CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSIDERANDO OCTAVO Y PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 112, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO 6606 U, DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2005, QUE SE REFIEREN A LA APLICACIÓN Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE ESA ENTIDAD, ASÍ COMO EL OFICIO NÚMERO HCE/OSFE/DFEG/244/2006, DE 9 DE ENERO DE 2006, EXPEDIDO CON BASE EN ESE DECRETO, POR EL FISCAL SUPERIOR DE TABASCO, EN LA PARTE DE EJECUCIÓN DEL PÁRRAFO CITADO, TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE MOTIVACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SE HACE EXTENSIVA AL CONSIDERANDO SÉPTIMO Y AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 112, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO 6606 U, DEL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 28 DE DICIEMBRE DE 2005, QUE ATAÑEN A LA APLICACIÓN Y CONSECUENCIAS DEL MENCIONADO PRECEPTO LEGAL, ASÍ COMO A UNA PARTE DEL OFICIO NÚMERO HCE/OSFE/DFEG/244/2006, DE 9 DE ENERO DE 2006, EXPEDIDO CON BASE EN ESE DECRETO, POR EL FISCAL SUPERIOR DE TABASCO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS CONSIDERANDOS SEXTO Y NOVENO, EN RELACIÓN CON LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y QUINTO DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 112, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO 6606 U, DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2005, QUE SE REFIEREN A LA APLICACIÓN Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE ESA ENTIDAD, ASÍ COMO EL OFICIO NÚMERO HCE/OSF/DFEG/244/2006, DE 9 DE ENERO DE 2006, EXPEDIDO CON BASE EN ESE DECRETO, POR EL FISCAL SUPERIOR DE TABASCO, EN LA PARTE DE EJECUCIÓN DEL PÁRRAFO CITADO, NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE MOTIVACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y QUINTO DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 112, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO 6606 U, DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2005, SON CONSTITUCIONALES, YA QUE COMO EL MENCIONADO DECRETO FUE APROBADO POR EL CONGRESO DE LA ENTIDAD, SU CONTENIDO DEBE ATRIBUÍRSELE A ÉSTE Y NO A OTRA AUTORIDAD DIVERSA, DE AHÍ QUE HAYA SIDO EMITIDO POR AUTORIDAD LEGALMENTE COMPETENTE. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA DE TABASCO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, AL LIMITAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL CINCO POR CIENTO DE LA INVERSIÓN FÍSICA TOTAL AUTORIZADA A LOS MUNICIPIOS PARA ESE RUBRO O DEL MONTO ANUAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON ÉSTAS. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, AL LIMITAR EN EL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY LOCAL RELATIVA EL MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA PARA OBRAS PÚBLICAS QUE PUEDEN DESTINAR LOS MUNICIPIOS PARA LLEVARLAS A CABO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EXCEDE LA FACULTAD LEGISLATIVA EN MATERIA MUNICIPAL, CONFORME AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO A), CONSTITUCIONAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2006. MUNICIPIO DE MACUSPANA, ESTADO DE TABASCO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintidós de abril de dos mil ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO
PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de febrero de dos mil seis, José Francisco Gil Zurita, en representación del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Estado de Tabasco, promovió controversia constitucional y demandó de las autoridades que a continuación se señalan la invalidez de los actos que más adelante se precisan:
"... II. Entidad, poderes y órganos demandados y sus domicilios: A. El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, depositado en el honorable Congreso del Estado de Tabasco, en su Quincuagésima Octava Legislatura; ... Demandándole la emisión y expedición del Decreto 112, publicado en el suplemento 6606 U del Periódico Oficial del Estado correspondiente al 28 de diciembre de 2005, relativo a la revisión, fiscalización y calificación de la cuenta pública del Municipio de Macuspana, Tabasco; así como la expedición del Decreto 07, publicado en el suplemento 6426 del Periódico Oficial del Estado, correspondiente al 7 de abril de 2004, por el cual aprobó la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. B. El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, depositado en el ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, ... Demandándole la sanción y promulgación de fecha 26 de diciembre de 2005, y la publicación del Decreto 112 en el suplemento 6606 U del Periódico Oficial del Estado, correspondiente al 28 de diciembre de 2005, relativo a la revisión, fiscalización y calificación de la cuenta pública del Municipio de Macuspana, Tabasco; así como la sanción y promulgación de fecha 2 de abril de 2004, y la publicación del Decreto 007 en el suplemento 6426 del Periódico Oficial del Estado correspondiente al 7 de abril de 2004, por el cual se probó la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. C. El ciudadano secretario de Gobierno, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, ... demandándole la firma o refrendo para la