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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESUNCIÓN LEGAL DE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA NO OPERA PARA EFECTOS DE SU DESISTIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2006. · Registro digital (IUS): 21307
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, ESTADO DE TABASCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 2185.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2006. MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, ESTADO DE TABASCO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: ÓSCAR F. HERNÁNDEZ BAUTISTA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de abril de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito depositado en la oficina de correos del lugar de residencia del Municipio actor el diez de febrero de dos mil seis, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinte de febrero siguiente, Francisco Mirabal Hernández, José Félix López López, Alejandro Soberano Hernández, Álcides May Córdova, Marbella Javier de la Cruz, Manuel Zapata Vargas, Belisario Alejandro de la O, Adriana López García, Mauro Carrillo López, Marbella Contreras Izquierdo, Antonio de la O Peralta y María del Carmen Orueta López, en su carácter de presidente municipal, síndico de hacienda y regidores, respectivamente, del Municipio de Jalpa de Méndez, Estado de Tabasco, promovieron controversia constitucional en la cual demandaron de las autoridades que a continuación se señalan la invalidez de los actos que más adelante se precisan:

"Autoridades demandadas, acto impugnado y norma general que se solicita se decrete invalida. El presente medio de control constitucional está estructurado para controvertir el acto de autoridad e invalidez de la norma general que enseguida se enuncian: 1) El Congreso del Estado de Tabasco, como responsable de lo siguiente: La inconstitucionalidad de los numerales ‘quinto y sexto’ del apartado denominado ‘considerando’ y ‘artículo único’ del ‘Decreto 098’, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 6606, mediante el cual ese órgano originario del Estado, con base en la facultad que le confiere el artículo 36, fracción XLI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, impuso una serie de sanciones que se estiman contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se verá en el apartado correspondiente. Derivado del acto de aplicación contenido en el decreto referido en el párrafo anterior, se controvierte la aprobación del Decreto Número 007, publicado el siete de abril de dos mil cuatro, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, la cual contiene el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco que se solicita se decrete su invalidez por ser contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2) El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, órgano técnico en el cual se apoya el Congreso del Estado de Tabasco, para la revisión, fiscalización y calificación de la cuenta pública, como responsable de lo siguiente: Informe sobre hallazgos y observaciones relativos a la autoevaluación presupuestal-financiera y evaluación del gasto público, correspondiente a cada uno de los trimestres del ejercicio fiscal 2004. Informe que contiene pliego de cargos derivado del apartado de hallazgos y observaciones de las evaluaciones trimestrales practicadas a los informes de autoevaluación del ejercicio fiscal 2004. 3) El Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, como responsable de lo siguiente: La promulgación y orden dada para publicar, el siete de abril de dos mil cuatro, el Decreto Número 007, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, misma que contiene el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se solicita su invalidez. La orden dada para la publicación del Decreto Número 098, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, misma que contiene la calificación que sobre la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Estado de Tabasco, realizó el Congreso del Estado de Tabasco. Nota. Estimamos conviene manifestarle a este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conscientes estamos que la publicación ordenada por el titular del Ejecutivo del Estado de Tabasco para publicar el Decreto Número 098, mediante el cual, el Congreso del Estado de Tabasco, determinó aprobar la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Estado de Tabasco, no obstante en los numerales ‘quinto y sexto’ del apartado denominado ‘considerando’ y ‘artículo único’ del apartado denominado ‘Decreto 098’ se imponen una serie de sanciones que se estiman contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enuncia sólo para cubrir las formalidades esenciales que resultan exigibles procesalmente, sin embargo, convencidos estamos que la revisión, fiscalización y calificación de las cuentas públicas, es una facultad exclusiva de uno de los poderes originarios que no admite intromisión de alguno de los otros poderes originarios. 4) El secretario de Gobierno del Gobierno del Estado de Tabasco, como responsable de lo siguiente: El refrendo del Decreto Número 098, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mismo que contiene la calificación que sobre la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Estado de Tabasco, realizó el Congreso del Estado de Tabasco. Nota. Estamos conscientes que el refrendo realizado por el secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, con motivo de la calificación de la cuenta pública, se enuncia sólo para cubrir las formas, sin embargo, desde nuestra óptica la calificación de las cuentas públicas es una facultad exclusiva del Congreso del Estado de Tabasco, por lo que no requiere del refrendo del funcionario referido para que tenga validez jurídica. 5) secretario de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, como responsable de lo siguiente: El refrendo del Decreto Número 007, publicado el siete abril de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mismo que contiene el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco que se solicita se decrete su invalidez."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron los antecedentes que se estimaron pertinentes.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que aduce la parte actora, en síntesis, son los siguientes:

En el primer concepto de invalidez se señala que el Decreto 098, emitido por el Congreso del Estado de Tabasco, incumple lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución General de la República, ya que no se encuentra debidamente fundado y motivado por lo siguiente:

a) En los considerandos quinto y sexto de dicho decreto se precisa que el Municipio actor dejó de solventar observaciones realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, irregularidades que generaron la cantidad de $2'282,269.16 (dos millones doscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos 16/100 M.N.); no obstante, como se advierte de los informes sobre hallazgos y observaciones relativos a la auto-evaluación presupuestal-financiera y evaluación del gasto público, correspondiente a todos los trimestres del ejercicio fiscal del año dos mil cuatro, emitido por el citado órgano de fiscalización, el Municipio actor sí solventó las observaciones que fueron realizadas agregando la información que le fue requerida y la que estimó necesaria para justificar todos los extremos contables, administrativos y jurídicos sobre su actuación constitucional municipal.

b) Lo anterior implica que el Congreso del Estado no pormenorizó los documentos que solventaron las observaciones formuladas por el órgano de fiscalización en comento; no precisó qué documentación fue requerida por aquél para tal efecto; no señaló qué valor asignó a la documentación proporcionada por el actor para solventar las observaciones, ni las razones que tuvo para desestimarla, tampoco precisó el fundamento de su decisión.

c) Del mismo modo, el Congreso del Estado no detalló las acciones y las obras que ejecutó el Municipio actor durante el ejercicio del año dos mil cuatro por administración directa, que ascienden a la cantidad referida en el considerando que se comenta.

d) El Congreso del Estado sostiene que derivado del análisis al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública del Municipio actor correspondiente al ejercicio del año dos mil cuatro, la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda determinó que de las obras ejecutadas en dicho ejercicio, debían excluirse del Decreto 110 los proyectos de inversión OP064; OP065; OP066; OP067; OP085; OP087; OP136; OP005; OP061; OP006; OP010 y OP090, por no encontrarse solventadas en su totalidad, sin especificar las razones para arribar a tal conclusión.

e) El Congreso del Estado no tiene competencia constitucional para ordenarle a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Estado de Tabasco, que destituya al director de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales de ese Municipio, pues está prejuzgando sin dar cumplimiento a las garantías de audiencia, debido proceso y debida defensa, invadiendo el marco competencial de órganos que sí tienen competencia expresa.

f) Lo mismo sucede cuando el citado Congreso requiere al órgano de fiscalización en comento que sancione a los servidores públicos que por su encargo o jerarquía hubieren intervenido en el proceso de aplicación del gasto, relacionado con las violaciones precisadas en el considerando quinto, sin detallar el sentido y alcance de la citada imposición, ni las circunstancias particulares en las que se cometió la falta administrativa y la responsabilidad plena de los servidores públicos.

g) En relación con el considerando séptimo del Decreto 098 combatido, el actor señala que en aquél el Congreso del Estado precisa que con la finalidad de evitar incrementos en los pasivos provenientes de laudos laborales ejecutoriados pendientes de pago, recomienda su liquidación inmediata con recursos del presupuesto de egresos que corresponda, por lo que el Órgano de Control Interno del Municipio actor deberá efectuar las acciones pertinentes o, fincar las responsabilidades administrativas procedentes. Lo anterior pone de manifiesto que lo que en principio constituyó una recomendación, resultó un mandato arbitrario que no tiene sustento jurídico.

En el inciso A) del segundo concepto de invalidez se aduce que el Congreso del Estado transgredió en perjuicio del Municipio actor el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los siguientes argumentos:

Al precisar en el considerando sexto del Decreto 098 que del análisis efectuado al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la cuenta pública de dicho Municipio, relativo al ejercicio fiscal del año dos mil cuatro, presentado por el órgano de fiscalización, se advierte que incumplió con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, pasó por alto que el Decreto 007, por el cual fue promulgada dicha ley, se publicó en el Periódico Oficial Local el siete de abril de dos mil cuatro, y entró en vigor hasta el siete de junio de ese año, según lo dispuesto por su artículo segundo transitorio; por tanto, el Congreso del Estado aplicó retroactivamente en perjuicio del Municipio actor el citado numeral 73, párrafo segundo, puesto que la prohibición establecida en tal precepto consistente en que los Municipios no podrán contratar más del 5% de la inversión física total autorizada para obras públicas por administración directa, sólo es para el gasto parcial del ejercicio del año dos mil cuatro, esto es, a partir de la vigencia de la mencionada disposición.

