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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD DE INICIAR LEYES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, NO ES EXCLUSIVA DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LO QUE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN ESA MATERIA POR EL GOBERNADOR Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FACULTAD QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE QUINTANA ROO OTORGA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PROPONER CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 101/2003. · Registro digital (IUS): 18334
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, , Pág. 1073.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 101/2003. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de junio de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veintiocho de octubre de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lizbeth Loy Song Encalada, Óscar Enrique Aguilar Angulo, Carlos Francisco Sosa Huerta y Arturo Isidro Pacheco Montalvo, quienes se ostentaron, la primera como Magistrada presidenta y Magistrados, todos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, promovieron controversia constitucional en representación del Poder Judicial de la propia entidad, en la que demandaron la invalidez de las normas generales y actos que más adelante se mencionan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Poderes demandados: 1. Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, depositado en el C. Gobernador del Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida 22 de Enero, entre Independencia y Juárez, código postal número 77000, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo; 2. Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, depositado en el H. Congreso del Estado de Quintana Roo, con domicilio en Boulevard Bahía número 121, código postal número 77000, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo; 3. El H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón No. 321, código postal número 77000, colonia Centro, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo; 4. El H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, con domicilio en calle 67 por 66, código postal número 77200, de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; 5. El H. Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, con domicilio en calle Chilám Balám s/n, colonia Centro, código postal número 77890, de la ciudad de José María Morelos, Quintana Roo; 6. El H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, con domicilio en Avenida Rafael E. Melgar por 13 Sur, código postal número 97600, de la ciudad de Cozumel, Quintana Roo; 7. El H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, con domicilio conocido en el Palacio Municipal, de la ciudad de Kantunilkín, Quintana Roo; 8. El H. Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, con domicilio en Avenida Tulúm No. 5 SM 5, colonia Centro, código postal número 77500, de la ciudad de Cancún, Quintana Roo; 9. El H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, con domicilio en Avenida Morelos esquina con Hidalgo, código postal número 77400, de la ciudad de Isla Mujeres, Quintana Roo; y 10. El H. Ayuntamiento del Municipio Solidaridad, con domicilio en Avenida 20 entre 8 y 10 Norte, centro, código postal número 77710, de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Actos cuya invalidez se demanda: Del H. Congreso del Estado: El acuerdo en virtud del cual acordaron las reformas a la Constitución Política del Estado, en la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2003, respecto a la organización y funcionamiento de este H. Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Del C. Gobernador del Estado: El decreto de fecha 15 de octubre en curso, en virtud del cual ordenó la promulgación de las reformas a la Constitución Política del Estado, aprobadas por el Pleno del H. Congreso del Estado. De los H. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, los acuerdos por virtud de los cuales aprobaron las reformas acordadas por el H. Congreso del Estado."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"Primero. Por decreto publicado con fecha 31 de diciembre de 1994, fue reformado parte del articulado del capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese capítulo IV está relacionado con la estructura, funcionamiento, facultades y competencia del Poder Judicial de la Federación. Los cambios introducidos estuvieron encaminados a reestructurar al Poder Judicial de la Federación; en virtud de ellos se garantizó su independencia, se hizo operante su función controladora de la constitucionalidad, se excluyó a sus miembros de la política partidista y se descargó al Pleno de gran parte de las responsabilidades de naturaleza administrativa que hasta entonces tenía asignadas. Los cambios fueron de fondo y de forma. Buscando parecidos propósitos, la reforma de 1994 también comprendió el apartado relativo a los Poderes Judiciales de los Estados; se modificó el artículo 116 constitucional, en su fracción III, para quedar en los siguientes términos: ‘III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficacia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los Magistrados y los Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.’