sanción y promulgación de fecha 26 de diciembre de 2005, y la publicación del Decreto 112 en el suplemento 6606 U del Periódico Oficial del Estado correspondiente al 28 de diciembre de 2005, relativo a la revisión, fiscalización y calificación de la cuenta pública del Municipio de Macuspana, Tabasco; así como la firma o refrendo para la sanción y promulgación de fecha 2 de abril de 2004, y la publicación del Decreto 007 en el suplemento 6426 del Periódico Oficial del Estado correspondiente al 7 de abril de 2004, por el cual se aprobó la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. D. La Segunda Comisión Inspectora de Hacienda del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su Quincuagésima Legislatura; ... demandándole que en el Decreto 112 aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura al (sic) honorable Congreso del Estado, publicado en el suplemento 6606 U del Periódico Oficial del Estado correspondiente al 28 de diciembre de 2005, aparece como ordenadora de los actos cuya invalidez se demandan en los párrafos tercero, cuarto y quinto de su artículo único, al instruir al órgano superior de fiscalización para sancionar a diversos servidores públicos de la administración municipal. E. El órgano superior de fiscalización del Estado, dependiente del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco; ... Demandándole la expedición del oficio HCE/OSFE/DFEG/244/2006, de fecha 9 de enero de 2006, que dirigió al C. Presidente municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, mismo que fue recibido por ventanilla única el 12 de enero actual, por el cual solicita se le informe sobre las actuaciones realizadas por el órgano interno de control, respecto del Decreto 112 publicado en el suplemento 6606 U del Periódico Oficial del Estado el 28 de diciembre de 2005. Así también se le demanda la instrucción que está obligado a darle al C. Contralor Municipal de mi representado, a través del C. Presidente municipal, en los términos descritos en los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo único del mencionado Decreto 112. ... IV. Norma general y actos cuya invalidez se demandan, y su publicación en el medio oficial: A. Norma general inconstitucional: Segundo párrafo del artículo 73, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, aprobado por el H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el Decreto 007 ... y publicado el 7 de abril de 2004 ... Disposición general que fue publicada en el suplemento 6426 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco ... entrando en vigor a los sesenta días naturales posteriores al de la publicación, conforme a lo señalado en el transitorio primero ... Primer acto de aplicación de la norma general. El primer acto de aplicación del segundo párrafo, del artículo 73, de la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se produjo con la revisión, fiscalización y calificación de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco, por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2004, efectuado por el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través del Decreto 112 aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Tabasco ... B. Actos inconstitucionales que se reclaman independientemente de la norma general: 1. Párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo único, en relación con los considerandos sexto, séptimo, octavo y noveno respectivamente, del decreto 112 emitido por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco ... Decreto 112 que fue publicado con fecha 28 de diciembre de 2005 en el suplemento número 6606 U del Periódico Oficial del Estado de Tabasco ... por el cual se revisó, fiscalizó y calificó la cuenta pública del H. Ayuntamiento constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco, por el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2004. ... 2. Además se solicita la declaración de invalidez del oficio HCE/OSFEG/244/2006, fechado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 9 de enero de 2006, dirigido al C. José Ramiro López Obrador, presidente municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, signado por el fiscal superior del Estado ..."
SEGUNDO. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil seis el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la presente controversia constitucional y la remitió al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a quien le correspondió actuar como instructor del procedimiento.
Por auto de nueve de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como a la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda y al Órgano Superior de Fiscalización, ambos dependientes del Congreso de esa entidad y al secretario de Gobierno, a los que ordenó emplazar y, finalmente, dio vista al procurador general de la República, quien emitió la opinión que estimó procedente.
TERCERO. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil seis se tuvo al secretario de Gobierno y Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco contestando la demanda; y por diversos autos de cuatro y diecisiete de abril de ese año, se agregaron las contestaciones del titular del Órgano Superior de Fiscalización y del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, respectivamente.
