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Modo: Corpus Pro

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY LOCAL RELATIVA DE TABASCO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL AL LIMITAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL CINCO POR CIENTO DE LA INVERSIÓN FÍSICA TOTAL AUTORIZADA A LOS MUNICIPIOS PARA ESE RUBRO O DEL MONTO ANUAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADAS CON ÉSTAS. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, AL LIMITAR EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY LOCAL RELATIVA EL MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA PARA OBRAS PÚBLICAS QUE PUEDEN DESTINAR LOS MUNICIPIOS PARA LLEVARLAS A CABO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EXCEDE LA FACULTAD LEGISLATIVA EN MATERIA MUNICIPAL, CONFORME AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO A), CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2006. · Registro digital (IUS): 20977
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TEAPA, ESTADO DE TABASCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 746.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2006. MUNICIPIO DE TEAPA, ESTADO DE TABASCO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE

ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de abril de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiséis de enero de dos mil seis, Rubén Ricardo Quintero Cano, en su carácter de síndico de Hacienda promovió en representación del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Estado de Tabasco, controversia constitucional en contra de las autoridades y por las disposiciones y los actos que a continuación se señalan:

"II Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. a) La Quincuagésima Octava Legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de la cual se reclama tanto la expedición del Decreto Número 007 que contiene la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco en los términos de la presente demanda; así como el primer acto de aplicación de la misma ley a razón del Decreto 108 publicado el 28 de diciembre de 2005. b) El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, del cual se reclama la promulgación de la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, por ser violatoria de la libre hacienda pública municipal, así como por la Promulgación del referido Decreto 108 que contiene el primer acto de aplicación de la citada ley, publicado en fecha 28 de diciembre de 2005. c) El secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, del cual se reclama tanto el refrendo y publicación en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco en su suplemento número 6426 de fecha 7 de abril de 2004; de la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la cual entró en vigor a partir del día 7 de junio de 2004, según el transitorio primero de la propia ley, así como el refrendo y publicación en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco en su suplemento número 6606 ‘Q’ de fecha 28 de diciembre de 2005; del Decreto Número 108 ya ampliamente referido. d) La Segunda Comisión Inspectora de Hacienda de la Cámara de Diputados del Estado de Tabasco, de quien se reclaman las órdenes emitidas en exceso de las facultades que tiene previstas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo al que pertenece y su reglamento correspondiente contenidas dentro del multirreferido Decreto 108 de fecha 28 de diciembre de 2005, en cuanto a lo indicado en el artículo único, tercer párrafo, en relación al primer acto de aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, en lo concerniente a obra por administración directa, misma que entra en controversia a las facultades constitucionales que posee mi representada. e) El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, del cual se reclama la ejecución y supervisión en relación a lo ordenado por la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en el Decreto 108 ya indicado correspondiente al primer acto de aplicación de la norma general que viola nuestras facultades contenidas en el artículo 115 constitucional, así como su actuar anticonstitucional en supuesto cumplimiento del referido Decreto 108, las cuales se aprecian en la lectura del oficio HCE/OSFE/DFEG/200/2006 de fecha 5 de enero de 2006, mismas que en adición a las violaciones ya indicadas, es también de reclamarse la propia falta de legalidad y constitucionalidad por apartarse en su contenido de lo ordenado en el propio Decreto 108 multimencionado."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso son los siguientes:

"Primero. Con fecha 1 de enero de 2004, tomó posesión el presente Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco; fecha en la que existía vigente la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tabasco, promulgada en el Periódico Oficial Número 4261 el día 13 de julio de 1983, y su última reforma publicada en el Periódico Oficial suplemento 5911 el día 1 de mayo de 1999. Segundo. Con base a lo enmarcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Constitución Política del Estado de Tabasco, nuestro Ayuntamiento ejerció las facultades que ahí le confieren y elaboró sus planes municipales trianuales y sus programas operativos anuales, los cuales con base en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, fueron sometidos a la aprobación del Cabildo para su autorización, modificación y/o ampliación, según corresponde, en el mes de enero de 2004, siendo ésta de las primeras actuaciones realizadas por mi representada. Tercero. Con fecha 24 de marzo de 2004 el Pleno de la Quincuagésima Octava Legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, emitió el Decreto Número 007, relativo a la expedición y aprobación de la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la cual en el título quinto es violatoria de nuestra garantía constitucional del libre manejo de la hacienda de los Ayuntamientos; con relación a la administración de obras al restringir su gasto. Cuarto. Derivado de lo anterior, con fecha 2 de abril de 2004, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco promulgó la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Quinto. Con fecha 7 de abril de 2004, el secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco refrenda y publica en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco en el suplemento número 6426, la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la cual entró en vigor a partir del día 7 de junio de 2004, según el transitorio primero de la propia ley. Sexto. se realiza el primer acto de aplicación de la norma general invasora de nuestras facultades constitucionales contenidas en el artículo 115 de la Federal y el 65 Local, en fecha 28 de diciembre de 2005, pues se publica el Decreto Número 108 en el que se expresa que ha sido aprobada en lo general la cuenta pública de mi representada en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, indicando, sin embargo, que en el rubro de obra por administración directa mi representada no acató dicha norma y por ello, se decretan una serie de acciones y sanciones a diversos funcionarios del Ayuntamiento, los cuales deben ser realizados y ejecutados tanto por mi representada como por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en términos de tiempo que ya fenecieron, esto según lo siguiente que transcribimos: ‘Decreto 108. Artículo único.’ (se transcribe). Tal cual se aprecia, es fundamento de ese artículo único indicado en el Decreto Número 108 ya aludido, el considerando séptimo del mismo instrumento, el cual indica transcribimos a continuación: ‘Séptimo.’ (se transcribe). Séptimo. En realización y ejecución del Decreto 108 multirreferido del Poder Legislativo, mediante oficio HCE/OSFE/DFEG/200/2006, de fecha 5 de enero de 2006, el fiscal superior del Estado, licenciado Francisco José Rullán Silva, indica a mi representada lo siguiente: (se transcribe)."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"1) Conforme al artículo 115 Constitucional Federal y 65, fracción V, de la Constitución Estatal de Tabasco, es facultad del Ayuntamiento que represento la libre administración de nuestra hacienda pública según lo siguiente: (se transcribe). En ese tenor, es obvio que el Poder Legislativo Estatal de Tabasco, en su ley emitida, cuyo primer acto de aflicción se reclama en esta controversia constitucional, invade nuestras facultades constitucionales federales y estatales, al pretender limitar y sancionar a mi representada por el porcentaje de obras por administración que se han realizado en exceso de la norma general invasora, violando nuestras facultades constitucionales federales y estatales de libre manejo de nuestra hacienda municipal, toda vez que el Cabildo autorizó en el programa operativo anual y en el presupuesto de egresos, que contiene lo que consideró apropiado en el rubro de obras por administración directa, con lo cual el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco a través de esa norma general y su artículo 73 está invadiendo nuestra esfera pública de manejo presupuestal libre en dicha área al restringirlo. Motivos por los cuales, el acto de primera aplicación enmarcado en la norma general multirreferida, en su artículo 73, párrafo segundo, de la fracción IV, que permite la invasión de nuestras facultades constitucionales que nos limita el gasto, así como nuestro hacer público debe ser declarado inválido, por invadir la esfera municipal protegida por las Constituciones Federal y Estatal en este sentido, al pretender restringir nuestro libre manejo de hacienda pública sin tener facultades para ello. 2) El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por obligación fundamental respetar la supremacía de la propia