CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 21/2003. DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de febrero de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el diecinueve de febrero de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arne Sydney Aus Den Ruthen Haag, quien se ostentó como titular de la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, promovió controversia constitucional en representación de ésta, demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Nombre y domicilio de los demandados. 1. Jefatura de gobierno del Distrito Federal, cuyo titular es el C. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, con domicilio en el Palacio del Antiguo Ayuntamiento del Distrito Federal, ubicado en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, s/n, Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. 2. Secretaría de Finanzas, a través de su titular el C. Doctor Carlos M. Urzúa Macías, con domicilio en calle Doctor Lavista, 144, acceso 1, primer piso, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720. ... IV. Acto cuya invalidez se demanda. Oficio de fecha 26 de diciembre de 2002, suscrito por el secretario de Finanzas del Distrito Federal, recibido en la oficialía de partes de este órgano político-administrativo el día 7 de enero de 2003, en el cual se informa que ‘resulta aplicable el artículo 411-B multicitado que, como se ha manifestado, reserva para la Secretaría de Finanzas la atribución de comunicar las fechas de cierre para que las dependencias y órganos desconcentrados establezcan sus compromisos con la anticipación necesaria para que el 31 de diciembre de cada año queden totalmente devengados y contabilizados’. Este oficio constituye una infundada y agravante interpretación del artículo 411-B del Código Financiero del Distrito Federal que pretende identificar a los órganos político-administrativos como órganos desconcentrados y, en consecuencia, se nos impuso una serie de restricciones al ejercicio del presupuesto delegacional autorizado por la Asamblea Legislativa a través del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 31 de diciembre de 2001, en contravención a lo dispuesto por los artículos 16 y 122 constitucionales, en relación con lo dispuesto en los artículos 42, 87, 112 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 37 y 39, fracciones XXV y XLVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 411-B, 415-A y 415-C del Código Financiero del Distrito Federal, 5o., 31 y 39 del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, publicado en la Gaceta Oficial el día 31 de diciembre de 2001, así como la múltiple legislación correlacionada que se habrá de precisar líneas abajo. Es importante destacar que los efectos de este acto derivaron en la imposibilidad de que mi representada ejerciera la totalidad del presupuesto que le asignó la Asamblea Legislativa en el artículo 5o. del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, publicado en la Gaceta Oficial en la fecha ya referida, y que ascendió de manera concreta a la cantidad de $978'319,427.00 (novecientos setenta y ocho millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) y cuya erogación total era necesaria para la realización de las actividades, obras y servicios públicos previstos para financiar nuestro programa operativo anual 2002, en el cual se contenían los diversos programas de gobierno delegacionales, debidamente cualificados y cuantificados en objetivos y metas, y cuya realización respondía a demandas concretas de las necesidades de los habitantes de esta demarcación territorial. El presupuesto de egresos del Distrito Federal es producto de la participación conjunta del jefe de Gobierno, de los órganos político-administrativos, denominados delegaciones, por lo que hace al gasto público de estos órganos originarios establecidos en la Constitución, y de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, el jefe de Gobierno presenta la iniciativa ante la Asamblea Legislativa, en la que van contenidos los requerimientos particulares de cada una de las delegaciones, expresadas en tiempo y forma, de conformidad con los artículos 42, fracción II y 117, fracción VII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 39, fracciones XXV y XLVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 415-A del Código Financiero del Distrito Federal, y el Legislativo, a través de la expedición del decreto de presupuesto respectivo; norma ésta que conforme a los criterios jurídicos debe concebirse como un instrumento de planeación regulador del gasto público, con alto sentido social y alcance de interés colectivo por su carácter eminentemente