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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2003. · Registro digital (IUS): 18159
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ESTADO DE QUINTANA ROO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 1097.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2003. ESTADO DE QUINTANA ROO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de febrero de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de marzo de dos mil tres, Celia Pérez Gordillo, quien se ostentó como procuradora general de Justicia del Estado de Quintana Roo, en representación de esa entidad federativa, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se mencionan:

"II. La entidad, el poder o el órgano demandado y su domicilio. 1) La Federación, de cuyo Poder Ejecutivo es titular único el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, depositario del Gobierno Federal en los términos del artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio bien conocido en el Palacio Nacional, situado en Plaza de la Constitución sin número, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Distrito Federal, de los Estados Unidos Mexicanos; 2) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la administración pública federal, cuyo titular es el secretario de despacho de esta dependencia licenciado Francisco Gil Díaz, con domicilio en Palacio Nacional, Primer Patio Mariano, tercer piso, oficina 3045, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal; y 3) La Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal, cuyo titular es el secretario de despacho de esta dependencia doctor Reyes S. Tamez Guerra, con domicilio en la calle República de Argentina número 28, segundo piso, oficina 3011, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal ... IV. La norma general o el acto cuya invalidez se demanda y el medio oficial en el que se publicó. La violación por omisión del presidente de la República, titular único del Gobierno Federal y del secretario de Hacienda y Crédito Público, la cual deriva del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero de 2003, firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, en el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2003, de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, consistente en la asignación y en la transferencia insuficiente e incompleta de recursos financieros de origen federal al Estado de Quintana Roo para la prestación del servicio público de educación básica y normal en cuanto a lo que el Gobierno Federal está legalmente obligado a hacerlo de conformidad con los artículos 25, 26, 27, fracciones I y II, incisos a), b) y c) y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal y tercero transitorio, inciso a), del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de diciembre de 1997. La violación por omisión y el incumplimiento de estos mismos servidores públicos y del secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, de las responsabilidades jurídicas derivadas de la firma y de la aceptación del Gobierno Federal de los contenidos del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de mayo de 1992 y de la firma y de la aceptación del Gobierno Federal, de las cláusulas del convenio que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Libre y Soberano de Quintana Roo, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 19 de mayo de 1992, en cuanto a la asignación y transferencia de recursos económicos y financieros suficientes y necesarios, en lo que al Gobierno Federal corresponde de acuerdo con las diversas normas jurídicas aplicables que se señalan con posterioridad en esta demanda, al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que éste se encuentre en condición de prestar el servicio público de educación básica que le fue encomendado."

Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de marzo de dos mil tres, la procuradora general de Justicia del Estado de Quintana Roo aclaró la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:

"2. En cumplimiento de este mandato judicial manifiesto ante este Alto Tribunal que en virtud de que las violaciones por omisión y los incumplimientos en que han incurrido las partes demandadas en este juicio de controversia constitucional derivan del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero de 2003, firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, en el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2003, de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, están estrechamente vinculados a éste, impugno la constitucionalidad del citado acuerdo de fecha 31 de enero de 2003, específicamente en cuanto a su artículo segundo, en la asignación relativa al fondo I ‘Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal’ (FAEB) Correspondiente al Estado de Quintana Roo por este concepto, con fundamento en los hechos y en los razonamientos presentados en los capítulos VI y VII del escrito de demanda de controversia constitucional que se encuentra en el expediente citado al rubro y que doy aquí por reproducidos en lo conducente. 