Por auto de diecisiete de abril de dos mil seis, se glosó la diversa contestación del presidente de la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tabasco, sin que se le haya tenido por contestada la demanda, en razón de que ésta fue presentada en forma extemporánea.
Finalmente, agotado en sus términos el trámite respectivo, tuvo verificativo el veintitrés de junio de dos mil seis la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
Toda vez que en sesión pública del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dos de enero de dos mil siete, se designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como presidente de este Alto Tribunal, mediante acuerdo de tres siguiente, este asunto fue returnado al Ministro Mariano Azuela Güitrón.
Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto fue radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil siete, la que por sesión de veintitrés de ese mes y año determinó remitir el asunto al Pleno de este Alto Tribunal.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Macuspana, Estado de Tabasco, y el propio Estado, a través de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
SEGUNDO. La parte actora tiene legitimación para promover la presente controversia constitucional.
En efecto, los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, estatuyen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;
"b) La Federación y un Municipio;
"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
"d) Un Estado y otro;
"e) Un Estado y el Distrito Federal;
"f) El Distrito Federal y un Municipio;
"g) Dos Municipios de diversos Estados;
"h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y
"k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
"En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
De las anteriores disposiciones se advierte que tendrá el carácter de actor en las controversias constitucionales la entidad, poder u órgano, referidos en el primer numeral citado, que promueva la citada controversia, debiendo comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultadas para representar a los órganos correspondientes.
En el caso concreto, el actor es un órgano originario previsto en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trata del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana, Tabasco; además, éste compareció por conducto de José Francisco Gil Zurita, quien se ostentó como su primer síndico de Hacienda, carácter que justificó con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de presidente municipal y regidores, expedida por el Consejo Electoral Municipal de Macuspana, Tabasco; documental pública con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 1o.
Ahora bien, el artículo 36, fracción II, y segundo párrafo, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, estatuye:
"Artículo 36. El síndico del Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
"...
"II. La representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éstos fueren parte y en la gestión de las negociaciones de la hacienda municipal;
"...
"En los Ayuntamientos en que existan dos síndicos, el primero tendrá las facultades señaladas en las fracciones ll, VI primera parte, VII, IX, y XI de este artículo; y el segundo las conferidas en las fracciones III, V, VI parte in fine, VIII, y X del mismo."
De lo anterior se advierte que el síndico tiene la facultad de representar jurídicamente al Ayuntamiento en las controversias o litigios donde éste fuere parte y en el supuesto de que existan dos síndicos, el primero de ellos tendrá dicha representación; por tanto, si en el caso la demanda es suscrita por José Francisco Gil Zurita, primer síndico del actor, resulta inconcuso que tiene la facultad para representar a éste.
TERCERO. Los demandados, Congreso del Estado, Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobierno y Órgano Superior de Fiscalización, todos del Estado de Tabasco, tienen legitimación pasiva en el presente asunto.
El artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
Del anterior artículo se advierte que en las controversias constitucionales tienen el carácter de demandado la entidad, poder u órgano, referidos en la fracción I del artículo 105 constitucional, que haya emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto objeto de la controversia.
En el caso, el actor reclama lo siguiente:
a) El artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, publicada el siete de abril de dos mil cuatro en el Periódico Oficial de ese Estado.
b) Los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo único, en relación con los considerandos sexto, séptimo, octavo y noveno, del Decreto 112 emitido por el Congreso del Estado de Tabasco y publicado el veintiocho de diciembre de dos mil cinco en el Periódico Oficial de dicha entidad.
c) El oficio número HCE/OSFE/DFEG/244/2006, de nueve de enero de dos mil seis, suscrito por el fiscal superior del Estado de Tabasco.
Ahora bien, los dos primeros actos fueron emitidos por el Congreso del Estado de Tabasco y sancionados por el Ejecutivo de esa entidad, autoridades originarias a las que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto resulta inconcuso que tienen legitimación pasiva en este asunto.
Por su parte, la intervención de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco en los dos primeros actos consistió en refrendar la promulgación y publicación, además de que dispuso materialmente ésta, actividad que al realizarla en forma autónoma e independiente lo legitima para comparecer como demandado en la presente controversia constitucional.