vinculatorio entre gobernantes -ejecutor de acciones de beneficio público- y gobernados -obligados al pago de contribuciones en términos del artículo 31 constitucional-. La propuesta para sufragar los gastos de los diversos programas de 2002, que hizo la Delegación Miguel Hidalgo al gobierno central del Distrito Federal, para su posterior aprobación por la Asamblea Legislativa, contenía la justificación de dichos programas, desglosado por partidas, criterios y objetivos, para darle aplicabilidad y observancia. Asimismo, nuestro presupuesto de 2002 era resultado de las demandas ciudadanas y de los estudios de viabilidad realizados por las áreas operativas de la estructura delegacional, observando en todo momento los criterios de racionalidad y austeridad. En este orden de ideas, el decreto del presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, publicado en la Gaceta Oficial el día 31 de diciembre de 2001, contemplaba y autorizaba a la Delegación Miguel Hidalgo una erogación necesaria de $978'319,427.00 (novecientos setenta y ocho millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) para la realización de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de esta delegación. La afectación presupuestal no sólo la expresamos de manera genérica, sino que el agravio directo se traduce en perjuicios económicos por $25'653,011.74 (veinticinco millones seiscientos cincuenta y tres mil once pesos 74/100 M.N.), de los cuales $8'566,152.39 (ocho millones quinientos sesenta y seis mil ciento cincuenta y dos pesos 39/100 M.N.) los tuvimos que convertir en Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (Adefas), con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal del año 2003, en los términos establecidos en el Código Financiero del Distrito Federal, para cumplir con compromisos ya establecidos, y adicionalmente $17'086,859.35 (diecisiete millones ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 35/100 M.N.) autorizados en su oportunidad por la Asamblea Legislativa, pero que se nos imposibilitó ejercer, y que habremos que reformular y reprogramar dentro del presupuesto que nos asignó la Asamblea Legislativa en el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2003, publicado en la Gaceta Oficial el día 31 de diciembre de 2002, a efecto de cumplir metas, objetivos y acciones de diversos programas que debieron haberse ejecutado en el año 2002, pero que tuvieron que ser total o parcialmente cancelados ante el impedimento que se nos impuso por el cierre anticipado de licitar y otorgar en su oportunidad los contratos de obras y de adquisiciones de bienes y servicios, de conformidad con el análisis contenido en el oficio DGA/OMV/0375/03 de fecha 14 de febrero de 2003, elaborado por la Dirección General de Administración de esta delegación. En síntesis, el acto cuya invalidez se demanda está afectando desde ahora el ejercicio presupuestal del conjunto de los programas de gobierno delegacionales previstos para su ejecución en este año de 2003, en la misma proporción del perjuicio económico que se nos causó en el ejercicio fiscal de 2002, por las consideraciones arriba expuestas."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
"1. A mediados de agosto de 2002, la Secretaría de Finanzas intentó fijar a los órganos político-administrativos fechas de cierres anticipados para establecer compromisos respecto de la ‘adjudicación y trámite de pedidos, la celebración de contratos, presentación de fianzas y demás documentación’ con cargo al presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de manera independiente para cada delegación. A lo que esta Delegación Miguel Hidalgo, en todo momento y de manera verbal y por escrito, manifestó su oposición. 2. Posteriormente, el secretario de Finanzas propuso un nuevo calendario para el ejercicio del presupuesto de la siguiente forma: hasta el 31 de octubre para los recursos federales y crédito, así como el 15 de diciembre para los recursos autogenerados; violentando con ello la disposición constitucional que establece la anualidad del presupuesto: artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b). 