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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 64/2004. · Registro digital (IUS): 18884
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, , Pág. 593.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 64/2004. MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de abril de dos mil cinco.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el primero de junio de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cecilio Espinoza Mercado, ostentándose como síndico procurador del Municipio de Tlalnepantla, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades que a continuación se señalan y por los actos que más adelante se precisan:

"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Tienen este carácter: II.1. El Congreso del Estado de Morelos con domicilio bien conocido en el ‘Palacio Legislativo’ ubicado en la calle de Matamoros número 10, en el centro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos; así como. II.2. La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del Estado de Morelos, en su calidad de comisión instructora, con domicilio en el ‘Palacio Legislativo’ ubicado en la calle de Matamoros 10 de la ciudad de Cuernavaca, Morelos; III. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso el medio oficial en que se hubieran publicado. En nombre y representación del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, reclamo todo procedimiento iniciado, seguido y concluido por los demandados para suspender definitivamente del cargo de presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, al C. Elías Osorio Torres, incluyendo el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, la aprobación que de tal dictamen ha hecho el Congreso del Estado y las consecuencias que de tal acto deriven."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:

"Primero. Como resultado del proceso electoral constitucional verificado, el 6 de julio del año 2003, para la renovación del Ayuntamiento Municipal y por haber obtenido el triunfo en las urnas la planilla del Partido Revolucionario Institucional que me postuló al cargo de síndico, tal como aparece en la página 42 del Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, órgano oficial del Gobierno del Estado de Morelos, número 4267, correspondiente al 23 de julio del año próximo pasado, soy síndico procurador del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos. En los términos de ley, nuestro Ayuntamiento se instaló el día 1o. de noviembre del año próximo pasado, fecha en que todos los integrantes del cabildo protestamos desempeñar con lealtad y honradez el cargo que nos confirió la voluntad de la ciudadanía. Segundo. El día doce de mayo del año en curso, el presidente municipal constitucional de Tlalnepantla, Morelos, señor Elías Osorio Torres, de manera extraoficial hizo del conocimiento de los demás integrantes del Cabildo, que un grupo de diputados del Congreso del Estado había solicitado se le suspendiera definitivamente del cargo y que, en consecuencia, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Honorable Congreso del Estado de Morelos lo había citado a una audiencia, en la cual tenía que responder las falsas acusaciones que le hacían y que, asimismo, tenía que ofrecer y desahogar pruebas. Nos informó que los diputados lo acusaban infundadamente de haber incurrido en hechos y omisiones considerados como causas de suspensión. Tercero. Tengo conocimiento de que la audiencia se verificó el día diecisiete de mayo del presente año; que en ella, el presidente municipal, Elías Osorio Torres, dio contestación a la acusación en su contra y ofreció diversos medios de prueba a fin de demostrar el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Tlalnepantla, así como para desacreditar las falsas acusaciones. Cuarto. También tengo conocimiento de que la audiencia se suspendió a fin de que la comisión analizara la procedencia de la admisión de las pruebas aportadas por el señor Elías Osorio Torres y que se fijó el jueves 20 para la continuación de la misma. Que durante la secuela del procedimiento, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, cometió una infinidad de irregularidades, limitando el derecho de audiencia que garantiza la Constitución General de la República, pues se negó a recibir las pruebas testimoniales ofrecidas por el presidente municipal; y, finalmente, al parecer bajo la presión de terceros, emitió un dictamen sin analizar ni, por tanto, valorizar los elementos de prueba que le fueron aportados y que admitió durante la audiencia. Quinto. Tengo conocimiento de que al señor Elías Osorio Torres lo acusan los señores diputados de actos u omisiones relacionados directamente con la función pública que le atribuye la ley en su calidad de presidente municipal constitucional de Tlalnepantla, Morelos, tales como los siguientes: a) Que los integrantes del Ayuntamiento no habíamos tomado posesión de nuestro cargo en las oficinas del Palacio Municipal, sino que lo habíamos hecho en su domicilio particular; b) Que los opositores al Gobierno Municipal habían declarado ‘Municipio Autónomo a Tlalnepantla’; c) Que