No es obstáculo a lo anterior el hecho de que el citado funcionario no sea un órgano de gobierno originario, sino derivado, en virtud de que no tiene delimitada su esfera competencial en la Constitución Federal, sino en una ley, en el caso, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; sobre el particular, debe decirse que si bien es cierto que los órganos derivados no pueden tener legitimación activa en las controversias constitucionales, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional, también lo es que tratándose de la legitimación pasiva no se requiere, necesariamente, que sean órganos originarios del Estado, lo cual implica que las autoridades derivadas sí pueden fungir como parte demandada en una controversia constitucional, lo que debe determinarse en cada caso en particular, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento de control constitucional y al espectro de su tutela jurídica.
Sobre el particular, es aplicable la tesis número P. LXXIII/98, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 790, Tomo VIII, correspondiente al mes de diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA. De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jurídica y su armonización con los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podrán tener legitimación activa para ejercer la acción constitucional a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la propia Ley Suprema, de manera genérica: la Federación, una entidad federada, un Municipio y Distrito Federal (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la Constitución Federal); el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, cualesquiera de las Cámaras de éste o la Comisión Permanente (Poderes Federales); los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales); y por último, los órganos de gobierno del Distrito Federal, porque precisamente estos órganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del ámbito competencial que para ellos prevé la Carta Magna. En consecuencia, los órganos derivados, en ningún caso, podrán tener legitimación activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimación pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deberá analizarse ello, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica."
Para determinar si la Secretaría General de Gobierno del Estado Tabasco tiene legitimación procesal pasiva, deben tenerse en cuenta los artículos 3o., 5o., primer párrafo, 8o., 12, fracción VIII, 21, 26, fracción I y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
"Artículo 3o. Para el despacho de los asuntos que competan al titular del Poder Ejecutivo, éste se auxiliará de las dependencias y entidades que señale la presente ley y demás disposiciones jurídicas."
"Artículo 5o. El gobernador nombrará y removerá a los titulares de las dependencias a que se refiere la presente ley. El procurador general de Justicia deberá ser nombrado en los términos de su ley orgánica."
"Artículo 8o. Los acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el gobernador dicte para que sean obligatorios, deberán estar refrendados por el titular de la dependencia al que el asunto corresponda y serán publicados en el Periódico Oficial."
"Artículo 12. Corresponde a los titulares de las dependencias de la administración pública las siguientes atribuciones de carácter común:
"...
"VIII. Acordar con el gobernador el despacho de los asuntos encomendados a la dependencia."
"Artículo 21. Al frente de cada secretaría habrá un titular a quien se denomina secretario, designado por el gobernador en los términos de la legislación respectiva."
"Artículo 26. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas de la administración pública, el titular del Poder Ejecutivo, contará con las siguientes dependencias:
"I. Secretaría de Gobierno."
"Artículo 27. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"...
"IX. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado, publicando y difundiendo en el mismo las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y normativas que deban regir en el Estado. Así mismo compilar y registrar toda la legislación y normatividad vigente en la entidad, en coordinación con las dependencia y entidades de la administración pública."
Por su parte, el artículo 9o., fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco estatuye:
"Artículo 9o. El secretario tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"XVIII. Refrendar, para su validez y observancia, las leyes y decretos que el gobernador del Estado promulgue."
De los preceptos legales acabados de reproducir se desprende que para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el gobernador del Estado se auxiliará, entre otras, de las dependencias y entidades de la administración pública, de la cual forman parte las secretarías del despacho y, por ende, la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular, nombrado por el propio jefe del Poder Ejecutivo Estatal tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
• Acordar directamente con el gobernador los asuntos de su competencia.
• Refrendar las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el gobernador del Estado expida o promulgue, para que sean obligatorios.
• Administrar y publicar el Periódico Oficial del Estado.
En esa virtud, la intervención de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tabasco, en los decretos cuya invalidez se demanda, deriva de sus atribuciones legales, en virtud de que le corresponde refrendar el decreto del titular del Poder Ejecutivo Estatal, relativo a su promulgación y, en esa virtud, su refrendo es un acto autónomo de control del ejercicio del Ejecutivo del Estado; además, la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado es responsabilidad de él y, entonces, también tiene legitimación procesal pasiva para responder por su intervención en el decreto que se impugna, pues realizó actos propios derivados de un imperativo categórico y en este sentido cuenta con la legitimación pasiva necesaria para comparecer a juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracción II, de la ley de la materia.