3. Este órgano político-administrativo manifestó en diversas ocasiones y de manera constante su rechazo ante tal arbitrariedad que partía de la errónea interpretación de considerarnos como órgano desconcentrado, lo que se podrá verificar con el contenido del oficio DGA/OMV/2923/02 de fecha 24 de diciembre de 2002, suscrito por el director general de Administración de este órgano político-administrativo, enviado al secretario de Finanzas, el cual motivó el oficio de respuesta cuya constitucionalidad se reclama. En el oficio enviado por esta delegación el 24 de diciembre se expresan las siguientes consideraciones jurídicas que apuntalan la negativa a que se nos considerara como órgano desconcentrado: los artículos 112 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por lo que hace a la autonomía de gestión; 36, 37, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que fundamentan la autonomía funcional; los artículos 415-A, 415-B y 415-C, respecto de la autonomía de gestión en el ejercicio presupuestal de los órganos político-administrativos y que se reconociera nuestra plena libertad para ejercer nuestro presupuesto anual autorizado por la Asamblea Legislativa, sin restricción alguna, ni cierres anticipados, a través de un acto administrativo como pretendía realizarlo la Secretaría de Finanzas. Esta delegación confió que dada la contundencia de la fundamentación jurídica y administrativa contenida en este oficio la respuesta objetiva por parte de la Secretaría de Finanzas sería la de modificar su actitud y aplicar, en su caso, los cierres anticipados para el ejercicio presupuestal exclusivamente en el ámbito de las dependencias y órganos desconcentrados a que se refiere de manera expresa el artículo 411-B del Código Financiero, entre los que no pueden considerarse incluidos a los órganos político-administrativos denominados delegaciones. 4. No obstante lo anterior, el 7 de enero de 2003 se recibió en esta jefatura delegacional un oficio sin número, fechado el 26 de diciembre de 2002, en virtud del cual el secretario de Finanzas, de manera definitiva y formal, responde en sentido negativo a las consideraciones jurídicas y administrativas formuladas a través del oficio relacionado en el punto anterior. De cuya parte sustantiva resaltamos la siguiente expresión: ‘... resulta aplicable el artículo 411-B multicitado que, como se ha manifestado, reserva para la Secretaría de Finanzas la atribución de comunicar las fechas de cierre para que las dependencias y órganos desconcentrados establezcan sus compromisos con la anticipación necesaria para que el 31 de diciembre de cada año queden totalmente devengados y contabilizados ...’. En dicha respuesta el secretario de Finanzas pretende darnos tratamiento de órgano desconcentrado y pretende infructuosamente fundar y motivar dicha determinación en el artículo 411-B del Código Financiero para el Distrito Federal, que no resulta aplicable a los órganos político-administrativos denominados delegaciones políticas, por no tratarse de un órgano desconcentrado, tal como habremos de razonar ante usted con los argumentos, consideraciones y pruebas documentales que se desarrollan y aportan en el presente escrito. Ante tal acto de autoridad, que resuelve de manera definitiva respecto de la negativa reiterada de esta delegación a la restricción de las fechas para el establecimiento de compromisos, y por considerar que tal determinación vulnera la esfera jurídica de este órgano político-administrativo, y que proyecta sus efectos en el ejercicio presupuestal de 2003, ya que nos obliga a destinar recursos en el ejercicio del presupuesto de este año para cumplir compromisos a través de Adefas, así como para alcanzar las metas y objetivos incumplidos para la culminación de diversos programas presupuestados para el año 2002, afectados por el cierre anticipado que por esta demanda de controversia constitucional se combate. El oficio del 26 de diciembre de 2002, emitido por la Secretaría de Finanzas, es un acto que violenta lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 122 constitucionales, 12, 42, 87, 112 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 37 y 39, fracción XLV, de la Ley Orgánica del Distrito Federal, 411-B, 415-A y 415-C del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para el 2002, así como los artículos 5o., 31 y 39 del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2002, al invadir la esfera de competencias de este órgano político-administrativo e imponiendo restricciones a su autonomía presupuestaria, como se expondrá en el capítulo relativo a los conceptos de invalidez. Se consideró recurrir al juicio de controversia constitucional por ser éste el instrumento por excelencia ante el que se ventilan, ante un órgano imparcial, los conflictos de invasión de competencias a que puede dar lugar el sistema federal y de división de poderes; y ya que las controversias constitucionales sólo pueden tener por objeto ventilar cuestiones relativas a invasión o restricción de ámbitos de competencia, por lo que en este caso, es aplicable la regla aceptada de que siempre que se realice un planteamiento de esta naturaleza la controversia constitucional debe resultar procedente."