3. En forma correlativa a lo anterior, aclaro que el sentido de los puntos petitorios del escrito de demanda concernientes a lo aquí expuesto y particularmente por lo que respecta al primero, al cuarto y al quinto, conlleva a la petición de la parte actora de la declaratoria de inconstitucionalidad del acuerdo de fecha 31 de enero de 2003, específicamente en cuanto a su artículo segundo, en la asignación relativa al fondo I ‘Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal’ (FAEB) correspondiente al Estado de Quintana Roo por este concepto, a efecto de que en el momento procesal oportuno, se dicte sentencia a su favor y se condene a las partes demandadas en los términos de estos puntos petitorios, los cuales doy aquí por reproducidos en lo conducente."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. El día 18 de mayo de 1992, fue firmado por el secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, con la anuencia del presidente de la República, quien firmó como ‘testigo de honor’, por la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por los gobernadores de los diversos Estados de la República mexicana, entre ellos el de Quintana Roo, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, cuyo texto se adjunta en el Diario Oficial de la Federación, en el que se publicó con fecha 19 de mayo de 1992 como anexo 1) de este escrito de demanda. 2. En el párrafo cuarto del capítulo denominado ‘Introducción’ de este acuerdo, se señala a la letra que ‘este acuerdo nacional se concentra en la educación básica’ y que ‘a las consideraciones, medidas y programas que contiene este acuerdo se ha añadido la educación normal porque es la que capacita y forma el personal docente de los ciclos de educación básica’. 3. En el párrafo quinto de este mismo capítulo se establece en la parte conducente que ‘El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica recoge el compromiso del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales de la República y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de unirse en un gran esfuerzo que extienda la cobertura de servicios educativos y eleve la calidad de la educación a través de una estrategia ... que compromete recursos presupuestales crecientes para la educación pública ...’. 4. En el párrafo undécimo del capítulo denominado ‘Los retos actuales de la educación’, de este acuerdo, se señala en la parte conducente que ‘... este acuerdo nacional entraña, en primer lugar, el compromiso de reconocer en la educación uno de los campos decisivos para el porvenir de la nación’ y que ‘Dicho compromiso se expresa en continuar otorgándole a la educación la más alta prioridad en la asignación del gasto público ...’. 5. En el párrafo cuarto del capítulo del acuerdo denominado ‘La reorganización del sistema educativo’, se determina que en la fecha en que se firma el acuerdo ‘el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República celebran en esta misma fecha convenios para concretar sus respectivas responsabilidades en la conducción y operación del sistema de educación básica y de educación normal ...’. 6. En el párrafo séptimo de este mismo capítulo se determina que ‘la autoridad educativa nacional se fortalecerá ejerciendo la función compensatoria entre Estados y regiones que nuestros ordenamientos y tradiciones asignan al Gobierno Federal. Así, dicha autoridad velará por que se destinen recursos relativamente mayores a aquellas entidades con limitaciones y carencias más acusadas’. 7. En el siguiente párrafo de ese mismo capítulo se establece que ‘el Ejecutivo Federal se compromete a transferir recursos suficientes para que cada Gobierno Estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibe, de fortalecer el sistema educativo de la entidad y cumplir con los otros compromisos que adquiere en este acuerdo nacional’. 8. De conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y para darle cumplimiento, el titular del Poder Ejecutivo Federal y el titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo firmaron el convenio que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de coordinar la función educativa de estos dos niveles de gobierno, con fundamento, entre otros preceptos de diversas leyes, en los artículos 3o., 26, 115, fracción III y 116, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto se agrega en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 19 de mayo de 1992, el cual se adjunta como anexo 2) de este escrito de demanda. 9. En los términos de la cláusula primera de este convenio ‘El Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, convienen ejecutar, dentro de las atribuciones que a cada una de las partes corresponden, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica ...’. 10. Conforme a la cláusula vigésima cuarta de este convenio ‘el Ejecutivo Federal se compromete a transferir recursos para que el Gobierno Estatal se encuentre en condiciones de encargarse de la dirección de los planteles que recibe, de cumplir compromisos que adquiere por el presente convenio, así como de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo’. 