MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. EL DECRETO QUE CREÓ EL MUNICIPIO DE CAPILLA DE GUADALUPE EN PARTE DEL TERRITORIO DE AQUÉL Y REFORMÓ EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2004. MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, ESTADO DE JALISCO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de junio de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el trece de abril de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leonardo García Camarena y José Uriel Barba, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente y síndico del Municipio de Tepatitlán, Estado de Jalisco, promovieron controversia constitucional en representación del propio Municipio, en la que demandaron la invalidez de la norma y del acto que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Nombre y domicilio de los demandados: a. En cuanto al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, tiene su domicilio en la Avenida Hidalgo número 222, doscientos veintidós, en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. b. En cuanto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, tiene su domicilio en Corona s/n, sin número, en el Palacio de Gobierno, ubicado en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Acto reclamado de invalidez: a. Del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el inconstitucional Decreto Número 20500, veinte mil quinientos, emitido el día 22 de enero de 2004, dos mil cuatro, así como la totalidad de actos y actuaciones que se llevaron a cabo previos al mismo en el que crea el Municipio Libre de Capilla de Guadalupe, con una superficie de 469.32 km2, cuatrocientos sesenta y nueve punto treinta dos kilómetros cuadrados, así como los límites y localidades que se determinan en el propio decreto y que a su vez reforman el numeral 4o., cuatro, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Este decreto fue publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el día 6, seis, de marzo del año 2004, dos mil cuatro, mismo que anexamos al presente escrito y, por ello, la interposición de la presente controversia constitucional se encuentra presentada en el plazo que la ley establece para tal efecto. b. Del Ejecutivo del Estado de Jalisco, se reclama la ilegal publicación en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, de fecha 6, seis, de marzo del año 2004, dos mil cuatro, bajo el número 12, doce, sección II, dos."
Además, de los conceptos de violación que esgrime el Municipio actor, se desprende que impugna el artículo 6o. de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco.
SEGUNDO. La parte actora expuso como antecedentes del caso, los siguientes:
"Primero. La región de los Altos de Jalisco se ha caracterizado desde siempre por su amor al terruño, y por un intenso sentido de pertenencia a los lares que vieron nacer a su gente, y hoy que esos sentimientos se ven amenazados por una fragmentación innecesaria que va a quebrantar la identidad étnica, política, social, económica y religiosa que hemos venido disfrutando por generaciones, como unidad compacta y homogénea, no podemos menos que deplorar semejante despropósito. A través de los siglos, Tepatitlán de Morelos ha demostrado su viabilidad como Municipio, al grado de convertirse en motor regional y no es quebrantando su unidad como vamos a mejorar. Aparte de la globalización que viene borrando fronteras ideológicas, políticas y sociales, desdibujando tradiciones y diluyendo principios ancestrales, un nuevo peligro se cierne sobre nosotros y viene desde dentro, desde una pequeña parte de nuestra gente y desde quienes juraron ser el sostén más firme de nuestra integridad, nuestros diputados. Nos llevó más de 50 años de prolongada labor para borrar las pequeñas-grandes rivalidades microregionales: Arandas contra Tepatitlán, Pegueros contra Valle de Guadalupe, San Miguel contra San Julián, para que ahora resurjan antagonismos artificialmente provocados con motivo de la proyectada división territorial, que ha venido a poner a flor de piel sentimientos dormidos. Con lágrimas en los ojos han venido pobladores de la zona amenazada de secesión, para pedirnos que los defendamos, porque tradicionalmente han sentido el orgullo de ser de Tepa (sic), y al escuchar en lejanas tierras las notas de ‘Las Alteñitas’ se ha expandido su corazón, y ahora algo se desgarra allá muy dentro, al pensar que existe la posibilidad de perder su pertenencia a un terruño entrañablemente amado, porque Tepatitlán ha sido símbolo de Jalisco, como Jalisco ha sido paradigma de México. Esto, que podría parecer cosa de juego, indudablemente no lo es, porque se sienten traicionados por un pequeño número de aspirantes a políticos, animados