Sirve de apoyo al anterior criterio, por analogía, en razón de que se trata de casos similares, la jurisprudencia número P./J. 104/2004, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 1817, Tomo XX, correspondiente al mes de octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN AQUÉLLA, TANTO RESPECTO DEL REFRENDO, COMO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR."
Por su parte, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco tiene legitimación pasiva en el presente asunto, pues el actor le reclama la invalidez del oficio número HCE/OSFE/DFEG/244/2006, de nueve de enero de dos mil seis, emitido con fundamento en el Decreto 112 emitido por el Congreso del Estado de Tabasco.
En efecto, los artículos 29, 40, fracción IV, 72 y 76, fracción XVI, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, estatuyen:
"Artículo 29. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en el informe de resultados, dará cuenta al Congreso del Estado, de los pliegos de observaciones que en su caso, se hubieren fincado, de los plazos concedidos para efectuar las solventaciones o cumplir las recomendaciones correspondientes, de los procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades económicas y de la determinación legal para que en los términos legales haya lugar a la imposición de las sanciones respectivas, así como de la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias o querellas de hechos presuntamente ilícitos, que realice de conformidad con lo dispuesto en esta ley."
"Artículo 40. Si de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, aparecieran irregularidades que acrediten la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios a la hacienda pública del Estado, de los Municipios, o el patrimonio de los entes públicos locales fiscalizables, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, procederá a:
"...
"IV. Presentar previa autorización del Congreso, las denuncias y querellas penales a que haya lugar."
"Artículo 72. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, será el órgano técnico auxiliar del Congreso del Estado, de naturaleza desconcentrada, con autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones; encargado de revisar y fiscalizar las cuentas del erario estatal y municipal, conforme a las facultades conferidas en la Constitución del Estado, esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables."
"Artículo 76. El fiscal superior del Estado, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
"...
"XVI. Presentar, previa autorización del Congreso, denuncias y querellas en los términos señalados por el Código de Procedimientos Penales para el Estado, en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en contra de particulares cuando derivado de sus funciones de fiscalización, tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con daños a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos locales, así como denuncias de juicio político de conformidad con lo señalado en el título séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco."
De los numerales transcritos se advierte que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco es un órgano técnico auxiliar del Congreso del Estado facultado para revisar y fiscalizar las cuentas del erario estatal y municipal y que goza de autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y, entre otras cuestiones, se encuentra facultado para investigar los hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios a la hacienda pública del Estado, de los Municipios o el patrimonio de los entes públicos locales fiscalizables y, en dado caso, para presentar, previa autorización del Congreso, las denuncias y querellas penales a que haya lugar.
Como se advierte, el órgano de fiscalización demandado goza de autonomía funcional y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que aun cuando no es un órgano originario previsto en el artículo 105, fracción I, constitucional, cuenta con legitimación pasiva en este juicio.
En términos similares se pronunció este Tribunal Pleno el cuatro de diciembre de dos mil seis, al resolver la controversia constitucional 24/2006, promovida por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco, en donde reconoció legitimación pasiva al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.
En consecuencia de lo anterior, deviene infundado lo argumentado por el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, en el sentido de que éste carece de legitimación pasiva para intervenir en la presente controversia constitucional.
Finalmente, las citadas autoridades comparecieron a esta instancia constitucional a través de los siguientes funcionarios:
a) La Secretaría de Gobierno del Estado Tabasco por medio de Jaime Humberto Lastra Bastar, quien se ostentó como secretario de aquélla, carácter que justificó con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional de dicha entidad el uno de enero de dos mil dos.
b) El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco a través de Manuel Andrade Díaz, quien manifestó ser el gobernador de dicha entidad, personalidad que justificó con el Periódico Oficial número 6182, de cinco de diciembre de dos mil uno, el cual contiene el Decreto número 040 relativo al Bando Solemne para dar a conocer a todo el Estado de Tabasco la declaración de gobernador electo.
c) El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco por medio de Francisco José Rullán Silva, quien se ostentó como titular del citado organismo, lo cual justificó con la copia certificada de su nombramiento expedido a su favor por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil tres.
d) El Congreso del Estado de Tabasco, a través de Jav
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21068-b050580d/controversia-constitucional-el-considerando-octavo-y-parrafo-cuarto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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