Constitución y, en consecuencia, lógica jurídica debe respetar el libre hacer del Municipio Libre, conforme al artículo 115, fracción III, de la propia Constitución Federal y el artículo 65, fracciones III y VI, de la Constitución Estatal de Tabasco que a la letra dice: (se transcribe). En ese tenor, este Ayuntamiento de Teapa que represento conforme a lo ordenado en la Constitución Local de Tabasco, realizó sus planes trianuales y su programa operativo anual, los cuales fueron legalmente aprobados por nuestro Cabildo, determinando así las diversas obras que se han realizado conforme a lo recursos humanos y materiales que poseemos y en los diversos rubros de atención que, conforme a la Carta Magna, en el propio artículo 115, se enmarcan y nos competen y determinando asimismo la programación de aquellas obras necesarias y programadas que no podría ejecutar el Ayuntamiento por sí mismo, y que a la postre son las que se programaron para realizarse por particulares a través de concurso. Por tanto, el hecho de que se realice el acto de primera aplicación, contenido en el Decreto 108 que se reclama de las autoridades responsables demandadas en la presente demanda de controversia constitucional, y que deriva y corresponde al párrafo segundo de la fracción IV del artículo 73 de la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que a la letra dice: (se transcribe). Redunda claramente en que la citada norma impide por sí misma nuestras facultades constitucionales de libre manejo de nuestra hacienda pública, así como las estatales, de realizar y ejecutar nuestro plan municipal trianual y nuestro programa operativo anual y aprobar libremente el mismo, al pretender a través de la aplicación de la ley ya indicada, que incluso es inferior en prelación jurídica a la propia Constitución Estatal de Tabasco, sancionar y restringir a tan sólo el 5% de nuestro presupuesto de obras públicas las obras por administración, con lo que el Poder Legislativo invade nuestra esfera constitucional de facultades. 3) El Municipio que represento tiene obligación de transparentar los recursos que maneja y lograr la mayor eficiencia económica y aprovechamiento de los mismos en beneficio de la propia población de Teapa, Tabasco y, por ello, es que como ya hemos mencionado, tanto la Constitución Federal, en su artículo 115, y la Constitución Estatal, en su artículo 65 nos da facultades y la propia Ley Orgánica de los Municipios de Tabasco en su artículo 29 el cual a la letra dice: ‘Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.’ (se transcribe). Conforme a lo anterior, el Poder Legislativo extralimita sus facultades e invade las nuestras, al emitir su primer acto de aplicación de la norma inconstitucional, exponiendo a mi representada una conducta impropia e ilegal, pues inclusive, es de orden público y de pleno interés social que el Ayuntamiento que represento haga más eficaces sus recursos presupuestales y obviamente que la obra pública sea de menor costo, mayor calidad y se realice la mayor parte de las veces en el menor tiempo posible y, además, racionalizando y economizando sus recursos, lo cual es evidente que se logra al emplear su propio personal y maquinaria para realizar la mayor cantidad de obra pública posible, a la cual la ley base de esta controversia constitucional denomina ‘obra por administración directa’ y en la cual esto se limita y nos obliga a ponerlo en manos de empresas constructoras ajenas a mi representada. En ese tenor, el Poder Legislativo de Tabasco no sólo atenta contra nuestras facultades Constitucionales Federales y Estatales, sino incluso atenta contra el manejo responsable y objetivo del presupuesto público, ya que de concretarse los efectos del primer acto de aplicación de la norma anticonstitucional, obligaría al Ayuntamiento que represento a dejar de utilizar los recursos humanos y materiales que poseemos, y todo esto en delegación de nuestras obligaciones, en beneficio de empresas particulares, y no de la sociedad a las que constitucionalmente nos debemos, ya que al no poder realizar obra por administración de acuerdo a nuestra propia capacidad constructiva con la limitante indicada en la norma general que provoca una invasión de nuestras facultades constitucionales federales por parte del Poder Legislativo se nos obligaría a darles vía concurso a la mayoría de la obra pública que el Ayuntamiento que represento presupuestó en su programa operativo anual y su plan municipal trianual correspondientes a empresas constructoras particulares y, además, a parar nuestra maquinaria y no utilizar nuestra mano de obra contratada, independientemente de elevar sustancialmente el costo de la obra pública hasta en un 50% de sobre costo, porque los particulares no cobran sólo lo directo, sino además los costos indirectos y utilidades, adicionando el impuesto al valor agregado, lo cual minimizaría además lo planeado en este rubro, en perjuicio de nuestros gobernados; al respecto es necesario, en apoyo a lo anterior, leer la propia exposición de motivos denominada ‘Considerando’, existente en la publicación de la propia norma general invasora, la cual en la parte conducente