. Segundo. En virtud del principio de supremacía constitucional que se desprende de los artículos 40 y 133 de la Carta Magna, en acatamiento del principio de adecuación, los Congresos de los Estados, con el concurso de los Ayuntamientos, con el fin de ajustarlas a la general, reformaron las Constituciones Locales. De esa manera, en el Estado de Quintana Roo, en la iniciativa que, en forma conjunta, presentaron al C. Gobernador del Estado y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fecha 25 de junio de 1998, en la exposición de motivos, para justificar los cambios propuestos, entre otras cosas, manifestaron lo siguiente: ‘El Poder Judicial del Estado, no ha sido ajeno a esta reforma de las instituciones del Estado que la misma sociedad reclamaba. Sin embargo, para consolidar este proyecto se requiere del sustento constitucional que garantice la continuidad de estas acciones que sin duda están encaminadas a que la justicia sea pronta, imparcial y completa. En este orden de ideas el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, estableció su Programa de Modernización de la Administración de Justicia en ocho grandes rubros, lo que le permitió situarse entre los más actualizados del país. El Programa de Modernización de Justicia se orientó a lograr una más amplia acción de la función jurisdiccional para que sean los órganos del Poder Judicial los que lleven a cabo toda acción de resolución de conflictos jurídicos, en los que intervenga el Estado, los Municipios o los particulares y con ello se consolide esta importante función del Estado. La actualización del marco jurídico, es otro de los rubros atendidos y tiene como objetivo dotar al Estado de nuevos y modernos Códigos Civiles y Penales, con sus respectivos códigos de procedimientos; asimismo, con la finalidad de lograr la agilización de los procedimientos jurídicos se implementó la justicia de paz y la justicia alternativa que vino a beneficiar a la población de escasos recursos económicos; para lograr una real autonomía el Poder Judicial, se consolidó su autonomía presupuestal; por otra parte, en materia de informática jurídica y de actualización del personal judicial se ha logrado un decisivo avance al contar con equipos modernos y personal capacitados; finalmente, en cuanto a la dignificación de espacios físicos, se logró la construcción de un edificio propio para la sede del Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados de primera instancia y se obtuvo la construcción o remodelación de juzgados en Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. En este contexto, se hace necesario el encauzamiento normativo que permita la formalización de los órganos del Poder Judicial, la sistematización de sus facultades y la ampliación de sus funciones que permitan la unidad de juridicidad y la organización de su funcionamiento de acuerdo a los avances aportados para el mejoramiento de la actuación de los tribunales, conceptos adoptados generalmente en toda la República. Hemos revisado las normas constitucionales que estructuran el ejercicio de la función judicial y es oportuno y procedente, proponer al Poder Revisor de la Constitución, reformas que permitan que el Poder Judicial renueve su estructura orgánica en el contexto de una modernización y acorde a las expectativas sociales.’. Tercero. Los autores conjuntos de la iniciativa, con vista a hacer efectivos los propósitos perseguidos con ella, concretamente en mérito a garantizar plenamente la independencia del Poder Judicial del Estado, propusieron un nuevo procedimiento para designar a los Magistrados al Tribunal Superior de Justicia del Estado; en efecto, por considerar que el anterior procedimiento no iba acorde con el espíritu de la reforma de 31 de diciembre de 1994, por cuanto a que confiaba al gobernador del Estado la facultad de proponer al Congreso Local los candidatos a Magistrados, se reformó; se prescindió de ese sistema, se propuso uno nuevo, el que consigna el actual artículo 102 que a la letra dispone: ‘Corresponde a la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente en su caso, nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo al siguiente procedimiento: El Pleno del Tribunal Superior de