OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE, EXCEDE DE LA FACULTAD LEGISLATIVA EN MATERIA MUNICIPAL DEL CONGRESO LOCAL. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/2006. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: MARTHA ELBA HURTADO FERRER E ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día cuatro de diciembre del año dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio 007331 presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de febrero de dos mil seis, Anicasio Hidalgo Zamudio, en representación del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco, promovió controversia constitucional y demandó de las autoridades que a continuación se señalan la invalidez de los actos que más adelante se precisan:
"... II. Entidad, poder u órgano demandado: A. El Poder Legislativo del Estado de Tabasco, depositado en el Congreso del Estado de Tabasco, integrado por la Quincuagésima Octava Legislatura; B. El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, depositado en el gobernador del Estado; C. El secretario de gobierno del Estado; y, D. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, a través de su titular, como órgano auxiliar técnico del Congreso del Estado. IV. Norma general y actos cuya invalidez se demandan. 1. Del Congreso del Estado de Tabasco, lo siguiente: a) La norma de carácter general contenida en el segundo párrafo del artículo 73, contenido en el capítulo único del título quinto, denominado de la administración directa de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la cual expidió y aprobó mediante Decreto 007, publicado en el suplemento 6426 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 7 de abril del año 2004. Invalidez que se demanda, a través de su primer acto de aplicación, que fue el Decreto 096, publicado en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 28 de diciembre del año 2005, el cual en sus párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y último del considerando sexto y párrafo segundo de su artículo único cita, observa y ordena diversos actos derivados de la aplicación de la norma general impugnada. b) Como consecuencia directa de la invalidez solicitada en el punto anterior y atendiendo al alcance de las sentencias dictadas en tratándose de normas generales, se tienen carácter de extensivas, en términos del artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria, se demanda la invalidez del acto contenido en los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y último del considerando sexto y los efectos que éstos tuvieron en el párrafo segundo del artículo único del Decreto 096, publicado en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 28 de diciembre del año 2005. 2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, depositado (sic) en el gobernador del Estado, con motivo de las funciones que ejerce en términos de los artículos 35 y 51, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. a) La promulgación y publicación en el suplemento 6426, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 7 de abril del año 2004, de la norma de carácter general contenida en el segundo párrafo del artículo 73 del capítulo único, título quinto, denominado ‘De la administración directa’, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, expedida y aprobada por el Congreso del Estado, mediante Decreto 007. b) La promulgación y publicación en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 28 de diciembre del año 2005, del acto contenido en los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y último del considerando sexto y párrafo segundo del artículo único del Decreto 096, emitido por el Congreso del Estado de Tabasco. 3. Del secretario de Gobierno del Estado, con motivo de las funciones que ejerce en términos de los artículos 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 9o., fracciones XVI y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco y 12 del Reglamento para la Impresión, Publicación, Distribución y Resguardo del Periódico Oficial del Estado de Tabasco. a) La publicación y refrendo en el suplemento 6426, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 7 de abril del año 2004, de la norma de carácter general contenida en el segundo párrafo del artículo 73 del capítulo único, título quinto, denominado ‘De la administración directa’, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco (en lo sucesivo la Ley de Obras Públicas), expedida y aprobada por el Congreso del Estado, mediante Decreto 007. b) La publicación y refrendo en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 28 de diciembre del año 2005, del acto contenido en los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y último del considerando sexto y párrafo segundo del artículo único del Decreto 096, emitido por el Congreso del Estado de Tabasco. 4. Del Órgano Superior de Fiscalización, derivado de lo ordenado en el párrafo segundo del artículo único del Decreto 096, emitido por el Congreso del Estado de Tabasco, publicado en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 28 de diciembre del año 2005. a) El acuerdo contenido en el oficio HCE/OSFE/DFEG/0263/2006, de fecha 12 de enero de 2006, signado por el fiscal superior del Estado, únicamente en lo que respecta al cumplimiento que se le pretende dar a los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y último del considerando sexto y los efectos que éstos tuvieron en el párrafo segundo del artículo único del Decreto 096, publicado en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, el 28 de diciembre del año 2005."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes de la norma general y de los actos cuya invalidez se demandan los siguientes:
"1. El 7 de abril de 2004, se publicó en el suplemento 6426, del Periódico Oficial del Estado, órgano de difusión oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Decreto 007, mediante el cual el Congreso del Estado de Tabasco expidió y aprobó la Ley de Obras Públicas, que abroga la que anteriormente regulaba la materia. Dentro de las reformas contenidas en la vigente Ley de Obras Públicas se encuentra la preceptuada en el párrafo segundo del artículo 73, el cual dispone: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Esta restricción es justificada por el Congreso del Estado de Tabasco, con base en los motivos expuestos en el considerando décimo segundo de la propia Ley de Obras Públicas, en el que de forma textual se asentó: (se transcribe). Debe señalarse que los Ayuntamientos del Estado de Tabasco, se encuentran sometidos al imperio de la citada Ley de Obras Públicas, por disposición de su artículo 1o., que señala en su parte conducente que su objeto es regular el gasto y las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas que realicen los Ayuntamientos, cuando ejecuten obras con cargo parcial o total a fondos del Gobierno del Estado, a sus recursos propios o de aquellos provenientes de aportaciones federales, transferencia de fondos, en los términos del artículo 10 del mismo cuerpo normativo. 2. Mediante Decreto 096, publicado el 28 de diciembre de 2005, en el suplemento 6606 G, del Periódico Oficial del Estado, órgano de difusión oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso del Estado aprobó en lo general la cuenta pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, correspondiente al ejercicio del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2004. El decreto en mención, aun cuando aprobó en lo general la cuenta pública del Municipio de Cunduacán, Tabasco, en los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y último de su considerando sexto, determinó diversas observaciones y acciones, derivadas de la aplicación del segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Obras Públicas, párrafos que se transcriben para su mejor apreciación: (se transcriben). Consideraciones que tuvieron efectos en el párrafo segundo del artículo único del decreto en cuestión, al disponer: ‘Decreto 096. Artículo único.’ (se transcribe). Las precisiones transcritas, contenidas en el acto (Decreto 096), emitido por el Congreso del Estado de Tabasco, constituyen el primer acto de aplicación de la norma de carácter general que se impugna por esta vía de control constitucional, y que por ser este acto del Legislativo del Estado, efecto y consecuencia de un dispositivo legal inconstitucional, deviene en consecuencia su invalidez, en los términos solicitados."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que aduce la parte actora son los siguientes:
"Primero. El Congreso del Estado de Tabasco, al disponer en el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas, la restricción de realizar trabajos por administración directa, sólo hasta un 5% (cinco por ciento) de la inversión física total autorizada para obras públicas o del monto anual destinado a los servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestal, viola el artículo 115, en sus fracciones II, III y IV, de la Constitución Federal y, en consecuencia, vulnera el régimen federal. Por principio, me permito destacar el contenido de la porción normativa del artículo 115 constitucional, que estimamos se viola, para proceder seguidamente al alcance de las últimas reformas y adiciones que ha sufrido el citado numeral. ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores. III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; (sic) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas Locales determinan según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las Legislaturas de los Estados respectivas. Asimismo cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; ...’. 1. El artículo 115, fracción II, constitucional, establece el alcance de las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados. El texto constitucional transcrito es el resultado de un proceso legislativo que ha pretendido otorgar a los Municipios la libertad y autonomía de su administración, en especial la llamada reforma municipal de diciembre de 1999 (publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 1999), ha logrado hacer valer el Municipio Libre, que sólo figuraba en nuestra Carta Magna como una disposición retórica, que ante la falta de la delimitación de sus atribuciones y de su vulnerable situación jurídica, se reducía al Municipio a un ente administrativo o simple administrador de los servicios públicos, ya que había un condicionamiento de los actos del Ayuntamiento a lo que dispusieran las órdenes de Gobierno Federal y Estatal. Sin embargo, el proceso histórico y las circunstancias fácticas que ha vivido nuestro país ha revelado que el Municipio Libre es en el Estado mexicano la piedra angular sobre la cual se construye la sociedad nacional, en tanto que es la primera organización estatal en estar en contacto con el núcleo social, que percibe de primera mano sus necesidades e inquietudes. Es a la autoridad municipal, a quien el ciudadano acude primero para demandar la adecuada prestación de los servicios públicos y para plantear problemas de otra índole, que aun siendo competencia de otro nivel de gobierno deben ser atendidos por razón de la naturaleza final de toda autoridad, por lo que además se cumple con la función de gestoría y representación de los sectores sociales. Por ello, esta Corte ha establecido que la resolución de las controversias constitucionales tiene como fondo salvaguardar el bienestar de las personas, porque el imperio de la Constitución sobre los entes y órganos del Estado buscan el bienestar general del pueblo y sus integrantes, en respeto pleno al orden primario. Se cita la siguiente tesis aplicable a lo argumentado: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER.’ (se transcribe). El Ayuntamiento es pues legítimo representante de la comunidad y con tal carácter, debe defender los intereses de las mismas buscando la vigencia de nuestra Norma Fundamental. Retomando lo que este Tribunal Constitucional ha considerado en cuanto a la evolución del Municipio Libre, se destacan momentos determinantes que ha logrado su concepción actual, como fueron las reformas al artículo 115 constitucional, ocurridas en febrero de 1983 (publicadas en el Diario Oficial el 3 de febrero de 1983), sobre las que incluso se pronunció la Corte considerando que estas reformas tuvieron la intención de fortalecer al Municipio, reconociendo en él a un poder del Estado, considerado por el derecho administrativo como un nivel de gobierno. Un segundo momento de singular trascendencia en la construcción de la libertad y autonomía municipal aconteció en 1994, en donde el Poder Reformador reconoció la legitimación activa de los Municipios para acudir en defensa de sus facultades y ámbito competencial ante la propia Corte, a través de las controversias constitucionales. Reformas que sólo se pueden entender desde la óptica de un reconocimiento de la situación vulnerable que atravesaban los Municipios, ante la ausencia de una disposición expresa que lo facultara en la defensa de sus atribuciones que le confería la Constitución Federal. Por último, pero visto de nuestra trinchera como la más importante, se encuentra la reforma municipal de 1999, con la que se fortaleció de manera contundente el principio del Municipio Libre, colocándolo en definitiva como un orden de gobierno autónomo, derivado del sistema federal de nuestro Estado mexicano, con las únicas restricciones que la propia Norma Fundamental le estableció. Es indiscutible que estos procesos reformadores de la concepción del Municipio Libre tienen por objeto su fortalecimiento y el respeto a la distribución de atribuciones que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que también se puede concluir del proceso de gestación de las citadas reformas y del contenido de los debates que se sostuvieron en las Cámaras respecto al alcance e intención, en específico, de las reformas de 1999. Sentado lo anterior, se procede al análisis en torno a las consideraciones expuestas del alcance del supuesto jurídico consagrado en el artículo 73, segundo párrafo, de la vigente Ley de Obras Públicas, que señala que tanto las dependencias como las entidades (encontrándose dentro de esta última categoría los Ayuntamientos, en términos de los artículos 1o. y 2o. de la misma ley) sólo podrán realizar trabajos por administración directa hasta por un 5% (cinco por ciento) de la inversión física total autorizada para obras públicas o del monto anual destinado a los servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestal, según sea el caso. Se advierte de este dispositivo legal que el Congreso del Estado se extralimitó en las atribuciones que le confiere la Norma Fundamental, suprimiendo el orden previsto por ella y transgrediendo a la vez el sistema federal de gobierno. En efecto, lo preceptuado en el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas, implica un ejercicio excesivo de las atribuciones constitucionales que tiene nuestro Congreso del Estado en materia municipal, porque la fracción II del artículo 115 constitucional es clara al disponer que los Municipios investidos de personalidad jurídica manejarán su patrimonio conforme a las leyes, éstas lógicamente expedidas por el Poder Legislativo del Estado, pero que no pueden ser ilimitadas, es decir, no pueden regular cualquier materia y mucho menos ser expedidas bajo criterios económicos. Por el contrario, las leyes que se expidan en lo que respecta a los Municipios deben constreñirse exclusivamente al alcance que otorgan los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción II del artículo 115 constitucional y en ninguno de los supuestos contenidos en los incisos precisados se faculta al Poder Reformador Estatal, para disponer de qué forma y en qué medida deben los Ayuntamientos utilizar y administrar su material humano e infraestructura. En términos de la Constitución Federal, las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados deben estar acotadas a establecer únicamente hasta dónde les permite la fracción II del artículo 115 constitucional. Así pues, el inciso a) se refiere a la administración pública municipal, y a regular la materia administrativa municipal que incluye la salvaguarda de las garantías de audiencia y legalidad, con base en los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. El inciso b) refiere los requisitos para que los Ayuntamientos afecten su patrimonio inmobiliario municipal y lo atinente a los actos o convenios celebrados por un plazo mayor al periodo de gestión. Por su parte, el inciso c) regula los convenios que se celebren y tengan por materia la ejecución y operación de obras, la prestación de los servicios públicos y la administración hacendaria. En el inciso d), se previene lo referente a los mecanismos para que el Gobierno Estatal asuma los servicios municipales y a la regulación de las situaciones en las que el Municipio no esté en condiciones de prestarlos. Por último, en el inciso e) se contemplan las disposiciones aplicables en los casos en que no exista ordenamiento municipal. Queda claro, que las leyes que expidan las Legislaturas Estatales, sólo pueden regular las materias precisadas con los alcances establecidos en el Texto Constitucional, y necesariamente siguiendo el propósito de las últimas reformas constitucionales en materia municipal, que evidencian