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Modo: Corpus Pro

MOTIVACIÓN. LOS CONSIDERANDOS QUINTO Y SÉPTIMO, ÚLTIMO PÁRRAFO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 097 PUBLICADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2005 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, NO TRANSGREDEN EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY LOCAL RELATIVA DE TABASCO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, AL LIMITAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL CINCO POR CIENTO DE LA INVERSIÓN FÍSICA TOTAL AUTORIZADA A LOS MUNICIPIOS PARA ESE RUBRO O DEL MONTO ANUAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADAS CON ÉSTAS. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, AL LIMITAR EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY LOCAL RELATIVA EL MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA PARA OBRAS PÚBLICAS QUE PUEDEN DESTINAR LOS MUNICIPIOS PARA LLEVARLAS A CABO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EXCEDE LA FACULTAD LEGISLATIVA EN MATERIA MUNICIPAL, CONFORME AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO A), CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2006. · Registro digital (IUS): 21009
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE TABASCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, , Pág. 962.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2006. MUNICIPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE TABASCO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIOS: MAKAWI STAINES DÍAZ Y MARAT PAREDES MONTIEL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de abril de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio recibido el diez de febrero de dos mil seis, en la Oficina del Servicio Postal Mexicano del Municipio de Paraíso, Estado de Tabasco, Sebastián Izquierdo Gómez, quien se ostentó como presidente municipal del Ayuntamiento del citado Municipio, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de la norma y el acto que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"... II. La entidad, poderes u órganos demandados y sus domicilios. 1. El H. Congreso del Estado de Tabasco ... 2. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco ... 3. El Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco ... 4. El secretario de Gobierno del Estado de Tabasco ... 5. El secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado ... IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. ... La inconstitucionalidad de los numerales ‘quinto, sexto y séptimo’ del apartado denominado ‘considerando’ y ‘artículo único’ del apartado denominado ‘Decreto 097’ publicado el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Suplemento 6606 ... La invalidez del artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las Mismas, contenida en el Decreto Número 007, publicado el siete de abril de dos mil cuatro, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco."

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"I. El siete de abril de dos mil cuatro, se publicó, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el Decreto Número 007 mediante el cual se aprobó la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las Mismas; II. El dieciséis de marzo de dos mil cinco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, remitió, al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, el oficio número HCE/OSFE/DFEG/523/2005, mediante el cual envió el resultado de la evaluación, así como los hallazgos y observaciones relativos a la auto-evaluación presupuestal-financiera y evaluación del gasto público del tercer trimestre del año dos mil cuatro; III. El dieciocho de abril de dos mil cinco, Trinidad Jesús López Domínguez, contralor municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Estado de Tabasco, remitió, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el oficio número 414 mediante el cual se solventaron las observaciones que dicho órgano técnico realizó a este órgano de gobierno municipal y que quedaron consignadas en el oficio que ha sido referido en el numeral anterior; IV. El tres de junio de dos mil cinco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, remitió, al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, el oficio número HCE/OSFE/844/06/2005, mediante el cual envió el resultado de la evaluación, así como los hallazgos y observaciones, relativos a la auto-evaluación presupuestal-financiera y evaluación del gasto público de los tres primeros trimestres del año dos mil cuatro; V. El veintinueve de junio de dos mil cinco, Trinidad Jesús López Domínguez, contralor municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, remitió, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el oficio número 637 mediante el cual se solventaron las observaciones que dicho órgano técnico realizó y que quedaron consignadas en el oficio que ha sido referido en el numeral anterior; VI. El diez de junio de dos mil cinco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, remitió, al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, el oficio número HCE/OSFE/DFEG/892/2005 mediante el cual envió el resultado de la evaluación, así como los hallazgos y observaciones, relativos a la auto-evaluación presupuestal-financiera y evaluación del gasto público del cuarto trimestre del año dos mil cuatro; VII. El cinco de julio de dos mil cinco, Trinidad Jesús López Domínguez, contralor municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Estado de Tabasco, remitió, al Órgano Superior de Fiscalización, el oficio número 654 mediante el cual se solventaron las observaciones que le fueron realizadas al órgano constitucional municipal y que quedaron consignadas en el oficio que ha sido referido en el numeral anterior; VIII. El veintiocho de diciembre de dos mil cinco, se publicaron, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, entre otros, los Decretos Números 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 104, 105, 106, 107, 109, 110 y 112, correspondientes a la calificación de las cuentas públicas de los H. Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Paraíso, Jalpa de Méndez, Huimanguillo, Nacajuca, Balancán, Emiliano Zapata, Jalapa, Tlacotalpa, Tenosique, Paraíso y Macuspana del Estado de Tabasco, respectivamente, mismos que se ofrecen y agregan como medios probatorios número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22."

