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AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. LOS ARTÍCULOS 46 BIS Y 46 TER DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ VIOLAN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL OTORGAR FACULTADES AL GOBERNADOR PARA DECRETAR AQUÉLLA. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SÓLO PUEDE ESTABLECERSE MEDIANTE UN ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 103/2003. · Registro digital (IUS): 18999
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 1140.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 103/2003. PODER EJECUTIVO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de abril de dos mil cinco.

VISTOS;Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el cuatro de noviembre de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Reyes Silvestre Tamez Guerra, como secretario de Educación Pública, promovió en representación del titular del Poder Ejecutivo Federal, controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que enseguida se mencionan:

"Entidad demandada: El Estado de San Luis Potosí, a través de: A) El Congreso del propio Estado, autoridad que aprobó y expidió la norma general impugnada, con domicilio en Vallejo número cien, zona centro, código postal 78000, en San Luis Potosí, S.L.P. B) El gobernador del mismo Estado, autoridad que promulgó la citada norma general y emitió su primer acto de aplicación, con domicilio en Jardín Hidalgo número once, zona centro, en San Luis Potosí, S.L.P. Norma general y actos cuya invalidez se demanda: A) Norma general impugnada: Artículos 46 Bis y 46 Ter de la Ley de Educación Pública del Estado de San Luis Potosí, adicionados mediante Decreto 593 por el que se adiciona un capítulo II bis al título segundo de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 16 de septiembre de 2003. B) Actos impugnados: Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí la expedición del acuerdo mediante el cual se le otorga la calidad de autónoma a la Universidad Abierta, Sociedad Civil, fechado el 22 de septiembre del año 2003 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 del mismo septiembre de 2003, acto administrativo que constituye el primer acto de aplicación de la norma general que se impugna."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados por la actora, son los siguientes:

"1. El Congreso de la Unión en ejercicio de las facultades que se le confieren en los artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV, de la Constitución Federal expidió la Ley General de Educación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993 para, entre otros efectos, regular la educación que imparte el Estado -Federación, entidades federativas y Municipios- sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, según se desprende de su artículo 1o. 2. El 9 de septiembre de 2003 el Congreso del Estado de San Luis Potosí expidió el Decreto 593 por el que se adiciona un capítulo II bis al título segundo de la Ley de Educación del Estado, así como los artículos 46 Bis y 46 Ter, los cuales contravienen los preceptos constitucionales que se listan en el apartado correspondiente de la presente demanda. Dicho decreto del Poder Legislativo del Estado fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 16 de septiembre de 2003. 3. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí mandó que el mencionado decreto se cumpla y ejecute y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprimiera, publicara y circulara a quienes corresponda, según dispone en el acto promulgatorio de 11 de septiembre de 2003 y según consta publicado en el referido órgano oficial del 16 del mismo septiembre. 4. Como primer acto de aplicación de la referida norma general, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con fecha 22 de septiembre del año 2003, expidió el acuerdo mediante el cual se le otorga la calidad de autónoma a la Universidad Abierta, Sociedad Civil. Dicho acuerdo del gobernador fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad correspondiente al 23 de septiembre de 2003."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer la parte promovente, son los siguientes:

"Primero. Violaciones al artículo 3o., fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: El artículo 3o. de la Constitución General de la República, a la letra dispone: ‘Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; y, c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale; IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley; VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.’. Los artículos 46 Bis y 46 Ter que fueron adicionados a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí en los términos del multicitado Decreto 593, a su vez disponen: ‘Artículo 46 Bis. Las instituciones particulares de educación superior del sistema educativo del Estado, después de cinco años de contar con reconocimientos de validez oficial de estudios en los términos de esta ley, obtendrán la condición de instituciones autónomas de educación superior, si además cumplen con los requisitos siguientes: I. Acreditar que en lo general su planta de docentes tenga la preparación científica o tecnológica indispensable; y que por lo menos el cincuenta por ciento de ellos, tiene el grado de maestría en la rama del saber humano en que imparte su cátedra; II. Disponer de local adecuado a la enseñanza que haya que impartirse; así como las instalaciones, equipo y laboratorio convenientes, según el caso; III. Reunir las condiciones necesarias de seguridad e higiene en su establecimiento, y cumplir con todas las disposiciones de carácter administrativo; IV. Obtener de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, dictamen favorable en el sentido de que la educación que imparte tiene un alto nivel académico; V. Declarar, bajo protesta de decir verdad, que mantendrán los altos niveles académicos, bajo pena de revocación del decreto donde se otorga autonomía a la institución; y que dará a la Secretaría de Educación todas las facilidades que requiera para que ejecute sus facultades de inspección y vigilancia, con la finalidad de constatar el mantenimiento permanente de los altos niveles académicos, y VI. Publicar en el Periódico Oficial del Estado el compromiso de mantener los altos niveles académicos, bajo pena de revocación de su calidad de autónoma conforme al procedimiento previsto en el artículo siguiente. Reunidos los requisitos enumerados, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, expedirá el decreto respectivo que reconozca la calidad de las instituciones autónomas de educación superior, en donde se hará una relación sucinta de los antecedentes académicos de la institución.’. ‘Artículo 46 Ter. Las instituciones de educación superior que, conforme a esta ley reciban la calidad de autónomas, gozarán de plena libertad académica, entendida no sólo como el ejercicio de la más irrestricta libertad de cátedra, sino como la autonomía para elaborar sus planes y programas de estudio, los que sólo deberán registrar ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Las instituciones autónomas de educación superior: I. Podrán impartir los conocimientos que ellas mismas determinen; II. Señalarán los estudios que sirvan como antecedente propedéutico para cursar los que ellas mismas impartan; III. Gozarán de libertad administrativa para el efecto de que puedan determinar libremente su estructura, órganos de gobierno, normatividad interna general y la forma de manejar, dirigir, controlar y vigilar la documentación y su propio patrimonio; IV. Contarán con validez oficial los estudios que impartan, y los títulos que expidan serán registrados, una vez que satisfagan los requisitos de la ley federal reglamentaria al ejercicio de las profesiones; V. Deberán publicar, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la entidad, un informe anual donde se expresen las labores desarrolladas durante ese término, sus estados financieros, así como los cambios hechos en su organización administrativa y régimen académico, y VI. Estarán obligadas a mantener en forma permanente programas de investigación científica y tecnológica, sobre todo en su aspecto aplicado, con miras a acrecentar los campos de producción de bienes y servicios en el Estado. La calidad de institución autónoma de educación superior, sólo podrá ser revocada por decreto expreso del titular del Poder Ejecutivo del Estado, debidamente fundado y motivado, cuando a juicio de éste, la institución haya dejado de cumplir las condiciones y obligaciones impuestas por la legislación aplicable.’. De lo dispuesto por el artículo 3o.constitucional se desprende en primer término que corresponde al Estado, entendido como Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios la impartición de la educación preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, se concluye que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior. De lo dispuesto por la fracción VI del precitado artículo 3o. constitucional se infiere el derecho público subjetivo de los particulares para impartir educación en todos los tipos y modalidades. Se concluye asimismo, que toca al Estado el otorgamiento y retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios que se realicen en los planteles particulares. Es claro que el Constituyente estableció dos regímenes para la prestación del servicio público educativo: el público a cargo del Estado-Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios; y el particular cuya validez oficial estará sujeta al reconocimiento