la ciudadanía lo rechazaba como presidente municipal porque, no obstante que había ganado en las elecciones constitucionales del día 6 de julio del año 2003, sólo había obtenido 406 votos; d) Que no existía flexibilidad ni de parte del presidente municipal ni de su Cabildo para solucionar el conflicto; e) Que el presidente municipal, no tenía ‘tacto político para gobernar’; f) Que no se estaban prestando los servicios públicos municipales. Sexto. El presidente municipal nos dio a conocer, a los integrantes del Ayuntamiento, un escrito, supuestamente firmado por algunos diputados, donde se dice que ‘Las muestras de inconformidad de los pobladores del Municipio de Tlalnepantla en contra de sus autoridades municipales y en especial del Sr. Elías Osorio Torres, han sido vertidas a este Congreso en diversas formas, ...’ ‘... se presentó por parte de los mismos pobladores del Municipio de Tlalnepantla, con fecha 13 de noviembre de 2003, escrito dirigido al Ejecutivo del Estado solicitando ejerciera la facultad que le confieren los artículos 41 y 70 de la Constitución Política Local, solicitar al Congreso del Estado la desaparición o suspensión definitiva del Ayuntamiento de Tlalnepantla’. Finalmente nos informó que, con base en esas falsas acusaciones, los diputados habían solicitado al Congreso del Estado que acordara iniciar el procedimiento de suspensión definitiva en su contra y que se instruyera a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para llevar a cabo el procedimiento correspondiente. Séptimo. Tengo conocimiento de que víctima de sus propias ilegalidades, el día 25 de mayo del año en curso, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado fue obligada, por quienes perdieron la elección constitucional del 6 de julio del año 2003, a emitir un dictamen de suspensión definitiva como presidente municipal en contra del C. Elías Osorio Torres. Tal como lo difundieron los medios de comunicación, mediante actos de presión física los diputados, que normalmente sesionan los martes de cada semana, se vieron obligados a convocar a sesión de pleno para el día siguiente, miércoles 26 de mayo, a fin de conocer y votar el dictamen de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado respecto del procedimiento de suspensión del señor Elías Osorio Torres como presidente municipal constitucional de Tlalnepantla, Morelos. Octavo. Tengo conocimiento de que, con base en lo anterior, el Congreso del Estado de Morelos determinó suspender definitivamente del cargo de presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, al señor Elías Osorio Torres, sin que, previamente, se notificara al Ayuntamiento y sin que se le diera a esta autoridad municipal la oportunidad de intervenir en un procedimiento que lo afecta directa y gravemente. En efecto, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado presentó el dictamen a la consideración del Pleno del Congreso del Estado, el que, en sesión de fecha veintiséis del presente mes y año, aprobó suspender definitivamente del cargo de presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, al señor Elías Osorio Torres, emitiendo al efecto el Decreto Número Doscientos Veintiuno. De esta manera, mediante un acto ilegal que es, además, producto de la ilegal presión física que un grupo de individuos ejerció sobre los integrantes del órgano representativo de la soberanía estatal, el Congreso del Estado de Morelos anuló y tiró por la borda de la ilegalidad la voluntad ciudadana del pueblo de Tlalnepantla, expresada legal y legítimamente en las urnas electorales el 6 de julio del año 2003. Noveno. Porque no debe caber duda al respecto: quienes presionaron al Congreso del Estado para que suspendiera definitivamente del cargo de presidente municipal de Tlalnepantla Elías Osorio Torres, son quienes perdieron las elecciones municipales del 6 de julio del año próximo pasado. Son los mismos que, antes del día de instalación del Ayuntamiento electo, el día 1o. de noviembre del 2003, ocuparon ilegalmente las oficinas del Palacio Municipal para evitar la toma de protesta. Fueron ellos los que, en un acto de fuerza, obtuvieron de los señores diputados y del subsecretario de Gobierno del Estado de Morelos, los compromisos que se contienen en la minuta firmada del día 3 de noviembre del año pasado, es decir, apenas 2 días después de la toma de protesta. El contenido de la minuta de referencia puede ilustrar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del estado de cosas existente en el Estado de Morelos, sobre todo porque es el preámbulo de la anulación ilegal del proceso electoral del 6 de julio del año 2003, mediante la suspensión definitiva de Elías Osorio Torres del cargo de presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos. En lo relativo, la minuta establece lo siguiente: ‘Primero. EL C. Elías Osorio Torres no recibirá de parte del Gobierno del Estado de Morelos, ninguna ministración económica hasta en tanto no se resuelva de manera definitiva la situación jurídica y política del Municipio de Tlalnepantla, Morelos. Segundo. A través del Congreso y del Gobierno del Estado, se exhorta a que el C. Elías Osorio Torres, se