En el inciso B) del segundo concepto de invalidez el Municipio actor señala que el párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vulnera lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, de la Norma Fundamental, dado que:

a) Si bien es verdad que esta disposición constitucional autoriza a las Legislaturas de los Estados para expedir leyes conforme a las cuales los Municipios investidos de personalidad jurídica manejarán su patrimonio, tal facultad se encuentra acotada a las materias y alcances establecidos en el Texto Constitucional, cuya finalidad es lograr la autonomía municipal; luego, cuando a través de la mencionada disposición legal se restringe al Municipio el medio por el cual debe realizar las obras públicas, no se respeta el fin del Constituyente.

b) El Poder Legislativo del Estado de Tabasco, al aprobar leyes que tengan injerencias en la vida municipal, no sólo debe estarse a la literalidad de la Norma Fundamental contenida en el referido artículo 115, también debe atender al espíritu del Poder Reformador, lo que no aconteció cuando dicho Congreso insertó a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco la limitante prevista en su artículo 73, párrafo segundo.

c) La disposición legal impugnada restringe el manejo del patrimonio con que cuenta el Municipio, pues dentro de éste se encuentran comprendidos los bienes no sólo inmuebles sino también muebles, como la maquinaria y equipo que se tiene para ejecutar las obras, atentando contra la autonomía municipal contenida en el artículo 115 constitucional.

d) Dicha disposición vulnera el principio del Municipio Libre, porque lleva implícita una restricción en el manejo del patrimonio que corresponde a los Municipios, ya que al excederse el porcentaje que se establece (5%) de obras realizadas por administración directa, necesariamente obliga al Ayuntamiento a no usar la maquinaria y equipo con que cuenta, restringiéndole la autonomía y libertad de que gozan los Municipios para la disposición de su patrimonio.

e) El citado párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y hace nugatorio el principio de libre administración pública hacendaria municipal contenido en la fracción IV del artículo 115 constitucional, que establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos, que las legislaturas establezcan a su favor. Conforme a ese principio, los Municipios están facultados para disponer de manera autónoma la forma y el destino en que van a aplicar no solamente los recursos que les son ministrados y los que resulten como producto de los rendimientos que le generen la prestación de los servicios públicos, sino también sus bienes muebles e inmuebles, porque éstos, al formar parte de la hacienda municipal, quedan comprendidos dentro de la fracción IV del citado artículo 115.

f) En términos de los numerales 115 de la Constitución General y 65 de la Constitución del Estado de Tabasco, los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los Municipios, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, esto es, si bien los Municipios pueden administrar su hacienda libremente, lo cierto es que deberán garantizar que su ejercicio se efectúe conforme a los principios antes referidos.

g) En tal contexto, el Órgano Revisor de la Constitución del Estado de Tabasco precisó que conforme al principio de libre administración hacendaria derivado del artículo 115 de la Constitución General, las adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza y contratación de obras que realicen se adjudicarán o llevarán al cabo a través de licitaciones, mediante convocatoria pública para que libremente se presenten las proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, no obstante, cuando las licitaciones referidas no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

h) No obstante lo anterior, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en ningún apartado establece las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, cuando las licitaciones no sean las idóneas y sea necesario para el Ayuntamiento la contratación de obra, sin que el párrafo segundo del artículo 73 de la precisada ley remedie lo anterior pues, por el contrario, atenta contra el marco competencial de los Municipios, consagrado en los incisos del a) al i) de la fracción V del artículo 115 de la Constitución General.

En el tercer concepto de invalidez el actor reitera la sujeción de los actos del Congreso del Estado, en cuanto a la aprobación de la cuenta pública de los Municipios, al principio de legalidad regulado por el numeral superior 16.

En el cuarto concepto de invalidez se precisa que el refrendo reclamado a los secretarios de Gobierno y de Obras Públicas no amerita un "agravio profundo y amplio", por ser parte del proceso legislativo.

En el quinto concepto de invalidez el actor destaca que conforme al criterio de este Tribunal Pleno, para que se estudien los conceptos de invalidez es suficiente con que el actor exprese claramente la contravención del acto o norma impugnados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. El actor considera que los actos cuya invalidez demanda son violatorios de los artículos 14, 16, 115, 116 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual, por razón de turno, correspondió conocer al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, como instructor del procedimiento.

