Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS CONSIDERANDOS QUINTO Y SEXTO, PÁRRAFOS SEXTO A NOVENO, Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 096 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO 6606 G DEL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 28 DE DICIEMBRE DE 2005, QUE CONTIENEN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA LEGISLATURA LOCAL MEDIANTE LAS CUALES REVISÓ Y CALIFICÓ LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2004, Y LA DETERMINACIÓN DE SANCIONAR AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES, ASÍ COMO EL OFICIO HCE/OSFE/DFEG/0263/2006, DE 12 DE ENERO DE 2006, EMITIDO POR EL FISCAL SUPERIOR ESTATAL, EN LO QUE RESPECTA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PÁRRAFOS INDICADOS, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 16 Y 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2006. · Registro digital (IUS): 21251
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 739.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2006. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el nueve de febrero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Anicasio Hidalgo Zamudio, quien se ostentó como síndico del Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco, promovió controversia constitucional en representación de ese Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

a) El Poder Legislativo del Estado de Tabasco. b) El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. c) El secretario de Gobierno. d) El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

Actos impugnados:

1. Del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, depositado en el Congreso del Estado de Tabasco: a) El Decreto 096, publicado en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial, Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional Libre y Soberano de Tabasco, el 28 de diciembre del año 2005, únicamente por lo que hace a los considerandos quinto y los párrafos sexto, séptimo, octavo y último del sexto y los efectos que éstos tuvieron en el párrafo segundo de su artículo único. 2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, depositado en el gobernador del Estado, con motivo de las funciones que ejerce en términos de los artículos 35 y 51, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco: a) La promulgación y publicación en el suplemento 6606 G del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 28 de diciembre del año 2005, del Decreto 096, únicamente en cuanto hace a los considerandos quinto y los párrafos sexto, séptimo, octavo y último del sexto y el párrafo segundo de su artículo único. 3. Del secretario de Gobierno del Estado con motivo de las funciones que ejerce en términos de los artículos 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 9o., fracciones XVI y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco y 12 del Reglamento para la Impresión, Publicación, Distribución y Resguardo del Periódico Oficial del Estado de Tabasco. a) La publicación y refrendo en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 28 de diciembre del año 2005, del Decreto 096, únicamente en cuanto hace a los considerandos quinto y los párrafos sexto, séptimo, octavo y último del sexto y el párrafo segundo de su artículo único. 4. Del Órgano Superior de Fiscalización, derivado de lo ordenado en el párrafo segundo del artículo único del Decreto 096, emitido por el Congreso del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 28 de diciembre del año 2005: a) El acuerdo contenido en el oficio HCE/OSFE/DFEG/0263/2006, de fecha 12 de enero de 2006, signado por el fiscal superior del Estado, únicamente en lo que respecta al cumplimiento que se le pretende dar a los considerandos quinto y los párrafos sexto, séptimo, octavo y último del sexto y el párrafo segundo de su artículo único, del decreto 6606 G, publicado el 28 de diciembre de 2005.

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son en síntesis los siguientes:

1. En términos de lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, 26 y 36, fracción XLI, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, el Congreso del Estado revisó y calificó la cuenta pública del Ayuntamiento de Cunduacán correspondiente al ejercicio fiscal dos mil cuatro.

2. Mediante Decreto de Número 096, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Estado, Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso del Estado, aprobó en lo general la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cuatro.

3. El Decreto 096 citado, aprueba en lo general la cuenta pública del Ayuntamiento de Cunduacán, Estado de Tabasco, no obstante, sus considerandos quinto y sexto, párrafos sexto, séptimo, octavo y último así como su artículo único, párrafo segundo, contienen diversas observaciones y acciones que vulneran la Norma Fundamental.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son en síntesis los siguientes:

1. Que las observaciones formuladas por el Congreso del Estado de Tabasco, al revisar y calificar la cuenta pública del Ayuntamiento de Cunduacán, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cuatro, contenidas en los considerandos quinto y sexto, párrafos sexto, séptimo, octavo y último, así como en el artículo único, párrafo segundo, del decreto impugnado, publicado el veintiocho de diciembre dos mil cinco, violan el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que carecen de motivación y fundamentación, pues no coinciden con las que formuló su órgano técnico auxiliar (Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco), además de que no se exponen las razones por las cuales no se tuvieron por solventadas diversas observaciones hechas por el órgano de fiscalización a través de los pliegos de observaciones correspondientes al ejercicio fiscal dos mil cuatro.