lograr la autonomía municipal, misma que no se procura y que está lejos de respetarse, cuando a través de la Ley de Obras Públicas, el Congreso de nuestro Estado restringe al Municipio el medio por el cual se deben realizar las obras públicas, faltando al espíritu e intención de las últimas reformas y adiciones al artículo 115 constitucional de diciembre de 1999. Se sustentan los anteriores argumentos en la siguiente interpretación de la Corte: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL ANÁLISIS PARA RESOLVER EL CONFLICTO SUSCITADO ENTRE DOS NIVELES DE GOBIERNO IMPLICA EL ESTUDIO TANTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS, COMO DE LA MOTIVACIÓN Y CAUSA GENERADORA QUE LLEVÓ AL LEGISLADOR A ELEVARLOS A RANGO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En este contexto, el Poder Legislativo del Estado al aprobar leyes que tengan injerencias en la vida municipal, no sólo debe estarse a la literalidad de la Norma Fundamental contenida en el artículo 115 constitucional, sino además y sobre todo debe atender el espíritu del Poder Reformador, para así encontrar la verdadera intención de las reformas sufridas, situación que no atendió nuestro Congreso Local al insertar en la vigente Ley de Obras Públicas el supuesto normativo contenido en su artículo 73, párrafo segundo. Este tribunal debe tener en cuenta que al menos en nuestro Estado los Municipios cuentan con unidades administrativas específicas, destinadas exclusivamente a la realización de las obras y servicios públicos y que además cuentan con una infraestructura que les permite ejecutar directamente y a bajo costo, tanto obras como los servicios públicos. Se cuenta de tal forma con maquinaria y equipo especializado, por ejemplo, para la construcción y rehabilitación de caminos, edificación de estructuras de ingeniería civil, mantenimiento de edificios e instalaciones públicas, personal especializado en la operación de maquinaria y en la ejecución de trabajos específicos de obras y servicios públicos, los cuales se han adquirido y estructurado a lo largo del desempeño administrativo municipal y que no es propio de la actual administración pública, sino de muchas de las que nos han antecedido, necesarias ante la escasa capacidad económica y presupuestal en general de los Municipios de nuestro país, y que tiene por objeto reducir los gastos en la ejecución de las obras, lo que a la vez ha implicado erogaciones considerables con cargo al presupuesto municipal. Esta situación es imperante en los Municipios atendiendo a que por obviedad le resulta más barato a los Ayuntamientos ejecutar de forma directa las obras y los servicios públicos, partiendo de que ya se cuenta con la maquinaria y el personal capacitado, que contratarlas con terceros, porque en este último caso se adhieren a los gastos de construcción o material utilizado y mano de obra el dividendo que necesariamente debe ir incluido en el costo de la obra. Por citar un ejemplo, la construcción de un camino a base de mezcla asfáltica con una longitud de un kilómetro tendrá un costo muy distinto si se realiza con personal y equipo del Ayuntamiento, al costo que resultaría si con las mismas características lo ejecuta un contratista. Pero atendiendo a la justificación que el Congreso del Estado encuentra para restringir el porcentaje de obra ejecutada por administración directa, pareciera que su intención es que el presupuesto municipal que no es de ellos ni de quienes administramos el Ayuntamiento, sino del pueblo, debe dilapidarse con la intención de provocar una derrama económica en el Estado. Esto se dice, porque en la parte considerativa de la Ley de Obras Públicas, específicamente en el punto décimo segundo, se argumenta que se limita la ejecución de obras por administración directa para provocar un aumento en la derrama económica del sector de la construcción en beneficio de la economía estatal. Para su mejor apreciación, me permito transcribir de forma íntegra el punto citado: ‘Décimo segundo. Que en el título quinto, de la administración directa, se limita el importe de los recursos que se podrán ejercer bajo esta modalidad, al 5% de la inversión física total autorizada a la dependencia o entidad, lo que permitirá que se logren licitar una cantidad mayor de obras y servicios, provocando un aumento en la derrama económica del sector de la construcción en beneficio de la economía estatal. Las obras que se quieran someter a este esquema de ejecución, deberán de ser autorizadas por el Comité de la Obra Pública respectivo, una vez que se cuenten con los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente, los cuales deberán estar firmados por el responsable del proyecto.’. Resulta insuficiente la justificación que el Congreso del Estado encuentra para limitar el importe de los recursos que se pueden administrar de forma directa por los Ayuntamientos, porque la lógica que aplican se entiende partiendo de que se deben sacrificar los recursos públicos a costa de beneficiar a un sector determinado de la población, que por cierto es muy reducido.
Ver tabla
"De lo anterior, es visible que al acatar lo establecido en el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el Municipio de Cunduacán, Tabasco, dejaría de invertir directamente en la obra pública una cantidad de $2’876,384.10 (dos millones ochocientos setenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos 10/100 M.N.), pues se destinaría al pago de gastos indirectos de las contratistas. Aducimos que se sacrifican los recursos públicos, porque de observar el 5% (ci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20035-a1bb3d48/obras-publicas-y-servicios-relacionados-con-las-mismas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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