11. De acuerdo a la cláusula vigésima sexta de este convenio se estableció que ‘el Ejecutivo Federal propondrá en la iniciativa del presupuesto de egresos de la Federación para cada ejercicio, a partir del correspondiente a 1993, un gasto federal global en educación que considera efectuar transferencias al Gobierno Estatal que aseguren la prestación de los servicios educativos transferidos en las condiciones de operación a la fecha de entrada en vigor del presente convenio, que permitan reducir gradualmente la diferencia que, en su caso, se presenten en el salario integrado de los trabajadores del sistema educativo estatal; y que en la medida de lo posible, impliquen mayores recursos para elevar la calidad del servicio educativo estatal y financiar su crecimiento’. 12. La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 27, fracciones I y II, incisos a), b) y c), determina que el monto de los recursos asignados a las entidades federativas para la educación básica y normal se determinará cada año en el presupuesto de egresos de la Federación a partir de los siguientes elementos: ‘I. El registro común de escuelas y de plantilla de personal, utilizado para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas con motivo de la suscripción de los acuerdos respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; y II. Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquel que se presupueste, adicionándole lo siguiente: a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, contenidas en el propio presupuesto de egresos de la Federación; b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupuesten las medidas autorizadas con cargo a las citadas previsiones derivadas del ejercicio anterior; y c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios personales y de mantenimiento, correspondientes al registro común de escuelas.’. 13. La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 28 determina que ‘Las autoridades federales y de las entidades federativas, tanto en materia educativa como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un año, con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica y, en su caso, normal. ...’. 14. La Ley de Coordinación Fiscal en el artículo tercero transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1997, reconoce expresamente el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica del 18 de mayo de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 del mismo mes y año, así como el Convenio que con base en éste celebró el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, conforme a los cuales debe efectuarse la asignación de recursos para la prestación de los servicios de Educación Básica y Normal, encomendados al Gobierno de esta entidad federativa. 15. El día 30 de diciembre de 2002, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, en cuyo anexo 8B denominado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se establece que los recursos destinados al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, particularmente en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, ascenderán a una cantidad global de $145,445'962,373.00 (ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones novecientos sesenta y dos mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), los cuales se distribuirán conforme a los rubros y a los calendarios de ministración que se determinen en el acuerdo que para esos efectos fue publicado por el Gobierno Federal el día 31 de enero de 2003, en el Diario Oficial de la Federación. Este decreto se agrega al presente escrito, como anexo 3), en el ejemplar correspondiente del Diario Oficial de la Federación en el que fue publicado. 16. El día 31 de enero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación fue publicado el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2003, de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Este acuerdo se agrega al presente escrito como anexo 4), en el ejemplar correspondiente del Diario Oficial de la Federación en el que fue publicado. 17. En el punto primero de este acuerdo se establece que el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que se distribuirá entre las entidades federativas será de $145,445’962,373.00 (ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones novecientos sesenta y dos mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.). 18. En el punto segundo de este acuerdo se determina que al Estado de Quintana Roo, le corresponderá, en cuanto a este concepto, la cantidad de $1,975’489,926.00 (mil novecientos setenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.). No existiendo ninguna otra asignación concreta de recursos con base en la cual se determine normativamente la transferencia de recursos financieros de la Federación al Estado de Quintana Roo, para hacer frente a las responsabilidades contraídas por este Estado en relación con la función pública educativa que le fue encomendada, esta asignación de recursos establecida en el punto segundo del acuerdo de referencia, es notoriamente insuficiente en lo que al Gobierno Federal legalmente corresponde y en cuanto a lo que jurídicamente se obligó a hacer, para cumplir con las responsabilidades que para la prestación del servicio público de educación han sido encomendadas por el Gobierno Federal al Gobierno del Estado de Quintana Roo, con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y en el convenio respectivo, derivado de este acuerdo que firmaron el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, según se demostrará más adelante en el rubro relativo a los conceptos de invalidez. 