que el propio Estado otorgue o, en su caso, retire. En efecto, los particulares, entre quienes se comprende a cualquier persona física o moral no pública, pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades, si bien toca al Estado el otorgar o negar su reconocimiento de validez oficial de estudios. Los artículos 46 Bis y 46 Ter adicionados a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, contradicen ostensiblemente al régimen jurídico establecido por la Constitución General de la República en materia de educación impartida por particulares. Esto es así en la medida en que los dispositivos de referencia pretenden posibilitar la obtención de ‘la condición de instituciones autónomas de educación superior’ a las instituciones particulares, con la consecuencia de que ‘podrán impartir los conocimientos que ellas mismas determinen’ (artículo 46 Ter, fracción I), de tal manera que resulte nugatoria la obtención del reconocimiento de validez oficial que es el acto administrativo mediante el que se faculta a los particulares para la impartición de estudios oficialmente válidos, de acuerdo con lo que al efecto dispone la fracción VI del artículo 3o. constitucional: ‘... el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares ...’. Segundo. Violaciones al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción VII del artículo 3o. constitucional, a la letra dice: ‘VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.’. El contenido de la actual fracción VII del artículo 3o. constitucional, se adicionó a dicho artículo originalmente como fracción VIII a raíz de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 1980. En la exposición de motivos queda muy claro el concepto de autonomía: ‘... Invocar a la autonomía universitaria es señalar la posibilidad que tienen desde hace 50 años a nivel nacional estas comunidades de garantizar la educación superior y ofrecerla al alcance del pueblo. La autonomía universitaria es una institución que hoy es familiar a la nación mexicana. Es compromiso permanente del Estado respetar irrestrictamente la autonomía para que las instituciones de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean sustento de las libertades, jamás como fórmula de endeudamiento que implique un derecho territorial por encima de las facultades primigenias del Estado. Fortalecer estas instituciones arraigadas y obligadas con la colectividad nacional e independientes entre sí es requisito indispensable para el cumplimiento de su objeto. Las universidades e instituciones de educación superior que derivan su autonomía de la ley, deberán responsabilizarse primeramente ante las propias comunidades y en última instancia ante el Estado, del cumplimiento de sus planes, programas, métodos de trabajo y de que sus recursos han sido destinados a sus fines. La universidad se consolidará de esta manera idóneamente para formar individuos que contribuyan al desarrollo del país. Las universidades públicas del país han solicitado que se legisle a nivel constitucional para garantizar el ejercicio de su autonomía y precisar las modalidades de sus relaciones laborales, con la finalidad de hacer compatibles la autonomía y los fines de las instituciones de educación superior con los derechos laborales de los trabajadores tanto académicos como administrativos. El gobierno de la República está persuadido de que estas precisiones auxiliarán a que las universidades cumplan cada día mejor sus finalidades y se superen académicamente para que México pueda lograr su independencia científica y tecnológica.’. De la transcripción anterior podemos llegar a las siguientes conclusiones: 1) Con la reforma se reconoce a nivel constitucional una realidad que se daba a nivel legal: la existencia de universidades públicas autónomas. En este sentido, se reconoce en la exposición de motivos que es una posibilidad que se tiene ‘desde hace 50 años’ (tercer párrafo) y que dicha iniciativa obedece a un reclamo de las universidades ya existentes (sexto párrafo). Es decir, las universidades autónomas que existían desde hacía 50 años exigieron que se les reconociera este carácter a nivel nacional. Sólo existían universidades autónomas públicas, nunca hubo una universidad privada autónoma. 2) Las universidades autónomas únicamente son universidades públicas. En el sexto párrafo de la exposición de motivos se establece textualmente que ‘las universidades públicas del país han solicitado que se legisle a nivel constitucional para garantizar el ejercicio de su autonomía; ...’. 