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora en síntesis señaló que:

a) El Decreto 097 emitido por el Congreso del Estado de Tabasco, publicado el veintiocho de diciembre dos mil cinco en el Periódico Oficial de la entidad, incumple lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece el principio de legalidad aplicable a cualquier acto de autoridad que afecte o infrinja alguna molestia a los particulares. Dicho numeral impone a las autoridades la obligación de que sus actuaciones deben ser por escrito, provenir de autoridad competente y que el acto se encuentre debidamente fundado y motivado.

Que apoyan lo expuesto las jurisprudencias de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER."

b) El considerando quinto del citado decreto, contiene únicamente la observación relativa a que el pago de subsidios a las escuelas preparatorias de la ranchería de Nicolás Bravo 3a. y 2a. poblado Chiltepec, Instituto Contable de Paraíso y Consejo Ciudadano Universitario, carecen de convenio celebrado entre el Municipio y cada una de las instituciones beneficiadas, debidamente legalizado, y el acuerdo con la autoridad educativa estatal previo el inicio de su funcionamiento.

Las citadas observaciones fueron remitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones en los informes sobre hallazgos y observaciones relativos a la auto-evaluación presupuestal financiera y evaluación del gasto público correspondientes a los trimestres del ejercicio fiscal dos mil cuatro, las cuales fueron solventadas por el Municipio, agregando la información que le fue requerida, así como la que estimó conveniente para justificar contable, administrativa y jurídicamente su actuación.

En ese sentido, el considerando mencionado carece de fundamentación y motivación, porque el Congreso del Estado de Tabasco no analizó en qué consistió la observación, ni la solventación que con motivo de las observaciones realizadas por el órgano superior de fiscalización hizo el Municipio, omitió precisar la documentación requerida para ello por dicho órgano de fiscalización, así como establecer con precisión y claridad la documentación proporcionada por el Ayuntamiento para solventar las observaciones, el valor que otorgó a dichas pruebas, y el fundamento jurídico de la conclusión arribada en dicho considerando.

c) El considerando sexto del decreto de referencia, carece de fundamentación y motivación pues la autoridad demandada no precisó cuáles fueron las ciento setenta y una acciones y el monto individual de las obras que supuestamente ejecutó el Ayuntamiento del Municipio de Paraíso por administración directa, con base en las cuales pueda sostenerse que el monto autorizado ascendió a la cantidad señalada.

d) Que el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, entró en vigor el siete de junio de dos mil cuatro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo transitorio segundo del decreto de publicación, por lo que dicha disposición no debió considerarse para el gasto total de obras ejercidas durante el año dos mil cuatro, como se hizo, sino a partir de la vigencia de dicho precepto. En consecuencia, la determinación en los términos realizados implica la aplicación retroactiva de dicho numeral, lo cual está prohibido por el artículo 14 constitucional.

e) El Congreso del Estado carece de competencia para ordenar a la Contraloría Municipal de Paraíso, que destituya al titular de la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales de ese órgano de gobierno, de conformidad con lo previsto por el artículo 54, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, puesto que está prejuzgando sin dar cumplimiento a las garantías de audiencia, debido proceso y debida defensa, además de invadir el marco de competencias de diversos órganos.