abstenga de presentarse en las oficinas que ocupa la presidencia municipal de Tlalnepantla, hasta en tanto no se defina la situación jurídica y política del Municipio de Tlalnepantla. Tercero. El Congreso del Estado se compromete a revisar la documentación que solicita la destitución del C. Elías Osorio Torres, así como a revisar si son o no legales los actos de instalación del Ayuntamiento de Tlalnepantla 2003-2006. Esto ocurrirá el jueves 6 de noviembre del año 2003. Cuarto. Los bienes del Municipio se deberán conservar por los habitantes, en las condiciones y uso en que se encuentran. Mientras tanto, los bienes que obren en poder de la comisión quedarán bajo su responsabilidad. Décimo. Es claro entonces que, los actos, tanto de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado como del Congreso del Estado de Morelos tienen como finalidad nulificar el proceso electoral del 6 de julio del año 2003, realizado conforme a lo ordenado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se desconoce así lo que manda la Norma Suprema de la República. Se sustituye la voluntad soberana del pueblo por el voto emitido bajo la presión ilegítima de quienes perdieron la elección en las urnas. Pero, sobre todo, se evidencia la intromisión ilegal de un órgano del poder estatal en la esfera de competencia de la autoridad municipal. Undécimo. Como consecuencia, el Congreso del Estado de Morelos ha afectado gravemente la integración del Ayuntamiento constitucional de Tlalnepantla, Morelos, puesto que ha suspendido definitivamente del cargo al presidente, sin que, para ello, haya tomado en consideración al propio Ayuntamiento. Décimo segundo. Ni el Congreso del Estado de Morelos ni su Comisión de Gobernación y Gran Jurado han dado al Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, la intervención legal que le corresponde en el procedimiento seguido para suspender definitivamente al presidente municipal, no obstante que lo han acusado de actos u omisiones que se relacionan directamente con la función pública que tiene encomendada por disposición constitucional y en términos de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Décimo tercero. En tales circunstancias, en nombre y representación del Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla, Morelos, me veo precisado a interponer la presente controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Morelos y de su Comisión de Gobernación y Gran Jurado, porque sus actos violan los derechos constitucionales del Ayuntamiento ..."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:

"Primero. El Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla, Morelos, es la autoridad representativa del Municipio que es, a su vez, base de la organización política y administrativa de la entidad federativa, tal como se desprende de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a continuación se reproducen: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre, conforme a las bases siguientes: Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. ... Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. Si bien es cierto que la fracción I del artículo 105 de la Constitución General de la República hace referencia a los Municipios y no a los Ayuntamientos, también lo es que la representación de aquél la tiene éste y, por tanto, la actuación municipal se expresa mediante actos del Ayuntamiento. Al respecto tiene plena aplicación el contenido de la tesis siguiente: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO (se transcribe). Controversia constitucional 25/98. Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz. 23 de marzo de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 51/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.’. Conforme a lo dispuesto por el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el síndico procurador es el representante legal del Ayuntamiento. El numeral citado nos dice que: ‘Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; teniendo además, las siguientes atribuciones: ... II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aun revocarlos.’; tal disposición es sustancialmente idéntica a la contenida en las leyes orgánicas municipales de los demás Estados de la República, particularmente de Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz y Estado de México. En tales circunstancias no debe caber duda de que la representación jurídica del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, recae en el síndico procurador, tal como se observa en las tesis de jurisprudencia que a continuación se reproducen: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO (se transcribe). El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 52/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.’. Con base en lo anterior, debe decirse que los actos que afecten los derechos e intereses municipales deben ser puestos en conocimiento del Ayuntamiento constitucional, mediante notificación personal y directa al síndico procurador correspondiente, tal como está ordenado en la tesis de jurisprudencia que enseguida se transcribe: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO QUE PUEDE AFECTAR AL MUNICIPIO, POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL AL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DEL SÍNDICO (ESTADO DE MÉXICO) (se transcribe). El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número 14/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.’