La Legislatura del Estado se excedió en las facultades que le corresponden, puesto que la valoración que realiza de las cuentas públicas debe calificarse a la luz de lo que a su vez detectó su órgano técnico auxiliar y, de no hacerlo así, no tendría sentido la existencia de dicho órgano; además, no existe causa fundada y motivada para que el Congreso del Estado incluya observaciones en diversos proyectos del Municipio actor, dado que el contralor municipal remitió al Órgano Superior de Fiscalización, la información y documentación faltante y si, en su caso, no se hubiese solventado, esto no le fue informado al Municipio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "CUENTA PÚBLICA. EL HECHO DE QUE EL INFORME TÉCNICO QUE RINDA LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS NO OBLIGUE A LA LEGISLATURA A APROBAR O RECHAZAR EN SUS TÉRMINOS AQUÉLLA, NO LA EXIME DE ACATAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

2. Que el considerando sexto, último párrafo, del decreto impugnado es contrario al principio del Municipio Libre, que consagra el artículo 115 constitucional, toda vez que el Congreso del Estado ordena a la Contraloría Municipal destituir al director de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Cunduacán, con lo que excede el ámbito de atribuciones que le corresponde y restringe la autonomía municipal, pues en términos del artículo 115 constitucional, es al Municipio a quien le corresponde regular las relaciones de trabajo que mantiene con sus trabajadores con base en el diverso 123 de la Constitución Federal.

Que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatal, corresponde al Municipio fincar responsabilidades a los funcionarios de los Ayuntamientos, una vez que se lleve a cabo un procedimiento seguido en forma de juicio y, al no hacerlo así, el Congreso del Estado infringe la fracción VIII del artículo 115 constitucional.

Que aun cuando todos los servidores públicos son sujetos de responsabilidad administrativa por los actos u omisiones que realicen en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, es necesario que se respete el sistema competencial que determina qué autoridad es la facultada para establecer e imponer las sanciones administrativas.

Lo anterior se apoya en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL REVOCAR UN ACUERDO DE CABILDO EN EL QUE SE DESTITUYÓ A UN CONTRALOR MUNICIPAL, Y ORDENAR SU REINSTALACIÓN CON LA RESTITUCIÓN RETROACTIVA DE SUS DERECHOS LABORALES DESDE LA FECHA DE SU DESTITUCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO HACERSE, SE APLICARÁN LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA."

Que además, el considerando sexto del decreto impugnado no puede ser un acto autoritario ni anárquico, ya que debe prevalecer la garantía de audiencia y legalidad a favor de quien se presuma la responsabilidad administrativa.

3. Que por tanto, el diverso acuerdo contenido en el oficio HCE/OSFE/DFEG/0263/2006, de doce de enero de dos mil seis, signado por el fiscal superior del Estado y emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, resulta inválido, toda vez que su objeto es dar cumplimiento a los considerandos quinto y sexto del decreto impugnado.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son los artículos 16 y 115.

QUINTO. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 23/2006 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación y mandó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Tabasco, al contestar la demanda, señaló en síntesis lo siguiente:

1. Que el Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con las atribuciones constitucionales y legales que posee, aprobó el Decreto 096, por el que se determinó la aprobación de la cuenta pública del Municipio de Cunduacán, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil cuatro.

2. Que el referido Decreto 096 estuvo sustentado en las consideraciones y razonamientos vertidos en el dictamen de la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda, sometido a la consideración del Congreso del Estado de Tabasco, el que a su vez derivó de los datos, informaciones y resultados de las actividades que previamente realizó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

3. Que es incorrecta e infundada la apreciación de la actora respecto a que la actividad fiscalizadora del Congreso del Estado y su derivación en la presunta existencia de irregularidades en los procedimientos para el fincamiento de las responsabilidades administrativas imputables a los servidores obligados al cumplimiento de las leyes aplicables, sea violatoria de la autonomía municipal.

