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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE UN MUNICIPIO PUEDE SER ANALIZADO EN ESA VÍA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2004. · Registro digital (IUS): 18597
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 910.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 43/2004. MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de noviembre de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el once de marzo de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leopoldo Miguel Carlos Morán, quien se ostentó como síndico municipal interino del Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec del Estado de Oaxaca, en representación de éste promovió controversia constitucional en la que demanda la invalidez del acto que más adelante se menciona, emitido por la autoridad que a continuación se señala.

"La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Lo es la LVIII Legislatura del Estado de Oaxaca, con domicilio en el Congreso del Estado de Oaxaca, sito en la Avenida Juárez número 702, Centro Oaxaca, y el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, con domicilio bien conocido en el Palacio de Gobierno. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado. Lo es la ilegal suspensión provisional del Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, del Distrito Judicial de Huajuapan de León en el Estado de Oaxaca, acordada por la demandada, contenida en el Decreto Número 341 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha trece de enero de 2004, publicado por el gobernador del Estado de Oaxaca."

Además, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte actora también demandó la invalidez del artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el diez de enero de dos mil tres.

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados son los siguientes:

"Las manifestaciones de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyen los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demanda y bajo protesta de decir verdad manifiesto que son los siguientes: Los integrantes del Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, Oaxaca, fuimos electos bajo el sistema de usos y costumbres para desempeñar nuestros respectivos cargos en el trienio comprendido del primero de enero del año dos mil dos al treinta y uno de diciembre del año dos mil cuatro. En el ejercicio de nuestras funciones que asumimos desde el primero de enero del año dos mil dos siempre procuramos trabajar por el bienestar de nuestro pueblo, acatando las disposiciones legales vigentes y los usos y costumbres de nuestra comunidad. El día 22 de abril de 2003 se publica en el Periódico Oficial Extra del Gobierno del Estado de Oaxaca el Decreto Número 252 de la LVIII Legislatura del Estado de Oaxaca, por el cual se decreta el inicio del procedimiento de revocación de mandato del síndico municipal propietario del Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tequixtepec y, posteriormente, esta persona presentó su renuncia al cargo, por lo que el suscrito fue facultado para asumir el cargo de síndico municipal, en virtud de haber sido electo como suplente. Para tal efecto se anexa la identificación que me ostenta como síndico municipal del Ayuntamiento multicitado. Sin embargo, grande fue nuestra sorpresa al enterarnos con fecha 20 de febrero del año en curso, por unas copias simples del Periódico Oficial del Estado que se hicieron circular entre los habitantes de nuestro Municipio, que unas personas presentaron una solicitud ante la Legislatura Local mediante la cual solicitaban se declare la desaparición del Ayuntamiento de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, asegurando que existen causas graves para ello. En esas copias me enteré que la legislatura demandada sesionó y determinó al Ayuntamiento que represento, bajo el argumento que el mismo había violado leyes del Estado de Oaxaca y que, por tanto, mientras se investigaba la presunta responsabilidad, de manera provisional suspendían al Ayuntamiento citado y, por consiguiente, de nuestros cargos. Siendo que hasta la fecha el Ayuntamiento no ha sido notificado formal ni legalmente de la suspensión decretada, vamos ni siquiera hemos sido emplazados al procedimiento de desaparición."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son los siguientes:

"El artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política Federal dispone, en lo que nos interesa, lo siguiente: ‘Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. De la anterior transcripción se desprende que si bien es cierto que las Legislaturas Locales tiene facultades para suspender Ayuntamientos, también lo es que, previa a dicha suspensión, deben de otorgar a sus miembros la oportunidad para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, ya que siendo la garantía de audiencia una de las más importantes en cualquier régimen jurídico, ya que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado frente a actos del poder público que tienda a privarlos de sus derechos y comprende que en contra de la persona a quien se pretende privar de algunos de sus bienes jurídicos tutelados, por disposición constitucional, se siga juicio; que tal juicio se substancie observando las formalidades esenciales del procedimiento y que el fallo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio. En este caso concreto tenemos derecho, de acuerdo al artículo 14 constitucional, a que éste privativo de nuestros cargos, sea a su vez, ‘privado’ por conducto de un procedimiento con formalidades esenciales y para efectos genéricos; esas formalidades esenciales son la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar y que el procedimiento culmine con una resolución fundada y motivada; sin embargo, en el caso concreto, no se ha cumplido con este mínimo de requisitos, ya que me estoy enterando por unas copias simples, las cuales se anexan. ¿Es válida la actuación de la legislatura?, estamos de acuerdo que una Legislatura Estatal tenga soberanía dentro de su propia demarcación, pero las facultades soberanas que le da la Constitución Local no implican ni le dan facultad alguna para que sobrepase los límites de la Constitución Federal. Se supone que los Estados integran el llamado Pacto Federal y quedan supeditados a un ente superior, todos regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se viola la garantía de legalidad por la legislatura demandada, mandada a dar trámite a un procedimiento de suspensión y de desaparición del Ayuntamiento sin que se actualicen las hipótesis contenidas en el artículo 86, fracciones I, III, IV y IX, y el artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, por consecuencia, no está fundado ni motivado el acto impugnado, violando, en consecuencia, el artículo 16 constitucional. Analicemos el contenido del artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, que dice: ‘La Legislatura del Estado desde el momento en que se dé inicio al procedimiento de suspensión de un Ayuntamiento y hasta en tanto no se emita la resolución correspondiente, podrá decretar por acuerdo de las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes ante una situación de violencia grave, un vacío de autoridad o un estado de ingobernabilidad; la suspensión provisional del Ayuntamiento, pudiendo entre tanto nombrar de entre los vecinos del Municipio a un consejo municipal o facultar al Ejecutivo para designar a un administrador encargado de la administración municipal, cualquiera de estos dos casos, la autoridad provisional ejercerá sus funciones hasta que se resuelva en definitiva.’. Veamos si existe una facultad discrecional sujeta a la actualización de cualquiera de sus tres causas: -Violencia grave-. Vacío de autoridad. Estado de ingobernabilidad. Indagando sobre el tema, legislativamente hablando no vamos a encontrar una definición de lo que significa para efectos de este artículo la violencia grave, vacío de autoridad o ingobernabilidad, luego entonces esa calificación la otorga la misma legislatura demandada y al calificarla mediante su propio arbitrio, tenemos una facultad discrecional. La medida suspensional contenida en el artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca es una facultad discrecional, no hay más. De lo que se trata es que la facultad discrecional contenida en ese precepto citado y su aplicación, es violatoria de los artículos 16 y 115 constitucionales. Por otro lado, la Constitución del Estado de Oaxaca en la fracción IX del artículo 59 dispone: ‘La Legislatura Local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley reglamentaria prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. Esto indica que la propia Constitución del Estado de Oaxaca supedita el procedimiento de suspensión o desaparición del Ayuntamiento a lo dispuesto por la ley reglamentaria que en este caso es, precisamente, la Ley Municipal del propio Estado, lo que implica una obligación para la legislatura para observar un procedimiento que al transgredirlo, implica una violación a la garantía constitucional en estudio y más aún cuando vuelve a mencionar la garantía de audiencia. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de esta Suprema Corte, con el criterio: Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LVII. Página 1588. ‘FUNCIONARIOS DE ELECCIÓN POPULAR, CESE DE. Cuando la separación de un empleado o funcionario de elección popular, no esté determinada por la Constitución Local, de una manera libre e incondicional, sino subordinada a un procedimiento fijado por las leyes reglamentarias, en el amparo que se pida contra tal declaración, debe entrarse al estudio del acto, para decidir sobre su legalidad, pues lo contrario equivaldría a dejar sin cumplimiento de la ley reguladora los derechos políticos del quejoso y al criterio exclusivo de la autoridad responsable.’. Derivado de este criterio la legislatura demandada debió en todo momento observar las formalidades del procedimiento, ya que la suspensión de desaparición de un Ayuntamiento no es función soberana. Aunado a lo anterior, el acto cuya invalidez se demanda no satisface las garantías de audiencia y legalidad que tutelan los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, ya que se dictó sin que se hayan desahogado las pruebas correspondientes, dejándonos en estado de indefensión al emitirse una medida notoriamente contraria a lo dispuesto por el último mandato que imperativamente indica: ‘Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. En este caso se suspende al Ayuntamiento que represento, sin que se haya tenido la oportunidad de probar suficiente de probar y alegar, alterando la disposición constitucional y la garantía de audiencia previa y con violación a la garantía de legalidad que en forma congruente establecen los tres artículos mencionados. Se cumple la máxima que primero se sanciona y después se investiga. Pero, además, se evidencia una clara violación al artículo 115 constitucional por la Legislatura del Estado mediante el acto del cual se demanda su invalidez, por el cual se inicia el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, ya que omitió observar que el procedimiento de defensa es previo, como formalidad esencial, de conformidad con el precepto constitucional en cuestión, a la declaración de procedencia o no de la suspensión o desaparición; una vez hecho el análisis del proceso respectivo, la legislatura por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros podrá suspender o desaparecer Ayuntamientos, pero no dos sanciones, pues tal actuación llevada a cabo en forma inusitada y antijurídica por la legislatura pone en evidencia una clara violación al orden jurídico constitucional que enmarca el funcionamiento y operación de los Municipios y sus órganos. La Legislatura del Estado de Oaxaca violó las garantías de legalidad y de audiencia previa, al emitir un acto de suspensión del Ayuntamiento que represento, sin que el artículo 115 lo faculte a hacerlo y, además, como medida provisional no autorizada por la Constitución, ya que tal proceder sólo sería legal una vez seguido el procedimiento y no antes, de forma tal que al actuar en esa forma la autoridad demandada lo hizo al margen de la ley. La suspensión como provisional que puede dictar la legislatura desde el momento en que se inicia el procedimiento, está autorizada para los casos de desaparición de Ayuntamientos de conformidad con el artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. Sin embargo, debemos estar sujetos sistemáticamente a los ordenamientos jurídicos aplicables. El artículo 87 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca es contraria a los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, por las siguientes razones: Dice el artículo 115 constitucional lo siguiente: ‘Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. Por otra parte, en la Legislación del Estado, Constitución y Ley Orgánica Municipal, dicen lo siguiente: Artículo 59 de la legislatura: ‘... IX. La Legislatura Local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender y revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley reglamentaria prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. Otra vez se menciona que antes de suspender o desaparecer el Ayuntamiento se debe tener la oportunidad de rendir pruebas. ¿Se cumple en el caso concreto?. Claro que no. Por consecuencia el artículo 87 de la Ley Municipal deviene inconstitucional, porque faculta a la legislatura a suspender ab initio del procedimiento aun cuando no se ha otorgado audiencia de la parte afectada, contraviniendo claramente el artículo 115 de la Constitución Federal. A pesar de que no se justifica causa grave alguna, ni se nos otorgó la oportunidad probatoria amplia que se contiene en el artículo 115 de la Constitución Federal, se nos suspende temporalmente en el ejercicio del cargo sin que exista base alguna para ello en la propia Constitución, motivándose una causa más de invalidez referida, tanto a la admisión de la solicitud por parte de la permanente de gobernación como de la legislatura demandada, al no observar las formalidades esenciales del procedimiento de revocación o suspensión, sirviendo de apoyo la siguiente tesis: Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCII. Página 682. ‘DERECHOS POLÍTICOS, AMPARO EN CASO DE. Si el quejoso está en un cargo esencialmente administrativo, aun cuando en determinados casos tenga funciones políticas, como la privación de él pudiera ser punto de estudio sobre si puede ser separado por disposición de la autoridad responsable, y si los procedimientos empleados tienen o no apoyo legal, de donde resultaría que las infracciones a las leyes relativas, pudieran constituir una violación de garantías individuales, lo que no se puede juzgar a priori, la demanda de amparo contra dichos actos, no es improcedente.’