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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO LIX/OF/217/2006, DE 30 DE AGOSTO DE 2006, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE FINANZAS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA CUAL SOLICITA LA SUSPENSIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE MINISTRAN AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, EN SUS RAMOS 28 Y 33, FONDOS III Y IV, HASTA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA AL PODER LEGISLATIVO RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2005, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16 Y 115, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 134/2006. · Registro digital (IUS): 20396
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 2253.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 134/2006. MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de agosto de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de septiembre de dos mil seis, Ángeles del Carmen Ortiz Villalobos, en su carácter de síndico hacendaria y representante jurídico del Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en la que señaló como órganos demandados y actos impugnados los siguientes:

"I. La entidad, poder u órgano actor, así como el domicilio y cargo del funcionario es el siguiente: Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oax., con domicilio bien conocido en el Palacio Municipal; el funcionario que promueve la presente controversia constitucional, es la síndico hacendaria del Ayuntamiento de Tehuantepec, Oaxaca, personalidad que se encuentra debidamente acreditada al inicio de la presente demanda y con los anexos correspondientes. II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: a) Lo es la ‘LIX Legislatura del Estado de Oaxaca’, con domicilio bien conocido en Palacio Legislativo, calle 14 Oriente s/n, Paraje las Salinas, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, C.P. 71248. b) El presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la LIX Legislatura del Estado de Oaxaca, con domicilio bien conocido en Palacio Legislativo, calle 14 Oriente s/n, Paraje las Salinas, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, C.P. 71248, quien ordenó ilegalmente la suspensión de los recursos financieros que se ministran al Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. c) La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, con domicilio bien conocido en Boulevard Eduardo Vasconcelos sin número, junto a la farmacia del ISSSTE, Barrio Jalatlaco, Oaxaca, Oax., quien dio cumplimiento a la orden ilegal de suspensión de recursos financieros que se ministran al Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. III. Entidad, poder u órgano tercero interesado y su domicilio: a) Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, denominado gobernador del Estado, con domicilio bien conocido en ‘Casa de Gobierno’, carretera a Puerto Escondido, Municipio de San Bartola Coyotepec, Distrito del Centro, Oax. IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda: La inconstitucionalidad del artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 10 de enero del año 2003 y aprobada mediante el Decreto Número 293 por la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que a la letra dice: ‘La Legislatura del Estado desde el momento en que se dé inicio al procedimiento de desaparición de un Ayuntamiento y hasta en tanto no se emita la resolución correspondiente, podrá decretar por acuerdo de las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes ante una situación de violencia grave, un vacío de autoridad o un estado de ingobernabilidad; la suspensión provisional del Ayuntamiento, pudiendo entretanto nombrar de entre los vecinos del Municipio a un Consejo Municipal o facultar al Ejecutivo para designar a un administrador encargado de la administración municipal, cualquiera de estos dos casos, la autoridad provisional ejercerá sus funciones hasta que se resuelva en definitiva.’. El dictamen de la ‘Comisión Permanente de Gobernación del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca’, mediante el cual se propone ante la honorable Asamblea del ‘Congreso del Estado de Oaxaca’, la aprobación del inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, por considerar que se actualizan ‘hipótesis previstas en la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca’. Así como el inicio de la inconstitucional suspensión provisional del Ayuntamiento a que alude el artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca y su inminente aprobación de la ‘declaración de suspensión provisional del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca’. Desde luego el inminente decreto correspondiente al dictamen antes precisado, mediante el cual la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, así como también la inminente declaración de suspensión provisional del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, por considerar que se actualizan las hipótesis previstas en la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. Decreto cuya existencia se presume por así haberlo publicado en diversos medios de comunicación escritos y electrónicos, sin que hasta la fecha dicho decreto haya sido legalmente notificado al ‘H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio que represento’. Desde luego también, como consecuencia de lo anterior, la ilegal orden o acuerdo girado por la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado de Oaxaca y su ejecución por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el cual nos ha sido suspendida la entrega de recursos económicos al Ayuntamiento que represento, por ahora los correspondientes al Ramo 28 para los Municipios y como consecuencia la suspensión de entrega de los demás recursos correspondientes a los demás ramos, sin que hayamos sido notificados legalmente y mucho menos oídos y vencidos en un juicio previo en el que se hubieran cumplido las formalidades del procedimiento, como debe ser en un régimen jurídico democrático y en plena vigencia del Estado de derecho."