por sentimientos de protagonismo, a quienes poco les importan los sentimientos de la mayoría con tal de obtener logros políticos. Todos sabemos que el amor por México, la patria grande, se despierta y se sintetiza en ‘La Matria’, que invocara Luis González y González, en el pedacito de tierra donde vimos la primera luz y que habrá de abrigar nuestra tumba cuando pasemos a engrosar el número de los que fueron y ya no son más. ¿Por qué alentar el separatismo en aras de las ambiciones de unos cuantos, que podrían aparecer como legítimas, pero pervirtieron los procedimientos, y que llevan en sí el estigma de la codicia?, ¿Acaso dividiendo aún más la ya de por si fragmentada superficie de Jalisco, se va a incentivar el desarrollo que México necesita para su viabilidad como nación?. Jamás se sumará dividiendo ... Estamos apelando en nombre de la mayoría silenciosa hasta ahora y que nos pide seamos su voz para protestar porque nadie les pidió su opinión, y porque desde un escritorio se trazó una línea caprichosa sobre el mapa sin tomar en cuenta el sentir profundo de esa gente. Guardadas las debidas proporciones, recordemos la división entre La India y Pakistán, Palestina e Israel, por sólo mencionar algunos, que la repartición indiscriminada despertó animosidades que van a persistir para siempre. Es necesario tomar en cuenta el sentir de todos, y si tras de una auscultación válida, un plebiscito por ejemplo, hemos de resultar perdedores, entonces caeremos como caen los atletas, con la frente hacia el adversario, pero sonriendo, soñando siempre en la victoria. Segundo. Tenemos conocimiento que desde hace algún tiempo se integró una asociación civil denominada ‘Unidos por Capilla de Guadalupe, A.C.’, quienes se han dedicado a promover la creación de un nuevo Municipio en el territorio que actualmente ocupa la Delegación de Capilla de Guadalupe, en alguna parte de dicho proceso se incluyó también a la Delegación de San José de Gracia. Las actividades realizadas por la asociación civil antes mencionada culminaron con una solicitud presentada con fecha 25, veinticinco, de abril del año 2002, dos mil dos, ante el honorable Congreso del Estado de Jalisco mediante la cual solicitaron se elevara a la categoría política de Municipio Libre la Delegación de Capilla de Guadalupe y la de San José de Gracia. Tercero. Seguidos diversos trámites, finalmente con fecha 21, veintiuno, de enero de 2004, dos mil cuatro, las Comisiones conjuntas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos emitieron proyecto de decreto en el cual se aprobó la creación del Municipio Libre de Capilla de Guadalupe, con la extensión, localidades y límites que se determinan en el propio decreto y además reformó el artículo 4o., cuatro, de la Ley del Gobierno y la Administración Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios. Al día siguiente, 22, veintidós, de enero de 2004, dos mil cuatro, el honorable Congreso del Estado de Jalisco en Pleno emitió el Decreto Número 20500, veinte mil quinientos, mediante el cual se ratificó el proyecto de dictamen que se presentó. Posteriormente y con fecha 6, seis, de marzo de 2004, dos mil cuatro, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco publicó en el Periódico Oficial ‘Estado de Jalisco’, dicho decreto. Cuarto. Como se ha venido señalando, la emisión de dicho decreto se realizó sin consultar al Municipio que representamos, no obstante que con motivo de ello, se le privará de una extensión importante de territorio y de ciudadanos que ahí habitan, lo anterior sin que se nos haya otorgado garantía de audiencia alguna, por lo que en esa razón no quedan satisfechos los requisitos que establece la ley para el caso; en efecto, las consideraciones que realiza el Legislativo son meras suposiciones, creencias, que no se encuentran debidamente sustentadas. La resolución vulnera el sistema constitucional federal en virtud que está creando un nuevo Municipio sin que se hayan satisfecho los requisitos mínimos que señala la ley. Por ello, queda establecido que la emisión de este decreto constituye una violación y atentado directo contra nuestro orden constitucional y de manera específica al sistema municipal que establece el artículo 115, ciento quince, de nuestra Carta Magna. Además, del análisis de las constancias que se acompañaron al Congreso del Estado de Jalisco para acreditar los extremos que la ley fija para que pueda establecerse un nuevo Municipio, se puede constatar la existencia de inconsistencias que ponen de manifiesto que no se satisfacen plenamente los requisitos de ley. Lo mismo puede indicarse respecto a las constancias que se hacen llegar al Congreso del Estado de Jalisco por su propia cuenta, de lo