transcribimos: (se transcribe). Con todo lo anterior, tenemos, además, que el Poder Legislativo Estatal con su primer acto de aplicación de la norma inconstitucional, pretende que ante la limitación de no poder realizar obras por administración directa, salvo en su cinco por ciento del presupuesto anual y las sanciones e intromisiones en nuestra administración, se proceda a delegar nuestras facultades constitucionales estatales, en una ley secundaria, a los contratistas privados, en materia de obras por administración, al otorgárselas por contrato, esto impacta los costos de la obra pública, porque obviamente el contratista dentro de sus costos nos cobra, como ya se dijo, sus indirectos y su utilidad además de que al facturarnos el contratista privado o particular, nos cobra el impuesto al valor agregado, esto además del costo agregado de tener a nuestro personal sin hacer nada y la maquinaria que poseemos, parada y esto aunado a que se tiene que perder tiempo con base en lo complicado de realizar un concurso de obra pública que también tiene costo y aunado a que limita nuestro libre manejo de la hacienda pública y nuestra facultad de realizar y aprobar nuestros programas operativos anuales y nuestros planes municipales trianuales en la materia con la restricción indicada, tenemos que también se violenta el orden público y el interés social de la comunidad y sociedad de Teapa, Tabasco, en beneficio de intereses particulares, todo ello invadiendo nuestra esfera municipal de facultades y obligaciones constitucionales multirreferidas, todo ello motivo de nuestra controversia constitucional planteada, a efecto de que se nos reintegren y se deje sin efecto la multicitada norma general y su ejecución derivada del primer acto de aplicación de la misma en nuestro perjuicio. 4) Por otra parte, no se puede dejar de ver y analizar que el Poder Legislativo Estatal, a través de esta ley, pretende incluso una aplicación retroactiva en nuestro perjuicio de dicha norma general invasora, ya que conforme a lo analizado anteriormente, al tener este Ayuntamiento que represento la facultad y obligación de realizar un programa operativo anual y un plan municipal trianual, esto se realizó en el primer mes del año fiscal 2004, en cumplimiento a lo siguiente: ‘Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.’ (se transcribe). Conforme a lo anterior, tenemos que si la norma general invasora entró en vigor el siete de junio de 2004, es claro y notorio que ya no tenía efectos legales sobre nosotros, toda vez que, como ya se dijo, nuestro programa operativo anual 2004 y el proyecto trianual 2004-2006 se aprobaron en enero de 2004 por el Cabildo de mi representada, ésta no se podía aplicar en forma retroactiva, y sin embargo, el Poder Legislativo Local realiza el primer acto de aplicación en el Decreto Número 108 multirreferido publicado el 28 de diciembre de 2005. Por tanto, con el primer acto de aplicación de la ley multirreferida de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tabasco, y al pretender la sanción de personal de la administración municipal de mi representada, además de que es retroactiva, resulta violatoria de la Constitución, en el sentido de que una vez aprobados los programas operativos trianuales y anuales, se tienen que cumplimentar a cabalidad, lo cual debería ser la única atención por parte de las autoridades demandadas, y no la intromisión del Poder Legislativo del Estado en nuestra esfera pública y en nuestras facultades constitucionales y estatales, que deben derivar de pleno derecho en que se declare inválido dicho párrafo segundo, fracción IV del artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y se nos restituya el pleno goce de nuestras facultades constitucionales enumeradas de libre hacer y manejo de nuestra hacienda municipal y programación y aprobación de nuestros programas operativos anuales y planes municipales trianuales, sin restricción alguna en materia de administración pública, a no ser las de orden público e interés social de nuestra población de Teapa, Tabasco. 5) Otro concepto de invalidez que nos agravia se da cuando el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco realiza la promulgación de la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin considerar lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, que dispone que dicha Constitución será la Ley Suprema de toda la Unión; por tanto, tenía la obligación, de acuerdo con las facultades que le confiere la propia Constitución, de vetar la expedición de la ley en comento y regresarla al Poder Legislativo para su revisión. A) De acuerdo a lo antes expuesto en nuestros conceptos de invalidez, es claro que nuestra controversia constitucional está planteada en contra del primer acto de aplicación, conforme al Decreto 108 multicitado, que emite el Poder Legislativo de Tabasco, en atención a la aplicación de un precepto normativo inconstitucional, que invade y limita nuestras facultades constitucionales de libre hacienda pública, y nuestro quehacer municipal, de determinar cuántas obras por administración podemos realizar con nuestros propios recursos humanos y materiales, y pretender