Por auto de veintidós de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda presentada por el síndico de Hacienda del Municipio actor, sin tener por presentados al presidente municipal y regidores, en virtud de que la representación legal del Municipio corresponde al síndico; por otra parte, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno y al Órgano Superior de Fiscalización, todos del Estado de Tabasco -no así al secretario de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas del Gobierno de la entidad, en virtud de encontrarse subordinado al Gobernador Constitucional del Estado- los que ordenó emplazar para que formularan su contestación y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

En el mismo proveído, el Ministro instructor requirió al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco para que, al dar contestación a la demanda, remitiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de los antecedentes del Decreto 098, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiocho de diciembre de dos mil cinco y del Periódico Oficial del Estado de siete de abril de dos mil cuatro; asimismo solicitó copia autorizada de diversos oficios y ordenó formar el cuaderno incidental relativo a la solicitud de suspensión.

SEXTO. Al contestar la demanda el gobernador del Estado de Tabasco manifestó, en síntesis, lo siguiente:

• Reconoció haber sancionado y ordenado la publicación en el Periódico Oficial de la entidad, del Decreto 098 impugnado, con fundamento en los artículos 35 y 51, fracción I, de la Constitución Estatal, que establecen la obligación del Ejecutivo del Estado de promulgar las leyes, decretos y acuerdos que le sean enviados por la Legislatura del Estado para su validez.

• En virtud de no tener observaciones al Decreto 098, relativo a la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro, sobre la base de que para su emisión se cumplieron los requisitos formales del proceso legislativo y, debido a que no era contrario a las disposiciones de la Constitución General de la República, procedió a sancionarlo y promulgarlo, previo refrendo del secretario de Gobierno, el cual se publicó en el suplemento "I" del Periódico Oficial Número 6606 de veintiocho de diciembre de dos mil cinco.

• Asimismo, al no tener observaciones al Decreto 007, relativo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco que le remitió el Congreso del mismo Estado para su promulgación, procedió a sancionarlo y promulgarlo, previo refrendo del secretario de Gobierno.

• El artículo 73, párrafo segundo, de la ley citada es una disposición autoaplicativa, siendo su primer acto de aplicación la primera obra pública realizada por el Ayuntamiento, por ello, la parte actora se encuentra fuera del plazo para su interposición.

SÉPTIMO. El secretario de Gobierno, al contestar la demanda señaló, en suma, lo siguiente:

• Es cierto que el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco sancionó y ordenó la publicación del Decreto 098 relativo a la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el que fue publicado en el Suplemento "I" del Periódico Oficial 6606 de veintiocho de diciembre de dos mil cinco.

• Al no tener observaciones al Decreto 098, relativo a la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro, sobre la base de que para su emisión se cumplieron los requisitos formales del proceso legislativo y que no era contrario a las disposiciones de la Constitución Federal, el Ejecutivo Estatal procedió a sancionarlo y promulgarlo.

• Es cierto que el citado secretario de Estado refrendó el Decreto 098 combatido, relativo a la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro, con fundamento en los artículos 35, primer párrafo, 51, fracción I, de la Constitución Política del Estado, que establecen la atribución de esta autoridad administrativa de refrendar para su validez y observancia las leyes y decretos que el gobernador del Estado promulgue.

• El artículo 73, párrafo segundo, de la ley citada es una disposición autoaplicativa, siendo su primer acto de aplicación la primera obra pública realizada por el Ayuntamiento, por ello, la parte actora se encuentra fuera del plazo para su interposición.

OCTAVO. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, al contestar la demanda en representación del citado Congreso señaló, en síntesis, lo siguiente:

• En relación con la falta de fundamentación y motivación que la actora atribuye al considerando quinto del Decreto 098, apunta que ésta pasa por alto que las facultades de fiscalización del Congreso Estatal se realizan a partir del dictamen que somete a su consideración la Comisión Inspectora de Hacienda, el cual a su vez se basa en los informes técnicos, financieros y demás soportes documentales que le presenta el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

• De esa forma la actividad fiscalizadora del Congreso en su fase aprobatoria se realiza primero por la Comisión Inspectora de Hacienda y posteriormente por el Pleno de ese órgano legislativo, con base en los informes, datos y soportes documentales presentados por el ente fiscalizador, por lo que no corresponde al Pleno en la fase en comento realizar nuevamente todo el trabajo técnico-contable.

• En cuanto al considerando sexto señala que en él se establecen puntualmente las conductas que motivaron las observaciones, lo cual se apoya en las disposiciones sustantivas y adjetivas que produjeron la emisión del decreto.

• En relación con el considerado séptimo se aduce que lo en él asentado no pretende intervenir en el orden judicial e imponer la ejecución de laudos o sentencias judiciales, su único propósito es resaltar una situación de hecho, como es la obligación de la autoridad de dar cumplimiento a las ejecutorias.