19. Éstos son los antecedentes constitucionales y legales fundamentales, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables y de los compromisos esenciales que cada una de las partes que han intervenido en estos procesos deberá cumplir, con base en los cuales se ha sustentado normativamente la transferencia de recursos para la prestación del servicio público relativo a la impartición de educación básica del Gobierno Federal a los de las entidades federativas."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"1. La falta de cumplimiento parcial o totalmente de manera exacta, suficiente, plena y oportuna de cualquiera obligación y/o compromiso normativamente adquirido, previstos en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos o en cualquiera norma jurídica o acto jurídico, relativos al derecho social a la educación, mediante actos u omisiones de un servidor público de la Federación o de una autoridad federal, viola el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos de esta Ley Fundamental relativos a esta materia. Consecuentemente, el incumplimiento del presidente de la República, del secretario de Hacienda y Crédito Público y del secretario de Educación Pública de la administración pública federal, con respecto a las obligaciones contraídas por el Gobierno Federal tanto en el acuerdo referido en el hecho primero de este escrito, como en el convenio referido en el hecho octavo de este escrito, lo cual se demostrará más adelante en este mismo rubro relativo a los conceptos de invalidez, en su condición de servidores públicos, el primero de ellos, en el que se deposita el Poder Ejecutivo Federal, conforme al artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una violación por omisión al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., establece el derecho social a la educación, al prescribir textualmente que ‘Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias’. Conforme a esta disposición constitucional queda fuera de duda el carácter social del derecho a la educación que tiene garantizado en nuestro país todo individuo. Este precepto determina que ‘todo individuo tiene derecho a recibir educación’ y al mismo tiempo señala que ‘el Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria’, de lo que se deduce que al derecho que tienen las personas de recibir educación, corresponde una obligación del Estado de impartirla, la cual se establece de manera imperativa y no potestativa, por lo que, conforme a la Constitución y a las leyes aplicables a la materia, el Estado en cuyo concepto están incluidos la Federación, los Estados y los Municipios por la disposición Constitucional transcrita, no puede dejar de cumplir con esta obligación, porque si no la cumple parcial o totalmente, violenta en todo caso, una prescripción constitucional de manera directa y evidente sin prejuicio de violentar otras de manera indirecta. La naturaleza jurídica de los derechos sociales, aparecidos por primera ocasión como normas constitucionales en la Constitución Mexicana de 1917, es distinta a la de las garantías individuales. En el caso de éstas, las normas constitucionales le conceden un derecho de ‘hacer’ a la persona jurídica, al que corresponde una obligación correlativa de la autoridad de ‘abstenerse de actuar o de no hacer’ algo que impida el ejercicio del derecho individual. Bajo este principio, como regla general, las garantías individuales que otorga la Constitución Mexicana, no pueden ser infringidas y, por consiguiente, violentada la Constitución, por omisiones de la autoridad, sino por acciones que ésta realice y que limiten o impidan el ejercicio de un derecho individual, el cual debe ajustarse a los términos y a las condiciones que previene la propia Constitución y las leyes. En cambio, los derechos sociales le otorgan a las personas el derecho a ‘recibir’, término empleado por la Constitución Mexicana en materia de educación en su artículo 3o., al que corresponde forzosamente una obligación del Estado y de las autoridades de ‘dar o de hacer’, que en esta materia establece nuestra Constitución con la expresión imperativa ‘impartirá’, la cual implica que el Estado tiene que ‘hacer’ lo que la Constitución establece para que el derecho social pueda concretarse en la realidad. Consecuentemente, la violación de un derecho social por una autoridad o por un servidor público puede derivar de un acto, de una omisión o de una abstención, consistente esta última, por ejemplo, en no cumplir con determinadas obligaciones establecidas en las normas jurídicas o en los actos jurídicos, de las que dependa en términos fácticos, que las personas puedan recibir la educación que debe impartir el Estado. Esta omisión o abstención puede consistir concretamente en la falta de asignación a las áreas y a las autoridades competentes de recursos económicos y financieros suficientes y oportunamente transferidos, para que éstas puedan hacer frente a las erogaciones correspondientes a la función pública que es el servicio social de