que sólo podamos hacer un 5% de nuestro presupuesto de obra pública, todo esto, a través de la emisión del Decreto Número 007 de fecha 24 de marzo de 2004, expedido por el Pleno de la Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco; que contiene la norma general invasora así como la aplicación correspondiente en la revisión de cuentas públicas que realiza anualmente dicho Poder Legislativo, aplicando la combatida fracción IV en su segundo párrafo del artículo 73 contenido en el título quinto, relativo a la ‘administración directa’ de la norma general denominada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. B) En cuanto a la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se reclama que ésta invade nuestras facultades constitucionales y legales de aplicar la Ley de Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en lo que se refiere a nuestros funcionarios y empleados, ya que independientemente de que no realizaron conducta anómala alguna, esa comisión como tal no recibió ninguna información técnica sobre el hecho de que mi representada haya realizado obra por administración en exceso según la norma general multirreferida, violatoria de la Constitución en nuestro perjuicio, ya que nosotros en ningún momento recibimos del Órgano Superior de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco ninguna observación o determinación referente al tema de exceso de obra ejecutada en contravención con la ley. Por ello, estaría imposibilitado legalmente esa comisión para presentar al Pleno dictamen alguno en dicho sentido, como en la práctica realizó, según el Decreto 108 ya citado anteriormente, lo que contraviene la Constitución Estatal, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y su reglamento, en lo referente a sus facultades y procedimientos de calificación de cuenta pública por parte del Poder Legislativo. Esto independientemente de que tampoco conforme a dichos ordenamientos la segunda comisión tiene facultades para ordenar sanciones a funcionarios de mi representada, tal como acontece dentro del cuerpo del Decreto 108 multicitado, invadiendo nuestros derechos y obligaciones municipales contenidas en la legislación respectiva, que corresponda la propia Constitución Federal, la Local, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y la Ley de Servicios Públicos del Estado de Tabasco, todo ello en lo que se refiere al primer acto de aplicación de la multirreferida norma general, que viola nuestras facultades ya expuestas anteriormente. C) Del gobernador del Estado de Tabasco, en forma primaria por promulgar y no vetar por ser inconstitucional la adición del segundo párrafo a la fracción IV del artículo 73, contenido en el título quinto, relativo a la ‘administración directa’ de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, así como la publicación y sanción del Decreto 108, como primer acto de aplicación de la citada norma violatoria del Estado constitucional. D) De la Secretaría de Gobierno la publicación en el Periódico Oficial del Órgano de Difusión Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, en el suplemento número 6426, así como del Decreto 108 publicado en el suplemento 6606 ‘Q’ de fecha 28 de diciembre de 2005. E) Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco parte autónoma del Poder Legislativo Estatal, en la realización y ejecución de lo emitido en el Decreto Número 108 de fecha 28 de diciembre de 2005 por el Poder Legislativo y lo ordenado e instruido ilegalmente y en exceso de facultades, según el decreto mismo, por la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda de la Cámara de Diputados Local y el exceso en su propio contenido fuera de lo indicado en el propio decreto ya referido, dentro de su oficio HCE/OSFE/DFEG/200/2006 de fecha 5 de enero de 2006, el cual independientemente de provenir de una norma general y un primer acto de aplicación que viola flagrantemente nuestras facultades y obligaciones constitucionales, ni siquiera corresponden en su texto y plazos a lo ordenado en el referido decreto, y a que de la lectura del Decreto 108 y del oficio del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco se observa que en los puntos marcados como dos y tres del último que pretende imponernos ilegalmente cargas jurídicas que le corresponde, ya que a nosotros no se nos marcó plazo alguno y, en todo caso, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco marca los plazos y términos para someter a proceso a los mismos. Además, tanto el referido Decreto 108 como el multicitado oficio pretenden en su contenido que violemos las garantías constitucionales de los servidores públicos al ordenarnos sancionar a éstos sin aplicar el procedimiento administrativo correspondiente, y no conceder las garantías de audiencia y legalidad a que tienen derechos. Solicitamos muy respetuosamente a ustedes señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se apliquen las siguientes tesis jurisprudenciales en esta controversia constitucional: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, agosto de 2000. Tesis P./J. 68/2000. Página 38. ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe)."