. En el caso concreto, fundados supuestamente en el artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Morelos y en los artículos 181 y 183 de la Ley Orgánica Municipal, el Congreso del Estado de Morelos y su Comisión de Gobernación y Gran Jurado han iniciado y proseguido, dictaminado y votado un procedimiento ilegal que ha culminado con la, también ilegal, suspensión definitiva del C. Elías Osorio Torres del cargo de presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos. Lo anterior es así porque, en ningún momento, ni el Congreso del Estado ni su Comisión de Gobernación y Gran Jurado hicieron del conocimiento del Ayuntamiento de Tlalnepantla que existía una acusación en contra del presidente municipal, que se había iniciado un procedimiento en su contra y que se había decretado la suspensión definitiva del C. Elías Osorio Torres del cargo de presidente municipal. La representación legítima del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, jamás ha recibido ninguna notificación relativa al inicio, desarrollo y conclusión del procedimiento desplegado en contra de quien constitucionalmente ejerce el cargo de presidente municipal en nuestro Municipio. Al decretar el Congreso del Estado la suspensión definitiva del C. Elías Osorio Torres del cargo de presidente municipal, sin haber previamente avisado, notificado o emplazado al síndico procurador, es indudable que ha causado una grave afectación a los derechos constitucionales fundamentales del Ayuntamiento. La ilegalidad de los actos realizados por los demandados se agrava en razón de que, tal como consta en la copia certificada del Semanario de los Debates del H. Congreso del Estado de Morelos, que se anexa a la presente demanda y que contienen el acta de la sesión ordinaria de la XLIX Legislatura correspondiente al día 26 de mayo de 2004, todas las supuestas acusaciones en contra del C. Elías Osorio Torres se relacionan directamente con las funciones que le competen como presidente municipal, es decir, como órgano ejecutor de las decisiones fundamentales del Ayuntamiento y representante político del Municipio de Tlalnepantla. En tales circunstancias solicito a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene se invaliden los actos reclamados y, por tanto, se dejen sin efecto legal todos los actos desplegados por los demandados en el procedimiento que instauraron en contra del presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, señor Elías Osorio Torres, incluyendo, evidentemente, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, la aprobación del mismo por el Pleno del Congreso del Estado y el correspondiente decreto mediante el cual se determina la suspensión definitiva. Segundo. En mi concepto tanto el inicio, la integración del expediente, la instrucción o procedimiento seguido en contra del presidente municipal, el dictamen suscrito por los integrantes de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado; la presentación de ese dictamen a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado de Morelos; la votación y aprobación del dictamen por la mayoría calificada del Congreso del Estado; y los actos subsecuentes que deriven, tales como la remisión del decreto respectivo al Ejecutivo, así como la publicación misma que del decreto se realice son, todos ellos, actos que se traducen en inconstitucionales y violatorios de los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos, los que en su parte medular previenen: ‘Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la vida, de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ...’. ‘Artículo 16. ... Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. Artículo 115 previene: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’. Las disposiciones constitucionales citadas contienen las garantías de legalidad, seguridad jurídica, defensa, fundamentación y motivación que, en todo caso, deben ser debidamente observadas y respetadas por cualquier tipo de autoridad, incluyendo el Congreso del Estado de Morelos y su Comisión de Gobernación y Gran Jurado, que pretenda afectar la esfera de competencia o el ámbito de atribuciones de otro ente jurídico, como lo es el Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla, Morelos. Para afectar al Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, ordenando la suspensión definitiva de su presidente, el Congreso del Estado de Morelos estaba obligado a observar las formalidades esenciales del procedimiento, circunstancia que no se cumplió porque jamás ni el Congreso ni su Comisión de Gobernación y Gran Jurado hicieron del conocimiento del representante del Ayuntamiento que habían iniciado un procedimiento en contra de uno de sus miembros. Los demandados incurrieron en violación directa de lo ordenado por los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no notificar