3) La autonomía de las universidades deriva de sus leyes. Las universidades autónomas, al ser públicas son creadas por ley, en la cual se establece su autonomía. El Constituyente Permanente determinó con toda claridad que la autonomía se otorga a las universidades y demás instituciones de educación superior, por un acto formal y materialmente legislativo; luego entonces sólo los Poderes Legislativos pueden conferirla. En los términos expuestos por la exposición de motivos transcrita en lo conducente, existe el compromiso del Estado de respetar la autonomía para que las instituciones de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente; de tal manera que, desde un punto de vista jurídico, la autonomía entraña un grado extremo de descentralización respecto del propio poder público que permite a las universidades e instituciones públicas de educación superior cumplir sus finalidades de docencia, investigación y difusión de la cultura con libertad e independencia. Las universidades e instituciones autónomas, de conformidad con las leyes orgánicas que las rigen, tienen naturaleza jurídica de organismos públicos descentralizados; adicionalmente disponen de un mayor grado de descentralización para el cumplimiento de sus fines. Sobre el carácter público de las universidades autónomas esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia recaída al amparo en revisión 1195/92 (resultando séptimo) dejó establecido lo que se transcribe en lo conducente: ‘... En efecto, es cierto que la autonomía de las universidades presenta orígenes, evolución y rasgos muy específicos; sin embargo, tal como se encuentra concebida en nuestro orden jurídico, no es sino una fórmula para conseguir el funcionamiento más eficaz de las universidades públicas en cuanto instituciones creadas para la prestación de un servicio público. Sobre el particular, debe destacarse que en sus orígenes estas instituciones en el orden universal responden básicamente a dos moldes: las universidades del mundo anglosajón, en el que surgen como iniciativas independientes del Estado y se desarrollan al margen de la actividad de éste. Más bien, son producto de la iniciativa privada que aporta el patrimonio inicial y establece sus estatutos. Su vida se rige por las reglas del mercado y en esa medida no tiene vínculo de compromiso el Estado con ellas; así, su autonomía no es resultado de una concesión de los poderes públicos sino consecuencia de su especial concepción; y las universidades del sistema napoleónico en el que se les considera como una función del Estado y, por ende, se conceptúan como servicios integrados en la jerarquía administrativa de éste, de tal suerte que sus autoridades y financiamiento son públicos. Posteriormente, advertimos con el decurso del tiempo el surgimiento de las universidades públicas en el mundo anglosajón y la reivindicación de autonomía para las universidades públicas en los países que seguían el sistema napoleónico. De manera especial llama la atención para efectos del presente fallo el fenómeno mencionado en último término: la reivindicación de autonomía para las universidades públicas. Al respecto, debe señalarse que el movimiento que surgió en los albores de este siglo en América Latina y se desarrolló más tarde en Europa (por ejemplo en España a finales de la década de los años sesenta y comienzo de los años setenta) tuvo por finalidad esencial terminar con la autoridad del Estado en la dirección universitaria, y en su sustitución por una dirección colegiada formada por profesores, estudiantes y graduados en igualdad de representación así como lograr su autogestión. Este nuevo modelo se viene a generalizar a lo largo de la primera mitad del siglo XX en América Latina. Sin embargo, estas nuevas formas adoptadas por las universidades americanas no cristalizan la autonomía en los términos de las universidades anglosajonas, es decir, no se conciben como entidades autosuficientes en un mercado abierto; su creación es precisamente a manera de una fundación privada; encuentran su origen en la ley y parte importante de su financiamiento en los fondos públicos, aunque el Estado se excluye de su gobierno interno y fijación de reglas funcionales. Se caracteriza por ser, pues, un modelo de autogestión. En este sentido, las universidades de que se viene hablando surgen como un punto intermedio entre los modelos universitarios supraindicados, que van configurándose en forma diversa en las distintas latitudes. Particularmente en nuestro país, esta evolución alcanza un sistema en el que, siendo la educación un servicio público por definición constitucional, se previene una prestación de manera mixta, esto es, tanto por el Estado como por los particulares, aunque sujeto en el último caso, a los lineamientos y objetivos planteados en la propia Carta Magna. De esta forma, advertimos la existencia, por un lado, de las universidades privadas cuya autonomía refleja sin duda alguna el modelo universitario anglosajón, aunque en cierta forma moderado por la sujeción a una plataforma de principios constitucionales