• En otro orden, se apunta que es cierto que expidió la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

• Es cierto que el Decreto 098, correspondiente a la calificación de la cuenta pública del ejercicio del año dos mil cuatro del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, fue aprobado por el Pleno de los diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura en su sesión de trece de diciembre de dos mil cinco y remitido al Ejecutivo del Estado para su publicación, lo que se realizó el veintiocho de diciembre del mismo año.

• Resulta inexacto que el primer acto de aplicación de la disposición legal impugnada se haya dado hasta la publicación del Decreto Legislativo 098, relacionado con la fiscalización y aprobación de la cuenta pública del Municipio de Jalpa de Méndez, Estado de Tabasco, ya que desde la entrada en vigor del cuerpo normativo señalado, se establecieron diversas obligaciones para los entes públicos de los órdenes de gobierno involucrados, a saber, estatal y municipal, entre otras, la no realización de actos o contratos en contravención a lo dispuesto en materia de obras.

• De estimar el Municipio actor que la ley en lo general, o su artículo 73 en lo particular, le causaba perjuicio y se apartaba del ordenamiento constitucional invadiendo su esfera de competencia y de autonomía, debió impugnarlo desde su entrada en vigor, por lo que la demanda intentada es improcedente por extemporánea.

• El artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no resulta violatorio de la autonomía municipal, en tanto que su objetivo es regular el gasto público que ejercen los Municipios del Estado de Tabasco, bajo criterios de eficiencia, racionalidad, equidad y promoción al desarrollo del Estado de Tabasco.

• La autonomía municipal no implica libertad absoluta ni una facultad ilimitada en la administración de sus recursos, ya que ello debe hacerse con sujeción a las normas estatales que para tal efecto se expidan.

• La administración libre de la hacienda municipal no debe entenderse como la no sujeción del Municipio al régimen jurídico del Estado, pues ello provocaría una situación de anarquía absoluta y total arbitrariedad; por el contrario, la autonomía municipal se encuentra sujeta siempre al orden jurídico nacional y local y debe respetar las facultades que las Constituciones General y Local confieren expresamente a los Poderes del Estado.

• La autonomía hacendaria significa que el Municipio está en libertad de administrar su hacienda sin la injerencia de otros poderes en las decisiones particulares, pero con apego a las leyes.

• La libertad hacendaria se traduce en el hecho de que los Municipios pueden destinar los recursos para las obras o inversiones que estimen pertinentes, sobre lo cual no puede existir imposición ni mandamiento alguno de parte de las Legislaturas Locales para establecer en qué debe gastarse el presupuesto asignado.

• La disposición legal impugnada no determina en qué deberán invertirse los recursos destinados para los Municipios, sino únicamente da lineamientos generales que tienen como objetivo asegurar el correcto manejo de esos fondos y fomentar la participación privada dentro de la obra pública; no podría pensarse en una Legislatura Local con facultades de revisión de cuentas públicas y aprobación de presupuestos anuales, sin que existan parámetros generales que sirvan como pauta a los Municipios para conducirse dentro de un marco económico y legal a fin de transparentar la ejecución de la obra pública, cuyo objeto es el favorecer el desarrollo económico y social de toda la entidad.

• No debe perderse de vista que el artículo 115 constitucional, en su fracción IV, establece que toda esa autonomía municipal debe desenvolverse dentro de los lineamientos que para tal efecto señale la ley.

• La disposición legal impugnada contiene una medida compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendente a evitar el abuso de poder y procurar la conservación del equilibrio y equidad presupuestal de los Municipios de la entidad, tomando en consideración que son autónomos, pero no soberanos, máxime que dicha medida no vulnera su economía ni invade la esfera que les corresponde; tampoco restringe la libre administración de la hacienda pública municipal ni limita u obstaculiza su actividad financiera.

• El aludido precepto legal de ningún modo restringe la libre administración hacendaria a que se refiere el artículo 115 constitucional, pues la Legislatura Local no está asumiendo atribuciones que impidan actuar a los Municipios en forma independiente, unilateral y con decisión, de tal forma que se obstruya u obstaculice el sano desarrollo de la entidad actora, pues de ningún modo se incurre en intromisión al garantizar la distribución del ejercicio de la obra pública, ya que únicamente se fijan los montos porcentuales de cuánto puede hacerse mediante el ejercicio de la obra directa, lo que significa que en la aplicación de los recursos d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21307-2305b5f4/controversia-constitucional-la-presuncion-legal-de-la-representacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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