ni emplazar y ni siquiera comunicar al síndico, en su calidad de representante legal del Ayuntamiento, que se había iniciado el procedimiento de suspensión definitiva del presidente municipal. De esta manera, se negó al síndico municipal el derecho de ‘Representar al Ayuntamiento en los procedimientos judiciales y administrativos que éste promueva o que se promuevan en su contra.’, a que se refiere la fracción II del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. En tales condiciones, el Congreso del Estado de Morelos y su Comisión de Gobernación y Gran Jurado privaron al Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, de su garantía constitucional de audiencia, toda vez que el respeto de ésta sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado, es decir, el Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, representado por el síndico procurador, tiene oportunidad de conocer la acusación que existe en contra de alguno de sus integrantes, invocar en defensa del Ayuntamiento todos los argumentos y razones que sean de su interés, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan, y cuando, además, se garantice que la resolución correspondiente será examinada con apego a derecho. Atendiendo a las violaciones constitucionales en que han incurrido las autoridades demandas, que han negado al Ayuntamiento el derecho esencial a participar en los procedimientos que afectan su estructura constitucional, cual es el caso de suspender definitivamente del cargo al presidente municipal constitucional por supuestos actos u omisiones relacionados directamente con la función que le corresponde como representante político, integrante del Cabildo y órgano ejecutor de las decisiones fundamentales del Ayuntamiento, responsable de la administración pública municipal, es claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de declarar la procedencia de la presente controversia constitucional y ordenará la invalidez de todo lo actuado en el procedimiento seguido en contra de Elías Osorio Torres para decretar su suspensión definitiva del cargo de presidente municipal constitucional de Tlalnepantla, Morelos, incluyendo la invalidez del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, así como la aprobación que del mismo ha hecho el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, al igual que todos aquellos actos que de dicha aprobación deriven, particularmente la promulgación y publicación que se pretende hacer del decreto respectivo y la entrada en vigor de dicho decreto, por tratarse de actos derivados de un procedimiento constitucionalmente nulo al haberse realizado en contravención a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. No debe caber duda de que, en mi calidad de síndico procurador del Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla, Morelos, calidad que tengo acreditada mediante el periódico oficial ‘Tierra y Libertad’ que se adjunta y en el cual aparece publicada la lista de los integrantes de los Ayuntamientos electos en el proceso electoral del 6 de julio del año 2003, estoy legitimado para interponer la presente controversia constitucional, en términos de la tesis de jurisprudencia que a continuación se reproduce, por tratarse de la interpretación de una disposición legal cuyo contenido es igual en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, cambiando únicamente los numerales. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS TIENEN LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO, SIN REQUERIR SU ACUERDO PREVIO (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA) (se transcribe). El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril en curso, aprobó, con el número 22/1997 la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil novecientos noventa y siete.’. De lo anterior, se colige que corresponde al síndico municipal realizar la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales, correspondiéndole la representación jurídica del Ayuntamiento en los procedimientos judiciales y administrativos que éste promueva, siendo presupuesto necesario que dicho funcionario se encuentre en funciones para asumir dicha representación; como lo es el caso de la promovente de la controversia, quien asumió la función de síndico al momento de que el Ayuntamiento quedó instalado en el Municipio de Tlalnepantla, Morelos, precisamente el día 1o. de noviembre del año 2003; sin que obre constancia en autos que desvirtúe esta situación. Consecuentemente, el suscrito, en mi calidad de síndico procurador del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos, cuento con la legitimación procesal necesaria para ejercitar la vía de controversia constitucional a nombre y representación del citado Municipio. El artículo 115, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Federal establece, en su parte conducente, lo siguiente: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio libre conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18884-894fb2f2/controversia-constitucional-la-falta-de-emplazamiento-a-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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