Que el hecho de que algunas de las observaciones asentadas en el dictamen de la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda no coincidan con las formuladas en el Órgano de Fiscalización Superior, no viola la garantía de legalidad, ya que es claro que en la naturaleza de las funciones de los órganos legislativos, se encuentra la plena capacidad de adoptar sus decisiones de manera autónoma, pues si bien es correcta la apreciación de que las comisiones dictaminadoras deben realizar sus trabajos y deliberaciones con base y a partir de los elementos técnicos y de información que les allegan los órganos auxiliares del trabajo legislativo (Órgano de Fiscalización Superior), ello no implica que los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras o del Congreso, deban supeditarse al trabajo e informes que les presenten sus órganos auxiliares.

4. Que los artículos 25 y 26 de la Constitución Política del Estado de Tabasco establecen la naturaleza y alcances de la facultad de control y fiscalización del gasto público que corresponde al Congreso del Estado para revisar y calificar la cuenta pública, así como declarar si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas y si los gastos están justificados o ha lugar a exigir responsabilidades pudiendo practicar las investigaciones que considere pertinentes.

Que de los ordenamientos constitucionales y legales que norman las actividades de control y fiscalización de la cuenta pública a cargo del Congreso del Estado y del Órgano Superior de Fiscalización, se deriva que es un proceso complejo y multifuncional, ordenado en una secuencia de actos y en el tiempo, que tiene como base regulaciones legales y reglamentarias previamente establecidas.

5. Que la parte actora hace una indebida interpretación del concepto de "libre hacienda", pues la circunstancia de que el Constituyente haya establecido que los Municipios cuentan con autonomía en la administración de sus recursos no implica una facultad ilimitada, de tal manera que escapen al control y vigilancia de la Legislatura Federal o de las Legislaturas Locales, conforme a sus respectivas competencias; sino que debe hacerse con sujeción a las normas federales o estatales que para tal efecto se expidan.

Que con el contenido del decreto que se combate no se vulnera la fracción IV del artículo 115 constitucional, toda vez que la Legislatura Local no está asumiendo atribuciones que impidan actuar a los Municipios en forma independiente, unilateral y con plena autonomía; o que obstruyan u obstaculicen el sano desarrollo de la entidad política actora, pues de ningún modo se está incurriendo en intromisión al propiciar una mejor vigilancia y distribución en la ejecución de la obra pública.

6. Que el Poder Legislativo está de acuerdo en que la comisión carece de facultades para ordenar sanciones a funcionarios en el ámbito municipal, pero que en ningún momento ni la Comisión Inspectora de Hacienda, ni el Congreso Local, dispusieron u ordenaron en el decreto impugnado la sanción o destitución de algún funcionario municipal, ya que el procedimiento sancionador que se derive de eventuales incumplimientos a la ley, se debe sujetar a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, y conforme a las competencias de los órganos correspondientes.

SÉPTIMO. Por su parte, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, al contestar la demanda, señaló en síntesis:

1. Que debe sobreseerse la presente controversia por resultar improcedente, en términos de los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que se apoya en cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad, pues la actora se limita a plantear aspectos de legalidad que resultan inoperantes en esta instancia, como se advierte de su escrito de demanda en la que señala: "... las observaciones formuladas por el H. Congreso del Estado, contenidas en los considerandos quinto y sexto, en sus párrafos sexto, séptimo, octavo y último, así como el artículo único, párrafo segundo, del decreto 096, publicado el 28 de diciembre de 2005, violan el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal ..."

2. Que el Decreto 096, publicado en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco es un acto que por su naturaleza atañe al Poder Legislativo del Estado de Tabasco y no al Órgano Superior de Fiscalización de esa entidad, que aunque depende del Congreso Local, este último cuenta con autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

En proveído de veintisiete de abril de dos mil seis, se informó que precluyó el derecho del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno del Estado de Tabasco para contestar la demanda.

OCTAVO. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó sustancialmente:

1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; el actor tiene legitimación para promoverla, pues el Municipio de Cunduacán es representado por el síndico del Ayuntamiento, quien acreditó su personalidad y cuenta con la capacidad jurídica para promover controversias constitucionales; y además, fue presentada en forma oportuna.

2. Que no se actualiza la causa de improcedencia hecha valer por el Órgano Superior de Fiscalización, relativa a la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede conocer de todo tipo de violaciones a la Constitución.