CUARTO. El actor considera infringidos en su perjuicio los artículos 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual por razón de turno correspondió conocer al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, como instructor del procedimiento.

Por auto de tres de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Órgano Superior de Fiscalización, todos del Estado de Tabasco, no así al secretario de Gobierno de la entidad ni a la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda, en virtud de encontrarse subordinados al gobernador estatal; tampoco tuvo por demandado al procurador general de la República, por ser parte dentro de este procedimiento constitucional; ordenó emplazar a los demandados para que formularan su contestación y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

En el mismo proveído, el Ministro instructor requirió al Poder Legislativo y al Órgano Superior de Fiscalización, ambos del Estado de Tabasco, para que, al dar contestación a la demanda, remitieran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y ordenó formar el cuaderno incidental relativo a la solicitud de suspensión.

SEXTO. Al contestar la demanda, el gobernador del Estado de Tabasco manifestó, en síntesis, lo siguiente:

• Es cierto que sancionó y ordenó la publicación, en el Periódico Oficial de la entidad, del Decreto 108 impugnado, con fundamento en los artículos 35 y 51, fracción I, de la Constitución Estatal, que establecen la obligación del Ejecutivo del Estado de promulgar las leyes, decretos y acuerdos que le sean enviados por la Legislatura del Estado para su validez.

• El Ejecutivo estatal, al no tener observaciones al Decreto 096, relativo a la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco, para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, sobre la base de que para su emisión se cumplieron los requisitos formales del proceso legislativo y que no era contrario a las disposiciones de la Constitución Federal, procedió a sancionarlo y promulgarlo, previo refrendo del secretario de Gobierno, el cual se publicó en el suplemento "Q" del Periódico Oficial Número 6606 de veintiocho de diciembre de dos mil cinco.

• Asimismo, al no tener observaciones el Poder Ejecutivo al Decreto 007, relativo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que le remitió el Congreso del Estado de Tabasco, para su promulgación, procedió a sancionarlo y a promulgarlo, previo refrendo del secretario de Gobierno.

• El artículo 73, párrafo segundo, de la ley citada, es una disposición autoaplicativa, siendo su primer acto de aplicación la primera obra pública realizada por el Ayuntamiento actor, por lo cual la demanda fue presentada fuera de plazo; por tanto debe declararse improcedente la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento actor.

SÉPTIMO. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, al contestar la demanda en representación del citado Congreso señaló, en síntesis, lo siguiente:

• Es cierto que expidió la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

• Es cierto que el Decreto 108, correspondiente a la calificación de la cuenta pública del ejercicio dos mil cuatro del Ayuntamiento Constitucional de Teapa, Tabasco, fue aprobado por el Pleno de los diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura, y remitido al Ejecutivo del Estado para su publicación, lo que se realizó el veintiocho de diciembre de dos mil cinco.

• Es incorrecto que a través del mencionado decreto de aprobación de la cuenta pública del Ayuntamiento actor se haya producido el primer acto de aplicación de la norma general impugnada, ya que esto ocurrió desde la entrada en vigor de la propia ley y derivado de las actividades del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

• El artículo 73, párrafo segundo, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no resulta violatorio de la autonomía municipal, en tanto que su objetivo es regular el gasto público que ejercen los Municipios del Estado de Tabasco, bajo criterios de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20977-437096e4/obras-publicas-y-servicios-relacionados-con-las-mismas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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