anterior no puede resolverse la petición de la Delegación de Capilla de Guadalupe en virtud que no fue debidamente integrado su expediente. También debemos señalar que con la aprobación de este nuevo territorio, nuestro Municipio se vería afectado en varios aspectos, desde luego, los que tienen que ver con población, territorio e ingresos. Por esta razón debimos ser parte del procedimiento desde su inicio, debimos de gozar de la oportunidad de rendir pruebas, verificar las presentadas por la contraparte, impugnar u objetar las mismas, verificar su legalidad, alegar lo que en derecho corresponda y en general que se nos hubiera escuchado en defensa de nuestros intereses, situación que no se cumplió, por lo que de esta razón debemos comparecer ante esta honorable Corte para hacer valer nuestros derechos a través de este procedimiento constitucional para que por medio de él se obligue a las autoridades estatales a cumplir la totalidad de los principios que establece nuestra Carta Magna, por lo que este procedimiento resulta procedente y esta honorable Suprema Corte de Justicia resulta competente para resolver el conflicto entre nuestro Municipio y el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, por conductas y omisiones que derivaron en la emisión de un decreto inconstitucional por violación clara a los principios que establece nuestra Carta Magna, en especial las que se señalan en los artículos 14, catorce, y 16, dieciséis; cobra aplicación lo que establece la tesis que a continuación nos permitimos transcribir: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.’. Quinto. A raíz de que en fecha 22, veintidós, de enero de este año, el honorable Congreso del Estado aprobó el decreto de creación del nuevo Municipio, una gran cantidad de ciudadanos de las Delegaciones de Capilla de Guadalupe y San José de Gracia ha acudido a las oficinas de la presidencia municipal a manifestar su oposición a formar parte del nuevo Municipio, inclusive de manera voluntaria y espontánea se organizaron con objeto de recabar firmas en contra de la mencionada municipalización, las cuales nos fueron entregadas, mismas que acompañamos a este escrito, no con un valor jurídico específico pero sí con un valor moral para acreditar que existen muchos ciudadanos que se oponen a separarse del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En este sentido, cabe hacer el señalamiento de que el Gobierno Municipal no participó en este proceso de oposición al nuevo Municipio, al contrario, en muchos casos hemos solicitado a los vecinos de esos lugares que se abstengan de recabar firmas en contra del decreto que aquí se está combatiendo, lo anterior con la finalidad de evitar enfrentamientos y una división aún mayor; en todo caso, manifestamos que nuestro Ayuntamiento es respetuoso de la ley y, por tanto, tendremos que agotar los medios de impugnación que la misma establece y de ninguna manera promover divisiones o enfrentamientos entre nuestros vecinos."
TERCERO. El Municipio actor hizo valer como conceptos de invalidez, los siguientes:
"Primero. Inconstitucionalidad del artículo 6o., seis, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, que a la letra dice: ‘El Congreso del Estado puede constituir nuevos Municipios, de acuerdo con las bases siguientes: I. La superficie territorial, en donde se pretenda constituir, no sea menor de 180 kilómetros cuadrados; II. La población que habite en esa superficie, sea mayor de 20,000 habitantes; III. Lo soliciten, cuando menos, la mitad de los ciudadanos que radiquen en la región en donde pretenda establecerse un nuevo Municipio; IV El poblado que se elija como cabecera municipal, tenga una población no inferior a 10,000 habitantes; y V. El poblado cuente con los servicios públicos indispensables, y que tenga además, suficiente capacidad económica para atender a los gastos de la administración pública municipal. El Congreso del Estado puede declarar la extinción, o la fusión de los Municipios, cuando no alcancen la población requerida, modificando, para ello, los límites de los Municipios existentes, y concediendo previamente el derecho de audiencia y defensa a los Ayuntamientos de que se trate.’