Lo mismo ocurre con el requerimiento al Órgano Superior de Fiscalización para que sancione a los servidores públicos que por su encargo y jerarquía hubieren intervenido en el proceso de aplicación del gasto relativo a las violaciones señaladas en el considerando sexto, sin que se fundamente el sentido y alcance de dicha imposición, ni las circunstancias particulares en las que se cometió la falta administrativa y la responsabilidad por su comisión de los servidores públicos a que se hace referencia.

f) En el considerando séptimo, el Congreso de la entidad señala que con la finalidad de evitar incrementos en los pasivos provenientes de laudos laborales ejecutoriados pendientes de pago, deberán registrarse y liquidarse de inmediato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, lo cual debe hacerse a partir de la publicación del decreto correspondiente a la cuenta pública del ejercicio de dos mil cuatro, con recursos del presupuesto de egresos que corresponda, por lo que el órgano de control interno del Ayuntamiento deberá efectuar las acciones pertinentes o fincar las responsabilidades procedentes.

Lo anterior constituye un mandato impuesto por la autoridad demandada sin tener competencia para ello, pues el precepto que citó para tal efecto, no corresponde con su marco de atribuciones, aunado que tampoco explicó las razones particulares para esa recomendación (motivación), ni para solicitar las acciones pertinentes o el fincamiento de responsabilidades.

g) De conformidad con los artículos 25, 26, párrafo primero y 36, fracción XLI, de la Constitución del Estado, corresponde al Congreso de la entidad revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas, no obstante, en el Decreto 097 no se establecieron las consideraciones particulares y razones específicas para su emisión, así como las disposiciones jurídicas en que sustentan una determinación tan severa como la que impone al gobierno municipal, por lo que, al carecer de fundamentación y motivación vulnera el principio de legalidad.

h) En el considerando sexto del Decreto 097 se determinó que setenta y siete obras fueron ejecutadas por el Municipio en la modalidad de administración directa, por una cantidad que contraviene el límite de cinco por ciento permitido por el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, lo cual resulta inconstitucional, pues como fue señalado, el citado numeral se aplicó en forma retroactiva.

i) Además, el referido artículo 73, segundo párrafo, es contrario al artículo 115 constitucional, toda vez que lesiona la competencia constitucional del Municipio para administrar libremente su hacienda, pues si bien ésta es una facultad limitada, no puede entenderse de tal forma que se le imposibilite ejercer las funciones que constitucional y originariamente le fueron conferidas.

El citado precepto es contrario al artículo 115 constitucional y al 65 de la Constitución de Tabasco, pues la disposición impugnada puede tener como efecto que se inhiba la posibilidad de ejecutar las obras o bien que actuando se lesione una disposición que materialmente resulta imposible de cumplir.

El ejercicio de la administración libre implica gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan, en tanto que la citada disposición genera una imposibilidad para ejecutar obras, pues como se advierte de los Decretos 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 104, 105, 106, 107, 109, 110 y 112, quince de los diecisiete Municipios de la entidad incumplieron con el artículo 73 impugnado. Lo que además evidencia, que es imposible cumplir con la citada disposición.

j) Que se viola el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que conforme a él, se estableció en la Constitución del Estado de Tabasco, que la ley determinaría, las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado en la contratación de obras, cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar el mejor precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, sin que dicha reglamentación se haya llevado a cabo en el título quinto "De la administración directa", capítulo único, artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

k) El artículo 73, párrafo segundo, impugnado, es inconstitucional pues está impidiendo a los Municipios que cumplan con el marco constitucional establecido en el artículo 115, fracción V, incisos a) a i), de la Constitución Federal.

l) El órgano superior de fiscalización y el Congreso del Estado en el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, no cumplieron con el principio de legalidad prevista por el artículo 16 constitucional, el cual aleja la posibilidad de que una decisión de carácter técnica, se torne en política.

Resulta aplicable la tesis de rubro: "CUENTA PÚBLICA. EL HECHO DE QUE EL INFORME TÉCNICO QUE RINDA LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS NO OBLIGUE A LA LEGISLATURA A APROBAR O RECHAZAR EN SUS TÉRMINOS AQUÉLLA, NO LA EXIME DE ACATAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

En consecuencia, se solicita se declare la invalidez de los considerandos quinto, sexto y séptimo, así como el artículo único del Decreto 097.