SEGUNDO. Como antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda se manifiestan los siguientes:

"1. Mediante el sistema de elección popular los CC. José Enrique Ojendis Garfias, Humberto Garnica Rueda, Ángeles Del Carmen Ortiz Villalobos, José Martínez Romero, Celso Luis Palacios Salinas, Silvia Villalobos Peto, José Luis Hidalgo Dichi, Guillermo Pérez Escobar, Ignacio Zárate González, Rodomiro Gómez Sosa, Rufino Ríos Villafaña, fuimos electos para fungir como concejales propietarios del H. Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, para el periodo 2005-2007, como se acredita plenamente con la constancia de mayoría y validez expedida por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca; y desde el inicio de la administración municipal del Ayuntamiento que represento, se ha cumplido plena y cabalmente con cada una de las funciones de los concejales, hasta la fecha. Resulta que a principios del mes de agosto del año en curso, un grupo reducido de personas que ahora extraoficialmente sabemos fueron impulsadas por el actual presidente del Congreso Local, Bulmaro Rito Salinas, y financiados por él mismo, y con intereses contrarios a los del pueblo se manifestaron en contra de algunos integrantes del Ayuntamiento de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca y estuvieron aproximadamente una semana en un paro permanente en los bajos del Palacio Municipal con el pretexto de reclamos de mejores servicios públicos, entre ellos, el suficiente abastecimiento de agua potable, drenaje, alumbrado público, la recolección de la basura, entre otras demandas infundadas; sin embargo, a través de la conciliación las personas inconformes y que estaban siendo engañadas se les dio una solución pacífica a sus planteamientos a través del diálogo con el director de delegados de gobierno Lic. Javier Fuentes Valdivieso. 2. Sin embargo, y no obstante de que actualmente el Municipio se encuentra funcionando con toda normalidad; hace aproximadamente quince días algunos integrantes del Ayuntamiento que represento fuimos informados verbalmente por funcionarios del Congreso Local de que se estaba dando inicio a la suspensión provisional del Ayuntamiento de Tehuantepec, Oaxaca, información que no le tomamos mucha importancia toda vez que ya no existe problema actualmente, ni razón alguna para decretar la suspensión del Ayuntamiento; pero resulta que el día jueves 31 de agosto del año en curso, la tesorera Yonett Mena Jiménez, como de costumbre, se presentó ante la oficina de recaudación de la ciudad de Tehuantepec, para recibir los recursos financieros asignados al Municipio incluyendo desde las participaciones del Ramo 28 y 33 y demás participaciones tanto del Estado y federales; sin embargo, el recaudador de rentas, Cándido Santiago Pineda, le informó verbalmente que pasara al día siguiente, es decir, el día viernes primero de septiembre del año en curso, toda vez que no habían depositado los recursos; por tal motivo se presentó nuevamente el día señalado primero de septiembre del año en curso, como le había indicado el recaudador, pero resulta que le informó verbalmente que se suspendieron todas las participaciones al Municipio de Tehuantepec, Oaxaca, por órdenes del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso Local, ya que se daría inicio con la suspensión provisional del Ayuntamiento de Tehuantepec, Oaxaca, por lo que sin duda alguna es inminente que se decretará la suspensión provisional del H. Ayuntamiento que represento de manera inconstitucional, en virtud de que con la suspensión de los recursos financieros es un paso encaminado a la suspensión provisional del Ayuntamiento, al pretender aplicar el inconstitucional artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, artículo que a todas luces resulta inconstitucional, tal como más adelante se precisarán las razones. 3. No obstante lo anterior y ante tal situación en esa misma fecha primero de septiembre se le informó al Cabildo de esta situación, por lo que se acordó que el presidente municipal del Ayuntamiento de Tehuantepec, Oax., solicitara al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado la liberación de los recursos que le corresponde al Municipio y que se encontraban ilegalmente retenidas, y como en efecto mediante oficio número PM/1345/2006, de fecha 4 de septiembre de 2006, el ciudadano presidente municipal Dr. José Enrique Ojendis Garfias, solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado la liberación de dichos recursos, escrito que fue recibido ante la Oficina de Recaudación de Rentas en Tehuantepec, Oaxaca, en la misma fecha (4 de septiembre de 2006); sin embargo, en esa misma fecha nuevamente fuimos informados verbalmente que estaban suspendidos todos los recursos porque se iniciaría el trámite de la suspensión provisional del Ayuntamiento. Por todo lo anterior, no nos deja más que concluir que resulta arbitrario e ilegal el proceder de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, al pretender desaparecer un Ayuntamiento, que de efectuarse con tal ligereza constituye un grave atentado en contra del Estado de derecho y de la autonomía con que constitucionalmente se encuentran investidos los Municipios."