. Como se desprende del artículo antes mencionado, para la creación de nuevos Municipios no se le da intervención a los ya existentes, lo cual resulta notoriamente violatorio del sistema constitucional mexicano y en especial de lo que establecen los artículos 14, catorce, y 16, dieciséis, de nuestra Carta Magna, toda vez que resulta evidente que para la creación de un nuevo Municipio se estaría afectando, necesariamente, a uno o varios de los ya existentes, en sus diversos elementos como son: territorio, población, ingresos, etc., lo cual constituye, como ya se indicó, una flagrante violación a la garantía de audiencia; en este caso, resulta aplicable lo que establece la tesis que a continuación transcribimos: ‘AUDIENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA POR EL LEGISLADOR NO IMPLICA LA POSIBILIDAD ILIMITADA DE PROBAR. La garantía de audiencia tiene como parte medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas por este Alto Tribunal como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. Lo anterior no implica que el legislador esté obligado a establecer en los ordenamientos procesales la facultad ilimitada de ofrecer pruebas y el consiguiente deber jurídico del órgano jurisdiccional de desahogarlas y valorarlas, ya que es lógico que el propio legislador, en aras de un adecuado equilibrio procesal y por respeto a la garantía de administración de justicia expedita y a los principios procesales de economía y celeridad, establezca límites a la actividad probatoria, los cuales no pueden ir, desde luego, al extremo de dejar sin defensa a las partes. De esta forma, las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia.’. De conformidad con la tesis antes transcrita, debemos entender que ‘las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia’, como ya indicamos anteriormente, resulta notoriamente inconstitucional el artículo 6o., seis, que venimos analizando, toda vez que establece un procedimiento de afectación a los Municipios sin que les garantice un derecho para intervenir en el mismo. A mayor abundamiento, también nos vamos a permitir transcribir la siguiente tesis: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 18060 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y PUBLICADO EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, QUE DECLARA LA DESINTEGRACIÓN DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES, SIN CONCEDER DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA A LA PARTE AFECTADA, ES INCONSTITUCIONAL. De lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Federal, 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 28 de la Ley Orgánica Municipal de esa entidad federativa, se advierte que previamente a la declaración de desintegración de un Ayuntamiento debe otorgarse a los afectados el derecho de audiencia y defensa, el cual debe considerarse como aquel en que se concede a los interesados el conocimiento del trámite, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar en su favor, conociendo de los elementos que pudieran motivar su desintegración, a fin de obtener, al emitirse la determinación correspondiente, un pronunciamiento específico sobre su defensa. Ahora bien, si por virtud de la presentación de la renuncia de varios regidores miembros del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, Estado de Jalisco, ante el órgano legislativo correspondiente, se inició el procedimiento que culminó con la emisión del Decreto Número 18060, en el que se declaró la desintegración del Cabildo de dicho Ayuntamiento y la instalación, en su lugar, de un Concejo Municipal, sin que se llevara a cabo un procedimiento en el que se garantizara la defensa adecuada de la parte afectada, notificándole el inicio del procedimiento y sus consecuencias, y dándole la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como de alegar, es inconcluso (sic), que el mencionado decreto es inconstitucional.’. De igual manera resulta inconstitucional el artículo transcrito, en virtud que no establece un procedimiento que señale plazos y términos para que las partes que se vean involucradas puedan comparecer y hacer uso de su derecho o en su caso manifestar lo que crean conveniente. Ese estado de indefensión por el cual resulta que puede llevarse a cabo el procedimiento que ahí se establece sin la intervención y sin el conocimiento del Municipio o Municipios afectados, resulta un contrasentido y una flagrante violación a los principios que establece nuestra Carta Magna. Sin lugar a dudas que el Congreso del Estado de Jalisco no puede expedir una ley y en especial un artículo que viole flagrantemente la garantía de debido proceso. La garantía de audiencia es un derecho que establece la Constitución a favor de todos los mexicanos y asumiendo que hay una igualdad entre los particulares y las personas jurídicas respecto a sus derechos. Debemos concluir que no existe ningún motivo para que se vulnere la misma en contra de nuestros Municipios, e inclusive podríamos pensar que resulta de mayor relevancia social el que se garantice plenamente dicha garantía a los entes públicos por su repercusión de mayor importancia en la sociedad. Segundo. El Decreto Número 20500, veinte mil quinientos, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco el día 22, veintidós, de enero de 2004, dos mil cuatro, y publicado por el ciudadano gobernador del Estado de Jalisco el día 6, seis, de marzo de 2004, dos mil cuatro, en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, es inconstitucional desde su origen, en virtud de que el mismo pretende ajustarse a lo que establece el artículo 6o., seis, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco a que hacemos mención en el punto anterior, toda vez que como ya se mencionó el mismo no se ajusta a los principios que establece nuestra Carta Magna en sus numerales 14, catorce, y 16, dieciséis. Todo procedimiento, todo acto que atente o vulnere la existencia de nuestro Municipio debe sujetarse a un debido proceso legal en el que se nos otorgue la garantía de comparecer para aportar los medios de prueba necesarios y manifestar lo que a nuestro derecho corresponda; por ello, debió corrérsenos traslado con la totalidad de documentos que se integraron en este asunto, tal como lo pedimos en oficio 11-092/04 de fecha 8, ocho, de marzo de 2004, dos mil cuatro, mismo que recibió contestación, asimismo, debió desahogarse con nuestra intervención, es decir, que no basta una simple notificación, sino que era necesario que nos entregaran todos los elementos de que se componía este asunto para que de esa manera estuviéramos en posibilidad de manifestarnos al respecto. Como se podrá advertir lo anterior no aconteció. Hemos sido ajenos al mismo y solamente recibimos algunos comunicados de manera muy genérica sin que se incluyeran los documentos, informes, estudios, dictámenes y demás elementos para que de esa manera estuviéramos en posibilidad de conocer la totalidad del expediente y con base en ello hacer valer los derechos de nuestro Municipio. En ese sentido, nos permitimos transcribir la siguiente tesis: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, FORMALIDADES ESENCIALES EN EL. Para que se estime cabalmente cumplida la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que no se establecieron minuciosa y detalladamente las formalidades esenciales, es necesario que, ante el imperativo del precepto citado, la autoridad responsable dé vista a la contraparte con las pruebas rendidas por la oferente, a efecto de que esté en aptitud legal de realizar las objeciones que considere convenientes en relación con tales probanzas, esto es, para que pueda controvertirlas o impugnarlas, en aras de un adecuado equilibrio procesal entre las partes.’. Continuando con el análisis respecto de los requisitos que se deben satisfacer en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, resulta procedente transcribir la siguiente tesis: ‘TERCERO EXTRAÑO A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SE EQUIPARA AL TERCERO NO LLAMADO A JUICIO, POR TENER EN AMBOS CASOS LA MISMA FINALIDAD Y POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN. Es característica propia de los juicios o de los procedimientos seguidos en forma de juicio, estar integrados por las siguientes fases: a) Previo al juicio; b) Instrucción del juicio; c) Sentencia; y d) Ejecución. Análogamente se aprecia que en los procedimientos en materia tributaria se dan iguales etapas o fases a las indicadas, siendo éstas: a) Fiscalización; b) Determinación de créditos fiscales; y, c) Ejecución. En esa tesitura, y tomando en cuenta que la posibilidad de justificar actos privativos en cualquiera de estos momentos se presenta cuando previamente se satisfagan las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual constituye la garantía de audiencia tutelada en el artículo 14 constitucional, que implica que la persona que pueda ser afectada: 1) Sea emplazada; 2) Ofrezca y rinda pruebas; 3) Formule alegatos; y, 4) Que se le dicte una sentencia o decisión que contemple los extremos de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Con relación a lo anterior, resulta que la institución del tercero ajeno, ignorado o no llamado a juicio, tiene como características: a) No haber figurado como parte en sentido material (sea en un juicio o procedimiento); b) Sufrir un perjuicio durante la secuela procesal o en su ejecución; c) Que desconozca las actuaciones relativas; y, d) No haber tenido oportunidad de ser oído en su defensa; lo que implica afectación a su esfera jurídica al ser una auténtica y directa violación a la garantía de audiencia prevista en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, donde la propia Carta Magna en su artículo 107, fracción III, inciso c), párrafo segundo, permite la procedencia inmediata del juicio de amparo sin necesidad de cumplir con el principio de definitividad. En consecuencia, si tanto en los juicios como en los