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Modo: Corpus Pro

DERECHO DE VETO. NO PUEDE EJERCERSE TRATÁNDOSE DE DECRETOS LEGISLATIVOS RELATIVOS AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). DERECHO DE VETO. SU EJERCICIO NO ES ILIMITADO, EN TANTO QUE EXISTEN ACTOS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO DE LA NO INTERVENCIÓN DE UN PODER EN OTRO TRATÁNDOSE DE ACTOS DE DETERMINADA NATURALEZA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 52/2004. · Registro digital (IUS): 19001
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TABASCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 1305.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 52/2004. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TABASCO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de mayo de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el seis de abril de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Mario Ocampo Cano, quien se ostentó como presidente de la Gran Comisión de la Quincuagésima Octava Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Demandada en el juicio: El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con domicilio legal en el Palacio de Gobierno del Estado de Tabasco, el cual ha quedado precisado en el preámbulo del presente escrito postulatorio. IV. Actos cuya invalidez se demanda: El oficio sin número de fecha 24 de febrero de 2004 emitido por el C. Gobernador del Estado de Tabasco, mediante el cual desecha en todas sus partes el Decreto Número 001, de fecha 12 de febrero de 2004 expedido por el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Quincuagésima Octava Legislatura ..."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

"I. Que con fecha 9 de octubre de 2002, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el Decreto 153, mediante el cual fue creado, con rango constitucional, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dependiente del Congreso como órgano técnico auxiliar de naturaleza desconcentrada; II. Que posteriormente, el 17 de mayo de 2003, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 220, a través del cual se expide la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; III. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40, octavo párrafo de la Constitución Política Local, 73 y transitorio tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el 13 de diciembre de 2003, se publicó en los principales diarios de mayor circulación de la entidad, la convocatoria en la que se establecieron las bases para aspirar al cargo de fiscal superior del Estado, la cual señaló como plazo límite para recepción de documentos, las doce horas del mismo día; se anexan ejemplares en original al presente escrito de los diarios locales ‘Tabasco al Día’ página 4, ‘Avance Tabasco’ página 6A y ‘Milenio Tabasco’ página 6; IV. Que el mismo 13 de diciembre, la Gran Comisión de la LVII Legislatura emitió dictamen en el que propone la terna de aspirantes que a su juicio reunían los requisitos exigidos para ocupar el cargo de fiscal superior. Dicha terna estaba integrada por los señores LCP. Isidro Rodríguez Reyes, LCP. Julio César Zapata Campos y Lic. Francisco José Rullán Silva; la cual se agrega al presente documento como anexo número nueve; V. Que en sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2003, el Pleno de la LVII Legislatura eligió como titular del Órgano Superior de Fiscalización al C. Francisco José Rullán Silva, quien hasta ese momento se desempeñaba como contador mayor de Hacienda del honorable Congreso del Estado. El Acta de sesión correspondiente se presenta como anexo número diez al presente escrito; VI. Que con fecha 15 de diciembre de 2003, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en Suplemento Extraordinario Número 12, el Decreto 291, en el cual se indica que el C. Francisco José Rullán Silva fue electo en votación por cédula y por mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes de la LVII Legislatura, como fiscal superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, señalando su inicio de funciones a partir del día 1o. de enero de 2004; periódico oficial que se presenta en original como anexo número once de la presente controversia; VII. Que con fecha 26 de diciembre de 2003, la Comisión Permanente de la LVII Legislatura al H. Congreso del Estado, tomó protesta como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado al C. Francisco José Rullán Silva, según consta en el acta de sesión correspondiente, misma que se adjunta al presente escrito como anexo número doce; VIII. Que en sesión de trabajo realizada el día 7 de enero de 2004, los integrantes de la Gran Comisión acordaron que cada fracción parlamentaria del Congreso analizaría el procedimiento de designación del titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. El acta respectiva se agrega como anexo número trece al presente documento; IX. Que en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2004, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó un dictamen correspondiente a la revisión efectuada al procedimiento seguido por la LVII Legislatura para designar al licenciado Francisco José Rullán Silva en el cargo de fiscal superior del Estado de Tabasco. Se presenta el acta de sesión correspondiente como anexo número catorce; X. Que posteriormente, en sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de