CUARTO. Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos son el 14, 16, 115, 116 y 133 de la Constitución Federal.

QUINTO. Trámite. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil seis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 35/2006 y por razón de turno, designó al Ministro Genaro David Góngora Pimentel para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dispuso dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Contestación de demanda. El secretario de Gobierno y el gobernador, ambos del Estado de Tabasco, en forma coincidente, en lo toral, señalaron que:

a) El titular de Poder Ejecutivo Estatal sancionó y ordenó la publicación en el Periódico Oficial del Decreto 097 relativo a la cuenta pública del Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, Estado de Tabasco, ajustando su actuación a lo establecido en los artículos 28, 35 y 51, fracción I, de la Constitución Estatal, que señalan la obligación constitucional del Ejecutivo para promulgar las leyes, decretos y acuerdos que le sean enviados por la Legislatura del Estado para su validez.

b) Con fundamento en el artículo 36, fracciones I, VI y XVI, de la Constitución Local, el dictamen legislativo relativo a la cuenta pública del Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, Estado de Tabasco, fue sometido a consideración de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso Estatal, y fue aprobado por representación popular, emitiendo el Decreto 097.

Dicha legislatura envió al Ejecutivo Estatal, para su promulgación el citado decreto, agregando las consideraciones que motivaron la iniciativa, por lo que al no tener observaciones al referido decreto y considerando que para su emisión se habían cumplido con los requisitos formales del procedimiento legislativo, el Ejecutivo Estatal procedió a sancionarlo y promulgarlo, previo refrendo del secretario de Gobierno, de acuerdo a lo establecido por los artículos 35, primer párrafo, 51, fracción I, de la Constitución Local; 26, fracción I, 27, fracciones VI y IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 9o., fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, que prevén la facultad del secretario de Gobierno para refrendar las leyes y decretos que el gobernador del Estado promulgue.

Por tanto, la sanción y promulgación del Decreto 097 realizadas por el Poder Ejecutivo Estatal, se ajustaron a lo establecido por las disposiciones legales aplicables.

c) Asimismo, el Ejecutivo del Estado de Tabasco sancionó y ordenó la publicación en el Periódico Oficial del Decreto 007 relativo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, ajustando su actuación a la normatividad aplicable, pues la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado envió al Ejecutivo Estatal, para su promulgación el citado decreto, agregando las consideraciones que motivaron la iniciativa y el dictamen legislativo correspondiente, y al no tener observaciones, el titular del Poder Ejecutivo procedió a su sanción y promulgación, previo refrendo del secretario de Gobierno.

De lo que se desprende que el Ejecutivo del Estado actuó de conformidad con lo establecido por los artículos 28, 35 y 51, fracción I, de la Constitución Política del Estado, resultando infundado el presente medio de control constitucional.

d) El argumento por el que se reclama la invalidez del artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco resulta infundado, toda vez que al tratarse de una disposición autoaplicativa, el primer acto de aplicación lo fue la primer obra realizada por el Ayuntamiento, por lo que resulta evidente que la parte actora se encuentra fuera de plazo para su interposición.

SÉPTIMO. Contestación de demanda. El Poder Legislativo del Estado de Tabasco en síntesis señaló que:

a) Los argumentos en los que el Municipio actor señala que el Decreto 097 incumple con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal resultan infundados, puesto que dicho decreto se encuentra adecuadamente fundado y motivado, conforme a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, por lo que no vulnera el principio de legalidad.

b) La facultad que le confiere el artículo 36, fracción XLI, de la Constitución del Estado al Congreso Estatal, constituye el marco normativo en el que el Poder Legislativo del Estado de Tabasco fundamenta y motiva el Decreto 097, además de relacionarlo con la presentación, revisión, dictaminación, análisis, debate y aprobación de la cuenta pública del Municipio actor.

c) Por lo que hace a la supuesta falta de fundamentación y motivación del considerando quinto que determina las cantidades líquidas resultantes de observaciones, debe señalarse que las facultades de fiscalización ejercidas por el Congreso Estatal se basan en los datos, informes técnicos y observaciones que presenta el órgano superior de fiscalización, las cuales fueron informadas oportunamente a las autoridades municipales, sin que éstas hayan procedido a su solventación.