la educación. La violación por omisión referida, en la que ha incurrido el presidente de la República por medio de los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, en su condición de único titular del Gobierno Federal, derivada de lo señalado en el hecho número 16 de este escrito, al que nos referiremos en particular más adelante, consistente en la falta de asignación y de transferencia de recursos económicos y financieros al Gobierno del Estado de Quintana Roo, suficientes, en lo que al Gobierno Federal corresponde obligatoriamente hacerlo, para que este nivel de Gobierno Estatal, haga frente a las responsabilidades que ha asumido en la materia, implica el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Gobierno Federal tanto en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, como en el convenio firmado por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con base en este acuerdo y consecuentemente, viola tanto el artículo 3o. de la Constitución Federal, como los artículos 41, 87, 116, fracción VII y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violación derivada de la omisión del presidente de la República en la forma y términos señalados con respecto a esta materia, en agravio del Gobierno de Quintana Roo y de los derechohabientes de este Estado del derecho social a la educación. 2. La violación por omisión del presidente de la República, consistente en la abstención de asignar recursos económicos y financieros suficientes al Estado de Quintana Roo, en cuanto a lo que el Gobierno Federal se obligó a hacer, señalada en el concepto de invalidez anterior, viola también, concretamente, los artículos 41 y 124 de la Constitución Federal. En el último de ellos se establece el sistema de distribución de competencias entre los órganos o poderes federales y los locales, determinándose que todas las atribuciones que no se señalen expresamente a favor de los primeros en la Constitución Federal, se considerarán reservadas a las entidades federativas. En el otro precepto citado se señala que el pueblo ejercerá su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados en los que toca a su régimen interno. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación pública es una función social para cuyo cumplimiento está prevista la concurrencia de los tres niveles de gobierno entre los que se distribuyen las competencias establecidas en la Ley Fundamental, los cuales son el federal, el estatal y el municipal. Tanto el artículo 3o. constitucional en su fracción VIII, como el artículo 73, fracción XXV, de la propia Ley Fundamental, determinan esa concurrencia, estableciendo a la letra, en las partes conducentes y de manera respectiva que: a) ‘El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan’ (artículo 3o., fracción VIII) y b) ‘El Congreso tiene facultad: Para ... dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República ... (artículo 73, fracción XXV). Consecuentemente, es indudable la existencia de una competencia establecida en la Constitución Federal en materia educativa a favor de los Estados Libres y Soberanos que conforme al artículo 40 constitucional, integran la Federación mexicana. Ahora bien, esta distribución de competencias se establece en la propia Constitución, en las leyes federales y locales y en convenios y acuerdos en los que, sin perjuicio de los actos jurídicos concretos derivados de estas normas, se determinan de manera específica las atribuciones y las responsabilidades que corresponderán a la Federación, a los Estados y a los Municipios, en relación con la prestación del servicio social de educación básica. En cuanto al Gobierno Federal, según se desprende de los hechos números tercero, cuarto, sexto, séptimo, décimo y undécimo señalados en este escrito de demanda, éste contrajo una serie de obligaciones establecidas tanto en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, como en el convenio firmado por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los cuales hemos hecho referencia en el rubro respectivo de este escrito y que se pueden resumir en el compromiso del Gobierno de la República de destinar los recursos financieros necesarios y suficientes para que conforme a las normas que regulan las aportaciones de fondos federales a las entidades federativas y concretamente las relativas al ámbito de la educación básica, el Estado de Quintana Roo pueda cumplir eficientemente con la responsabilidad que le fue encomendada en materia educativa, para la prestación de este servicio público. Consecuentemente, si esta asignación de recursos financieros del Gobierno Federal al Estado de Quintana Roo no se ha hecho en las cantidades suficientes y necesarias para los efectos señalados en el párrafo anterior, es innegable que el Gobierno de este Estado no puede cumplir con las responsabilidades que ha contraído en esta materia, cuyo cumplimiento depende de la existencia de esos recursos, los cuales deben ser transferidos de la Federación al Estado y, por tanto, tampoco puede ejercer su competencia en el ámbito

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18159-532133a4/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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