enero de 2004, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática fijó su posicionamiento en torno al procedimiento de designación del fiscal superior. Se presenta el acta de sesión correspondiente como anexo número quince; XI. Que como resultado de lo antes expuesto, en sesión ordinaria celebrada con fecha 3 de febrero de 2004, cuya acta se presenta como anexo número dieciséis, los diputados Adolfo Díaz Orueta, Francisco Alfonso Filigrana Castro, Juana Frías Hernández, Darvin González Ballina, Pedro Sergio Grimaldo Romo, Benjamín Mendoza Chablé, Lázaro Méndez López, Rosario Mendoza Hernández, Nydia Naranjo Cobián, Miguel Salim Nazur Rivera, Rosalinda López Hernández, Carlos Mario Ocampo Cano, Luis Federico Pérez Maldonado, Heber Sánchez Alejandro, José Luis Sánchez López, Francisco Sánchez Ramos y Jesús Selván García, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con el artículo 33, fracción II, de la Constitución Política Local, presentaron iniciativa de decreto que se anexa como número diecisiete a la presente controversia; la cual fue turnada por el diputado presidente de la mesa directiva por el mes de febrero a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta LVIII Legislatura, conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; XII. Que de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 63, fracción II, inciso H), del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, así como el artículo 6o. de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emitió dictamen que se agrega al presente escrito como anexo número dieciocho; XIII. Que en sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2004, según consta en el acta respectiva que se anexa a la presente controversia como número diecinueve, se aprobó en Pleno el dictamen que abroga el Decreto 291 de fecha 13 de diciembre de 2003, emitido por la Quincuagésima Séptima Legislatura, publicado en el Periódico Oficial Extraordinario Número 10 de fecha 15 de diciembre de 2003; XIV. Que este Poder Legislativo, mediante oficios sin número de fechas 11 y 19 de febrero de 2004 en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 51, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 74 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, remitió al C. Gobernador del Estado de Tabasco, el original del Decreto Número 001 aprobado por esta Quincuagésima Octava Legislatura en sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2004 (anexo número diecinueve), para su debida publicación en el Periódico Oficial del Estado, los cuales agrego como anexo número veinte a la presente controversia; XV. Que con fecha 24 de febrero de 2004, el titular del Poder Ejecutivo, mediante escrito dirigido al C. Jorge Luis González Marín, diputado presidente de la mesa directiva de este honorable Congreso, por el mes de febrero, desecha en todas sus partes el proyecto de Decreto Número 001 aprobado por mayoría relativa, el 12 de febrero de 2004, por la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado (mismo que referimos como anexo número ocho); XVI. Que en sesión celebrada con fecha 1o. de marzo de 2004, la Gran Comisión de este honorable Congreso del Estado, dio entrada al escrito de fecha 24 de febrero (anexo número ocho), mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo desechó en todas sus partes el Decreto Número 001, emitido por la Quincuagésima Octava Legislatura, según consta en el acta respectiva, misma que agrego al presente escrito como anexo número veintiuno; XVII. Que posteriormente con fecha 16 de marzo de 2004, se bajó al Pleno el escrito de fecha 24 de febrero de 2004 (anexo número ocho), mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo desechó en todas sus partes el Decreto Número 001, de fecha 12 de febrero del mismo año, emitido por la Quincuagésima Octava Legislatura, donde se le dio la lectura correspondiente, según consta en el acta de sesión de esa misma fecha que presento como anexo número veintidós, recayéndole el trámite de turnarlo a la Gran Comisión y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que por separado se avocaran al estudio y dictamen que procediera; XVIII. Que en reunión de trabajo celebrada el día 17 de marzo de 2004, la Comisión Permanente de Gobernación y Puntos Constitucionales, acordó promover la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del veto del titular del Ejecutivo del Estado, según consta en el acta de sesión respectiva misma que agrego al presente escrito como anexo número veintitrés; XIX. Que en acta de reunión de trabajo celebrada el 17 de marzo de 2004 (misma que referimos como anexo número seis) la Gran Comisión de esta Quincuagésima Octava Legislatura, resolvió promover la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por advertirse invasión en la esfera de competencia constitucional cometido por el Poder Ejecutivo Local en perjuicio del Poder Legislativo Estatal, habiéndoseme instruido para que en ejercicio de la representación legal del Congreso del Estado, promueva este medio de control de la constitucionalidad."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son los siguientes:

"Primero. El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco con fecha 24 de febrero de 2004 (anexo número ocho), desechó en todas sus partes el Decreto Número 001, aprobado el día 12 de febrero de 2004, por mayoría relativa, por la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado (anexo número cinco), violentando de esa manera la actuación del Poder Legislativo, ya que la expedición del aludido decreto sólo es un acto interno del Congreso del Estado, es decir, la Cámara de Diputados está haciendo uso de sus facultades exclusivas y discrecionales. Evidentemente, la actuación del titular del Ejecutivo transgrede el Estado de derecho que por principio constitucional debe prevalecer en todo Estado democrático, atendiendo para ello a la relación que debe darse entre los Poderes del Estado, y que esto conlleve a satisfacer los derechos y prerrogativas de la sociedad tabasqueña. En este contexto, el Poder Ejecutivo Local, en contraposición del mandato constitucional, ejerce una facultad que no es de su competencia, por lo que faltar a la constitucionalidad y arrogarse atribuciones que no tiene el Ejecutivo mediante el veto que se combate, encierra un acto de gobierno que invade la esfera de competencia del Poder Legislativo, rompiendo a todas luces los principios rectores de la división de poderes. Acudiendo al principio de analogía, en términos del artículo 70 de la Constitución Política Federal, el Congreso puede regular, por ley, su estructura y funcionamiento interno; facultades que no pueden ser vetadas por el Ejecutivo, quien carece de competencia para promulgar las resoluciones que al respecto realice el Poder Legislativo, por lo que su vigencia no está condicionada a la promulgación. Siguiendo el criterio de interpretación normativo por analogía, conviene recurrir a las disposiciones que respecto de la designación del auditor superior de la Federación contienen la Constitución General de la República y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que en ningún momento consideran de manera explícita o implícita la intervención del titular del Poder Ejecutivo Federal en ninguna de las etapas del procedimiento de designación del titular de la entidad, así como tampoco en el de su remoción, debido a que de conformidad al artículo 74, fracción II, de la Constitución Política Federal, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados coordinar y evaluar a la entidad de la fiscalización superior de la Federación. Esto es así, porque la misma Ley Fundamental en su artículo 79 dispone la dependencia jerárquica que la entidad de fiscalización superior de la Federación tiene con la Cámara de Diputados, a la cual corresponde en exclusividad la designación del titular de ese órgano técnico. Precisamente, tal circunstancia se deriva de la naturaleza y objetivos inherentes a la auditoría general, que por ser una instancia de control entre poderes, no debe ni puede quedar en ningún momento de su designación o remoción sujeto a la voluntariedad del titular del Ejecutivo. En función de lo anterior, es que en el caso de la designación del actual auditor superior de la Federación conforme a la nueva ley en la materia, realizada por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura al Congreso de la Unión el pasado 15 de diciembre de 2001, una vez presentada la propuesta de terna correspondiente y discutida en sus méritos, se realizó la votación plenaria, hecho lo cual el candidato triunfador rindió la protesta de ley ante el propio Pleno de diputados, con lo cual quedó constitucional y legalmente legitimado para desempeñar sus funciones, sin que haya sido necesario en ningún momento que su designación hubiese sido informada al Ejecutivo Federal o el acuerdo del Pleno de los diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación; en el mismo sentido puede establecerse claramente que tampoco deberían realizarse tales actos en el supuesto de su remoción. En todo caso, si el hecho de que la remoción del titular del órgano de fiscalización, ya sea en el orden federal o de alguna de las entidades federativas, fuese tachado de irregular en cuanto al procedimiento seguido, es claro que no corresponde al titular del Ejecutivo pretender obstaculizar el acto realizado por el Congreso, sino que en todo caso, la legitimación para oponerse a tal circunstancia la tendría el propio interesado o, en su caso, los sujetos legalmente habilitados para impugnar tal decisión conforme a la ley correspondiente pero no, se insiste, el Ejecutivo Local por la vía del pretendido veto o de su negativa a mandar publicar una decisión del Legislativo en la cual no tiene injerencia alguna y cuya intervención sólo se solicitó como vía para dar publicidad a la resolución del Congreso. Lo anterior es entendible, porque siendo el Órgano Superior de Fiscalización parte de la estructura interna del Poder Legislativo (quien puede lo más, puede lo menos), la ley, reglamento o decretos relacionados con su estructura interna, incluyendo sus dependencias administrativas, no pueden ser objeto del veto del titular del Ejecutivo. En el caso de la designación del fiscal superior del Estado de Tabasco, debe observarse que una vez que éste tomó protesta ante la Comisión Permanente con fecha 26 de diciembre de 2003 (anexo número doce) y entró en funciones a partir del 1o. de enero de 2004, nunca participó el Poder Ejecutivo, esto es, en forma similar a como acontece en el orden federal. Lo que equivale a considerar que en su designación no intervino el gobernador del Estado para validar o rechazar, menos aún proponer o impulsar a candidato alguno, por lo que en este