d) Las observaciones contenidas en el considerando sexto constituyen la constatación de un hecho derivado del informe de resultados, ya que únicamente se establecen las conductas que motivaron las observaciones formuladas, su falta de solventación, y la relación de tales conductas con la legislación aplicable, que dieron lugar a la emisión del Decreto 097.

e) El considerando séptimo, contrario a lo que señala el Municipio actor, no constituye un mandato arbitrario, ya que la pretensión del Congreso no es intervenir en el orden judicial e imponer la ejecución de laudos o sentencias jurisdiccionales, sino resaltar la obligatoriedad de la autoridad municipal de dar cumplimiento a los laudos laborales pendientes de pago y que han causado ejecutoria, con la intención de prevenir y evitar aumentos de los pasivos municipales por el incumplimiento de dichas resoluciones.

f) Es improcedente que el Municipio actor señale que el primer acto de aplicación del artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se haya dado hasta la publicación del Decreto 097, toda vez que el ordenamiento que regula la materia de obras públicas y servicios relacionados fue publicado mediante el Decreto 007 el siete de abril de dos mil cuatro, y desde su entrada en vigor fue susceptible de ser cumplida por los entes involucrados.

Lo anterior toda vez que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas reviste el carácter de autoaplicativa, por lo que a efecto de diferenciar dicha naturaleza, de la presunta calidad heteroaplicativa que alega la actora, debe citarse la tesis jurisprudencial de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."

Aunado a ello, el régimen transitorio del Decreto 007 demuestra también que la citada ley de obras tuvo desde su entrada en vigor, naturaleza autoaplicativa, y no como lo pretende la actora, que hayan sido aplicados con tal naturaleza todos y cada uno de los dispositivos de la ley, con excepción del artículo impugnado, por lo que de haber estimado el Municipio actor que la ley en lo general, o su artículo 73, en lo particular, le causaba perjuicio o invadía su esfera competencial, el momento oportuno para debatir su inconstitucionalidad hubiese sido desde su entrada en vigor, siendo procedente que la demanda interpuesta se declare improcedente por extemporánea.

g) El segundo párrafo del artículo 73 de la ley de obras públicas no es violatorio de la autonomía municipal prevista en los artículos 115 y 134 de la Constitución Federal, ya que las actuaciones de los órganos legislativos que intervinieron en el proceso legislativo que dio origen a la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fueron realizadas de conformidad con las facultades y esfera competencial del Congreso del Estado de Tabasco.

h) De igual forma, el artículo impugnado no transgrede la autonomía del Municipio actor, ya que su objetivo es regular el ejercicio del gasto público que ejercen los Municipios del Estado de Tabasco, bajo criterios de eficiencia, racionalidad, equidad y promoción al desarrollo económico del Estado.

i) La actora realiza una indebida interpretación del concepto de libre administración de la hacienda municipal, ya que dicho término no implica libertad absoluta ni facultad ilimitada, sino que significa que el Municipio tiene libertad de administrar su hacienda sin la injerencia de otros poderes en las decisiones particulares, pero siempre con apego a las leyes y sujetándose al orden jurídico nacional y municipal.

En el caso, la libertad hacendaria se traduce en que los Municipios puedan destinar los recursos para obras o inversiones que estimen pertinentes, lo cual no se vulnera, ya que el artículo 73 de la citada ley de obras únicamente establece lineamientos generales para asegurar el correcto manejo de fondos a fin de fomentar la participación privada dentro de la obra pública.