Justicia presentará las propuestas de nombramiento de Magistrados ante la Legislatura del Estado o Diputación Permanente, según corresponda, las que serán aprobadas o desechadas en el improrrogable término de diez días. Si la legislatura o la Diputación Permanente no resolvieren dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, se tendrán por aprobados los nombramientos y los designados entrarán a desempeñar sus funciones. De no ser aprobada la primera propuesta de nombramiento, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia hará una segunda propuesta. En caso de no ser aprobadas dos propuestas sucesivas respecto a una misma vacante, el Pleno del tribunal hará una tercera propuesta, que surtirá efectos desde luego como provisional y será sometido a la aprobación de la Legislatura del Estado en el periodo inmediato siguiente. Dentro de los primeros diez días del siguiente periodo ordinario de sesiones de la Legislatura del Estado, se deberá aprobar o rechazar el nombramiento, si no se resuelve, el Magistrado provisionalmente nombrado continuará en sus funciones con el carácter definitivo. Si la Legislatura del Estado desecha la propuesta, cesará desde luego en sus funciones el Magistrado provisional, y el Pleno del Tribunal Superior presentará una nueva propuesta en los términos que se indican en este precepto.’. Es evidente que los objetivos perseguidos por los autores de la iniciativa se lograron plenamente; la independencia y operatividad del Poder Judicial se alcanzó y su papel como poder se fortaleció. Cuarto. Pese a lo anterior, con fechas 9 de diciembre de 2002, 10 de septiembre y 20 de septiembre de 2003, se presentaron ante el H. Congreso del Estado tres iniciativas de reformas a la Constitución del Estado, relacionadas con la organización y funcionamiento de este H. Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, por virtud de las cuales el C. Gobernador del Estado y diputados al Congreso Local, por sí y sin la intervención del Tribunal Superior de Justicia, propusieron diferentes reformas a la Constitución Política del Estado. En la exposición de motivos de la primera iniciativa, entre otras cosas, por lo que se refiere al procedimiento para nombrar Magistrados, se sostuvo lo siguiente: ‘Por otra parte, para el nombramiento de los Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado, propongo la adopción del procedimiento señalado por el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el Ejecutivo tiene la facultad de propuesta mediante terna y la mayoría calificada de la legislatura, para el caso de las dos terceras partes de la misma, hace el nombramiento que estime conveniente.’. En consecuencia, una de las partes de la iniciativa estaba encaminada a proponer reformas al artículo 102 de la Constitución del Estado, para quedar de la siguiente manera: ‘Artículo 102. Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el gobernador del Estado someterá una terna a la consideración de la legislatura, quien previa comparecencia de las personas propuestas, harán la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura o de la Diputación Permanente, dentro del improrrogable plazo de diez días. Si la legislatura o la Diputación Permanente no resolvieran dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el gobernador del Estado. Las licencias de los Magistrados para separarse temporalmente de sus funciones, por un lapso menor a un mes, podrán ser conferidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las renuncias de los Magistrados solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación a la legislatura.’. Con fecha 24 de septiembre en curso las Comisiones de Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos y de Justicia del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, emitieron un dictamen en el que se asienta lo siguiente: ‘El día 9 del mes de diciembre del año 2002, se recepcionó en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo quintanarroense, iniciativa de decreto por el que se reforma el capítulo IV del título quinto de la Constitución Política del Estado, relativo a la organización y competencia del Poder Judicial, presentada por el Ejecutivo del Estado, en uso de la facultad que le confiere el artículo 68, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. A la iniciativa de decreto referida se le dio lectura durante la sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre del año 2002, al término, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos y Justicia, para el trámite legislativo correspondiente. II. El día 10 del mes de septiembre del año 2003, los diputados que conforman el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la actual X Legislatura Constitucional de Quintana Roo, presentaron ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo quintanarroense una iniciativa de decreto por el que se reforma el capítulo IV de la Constitución Política del Estado, relativo a la organización y competencia del Poder Judicial. A la iniciativa de decreto señalada, se le dio lectura durante la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 20 de septiembre del año en curso y se turnó a estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos, para el mismo fin. La propia iniciativa de decreto en comento, fue leída nuevamente durante la sesión ordinaria de la legislatura que tuvo lugar el día 23 de septiembre del año que transcurre. III. El día 20 del mes de septiembre del año 2003, los diputados Héctor Gerardo Ortega Contreras y María Eugenia Córdova Soler, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Quintana Roo, una iniciativa de decreto por el que se reforma el capítulo IV del título quinto de la Constitución Política del Estado, relativo a la organización y competencia del Poder Judicial. La iniciativa de decreto de referencia, se leyó en la sesión ordinaria de la legislatura que tuvo lugar el día 23 de septiembre de 2003, al término, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos y Justicia, para el trámite legislativo de ley. IV. Los trabajos en las Comisiones Unidas que suscribimos, comenzaron desde el día 13 de enero de 2003, durante los mismos, los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que conformamos tanto las comisiones como en general la actual décima legislatura, nos avocamos al estudio de la problemática que nos ocupa. Con motivo de las actividades en Comisiones Unidas, del Dip. (sic) Francisco César Armand Pimentel del Partido Verde Ecologista de México, presentó en fecha 15 de febrero de 2003, y por escrito, diversas propuestas sobre el tema; el documento en mención, si bien no es una iniciativa formal, sí es la manifestación expresa de un legislador respecto de un asunto que conoce la legislatura, en este caso la reforma constitucional relativa al Poder Judicial, por lo que las mismas son de considerar, al igual que las propuestas de los diputados del Partido Revolucionario Institucional expresaron durante los trabajos de comisiones y en diversas interlocutorias de carácter parlamentario. En sesión de Comisiones Unidas, celebrada la tarde del día 23 del mes de septiembre de 2003, se circuló entre los legisladores un documento informal que como ejercicio técnico trató de conciliar las ideas centrales, tanto de las iniciativas de decreto presentadas por el Ejecutivo del Estado, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática como de las propuestas e ideas aportadas en los trabajos previos, inclusive lo referido al Partido Verde Ecologista de México y al Partido Revolucionario Institucional, a fin de conocer el punto de vista de los diputados.’. Acompañamos a la presente, como anexo número 6, copia simple del dictamen a que hacemos mención. El dictamen de referencia fue presentado para su estudio, discusión y aprobación al H. Congreso del Estado de Quintana Roo, con fecha 25 de septiembre de 2003. En el dictamen de referencia, acogiendo las diferentes iniciativas, por lo que toca a la designación de los Magistrados al Tribunal Superior de Justicia del Estado, se propone suprimir el sistema actualmente en vigor y sustituirlo por otro. Por lo que se hizo mención que de aceptarse por parte del H. Congreso del Estado la reforma antes mencionada, la facultad para proponer la terna de candidatos ya no corresponderá a este H. Tribunal Superior de Justicia, sino al C. Gobernador del Estado; en efecto, se propuso lo siguiente: ‘En cuanto al nombramiento de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el titular del Poder Ejecutivo del Estado propone homologarse al procedimiento previsto por el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo mismo hace la iniciativa del Partido Acción Nacional; no obstante estas comisiones unidas consideran que las dos señaladas con anterioridad se ven enriquecidas con las propuestas que hace el Partido Verde Ecologista de México. En efecto, el procedimiento propuesto por estas comisiones unidas que tiene su origen en lo antes referido es el siguiente: I. El gobernador del Estado someterá una terna a la consideración del Congreso del Estado, quien previa comparecencia de las personas propuestas, hará la designación correspondiente mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros, dentro del plazo de quince días naturales. II. Si el Congreso del Estado no resolviere en ese término, rechace la terna o no alcance la votación requerida el gobernador dentro de los quince días posteriores propondrá una nueva terna; III. Si presentada la segunda terna, el Congreso del Estado la rechaza, se abstiene de resolver o no reúne la votación requerida dentro del plazo señalado en la fracción I del presente artículo, se llevará a cabo la aprobación mediante el voto secreto de cuando menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión; de no reunirse esta votación, el gobernador, dentro de los quince días posteriores a la celebración de la sesión realizará la designación de entre los integrantes de la segunda terna. En los recesos de la legislatura, la Diputación Permanente hará el nombramiento con carácter de provisional, en tanto aquélla se reúne y emite la aprobación definitiva. «Artículo 102. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados conforme al siguiente procedimiento: I. El gobernador del Estado someterá a una terna a la consideración del Congreso del Estado, quien previa comparecencia de las personas propuestas, hará la designación correspondiente mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros, dentro del plazo de quince días naturales; II. Si el Congreso del Estado no resolviere en los términos señalados, rechace la terna o no alcance la votación requerida el gobernador dentro de los quince días posteriores propondrá una nueva terna; III. Si presentada la segunda terna, el gobernador del Estado la rechaza, se abstiene de resolver, o no reúne la votación requerida dentro del plazo señalado en la fracción I del presente artículo, se llevará a cabo la aprobación mediante el voto secreto de cuando menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión; de no reunirse esta votación, el gobernador, dentro de los quince días posteriores a la celebración de la sesión realizará la designación de entre los integrantes de la segunda terna. En los recesos de la legislatura, la Diputación Permanente hará el nombramiento con carácter de provisional, en tanto aquélla se reúne y emite la aprobación definitiva. Las licencias de los Magistrados para separarse temporalmente de sus funciones por un lapso de un mes, podrán ser conferidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las que excedan de este término requerirán de la autorización del Congreso del Estado.». Con fecha 25 de septiembre de 2003 el H. Congreso del Estado aprobó las reformas antes mencionadas, ello independientemente de que el hecho de aprobarlas implica un retroceso, ya que significa un atentado contra la independencia de este Poder Judicial del Estado. El día 24 de octubre del año en curso, el C. Gobernador del Estado promulgó las reformas a la Constitución. Visto lo anterior, cabe hacer las siguientes: Consideraciones jurídicas. Las reformas realizadas a la Constitución del Estado en lo relativo al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, no provinieron del Tribunal Superior de Justicia, por ende, son contrarias a nuestra Carta Magna Local, siendo inconstitucionales; además de que al ser aprobadas se vuelve al sistema que ya había sido derogado, causando conjuntamente un perjuicio en virtud de que lejos de ser una mejoría en la Constitución del Estado resultan ser un detrimento de la misma, siendo notoriamente contrarias al espíritu de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1994, por lo mismo, procede su impugnación a través de la presente controversia constitucional."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primer concepto de invalidez. Violación del derecho de iniciar leyes. Por cuanto a que la iniciativa de reforma de la que derivó la reforma a la Constitución no fue presentada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, o en virtud de que él no intervino en forma conjunta en su formulación y presentación, al haber dado curso el H. Congreso del Estado a la iniciativa y haberlas aprobado, se ha infringido el derecho de iniciar leyes y decretos, lo que implica una doble violación; en el nivel local es un atentado contra las normas fundamentales y secundarias que regulan el proceso legislativo; en el nivel general se atentó contra el principio de división de poderes que se desprende del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, por lo que toca al derecho de iniciar leyes y decretos ante el H. Congreso del Estado, la Constitución del Estado, con vista a garantizar el principio de división de poderes y la independencia de los Magistrados y Jueces, en su artículo 68, a la letra dispone: ‘El derecho de iniciar leyes y decretos compete: ... V. Al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en materia de legislación civil, penal, familiar, procesal de estas materias y en la legislación relativa a la organización y administración de justicia’. En el texto original de la Constitución del Estado de Quintana Roo no se reconocía ese derecho al Tribunal Superior de Justicia. Para permitir que los Magistrados y Jueces estuvieran en posibilidad de defender su independencia, los