momento resulta inválido que el titular del Ejecutivo pretenda obstaculizar la abrogación del Decreto Número 291 (anexo número once) por el procedimiento que pretende. A mayor abundamiento, no debe soslayarse que al interior de los órganos legislativos existen mecanismos que dan funcionalidad al órgano, reconocidos como prácticas parlamentarias, entre las que se distinguen las que aplican en materia de designación de funcionarios administrativos del Poder Legislativo donde puede observarse que en ningún momento se comunica al titular del Poder Ejecutivo acerca de los nombramientos en quienes recaigan, por considerarse que se trata de un ejercicio de facultades exclusivas derivadas de actos jurídicos internos que sólo incumben a los integrantes del Congreso, por lo que dichos actos surten sus efectos en el momento en que el órgano de gobierno o el Pleno, según corresponda, apruebe su designación, sin que para ello requiera de sanción alguna del Ejecutivo, así como la publicación del acto en el periódico oficial para reconocer su validez. Por eso, en esta ocasión, se ha turnado al Ejecutivo el Decreto Número 001 de fecha 12 de febrero de 2004 (anexo número cinco) exclusivamente para su publicación y no para su promulgación. Sirva de ilustración el debate que en la actualidad sostienen el Senado de la República y el titular del Ejecutivo Federal, en el marco de la controversia constitucional interpuesta por este último en contra de la ratificación que pretende hacer el Senado del nombramiento del presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, debido a que el Ejecutivo considera que tal ratificación no puede realizarla el Legislativo, sin que previamente exista la propuesta que le compete hacer al Ejecutivo. El Ejecutivo Federal hace uso de este medio de control de la constitucionalidad de los actos del Legislativo, porque está consciente de que no podría oponerse a la resolución que en su oportunidad dicte el Legislativo (la pretendida ratificación del actual presidente del Tribunal Superior Agrario) mediante la figura del veto o la negativa a publicar. En forma similar podría argumentarse el ejercicio de las facultades exclusivas de los órganos legislativos en cuanto a la designación, remoción o ratificación de servidores públicos. Precisamente en el caso del nombramiento del actual titular de la entidad superior de fiscalización de la Federación, en diciembre de 2001, cuando el anterior contador mayor de Hacienda, Gregorio Guerrero Pozas, planteó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vía de amparo, al que le recayó el número de expediente 315/2003, la invalidez del acto legislativo, en tanto sostenía que se habían conculcado sus derechos al no habérsele considerado para ser ratificado en el órgano recién creado. Dicho juicio de garantías fue desechado a fines del año pasado, argumentando la Suprema Corte, precisamente, la exclusividad de la Cámara de Diputados para haber decidido el procedimiento de designación del nuevo auditor superior y la virtual remoción del anterior. En ese tenor, en el caso que nos ocupa, se advierte una flagrante invasión a la competencia del Poder Legislativo Local. Es por ello que nuestro Máximo Tribunal se ha pronunciado sobre la eficacia de la controversia constitucional cuando se invade la esfera competencial de un poder por otro. Al respecto, en tesis de jurisprudencia ha sostenido que: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí; a saber: a) en la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental; b) la controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma; c) tratándose de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma; d) respecto de la controversia constitucional, se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento; e) en cuanto a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas; f) por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos, mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que respecta a normas generales; y, g) los efectos de la sentencia dictada en la controversia constitucional tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros. En consecuencia, tales diferencias determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta.’. La Constitución General de la República especifica de manera precisa en su artículo 49, la división de poderes, la cual de manera textual nos dice: ‘... El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositar, el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar ...’. Como se puede observar, el artículo 49 constitucional consagra el principio de la llamada ‘división de poderes’, por lo que es uno de los preceptos más importantes de nuestra Constitución. La idea central en que descansa el principio de división de poderes consiste en que el poder detenga al poder; que lo detenga por y para la libertad del hombre; que una misma persona no posea todo el poder, porque entonces la libertad fenece; que el titular de alguno de los poderes no lo sea también de otro. En nuestro sistema constitucional el poder se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada una de estas ramas del poder tiene su competencia expresamente señalada en la Constitución, así como su propio titular. Este principio opera más bien como colaboración y coordinación entre los poderes, con el objeto de llevar a cabo en la mejor forma la marcha del gobierno. Sin