables a los valores de mercado, deben ser tomadas por las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios. Esta coordinación se explica, si se toma en cuenta que lo que se recaude por concepto de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria está constitucionalmente destinado a las haciendas municipales.
Que, en efecto, la Constitución del Estado divide las atribuciones de los Municipios y los Estados al diseñar el proceso de regulación del impuesto predial: los primeros tienen la competencia constitucional para proponer tanto las tablas de valores unitarios del suelo que hayan de servir de base para el cobro del impuesto predial, como las bases o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo final de la cantidad que los contribuyentes deberán pagar por concepto de dicho impuesto; por su parte, las Legislaturas Estatales no pueden hacer modificaciones arbitrarias, pues deben decidir acerca de la regulación del impuesto predial siempre sobre la base de una propuesta de los Municipios.
Que la propuesta de los Ayuntamientos goza de vinculatoriedad dialéctica, es decir, la legislatura sólo podrá alejarse de aquélla si provee para ello los argumentos necesarios para construir una justificación objetiva, razonable y públicamente expuesta en por lo menos alguna etapa del procedimiento legislativo, circunstancia que no aconteció en el presente asunto, toda vez que la legislatura en ningún momento motiva, resuelve o dictamina, el porqué optó por modificar la propuesta originalmente enviada.
Que en tratándose de la regulación de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, estamos ante una facultad de iniciativa reforzada cuya peculiaridad radica en que sólo puede ser modificada sobre la base de un proceso de reflexión.
2) Que el Congreso Estatal también modificó a su libre arbitrio los artículos 5o., 9o., 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 48, 49 y 51, propuestos por el Ayuntamiento en la iniciativa de la Ley de Ingresos, por lo que en obvio de repeticiones se reiteran los argumentos de invalidez hechos valer en el punto anterior, en relación con la violación de la autonomía municipal.
Asimismo, se indica que la importancia que cobra dicho concepto de invalidez es porque, si bien es cierto que los impuestos a la propiedad inmobiliaria -impuesto predial-, es uno de los ingresos más importantes del Municipio, esto no quiere decir que las demás contribuciones merezcan menos atención; cualquier contribución a que tenga derecho el Municipio y que se vea traducida en un ingreso, se convierte en un incuestionable beneficio a sus habitantes, por lo que restringir cualquier ingreso al modificar la Ley de Ingresos afecta en forma grave a la hacienda pública municipal.
QUINTO. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 15/2006 y, por razón de turno, se designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de diez de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, en cuanto representante jurídico del titular del Poder Ejecutivo y encargado del despacho en ausencia del gobernador, dio contestación a la demanda argumentando esencialmente que es cierto el acto que se le imputa al gobernador del Estado consistente en la promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, y que dicho acto se realizó con estricto apego a sus facultades constitucionales, de conformidad con lo establecido por los artículos 60, fracción I y 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán.(1)
SÉPTIMO. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, dio contestación a la demanda, señalando lo siguiente:
I. Causales de improcedencia:
a) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los diversos 1o. y 10, fracción I, de la ley reglamentaria, en los que se señala que sólo podrán promover la acción de controversia constitucional las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal. En este caso, el Municipio es el titular exclusivo de la acción y es quien puede hacerla valer u oponerse a ella, por medio del Ayuntamiento, o bien, del Consejo Municipal en su caso, por ser las instituciones en las que recae tal representación, de conformidad con lo señalado en el artículo 115 constitucional. Por ende, cualquier miembro aislado carece de legitimación para intervenir por derecho propio dentro de la controversia constitucional y más, aun cuando el promovente, ostentándose síndico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, no obtuvo el previo acuerdo del Ayuntamiento para promoverla. Tiene aplicación en la especie la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL."(2)
b) Que la demanda es improcedente ya que para que proceda la controversia constitucional es presupuesto indispensable que el ámbito legal competencial del promovente sea afectado o limitado por un acto concreto o por una disposición general, cuya aplicación implique una contravención a la Ley Fundamental. En el caso concreto, la promovente no señala cuál es el ámbito o esfera competencial que considera se ve afectada o limitada por los preceptos de la Ley de Ingresos que reclama y cuya aplicación implique contravención a la Constitución Federal.