Que apoya lo anterior con la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

3. Que la facultad de los Congresos Locales para fiscalizar las cuentas públicas municipales tiene su génesis en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo y 116, párrafo segundo, de la Constitución Federal.

4. Que tanto la Constitución Local del Estado, como diversas leyes secundarias, establecen a favor del Congreso Local la facultad de revisión, fiscalización y calificación de las cuentas públicas, con apoyo del Órgano de Fiscalización Superior.

5. Que el procedimiento de fiscalización previsto en la legislación de Tabasco, permite garantizar a los entes fiscalizados el respeto a los principios de seguridad y legalidad salvaguardados por la Constitución Federal.

6. Que resulta fundado el concepto de violación relativo a que el decreto impugnado viola el artículo 16 constitucional, toda vez que los resultados de la cuenta pública tienen que coincidir con el informe del órgano técnico del Congreso, ya que la Constitución del Estado obliga al Congreso a tomar como base, tanto el informe que le presente su órgano técnico, como la documentación soporte que se presente y de aceptar lo contrario e interpretar como absoluta y separada la facultad del Congreso, se haría nugatorio el procedimiento de fiscalización y de determinación de daños de la hacienda pública.

7. Que resulta infundado el argumento del Municipio de Cunduacán relativo a que el Congreso Local contravino el artículo 115, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el hecho de que la legislatura requiera actuar a la Contraloría Municipal para dar cumplimiento a sus deberes como autoridad sancionadora, en materia de responsabilidad de los servidores públicos, no causa ningún perjuicio a la esfera competencial del Municipio, toda vez que no está sancionando al servidor público municipal sin sujetarlo a un procedimiento, pues ello deberá realizarlo el órgano de control interno.

8. Que toda vez que el decreto impugnado no resulta conculcatorio de los numerales 16 y 115 constitucionales, el oficio combatido tampoco es inconstitucional, ya que únicamente se refiere a las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de dar seguimiento a las recomendaciones derivadas del citado decreto.

NOVENO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001 reformado por el diverso 3/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad federativa, en que no se plantea la inconstitucionalidad de norma general alguna.

SEGUNDO. Previo al estudio de oportunidad, es necesario precisar que si bien mediante la diversa controversia constitucional 24/2006, de la ponencia del Ministro Juan Díaz Romero, resuelta por el Tribunal Pleno el día cuatro de diciembre de dos mil seis, el Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco -actor en la presente controversia constitucional- impugnó también el Decreto Número 096 y el oficio HCE/OSFE/DFEG/0263/2006 que nos ocupan, declarándose su invalidez, ello sólo fue por cuanto se impugnaron como acto de aplicación del artículo 73 de la Ley de Obras Públicas del Estado y sus consecuencias, mientras que, como se precisa a continuación, en el caso se impugnan tales actos por vicios propios, en cuanto hace a la propia revisión de la cuenta pública del Municipio actor.

A través de la diversa controversia constitucional 24/2006 el Municipio de Cunduacán, Tabasco, solicitó la declaración de invalidez del artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas de Aguascalientes, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el Decreto 096, concretamente, respecto de los párrafos segundo, tercero, cuarto y último del considerando sexto y párrafo segundo del artículo único, y en el oficio HCE/OSFE/DFEG/0263/2006 únicamente respecto del cumplimiento de la porción indicada del decreto.

Por su parte, mediante la controversia 23/2006 que nos ocupa se impugnan el Decreto 096 por cuanto hace a sus considerandos quinto y a los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y último del considerando sexto, por considerar que las disposiciones que en ellos se contienen resultan contrarios a la Constitución Federal, y el oficio HCE/OSFE/DFEG/0263/2006 únicamente en lo que respecta al cumplimiento de la parte impugnada del decreto citado.

Conforme a lo indicado, es evidente que, en el caso, al haber sido impugnados los actos relativos al Decreto 096 y al oficio HCE/OSFE/DFEG/0263/2006, por diversas violaciones a las indicadas en la diversa controversia constitucional 24/2006, esto es, por vicios propios, la declaración de invalidez hecha en esta última, en nada afecta el examen de la presente controversia constitucional.