Cita en apoyo a lo anterior la tesis de este Alto Tribunal de rubro: "MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE DICHO ESTADO, EN CUANTO IMPIDE A LOS AYUNTAMIENTOS DE AQUÉLLOS ACORDAR REMUNERACIONES PARA SUS MIEMBROS SIN APROBACIÓN DEL CONGRESO, NO INFRINGE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

j) En consecuencia, no se vulnera la fracción IV del artículo 115 constitucional, ya que la Legislatura Local no está asumiendo atribuciones que impidan al Municipio actor el ejercicio de sus facultades constitucionales del libre manejo de su hacienda municipal, sino que únicamente está fijando los montos porcentuales de cuánto puede hacerse mediante el ejercicio de la obra directa, a fin de garantizar el correcto manejo de fondos y fomentar el acceso de los particulares dentro de la obra pública.

k) Es infundado el argumento por el que el actor sostiene una aplicación retroactiva del artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, toda vez dicho ordenamiento no inició su vigencia de manera inmediata a su publicación, sino que se otorgó un periodo de sesenta días para que los Municipios tuvieran oportunidad de conocerla plenamente y ajustar sus programas de obras públicas a la nueva normatividad.

Además, las observaciones realizadas por el órgano superior de fiscalización que sirvieron de fundamento al Decreto 097, comprendieron únicamente el periodo del siete de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, es decir a partir de la vigencia de la nueva ley de obras, por lo que no existe transgresión al artículo 14 de la Constitución Federal.

l) De igual forma resulta infundado que el Congreso Estatal haya vulnerado el artículo 16 constitucional, al no tomar en consideración para su resolución final sobre la cuenta pública del Ayuntamiento de Paraíso las observaciones y actuaciones del órgano de fiscalización superior, toda vez que las actuaciones de la Comisión Inspectora y del Pleno del Congreso derivaron de los trabajos de ese órgano fiscalizador, situación que se desprende de los antecedentes, anexos y documentos de apoyo que dieron fundamento y motivaron los resolutivos del Decreto 097.

OCTAVO. Contestación de demanda. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco indicó sustancialmente que:

a) Las actuaciones de ese órgano se encuentran apegadas a las disposiciones expresas de la Constitución Estatal y a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, en correlación con su reglamento interior y demás normas aplicables a la materia de fiscalización, toda vez que para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizado, el Congreso del Estado de Tabasco, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, es el encargado de realizar las evaluaciones de forma trimestral de cada uno de los ejercicios fiscales.

b) El citado órgano de fiscalización tiene por objeto fiscalizar y verificar si las operaciones se realizaron con apego a los recursos que como aportaciones del erario federal a la hacienda estatal o municipal, administraron y ejercieron las entidades del gobierno estatal y municipal, por lo que cuenta con facultades para fincar responsabilidades administrativas, indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los servidores públicos y demás sujetos obligados.

c) En virtud de las facultades que le confieren los artículos 40 y 41 de la Constitución Local, el Órgano Superior de Fiscalización formuló el informe sobre hallazgos y observaciones relativos a la auto-evaluación presupuestal-financiera y evaluación del gasto público, correspondiente a cada uno de los trimestres del ejercicio fiscal dos mil cuatro, del Ayuntamiento de Paraíso, Estado de Tabasco.

d) En atención a que los hallazgos y observaciones realizadas en el pliego de observaciones no fueron debidamente solventadas por el Ayuntamiento de Paraíso, Estado de Tabasco, el órgano de fiscalización formuló el pliego de cargos derivado del apartado de hallazgos y observaciones de las evaluaciones trimestrales practicadas a los informes de auto-evaluación del ejercicio fiscal dos mil cuatro.

Al respecto, el citado órgano informó las irregularidades encontradas en la cuenta pública municipal al Congreso del Estado, quien a su vez emitiría la resolución que en derecho correspondiera.

Por lo anterior, el actuar del órgano técnico de fiscalización es conforme a derecho, siendo el Congreso del Estado responsable de las medidas aplicables en cuanto a la revisión y calificación de la cuenta pública anual de los entes fiscalizados por el Órgano Superior de Fiscalización.

e) El Municipio actor no agotó la vía legalmente prevista para impugnar ante el órgano fiscalizador el citado pliego de cargos, ya que en su momento no interpuso el recurso de reconsideración previsto por el artículo 60 de la Ley Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

f) El promovente imputa al órgano superior de fisc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21009-31663b48/motivacion-los-considerandos-quinto-y-septimo-ultimo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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