autores de la reforma de 1998 consideraron que, entre otras prevenciones, había que dotarlo de la facultad de iniciar ante el Congreso del Estado. Análisis de la naturaleza jurídica de las iniciativas. De conformidad con la ley, la práctica parlamentaria, la jurisprudencia y la doctrina, la facultad o derecho de iniciar leyes ante los Poderes Legislativos, está sujeta, entre otros, a los siguientes principios: Con vista a impedir que un cuerpo colegiado, como lo es el H. Congreso del Estado, con un cúmulo crecido de facultades, atribuciones y obligaciones, sea distraído de la atención de esas responsabilidades fundamentales, la Constitución del Estado, al igual de lo que sucede en el nivel federal, ha limitado a un reducido número de servidores públicos el derecho de iniciar leyes y decretos. Aunque en el Estado existe un número crecido de servidores públicos, sólo los enumerados en el artículo 68 de la Constitución Local gozan del derecho de iniciativa ante el H. Congreso del Estado. Por tratarse de una función pública están excluidos de ella los servidores públicos que no han sido enumerados expresamente. El que se reconozca a los diputados, al C. Gobernador y a los H. Ayuntamientos el derecho de iniciar no significa que ella sea amplia y sin restricciones; hay algunas materias que están al margen de él; esto ya había sido apuntado por la doctrina; en efecto, el ilustre constitucionalista don Manuel Herrera y Lasso, comentando la Constitución General, apuntaba lo siguiente: ‘El estudio de las diputaciones instituidas por la Constitución para otorgarles una única y poco importante prerrogativa en la iniciación de las leyes y decretos, resulta invitación y estímulo para enfrentar la cuestión fundamental del derecho de iniciativa dentro de los términos del artículo 71 de la ley primaria, en la cual «ni son todos los que están ni están todos los que son». Las excepciones que en uno y otro sentido figuran, diseminadas, en el texto constitucional o se infieren doctrinalmente de él, las ignora el reglamento que debiera sistematizarlas. «No son todos los que están», porque no todos los enumerados en el precepto constitucional -presidente de la República, diputados, senadores y Legislaturas de los Estados- pueden, indistintamente, en todos los casos, ejercer la facultad de iniciativa. No la tienen los diputados ante la Cámara de Senadores, ni éstos ante la de diputados. ... No la tienen tampoco los senadores cuando se trata de contribuciones o de reclutamiento de tropas (artículo 72-h). No la tienen unos y otros, ni las Legislaturas de los Estados, sino sólo el presidente de la República, en los casos de permisos, licencias o renuncias de éste, destitución de funcionarios judiciales, suspensión de garantías, Ley General de Ingresos Federales, aprobación de empréstitos, declaración de guerra y cuenta anual (artículos 88, 85, 86, 111 in fine, 29, 73, fracciones VII, VIII, XII y XXVIII), y tampoco tienen la facultad de iniciativa el presidente y los diputados y senadores, sino sólo las Legislaturas de los Estados en el caso del artículo 122. Y «no están todos los que son», porque la enumeración del artículo 71 no comprende a todos aquellos a quienes la Constitución otorga la facultad.’. En la Constitución del Estado de Quintana Roo existe un número crecido de materias que entran en las excepciones apuntadas, como sucede en los siguientes casos: Aunque no exista texto expreso que así lo disponga, sólo el C. Gobernador del Estado puede presentar iniciativas, entre otras, respecto de las siguientes materias: proyecto de presupuesto anual de egresos; proyecto de Ley de Ingresos del Estado; presentación, para su ratificación o rechazo, de los convenios que celebre el C. Gobernador del Estado (artículo 75, fracción XXIII). Solicitud para que el H. Congreso del Estado autorice al C. Gobernador o a los Ayuntamientos la contratación de empréstitos (artículo 75, fracción XXV). Iniciativa de Ley de Ingresos de los H. Ayuntamientos. Una iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, aunque no lo disponga así ningún texto legal, sólo puede provenir del C. Gobernador del Estado. Aunque muchos tienen el derecho de iniciativa, sólo los diputados al H. Congreso del Estado pueden solicitar la comparecencia de un servidor público (artículo 75, fracción XVI). Sólo los diputados pueden iniciar una Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado o reformas a ella. Todo lo anterior es lógico y elemental; es el propio poder quien sabe con exactitud cuál es su situación y cuáles son la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18334-5590052a/controversia-constitucional-la-facultad-de-iniciar-leyes-relativas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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