procedimientos seguidos en forma de juicio, se da la misma finalidad y posibilidad de afectación (actos de privación) -mediante la emisión de resoluciones vinculatorias entre las partes y declarativas o constitutivas de derechos, exigibles mediante el imperio y la coerción-. Por tanto, resulta que, por identidad de razón, rigen en ambas las mismas garantías de defensa (formalidades esenciales del procedimiento) y, en ese tenor, es obvio que también en ambos casos debe de regir la institución del tercero extraño y sus consecuencias cuando aquellas formalidades son violentadas. Siendo así que al sujeto al que se cobra un crédito mediante el procedimiento administrativo de ejecución y que no ha sido llamado a comparecer y deducir sus derechos oportunamente dentro del procedimiento de determinación del crédito, es equivalente a un tercero no llamado a juicio, por identidad de razones y la finalidad de afectación. Luego entonces, resulta claro que está facultado para ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar recursos ordinarios que específicamente puedan existir, toda vez que para que sea válido iniciar en su perjuicio el procedimiento administrativo de ejecución, se requiere que previamente haya sido citado a comparecer y defenderse en el procedimiento de determinación y, de no ocurrir así, es evidente que se trata de un tercero no llamado a un procedimiento seguido en forma de juicio, con características y efectos semejantes a las de un tercero extraño a juicio en sentido estricto.’. Tercero. Con independencia de los conceptos de invalidez que hemos mencionado en los puntos primero y segundo, también vamos a adentramos en el decreto que se está impugnando para advertir que ni siquiera se ajusta al artículo 6o., seis, a que hemos venido haciendo referencia, en efecto, primero vamos a referirnos a cada fracción: 1.I. ‘La superficie territorial, en donde se pretenda constituir, no sea menor de 180 kilómetros cuadrados.’, de conformidad con lo que establece el Decreto Número 19156, diecinueve mil ciento cincuenta y seis, emitido por el honorable Congreso del Estado de Jalisco el día 20, veinte, de septiembre de 2001, dos mil uno, y publicado por el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el día 25, veinticinco, de octubre de 2001, dos mil uno, relativo al ‘decreto que establece el procedimiento de delimitación y demarcación territorial de los Municipios del Estado de Jalisco.’, dicho ordenamiento establece, entre otras cosas, en su artículo 6o., seis, que ‘El Congreso remitirá a cada uno de los Municipios la información territorial y el manual de procedimientos aportados por el instituto, vía correo certificado con acuse de recibo, para efecto de que éstos estén en posibilidad de estudiar la información mencionada, y en un plazo de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente a la recepción de la información territorial, las autoridades municipales harán llegar al Congreso la valoración de la información recibida.’. Y en su artículo 8o., ocho, menciona: ‘Para el caso en que la autoridad municipal esté en desacuerdo parcial o total con los límites propuestos en la información territorial aportada por el instituto, en el plazo que señala el artículo 6o. de este decreto, deberá presentar al Congreso los argumentos en los que apoya su postura ...’. Además, el numeral 10, diez, establece que: ‘La autoridad municipal podrá solicitar la ampliación del plazo para presentar sus manifestaciones y documentación, hasta por 30, treinta, días naturales, misma que será resuelta por la comisión.’. Como se podrá advertir de las constancias que integran el decreto combatido, mismas que deberá remitir la autoridad señalada como responsable, al Ayuntamiento que representamos no se le concedió la intervención que establece dicho decreto en comento, y de manera especial podremos hacer referencia al oficio sin número de fecha 13, trece, de enero de 2004, dos mil cuatro, mediante el cual el diputado Lic. José Luis Leal Sanabria, presidente de la Comisión de Gobernación, remite oficio al L.C.T.C. Leonardo García Camarena, presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante el cual envía copia del plano de los límites propuestos para la municipalización de Capilla de Guadalupe, concediéndole un plazo no mayor a 5, cinco, días naturales a partir de la fecha de la notificación para que remita su opinión, desde luego, que es notoriamente contradictorio con lo señalado anteriormente, puesto que para la delimitaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19411-72e1aaac/municipio-de-tepatitlan-de-morelos-jalisco-el-decreto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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