TERCERO. La parte actora señaló como entidad, poder u órgano tercero interesado al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; invocó como violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los siguientes conceptos de invalidez:

1. Del artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, se desprende que el Poder Reformador de la Norma Suprema estableció como prerrogativa principal preservar a los Ayuntamientos como institución municipal, salvaguardándolos tanto en su integración como en la continuidad en el ejercicio de sus funciones de gobierno, debido a que sus integrantes son electos popularmente, por lo que la comunidad municipal les otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local; por tanto, la mutilación de ese plazo en cualquiera de los supuestos señalados, contraría la voluntad popular causando una afectación al ente municipal.

2. El Congreso del Estado de Oaxaca, al aprobar el artículo 87 de la ley municipal para el Estado, causó un atentado contra las propias garantías de audiencia y legalidad jurídica, toda vez que no contempla el deber que tiene la legislatura de que previamente a la suspensión se otorgue al Municipio la oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos en relación con los motivos o causas que pudieran dar origen a la desintegración de su Ayuntamiento, lo que se traduce en una violación a la garantía de previa audiencia y por lo cual resulta inconstitucional.

Lo anterior, porque del artículo 59 de la Constitución para el Estado de Oaxaca, se desprende que el Congreso de ese Estado tiene la facultad para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves establecidas en la ley, siempre y cuando sus integrantes hayan tenido oportunidad de defenderse.

3. Los actos consistentes en el "inminente" dictamen de inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca; la declaración de suspensión provisional del mismo emitida por el Congreso Local; y la orden de suspensión de pagos de los recursos del Ramo 28, constituyen actos encaminados a la aplicación del artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, los cuales transgreden la garantía de audiencia y legalidad que tutelan los artículos 14, 16 y fundamentalmente el 115, todos de la Constitución Federal, pues infringen las formalidades esenciales que todo procedimiento debe tener, al no haberse notificado al Ayuntamiento actor y al no haberse permitido el ofrecimiento de pruebas, además de no haberse fundado y motivado.

4. La orden o acuerdo girado por la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado de Oaxaca y su ejecución por parte de la Secretaría de Finanzas de la entidad, por el que han sido suspendidas las entregas de los recursos económicos correspondientes al Ramo 28 para los Municipios y demás ramos, resulta ilegal, pues no se notificó legalmente al Municipio actor y mucho menos fue oído y vencido en un juicio previo en el que se hubieren cumplido las formalidades del procedimiento.