. Cabe hacer notar que en el Decreto 341 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 13 de enero de 2004, aun cuando se dice que se decreta la suspensión provisional del Ayuntamiento que represento, lo cierto es que dicha suspensión provisional está disfrazada de definitiva, toda vez que a los integrantes del Concejo Municipal los nombran por el resto del periodo por el que nosotros fuimos electos, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2004, lo cual, sin lugar a duda, constituye un acto del todo ilegal, ya que nunca vamos a saber nuestra situación legal, desde donde se advierte el dolo y la mala fe con la que se maneja la Legislatura del Estado de Oaxaca. Suspensión de los actos reclamados: Con fundamento en los artículos 14, 15, 16 y demás relativos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se nos conceda la suspensión provisional atendiendo a que no se actualiza el numeral 15 de la ley invocada. Nuestra comunidad se afectaría de no otorgarse la suspensión relativa, en virtud de que, precisamente, éste exige la estabilidad de las autoridades municipales y su permanencia, como forma de respeto a la decisión popular contenida en el voto de los ciudadanos del Municipio de Oaxaca de Juárez. Esta medida debe decretarse bajo el supuesto específico de que no se nos otorgó el derecho de la defensa constitucionalmente establecida por los artículos 14 y 115 de la Constitución Federal. Por el contrario, de no otorgarse la medida solicitada se afecta el orden jurídico contenido en el artículo 115 de la Constitución Federal y se favorece mantener una situación que violenta directamente la garantía contenida en tal artículo la parte que indica: ‘Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por algunas de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. Es decir, se toleraría que los efectos de un decreto carente de validez tuvieran eficacia jurídica aun en contra de la disposición expresa del artículo en cuestión. Reproduzco al efecto algunas consideraciones sobre la materia y en relación a la apariencia del buen derecho, respecto de sus aspectos medulares, sustentado por el Ministro Genaro David Góngora Pimentel en la publicación relativa a la serie de debates, página 103, que dice: ‘El tribunal en la suspensión debe hacer una apreciación sobre la apariencia del buen derecho que tenga el promovente y de la certeza del peligro en la demora en conceder la suspensión, para con lo que se dice de «... Proteger al ciudadano que se vea afectado con la ejecución de un acto arbitrario ...». En efecto, a fin de saber si el acto es arbitrario, y lo afecta obligadamente, deberá tomar en cuenta cuestiones y argumentos que afectan el fondo del asunto.’. Sirven de apoyo, a propósito de concederme la medida cautelar solicitada, la siguiente jurisprudencia: Séptima Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte TCC. Tesis 1048. Página 725. ‘SUSPENSIÓN. INTERÉS PÚBLICO. Al resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, deben sopesarse, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, los daños y perjuicios (patrimoniales o no) que la parte quejosa puede resentir con la ejecución de los actos reclamados o con los efectos provocados o derivados de ellos, contra los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al interés público o al bienestar general con la dilación de la ejecución de los actos. Es decir, no se trata de examinar si es conveniente o necesario al interés general que se realicen los actos reclamados, sino que se debe determinar si hay o no urgencia en que se realicen y comparar los daños que la suspensión puede ocasionar al interés público, con los daños que la ejecución o consecuencias de los actos reclamados pueden ocasionar a la parte quejosa. Y al analizar estos elementos, de ninguna manera se debe perder de vista que al quejoso se le obliga a garantizar los daños que pueda causar, ya que para ello se le exige una fianza, mientras que las autoridades no suelen indemnizar los daños (patrimoniales o no) que causan a los particulares con la ejecución de los actos reclamados. En efecto, se ha venido estimando (sin que aquí deba analizarse si con ello satisface el artículo 80 de la Ley de Amparo) que en caso de concesión del amparo la restitución de las cosas al orden anterior no incluye la obligación de la autoridad de pagar los daños y perjuicios causados a la parte quejosa con la ejecución de sus actos que fueron encontrados inconstitucionales, por ende, ilícitos.’. Por lo que, en su caso, solicitamos concedernos la suspensión definitiva de los actos reclamados de la responsable, debiéndose expedir dos copias certificadas del auto que la conceda, autorizando a las personas mencionadas en el proemio de esta demanda para que las reciban."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violados son: 14, 16 y 115, fracción I, párrafo tercero.