c) Que la facultad para adicionar las iniciativas de ley que se someten a consideración del Congreso del Estado se encuentra implícita en la potestad de legislar establecida en el artículo 44, fracción I, de la Constitución del Estado de Michoacán y, por otra parte, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que se atribuyan violaciones a la Constitución del Estado o a las leyes locales.
d) Que toda vez que los preceptos legales reclamados fueron aprobados respetando los principios de proporcionalidad y equidad que deben informar las contribuciones, atento a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, no se vulnera el contenido del inciso a) de la fracción IV del artículo 115 del mismo ordenamiento, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia. Tiene aplicación al caso concreto, la tesis de rubro: "INICIATIVAS DE LEYES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. LA CÁMARA DE DIPUTADOS TIENE FACULTADES PARA ADICIONARLAS."(3)
II. Respecto del fondo:
1) En cuanto a que el Congreso del Estado no se encuentra facultado para realizar modificaciones a las iniciativas de los Municipios, se afirma que la facultad para adicionar las iniciativas de ley que se someten a consideración del Congreso del Estado se encuentra implícita en la potestad de legislar establecida en el artículo 44, fracción I, de la Constitución de Michoacán de Ocampo, pues no puede concebirse la función legislativa de discusión y aprobación o desechamiento total o parcial de un proyecto de ley, sin la facultad correlativa de modificar, vía adición o supresión parcial, la iniciativa de ley correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "INICIATIVAS DE LEYES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. LA CÁMARA DE DIPUTADOS TIENE FACULTADES PARA ADICIONARLAS.", referida en el párrafo precedente.
Que de lo anterior se colige que una cuestión es aprobar una ley en ejercicio de facultades que la Constitución le otorga, y otra diversa, es la de invadir o limitar a los Municipios la posibilidad de manejar, administrar, aplicar y priorizar libremente los recursos de que disponen para satisfacer necesidades públicas.
2) Que, por otra parte, el artículo 115 de la Constitución Federal otorgó a los Ayuntamientos la facultad de "proponer", en el ámbito de su competencia, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, mas resulta indudable que el órgano que tiene la facultad de "aprobar" lo relativo a los impuestos es el Congreso del Estado, en la que se encuentra inmersa la facultad de modificar o adicionar las iniciativas que les sean sometidas, siempre y cuando no sean arbitrarias.
3) Que, en consecuencia, como podrá apreciarse, los preceptos reclamados de la Ley de Ingresos multicitada, no vulneran el contenido del inciso a) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, sino que, por el contrario, se adecuan perfectamente a dicho numeral desde el momento en que no invaden la facultad del promovente de administrar la hacienda municipal, ya que una cuestión es administrar y otra diversa es establecer en la ley los conceptos que habrán de proveer los recursos que habrán de ser administrados por el Municipio.
OCTAVO. El procurador general de la República formuló su opinión, en la que en síntesis manifestó:
I. Respecto de los presupuestos procesales:
Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto; que el síndico municipal goza de legitimación procesal activa para representar al Municipio actor; que el escrito de demanda fue recibido ante este Alto Tribunal oportunamente; y por último, que procede desestimar las causales hechas valer por la autoridad demandada, ya que los motivos aducidos atañen a cuestiones vinculadas con el fondo de la controversia constitucional.
II. Sobre los conceptos de invalidez:
Que por lo que se refiere a la modificación del impuesto predial, el Congreso del Estado no violó la autonomía y libre administración hacendaria del Municipio, al modificar el proyecto de Ley de Ingresos que envió a dicho órgano.
Las Legislaturas Estatales están facultadas para modificar los proyectos enviados por los Municipios, pero de conformidad con los criterios adoptados por este Alto Tribunal en las controversias constitucionales 14/2004 y 15/2005, debe atenderse al estándar de razonabilidad-objetividad-publicidad que constituye un control constitucional atemperado respecto de la actuación (motivación) del legislador local en respuesta a las propuestas formuladas por el Municipio.
Que la exposición de motivos en cita está provista del elemento de razonabilidad, habida cuenta de que la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, previó una tasa del 0.23% para el impuesto predial, contra el 0.24% concedido para el ejercicio fiscal del presente año. En esta tesitura, es claro que el legislador estatal contribuye al incremento de sus ingresos de manera proporcional, mediante la emisión de la norma impugnada. Además, debe destacarse que no existe un desfasamiento excesivo entre la propuesta municipal y la medida legislativa impugnada.