y, por otro, las universidades públicas dotadas de una autonomía. Pero esta autonomía de las universidades públicas, de manera alguna, puede conducir a la afirmación de su concepción como entidades ajenas al Estado. ... Ya en el nivel constitucional, se confirma lo anterior, al fijarse las bases esenciales de la autonomía universitaria. El nueve de junio de mil novecientos ochenta, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3o. de la Carta Magna, en la que se elevó al rango constitucional el principio de autonomía universitaria. El texto del apartado correspondiente quedó, en lo conducente, en los siguientes términos: «VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar o difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio ...». En estas condiciones, la autonomía universitaria en el rango constitucional se vino a configurar como una auténtica garantía institucional, es decir, una protección constitucional de las características esenciales de dichas instituciones, para el aseguramiento de la libertad académica en el nivel de enseñanza superior. Su contenido, de conformidad con el Texto Constitucional, se traduce en la capacidad de decisión de estos establecimientos respecto de la normatividad de su organización y funcionamiento, la designación de sus órganos de gobierno, selección de profesores y personal no docente, admisión de estudiantes, fijación de programas de estudios y disposición de su patrimonio e ingresos. Pero esta capacidad de decisión está limitada por el propio texto constitucional desde dos puntos de vista: uno, porque la Norma Suprema alude al otorgamiento de la autonomía por la ley, esto es, la fuente de la autonomía se localiza en la voluntad del Estado, pues es éste quien crea las universidades públicas, otro, consistente en que en el ejercicio de esta autonomía se supedita a los principios constitucionales que informan la enseñanza nacional, y al respeto del derecho de libertad académica. Aun en la disposición de sus ingresos las universidades públicas pueden ser objeto de control por parte del gobierno, en la medida en que reciben un subsidio de éste, y forma parte del mismo. En este sentido, al nutrirse de los fondos públicos, la universidad queda en dicho renglón contemplada en la cuenta pública, y en su carácter de organismo descentralizado debe actuar en concordancia con las disposiciones de orden público, pues autonomía no significa inmunidad, ni extraterritorialidad, en excepción de orden jurídico. ...’. Don José de Jesús Gudiño Pelayo, en su texto Problemas Fundamentales del Amparo Mexicano (Editorial Iteso, México, 1994, págs. 227 y 234) afirma que: ‘... cuando nos referimos a las universidades denominadas «autónomas», sólo queremos comprender a aquellas que tienen el carácter de organismos descentralizados por servicio, bien sea del Gobierno Federal o del de las entidades federativas, y no a algunas que, aunque también incluyen en su denominación el vocablo autónoma, son universidades privadas por tanto sujetas a un régimen jurídico diferente; ...’. ‘Las actividades de las universidades denominadas autónomas no se agota con la impartición de cursos. Estas instituciones ejercen funciones públicas que el Estado les ha otorgado a través de la ley orgánica que las rige, como lo son, entre otras ... aprobar los programas académicos; ...’. Es evidente que el Constituyente distingue con claridad que uno es el régimen aplicable a los particulares que decidieren impartir educación y otro distinto el de las instituciones autónomas públicas. El primero se establece y fundamenta en la fracción VI del artículo 3o. constitucional que confiere a los particulares la facultad de educar en los diferentes tipos y modalidades, pero con sujeción al reconocimiento de validez oficial de estudios que el Estado les otorgue, en los términos que legalmente procedan. Otro es el régimen establecido por la fracción VII para universidades e instituciones legalmente autónomas, mismas que evidentemente tienen naturaleza de públicas, sujetas a los principios y normas que derivan de la autonomía y no a las condiciones que deriven del reconocimiento de validez oficial de estudios propio de los educadores particulares. A mayor abundamiento, la fracción VII sirvió para establecer un régimen laboral de excepción a las instituciones públicas autónomas, toda vez que por su propia naturaleza de públicas pudiera haberse entendido que estaban sujetas al régimen del apartado B del artículo 123 constitucional; de forma tal que el Constituyente precisó la excepción cuando dejó expreso

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18999-b07368ae/autonomia-universitaria-los-articulos-46-bis-y-46 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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