QUINTO. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil cuatro el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 43/2004 y, por razón de turno, se designó como instructora a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

Por auto de diecinueve de marzo de dos mil cuatro la Ministra instructora admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, al formular su contestación de demanda, manifestó, en síntesis, que:

1. Procede el sobreseimiento en la controversia constitucional, toda vez que la demanda fue presentada fuera del plazo previsto en el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, puesto que el decreto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el trece de enero de dos mil cuatro, en tanto que la demanda fue presentada hasta el once de marzo del mismo año, o sea, cuarenta y un días hábiles siguientes a la publicación oficial.

2. El síndico municipal, que suscribe la demanda de controversia constitucional, no cuenta con la representación del Municipio actor, en virtud de que en el decreto controvertido se suspendió al Ayuntamiento y, por tanto, el signante de la demanda ya no contaba con el carácter con que se ostentó.

3. Es improcedente la controversia constitucional en virtud de que el decreto impugnado, que contiene la suspensión del Ayuntamiento del Municipio actor, es de carácter provisional y no definitivo.

4. El decreto cuestionado no es violatorio de los artículos 14, 16 y 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, por lo siguiente:

a) El Congreso del Estado está facultado para ordenar la suspensión del Ayuntamiento y el inicio del procedimiento de desaparición del mismo, conforme a lo dispuesto en el propio artículo 115 constitucional, así como en los artículos 59, fracción IX, de la Constitución Política y 93 de la Ley Municipal, ambos del Estado de Oaxaca, ya que eran públicos y notorios los conflictos internos suscitados en el Ayuntamiento, tanto entre sus integrantes como entre éstos con la comunidad, lo cual causaba perjuicio al bien social que está por encima del particular, puesto que se encontraban suspendidas las participaciones municipales por acusaciones mutuas que hacían los integrantes del Ayuntamiento, en el sentido de presuntas desviaciones de fondos, actualizándose la causa grave prevista en el artículo 87 de la Ley Municipal del Estado.

b) El artículo 115 de la Constitución Federal establece lineamientos mínimos que deben respetarse para la suspensión o desaparición de Ayuntamientos, los que se traducen en: a) la determinación se debe tomar por una mayoría calificada de la legislatura; b) la resolución debe tener como fundamento alguna causa grave prevista en la legislación estatal; y c) se debe conceder la oportunidad a los afectados para rendir las pruebas y formular los alegatos que a su juicio convenga; sin embargo, ante la ausencia de mayor detalle normativo en la Constitución Federal, en lo referente a la forma en que deberán llevarse a cabo los procedimientos respectivos, debe estimarse una facultad reservada a la Legislatura Estatal para establecer dichos procedimientos.

En el caso, la determinación se tomó por la mayoría calificada del Congreso Local, ante una situación de violencia grave, por lo que la suspensión se ajusta precisamente a la medida precautoria prevista en el citado artículo 115 de la Constitución Federal, puesto que no constituye un acto privativo de carácter definitivo, sino que solamente prevalecerá mientras se determine en definitiva sobre la desaparición o no del Ayuntamiento.

SÉPTIMO. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca al formular su contestación de demanda manifestó, en síntesis, que el decreto controvertido fue publicado en el órgano informativo de la entidad, con fundamento en los artículos 52 y 53, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.

OCTAVO. El procurador general de la República formuló su opinión, en la que en síntesis manifestó que:

1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.

2. El síndico interino del Municipio actor, quien signa la demanda en representación de éste, sí cuenta con legitimación en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley Municipal del Estado de Oaxaca.

No es óbice a lo anterior, lo manifestado por la legislatura demandada en el sentido de que al encontrarse suspendido el Ayuntamiento el síndico carece de la representación con que se ostentó. Lo anterior toda vez que antes de que se decretara la suspensión del Ayuntamiento el síndico sí contaba con la representación del Municipio, siendo aplicable la tesis jurisprudencial publicada con el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA ACTOS QUE DECLARAN DESAPARECIDO UN AYUNTAMIENTO. EL SÍNDICO O FUNCIONARIO QUE LO REPRESENTABA, TIENE PERSONALIDAD PARA PROMOVERLA."

3. La demanda de controversia constitucional fue presentada oportunamente toda vez que en ella se impugna el artículo 87 de la Ley Municipal del Estado de Oaxaca, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el Decreto 341, publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de enero de dos mil cuatro, por el cual se suspendió provisionalmente al Ayuntamiento del Municipio actor.

De acuerdo con la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, la demanda deberá promoverse dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al en que, entre otros supuestos, la actora se haga sabedora del acto y, en el caso, ella manifiesta que fue el veinte de febrero de dos mil cuatro cuando se enteró de su existencia, sin que obre en autos prueba en contrario.

4. La suspensión provisional prevista en el artículo 87 de la Ley Municipal del Estado de Oaxaca no es conculcatoria del artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, puesto que se prevén figuras jurídicas diferentes, toda vez que la medida precautoria contemplada en el precepto legal lo que constituye es un acto de molestia, por no tener el carácter de definitiva, en tanto que en la disposición constitucional se establece un procedimiento de defensa del orden local, siendo en consecuencia un acto de privación en forma definitiva durante el plazo por el que fue decretada.

De acuerdo con lo anterior, no puede considerarse que la suspensión provisional deba conceder la oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos, ya que ésta puede ser decretada dentro del procedimiento de desaparición de un Ayuntamiento, en el cual se dará la oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer alegatos, esto debido a que la suspensión provisional no es un acto privativo considerado por el artículo 14 de la Constitución Federal.

5. La circunstancia de que en el artículo 87 de la Ley Municipal de la entidad no se defina lo que debe entenderse por una situación de violencia grave, un vacío de autoridad o un estado de ingobernabilidad, no constituye una violación al artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, en virtud de que es atribución del Congreso Local determinar cuándo se actualiza alguna de las causas por las que procede imponer la suspensión provisional de un Ayuntamiento, pues al ser aquella la autoridad competente para resolver un conflicto en el que se requiera aplicar el precepto impugnado, tiene la potestad de interpretar tanto la pr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18597-8b6f1d62/controversia-constitucional-el-acto-por-el-cual-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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