Que, por lo que al aspecto cuantitativo se refiere, no existen elementos que permitan determinar que a otros Municipios se les haya concedido un mayor aumento o disminución entre la tasa establecida para el ejercicio fiscal anterior, la propuesta para el dos mil seis, y la concedida para dicho ejercicio.
Que, además, del aumento concedido respecto de la tasa vigente durante dos mil cinco, el Municipio actor está en plena libertad de actualizar los valores unitarios de la propiedad urbana y rural, de tal suerte que, con independencia de la tasa concedida por el Congreso Local, el actor puede incrementar sus ingresos en el rubro del impuesto predial, situación que fue prevista por el legislador, tal como se prueba con la parte relativa del dictamen de la Legislatura Estatal.
En tales condiciones, resulta infundada la violación al principio de libre administración hacendaria, por lo que se refiere a la modificación de la propuesta relativa al impuesto predial.
Que en cuanto a la modificación de los restantes artículos distintos al predial, toda vez que el Municipio actor no señaló ningún argumento con el cual se demuestre la inconstitucionalidad de dichos numerales y debido a que el suscrito no advierte violación alguna a la Constitución Federal, se estima que lo procedente es que se reconozca su validez.
NOVENO. Agotado en sus términos el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Morelia y el Estado de Michoacán a través de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo.
SEGUNDO. En primer lugar, debe examinarse si la demanda se presentó oportunamente.
Con fundamento en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el cómputo del plazo de treinta días para promover la demanda de controversia constitucional debe hacerse a partir del día siguiente a la fecha de publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
Ahora bien, de conformidad con el escrito inicial de demanda, la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, se impugna a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, misma que tuvo lugar el martes veintisiete de diciembre de dos mil cinco, como consta en el ejemplar de dicho medio informativo que obra a fojas doscientos setenta y nueve de autos y, por consiguiente, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del lunes dos de enero de dos mil seis al martes catorce de febrero del mismo año.
Lo anterior toda vez que de acuerdo con el artículo 3o., fracción II, de la ley de la materia, se deben computar sólo los días hábiles en consecuencia, deben descontarse del plazo para la promoción de la demanda, el lapso comprendido entre los días veintiocho de diciembre de dos mil cinco al treinta y uno del mismo mes y año, ya que forman parte del segundo periodo de receso de este Alto Tribunal en términos del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, deben excluirse del cómputo los sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 163 de la ley orgánica antes referida, así como el miércoles cinco de enero del presente año, en que por acuerdo del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó suspender las labores en este órgano jurisdiccional y que no corrieran términos, y finalmente, el seis de febrero de dos mil seis, de conformidad con el inciso c), punto primero, del Acuerdo 2/2006 del Pleno de este tribunal.
Ver calendarios
En este tenor, toda vez que la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el martes siete de febrero de dos mil seis, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja catorce de autos, es evidente que su presentación fue oportuna.
TERCERO. Enseguida se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.
El artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional(5) establece que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
En el presente asunto, suscribe la demanda Carlos Macouzet Zamacona, en su carácter de síndico y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, lo que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría y validación de la elección de Ayuntamiento expedida con fecha diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, así como con la copia certificada del acta de sesión solemne de instalación y toma de protesta del honorable Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, de fecha primero de enero de dos mil cinco.
Ahora bien, el artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán de Ocampo(6) prevé que el síndico municipal tiene facultades para representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éste sea parte.
En consecuencia, tomando en consideración que se encuentra acreditado que el síndico municipal goza de facultades para promover el presente medio de control constitucional en representación del Municipio actor y toda vez que éste es uno de los órganos señalados por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal para intervenir en una controversia constitucional, debe concluirse que el Municipio de Morelia, Michoacán, cuenta con la legitimación necesaria para promoverla.
De conformidad con lo anterior, resulta infundado el argumento aducido por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en el sentido de que el promovente carece de legitimación activa, toda vez que ningún miembro aislado de algún poder u órgano puede intervenir por derecho propio dentro de la controversia constitucional y que quien comparece a nombre del Municipio de Morelia, Michoacán, no obtuvo el previo acuerdo del Ayuntamiento para promover la presente controversia constitucional.