embargo, una cosa es la colaboración de poderes y otra muy diferente su confusión o interferencia de un poder con otro. De acuerdo con nuestro régimen constitucional, es necesario que cada poder ejerza sus funciones, sin que pueda delegarlas en otro, a menos que la propia Constitución así lo establezca. Cuando uno de los poderes asume o interviene en funciones que corresponden a otro, sin existir autorización expresa en el texto constitucional, se quebranta el principio de división de poderes. Tal como lo afirma Montesquieu, la división de poderes consiste en el establecimiento de mecanismos constitucionales operativos, que evitarán el abuso del poder y asegurar la libertad de los ciudadanos. La división de poderes consiste primordialmente en el reparto del poder entre diferentes órganos, no tanto para aislarlos respectivamente, sino para permitir un control recíproco de los unos sobre los otros; esto no sólo para impedir la concentración de un poder excesivo en las manos de un solo órgano, que sería peligroso para la democracia, sino para garantizar la regularización del funcionamiento de diferentes órganos. Consecuentemente, la división de poderes no es sino la forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder público a efecto de impedir el abuso del poder en beneficio de la libertad y el desarrollo democrático en pleno acatamiento del estado social de derecho. Esa superioridad ha establecido que la división de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un sistema rígido e inflexible, sino que admite excepciones, pero éstas tienen que encontrarse previstas expresamente así o ser estrictamente necesarias para el ejercicio de la función que corresponde a otro poder a fin de hacer efectivas facultades que le sean propias y que únicamente en estos casos se ejerza, como se señala en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Segunda Sala, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, que dispone: ‘DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE. La división de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un sistema rígido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la propia Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial ejerzan funciones que, en términos generales, corresponden a la esfera de las atribuciones de otro poder. Así, el artículo 109 constitucional otorga el ejercicio de facultades jurisdiccionales, que son propias del Poder Judicial, a las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, en los casos de delitos oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federación, y los artículos 29 y 131 de la propia Constitución consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas en los casos y bajo las condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el sistema de división que consagra la Constitución General de la República es de carácter flexible, ello no significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial puedan, motu proprio, arrogarse facultades que corresponden a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio del Supremo Poder de la Federación, facultades que incumben a otro poder. Para que sea válido, desde el punto de vista constitucional, que uno de los Poderes de la Unión ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer lugar, que así lo consigne expresamente la Carta Magna o que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y en segundo lugar, que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepción son de aplicación estricta.’. En el mismo sentido, ese Máximo Tribunal se ha pronunciado en la tesis aislada que a la letra dice: ‘PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN. Del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte, por una parte, que en su artículo 49 establece como nota característica del Gobierno Mexicano, el principio de división de poderes al señalar expresamente que «El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial». Determinando en su segundo párrafo, como regla general, que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario de autonomía de cada poder. Por otra parte, también se aprecia que ambos principios no implican que los poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, pues si bien cada uno tiene señaladas sus atribuciones (73, Congreso de la Unión; 74, facultades exclusivas de la Cámara de Diputados; 76, facultades exclusivas de la Cámara de Senadores; 77, facultades de ambas Cámaras en que no requieren de la intervención de la otra; 78, atribuciones de la Comisión Permanente; 79, facultades de la autoridad de fiscalización superior de la Federación; 89, facultades y obligaciones del presidente de la República; 99, facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 103, 104, 105, 106 y 107, facultades de los tribunales del Poder Judicial de la Federación), del examen de las mismas se aprecia que en varios casos se da una concurrencia de poderes, como ocurre, por ejemplo, en la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que participan el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, que hace la designación, y el presidente de la República, titular del Poder Ejecuti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19001-a81ca895/derecho-de-veto-no-puede-ejercerse-tratandose-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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