TERCERO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

La parte actora impugna:

1. El Decreto 096, publicado en el suplemento 6606 G del Periódico Oficial del Estado de Tabasco el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, concretamente el considerando quinto y los párrafos sexto, séptimo, octavo y último del sexto considerando, así como los efectos que éstos tuvieron en el párrafo segundo de su artículo único.

2. El oficio HCE/OSFE/DFEG/0263/2006 emitido por el fiscal superior del Estado de Tabasco, de doce de enero de dos mil seis.

Por tanto, debe estarse a lo que dispone el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, que fija el plazo para la promoción de controversias constitucionales tratándose de actos, dado que, no obstante que el decreto impugnado fue emitido por el órgano legislativo estatal, lo cierto es que si bien se trata de un acto formalmente legislativo es materialmente administrativo, ya que se refiere a una cuestión concreta, como es la aprobación de la cuenta pública del Municipio actor, y el oficio reclamado es una actuación de un órgano técnico del Poder Legislativo Local, por lo que se advierte que se trata de cuestiones particulares y, por tanto, no pueden tener el carácter de normas generales, es decir, los efectos tanto del decreto como oficio impugnados no son abstractos, generales e impersonales, sino que se refieren a una cuestión y sujeto concretos.

El artículo 21, fracción I, señala:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; ..."

Conforme al dispositivo legal transcrito, para el ejercicio de la acción de controversia constitucional, cuando se impugnan actos, el actor cuenta con un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que: a) conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) el actor se ostente sabedor de los mismos.

Del oficio de demanda se desprende que la parte actora promueve la presente controversia con motivo de la publicación del decreto impugnado, que se efectuó el miércoles veintiocho de diciembre de dos mil cinco, según consta del ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, que obra en el expediente (foja sesenta y uno), por lo que el plazo de treinta días para la promoción de la demanda transcurrió del lunes dos de enero al martes catorce de febrero de dos mil seis, descontándose del cómputo respectivo los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, así como el cuatro, cinco, once y doce de febrero de dos mil seis, por corresponder a sábados y domingos y ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el cinco de enero de dos mil seis, en que por acuerdo del presidente de este Alto Tribunal se determinó que se suspenderían las labores y no correrían términos; y, finalmente el seis de febrero de dos mil seis, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2/2006 del Pleno de este tribunal.

Cabe precisar que el plazo comenzó a correr hasta el dos de enero, ya que el veintinueve y treinta de diciembre corresponden al segundo periodo de receso de este Alto Tribunal.

En consecuencia, si la demanda se presentó el viernes nueve de febrero de dos mil seis, según se desprende del sello de recibo que obra al reverso de la foja treinta y cuatro de este expediente, esto es, dentro del plazo, fue oportuna.

Por lo que se refiere al oficio HCE/OSFE/DFEG/0263/2006, emitido por el fiscal superior del Estado de Tabasco, de fecha doce de enero de dos mil seis, de la lectura de la demanda se infiere que el actor tuvo conocimiento de ese oficio, el mismo doce de enero de dos mil seis (foja setenta y uno de este expediente).

Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, antes transcrito, debe estimarse que el plazo de treinta días hábiles para promover la demanda transcurrió del lunes dieciséis de enero al lunes veintisiete de febrero, descontándose del cómputo respectivo los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, así como el cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil seis, por corresponder a sábados y domingos y ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el seis de febrero de dos mil seis, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2/2006 del Pleno de este tribunal.

En consecuencia, si la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de febrero de dos mil seis (foja 34 de este expediente), es decir, dentro del plazo indicado, debe concluirse que fue oportuna.

CUARTO. A continuación, se estudiará la legitimación de quien ejercita la acción de controversia constitucional.

El artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

De la disposición legal transcrita se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

En el presente asunto, suscribe la demanda en representación del Municipio de Cunduacán, Anicasio Hidalgo Zamudio, en su carácter de síndico municipal, lo que acredita con la constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento, de veintitrés de octubre de dos mil tres, expedida por el Instituto Electoral del Estado (foja 35 de este expediente).

El artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, prevé:

"Artículo 36. El síndico del Ayuntamiento tendr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21251-8101f533/controversia-constitucional-los-considerandos-quinto-y-sexto-parrafos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.