Es infundada la causal de improcedencia porque, como ya se precisó, el síndico y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Morelia, Michoacán, no acude al presente juicio en defensa de un interés personal, sino en representación del Municipio actor, toda vez que el artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán de Ocampo antes transcrito, prevé que el síndico tiene la representación del Municipio y sólo cuando la delegue se requiere contar con el acuerdo previo del Ayuntamiento.
Además, la tesis a que hace referencia el presidente de la mesa directiva de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL.", ha sido superada por la tesis P./J. 51/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 813, que a continuación se transcribe:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. Si bien es cierto que en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se otorga legitimación para plantear los conflictos que se susciten entre los órganos originarios del Estado, por la vía de la controversia constitucional, al Municipio y no al Ayuntamiento, se entiende que aquél actúa en el mundo real y jurídico a través de su órgano de gobierno y representación política, que lo es el Ayuntamiento según lo previsto en la fracción I del artículo 115 constitucional. De lo anterior se sigue que el Ayuntamiento, a través de los servidores públicos a los que la legislación estatal les dé la facultad de representarlo y de defender sus intereses, está legitimado para pedir que se diriman los referidos conflictos."
CUARTO. Acto continuo, se procede al análisis de la legitimación de las demandadas, en atención a que es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la demanda, en caso de que resulte fundada.
De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(7) tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán.
El Poder Legislativo del Estado compareció a juicio por conducto del diputado Jorge Adolfo Reza Maqueo, quien se ostentó como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, carácter que acreditó con el acta de sesión de la Septuagésima Legislatura Constitucional correspondiente al día catorce de enero de dos mil seis que obra a fojas trescientos treinta y cinco del expediente.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán,(8) la representación del Poder Legislativo del Estado, se deposita en el presidente de la mesa directiva, por lo que habiéndose acreditado que éste tiene la representación del órgano legislativo demandando, es evidente que el Poder Legislativo de Michoacán cuenta con la legitimación procesal para comparecer a juicio, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que fue el órgano que expidió la norma que se reclama.
Por lo que se refiere al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, firma la contestación de la demanda Enrique Bautista Villegas, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, en cuanto representante jurídico del titular del Poder Ejecutivo y encargado del despacho en ausencia del gobernador del Estado. No pasa inadvertido para este Alto Tribunal que no anexó documento alguno para acreditar su nombramiento, sin embargo, toda vez que no existe manifestación en contrario, se presume la certeza de este hecho, al estar relacionado con la representación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia.
De la lectura de los artículos 64, párrafo segundo,(9) y 61, fracción VI,(10) de la Constitución Política Local, se advierte que corresponde al secretario de Gobierno representar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, por sí o por medio de representante designado al efecto, en los juicios y procedimientos en que sea parte, independientemente de que en determinado momento se encuentre encargado del despacho del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, cuenta con la representación necesaria para actuar en el presente juicio.
Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán cuenta con la legitimación pasiva necesaria para actuar en la presente controversia constitucional, toda vez que fue el órgano que promulgó y publicó la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia para el ejercicio fiscal de dos mil seis.
QUINTO. Causales de improcedencia. A continuación se analizarán las causales de improcedencia aducidas por las partes o las que se adviertan de oficio.
a) El Congreso del Estado afirma que la demanda es improcedente ya que para que proceda la controversia constitucional es presupuesto indispensable que el ámbito legal competencial del promovente se vea afectado o limitado por un acto concreto o por una disposición general, cuya aplicación implique una contravención a la Ley Fundamental. Que en el caso concreto, la promovente no señala cuál es el ámbito o esfera competencial que considera se ve afectado o limitado por los preceptos de la Ley de Ingresos que reclama y cuya aplicación implique contravención a la Constitución Federal.
Contrario a lo alegado por el Congreso del Estado, de la lectura de la demanda se desprende que la actora afirma que existe violación al principio de autonomía del Ayuntamiento previsto por el numeral 115, fracción IV, de la Constitución Federal, entre otros, al derecho del Ayuntamiento a percibir las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, toda vez que la propuesta originalmente enviada fue modificada por el legislador estatal, privando así al Municipio de Morelia del derecho que le otorga el inciso a) de la fracción IV del ar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19776-e010292e/evaluacion-del-requisito-de-razonabilidad-los-articulos-6o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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