CUARTO. Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 134/2006 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

En proveído de la misma fecha el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, en el que tuvo como demandados exclusivamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a los que ordenó emplazar para que formularan su respectiva contestación, y no así al presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del señalado órgano legislativo y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la entidad; así como dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO. El veintisiete de septiembre de dos mil seis, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia un escrito signado por Ángeles del Carmen Ortiz Villalobos, mediante el cual formula ampliación de demanda en los términos siguientes:

"1. El Congreso del Estado de Oaxaca, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, poder demandado en la presente controversia, se ha afanado por suspender o desaparecer el Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que constitucionalmente fuimos electos por la mayoría de los ciudadanos del Municipio de Tehuantepec, Oaxaca; no obstante de que hasta el día de hoy están ilegalmente suspendidos todos los recursos o participaciones que legalmente le corresponde al Municipio actor y ello ha provocado conflictos entre los integrantes del Ayuntamiento; sin embargo, el día viernes veintidós de septiembre del año en curso, nos enteramos varios integrantes del Cabildo que la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca, dio inicio a una supuesta auditoría en contra del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; lo anterior en complicidad con algunos regidores del mismo Ayuntamiento, sin que se nos haya notificado legalmente del inicio de dicha auditoría y más aún, de manera unilateral y para disfrazar la legalidad de sus actos, realizan un supuesto requerimiento al Ayuntamiento para que nombre a un miembro del Cabildo y funja como representante del Ayuntamiento durante el desarrollo de la supuesta auditoría; sin embargo, tal designación del representante del Ayuntamiento ante la auditoría la hacen los representantes de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, sin consultar al Cabildo, violando con ello la autonomía municipal y desde luego, violando las normas, procedimientos, métodos y sistemas emitidos por la propia Contaduría Mayor de Hacienda para el procedimiento de auditorías. Por lo que a nombre del Municipio que represento, solicito a esta Suprema Corte de Justicia, se me tenga ampliando estos hechos atribuidos al poder demandado, LIX Legislatura del Estado de Oaxaca, cuyo domicilio se encuentra señalado desde el inicio de la presente controversia, en Palacio Legislativo, calle 14 oriente sin número, Paraje las Salinas, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, solicitando además se decrete la suspensión del ilegal procedimiento de auditoría instaurado en contra del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el fondo del asunto de los actos reclamados con anterioridad, así como el acto del que ahora se duele el Ayuntamiento que represento."

SEXTO. En proveído de dos de octubre de dos mil seis, el Ministro instructor requirió a la síndico hacendaria del Municipio actor para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de su legal notificación, aclarara su oficio de ampliación de demanda, para que bajo protesta de decir verdad, señalara la fecha exacta en la que comenzó la "supuesta auditoría en contra del Ayuntamiento" y además exhibiera las documentales que acreditaran la existencia de tal procedimiento y la etapa procesal en que se encontraba.

Por oficio 265/2006 de nueve de octubre de dos mil seis, recibido al día siguiente en este Alto Tribunal, la síndico hacendaria del Municipio actor, en cumplimiento al requerimiento señalado, manifestó lo siguiente:

"... En atención al requerimiento de fecha dos de octubre del año en curso y notificado al día siguiente al Ayuntamiento que represento a través de nuestros delegados nombrados, al respecto manifiesto que los nuevos hechos por los que se ha pedido la ampliación de la demanda de controversia constitucional, se tuvo conocimiento de la existencia de ellos, bajo protesta de decir verdad a partir del día veintidós de septiembre del año en curso, del supuesto inicio de una auditoría al Ayuntamiento que represento, y que para tal efecto se exhiben copias simples de los oficios PL/CMH/DA/1596/2006 y PL/CMH/DA/1598/2006, de fecha veintiocho de agosto y catorce de septiembre, ambos del año en curso, toda vez que ambos oficios fueron entregados en copias al mismo tiempo el día veintiuno de septiembre de dos mil seis a una oficial administrativa de la Secretaría Municipal y de los cuales tuve conocimiento el día veintidós de septiembre de dos mil seis. Ahora bien, en atención al ilegal requerimiento de documentación con motivo del inicio de la auditoría, pero con el ánimo de dar respuesta a dichos oficios suscritos por el contador mayor de Hacienda dependiente del Congreso del Estado de Oaxaca, con fecha veintinueve de septiembre del año en curso, el C. Ing. Luis Raquel Sánchez Ortiz, en su carácter de oficial mayor del honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, se presentó en la oficina que ocupa la Contaduría Mayor de Hacienda, ubicada en calle catorce oriente número uno, Paraje las Salinas, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, domicilio que el propio contador mayor de hacienda señaló para la recepción de la documentación solicitada; sin embargo, dicha oficina se encontraba cerrada, no obstante de que se trataba de una hora y día hábil, tal como se acredita plenamente con la copia debidamente certificada de la escritura pública número 89670 (ochenta y nueve mil seiscientos setenta) del volumen 1398 (un mil trescientos noventa y ocho), del protocolo del notario público número 38 del Estado de Oaxaca, con residencia en la capital del Estado, Lic. Omar Abacuc Sánchez Heras, que contiene una certificación de hechos precisamente del día y hora en que el oficial mayor del Ayuntamiento que represento Ing. Luis Raquel Sánchez Ortiz se presentó en el domicilio de la Contaduría Mayor de Hacienda, acompañado del notario público para que certificara hechos; aunado a lo anterior, es del dominio público y hechos notorios los problemas por los que atraviesa el Estado de Oaxaca, ya que el magisterio oaxaqueño y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca mantienen bloqueadas no solamente la oficina de Contaduría Mayor de Hacienda y de todo el Congreso del Estado de Oaxaca, sino diversas oficinas del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como del propio Poder Judicial del Estado de Oaxaca. No obstante lo anterior, resulta que el día miércoles cinco de octubre de dos mil seis, el contador mayor de hacienda envía un nuevo oficio número PL/CMH/DA/1601/2006, fechado el día tres de octubre del año en curso, y lo entregan ahora sí en la Secretaría Municipal; en este escrito hacen un segundo requerimiento al Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para que se presente la documentación que mencionan y señalan el mismo domicilio en cita para hacer entrega de los documentos y dan un plazo de cinco días hábiles, con el apercibimiento de que para el caso de no hacerlo se instruiría un proceso administrativo disciplinario; lo que sin duda alguna deja en completo estado de indefensión al Ayuntamiento que represento; razón por la que debe necesariamente decretarse la suspensión del ilegal procedimiento de auditoría iniciada al Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca."

SÉPTIMO. Por auto de diecisiete de octubre de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la ampliación de la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a los que requirió para que formularan su respectiva contestación, y ordenó dar vista al procurador general de la República.

OCTAVO. El veinticuatro de octubre de dos mil seis se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito fechado el dos de octubre anterior, mediante el cual Humberto Garnica Rueda, en su carácter de síndico procurador del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, se desiste de la demanda de controversia constitucional.

El escrito de referencia, en lo medular, es del tenor siguiente:

"... En mi carácter de síndico procurador, y por autorización del Ayuntamiento como consta en el acta de fecha dos de octubre de dos mil seis, cuyo original anexo, a nombre y representación del Ayuntamiento Constitucional y del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, vengo a desistirme de la demanda de controversia constitucional promovida en contra del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, toda vez que entre el Poder Legislativo de la entidad y el Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, no existe controversia constitucional, y porque no existen los actos que por esta vía se reclaman que se dicen en perjuicio del Municipio que represento, ya que no existe orden por parte del Poder Legislativo del Estado, que pretenda suspender o desaparecer al Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, y porque los recursos que se perciben como participaciones de los Ramos 28 y 33, fondo III y IV, fue suspendido su entrega, a solicitud de la mayoría de concejales, por los diversos hechos de malversación que venía cometiendo el presidente municipal, José Enrique Ojendis Garfias, que ascienden a más de cien millones de pesos. ..."

Mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil seis, el Ministro instructor requirió al síndico procurador del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de su notificación, remitiera copia certificada del acta de sesión de Cabildo en la que se le haya autorizado para desistirse de la demanda de controversia constitucional.

NOVENO. Por oficio recibido en este Alto Tribunal el catorce de noviembre de dos mil seis, el diputado Bulmaro Rito Salinas, en su carácter de presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en representación del Poder Legislativo de la entidad, dio contestación a la demanda. En dicho oficio se expresó, en esencia, lo siguiente:

a) El supuesto previsto en la norma general o acto cuya invalidez se demanda no se actualiza en contra del Ayuntamiento actor, pues el Congreso del Estado no está tramitando procedimiento alguno para lograr la suspensión provisional o desaparición de poderes del Municipio citado, como consecuencia de algún dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación del Poder Legislativo de dicha entidad en ese sentido, pues el dictamen que se señaló es inexistente.

b) No es cierto que como consecuencia de la suspensión o desaparición de poderes del Ayuntamiento en cita, se haya girado acuerdo por parte de la Comisión Permanente de Gobernación a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado tendiente a suspender la entrega de recursos económicos al Ayuntamiento citado correspondientes al Ramo 28 y demás recursos correspondientes a los demás ramos.

c) En razón de que no existe procedimiento alguno por el cual se esté tramitando la desaparición del Ayuntamiento actor, es procedente decretar el sobreseimiento de la controversia constitucional, en términos de la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

d) Negó que la citada Comisión de Gobernación, y su ejecución por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, haya ordenado la suspensión en la entrega de los recursos económicos del Ramo 28 y demás señalados en la demanda, pues aquélla no se encuentra facultada para emitir dicha determinación. Adujo que lo cierto fue que la suspensión en la ministración de recursos fue a solicitud del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, ello por falta de regularización en la información financiera y técnica ante el Poder Legislativo Local. Agregó que lo anterior es así, en razón de que la Secretaría de Finanzas aludida es la que por disposición legal tiene a su cargo los recursos de los diferentes ramos que conforme a la normatividad y disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y Estatal deben ser entregadas a los Municipios.

e) Precisó que el Congreso del Estado no determina a quién o a quiénes deben otorgarse los recursos de los Municipios, sino sólo en el caso de que no se encuentre regularizada la presentación de su información financiera y técnica ante el Poder Legislativo, con base en la facultad que le otorga a la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el artículo 6o., fracción IX, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, lo cual aconteció ante la no presentación total de la información señalada por parte del Municipio actor.

DÉCIMO. En quince de noviembre de dos mil seis, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, un oficio a través del cual la síndico hacendaria del Municipio actor amplió nuevamente la demanda de controversia constitucional, solicitando la invalidez de la fracción IX del artículo 6o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Por proveído del Ministro instructor de veinticuatro de noviembre de dos mil seis, la ampliación de demanda de mérito fue desechada, al haberse presentado fuera del plazo de quince días a aquel en que la parte actora conoció el hecho nuevo cuya invalidez demandó.

DÉCIMO PRIMERO. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal, el cinco de diciembre de dos mil seis, el diputado Bulmaro Rito Salinas, presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Legislativo Estatal, dio contestación a la primera ampliación de la demanda de controversia constitucional y a su aclaración, en los términos siguientes.

a) Insistió en que el acto reclamado por la parte actora consistente en la desaparición del Municipio de Tehuantepec, Oaxaca, no es cierto, en razón de que no existe solicitud de parte legitimada para ello.

b) En relación con la suspensión de recursos a que hizo referencia la actora, advirtió que existen antecedentes en los archivos de la presidencia de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20396-03deef42/controversia-constitucional-el-oficio-lix-of-217-2006 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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