TERCERO. El promovente aduce como conceptos de invalidez, los siguientes:
"Primero. El acto cuya invalidez se demanda, consistente en el oficio de fecha 26 de diciembre de 2002, notificado a este órgano político-administrativo el 7 de enero de 2003, emitido por el secretario de Finanzas del Distrito Federal, vulnera el artículo 16 constitucional en relación con el artículo 411-B del Código Financiero del Distrito Federal, contraviniendo lo previsto por los artículos 42, 112 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 415-C del Código Financiero del Distrito Federal, y 5o., 31 y 39 del decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002, en virtud de que no se encuentra debidamente fundado y motivado por las razones que a continuación se señalan: El oficio que se impugna establece: ‘Por lo expuesto, resulta aplicable el artículo 411-B multicitado que, como se ha manifestado, reserva para la Secretaría de Finanzas la atribución de comunicar las fechas de cierre para que las dependencias y órganos desconcentrados establezcan sus compromisos con la anticipación necesaria para que el 31 de diciembre de cada año queden totalmente devengados y contabilizados.’. Es de explorado derecho que la autoridad gubernamental, sea cual fuere el poder público del que forma parte, no puede realizar actos que generen derechos u obligaciones, órdenes de hacer o no hacer, ni mucho menos declaraciones que cambien la situación jurídica de persona de derecho privado o público alguna, so pena de violentar el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional. Dicho de otra forma, el acto que se reclama carece de validez y es inconstitucional por no encontrarse fundado legalmente. Es pertinente señalar que la inconstitucionalidad y consecuente ilegalidad del acto cuya invalidez se reclama no se deduce del simple hecho de que el oficio en cuestión haya sido omiso en la cita escrita del fundamento legal en el que el demandado pudiera apoyar su actuación. La violación al principio de legalidad consiste en el hecho contundente de que el artículo en que la Secretaría de Finanzas fundamenta su actuación no era aplicable a los órganos político-administrativos. Esto es así, porque los órganos político-administrativos no están sujetos al establecimiento de las fechas de cierre para compromisos que fije la Secretaría de Finanzas, toda vez que el presupuesto, según dispone el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), de la Constitución, se ejerce por anualidad; independientemente de que las delegaciones cuentan con autonomía de gestión presupuestaria, según se desprende del contenido de los artículos 112 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que en esencia establecen que las delegaciones cuentan con autonomía de gestión en el ejercicio de sus presupuestos, teniendo solamente que informar al jefe de Gobierno el ejercicio de sus asignaciones presupuestarias para los efectos de la cuenta pública. Asimismo, se establece que las delegaciones tienen competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones, entre otras, en materia de gobierno y administración, y que en el ejercicio de estas atribuciones deberán respetar las asignaciones presupuestales. De igual manera, el artículo 415-A del Código Financiero para el Distrito Federal, que establece lo relativo al ejercicio presupuestal de los órganos político-administrativos, refiere que ‘las demarcaciones territoriales ejercerán con autonomía de gestión sus presupuestos’. Asimismo, el artículo 415-C determina que ‘las asignaciones presupuestales a las delegaciones que apruebe la Asamblea Legislativa a iniciativa del jefe de Gobierno, no podrán ser transferidas a otras delegaciones ni al sector central o paraestatal de la administración pública del Distrito Federal, salvo en los casos a que se refiere el artículo 428 de este código (único supuesto de excepción que contempla el artículo 415-C y que no es aplicable a este caso específico). Tales asignaciones se integrarán, distribuirán, administrarán y ejercerán directamente por cada una de las delegaciones’. Esta autonomía de gestión ha sido reconocida por ese H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los considerandos de la resolución de la controversia constitucional 37/2000, promovida por la Delegación Miguel Hidalgo ante otro acto de invasión de esfera de competencia perpetrado por autoridades del gobierno central del Distrito Federal, en el siguiente sentido: ‘16. En la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos, el jefe de Gobierno deberá proponer a la Asamblea Legislativa asignaciones presupuestales para que las delegaciones cumplan con el ejercicio de actividades a su cargo, y las delegaciones deben informar al titular del Ejecutivo Local del ejercicio de sus asignaciones para los efectos de la cuenta pública (artículo 112, primer párrafo). 17. Las delegaciones ejercerán, con autonomía de gestión, sus presupuestos, conforme a las disposiciones legales reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública central (artículo 122, segundo párrafo). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos del Distrito Federal, se confiere a dichos órganos político-administrativos de cada demarcación territorial una autonomía funcional, de gestión, en acciones de gobierno; en ejercicio de su presupuesto, teniendo solamente que informar sobre ello al jefe de Gobierno, para efectos de la cuenta pública; y competencia en sus respectivas jurisdicciones en materias de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva’ (páginas 83, 84 y 93 de la resolución 37/2000). Por ello, el artículo 411-B del Código Financiero, que rigió durante 2002, no era aplicable a las delegaciones, y para sostener esta afirmación, basta observar que el artículo 411-B se encuentra dentro de la sección primera del capítulo II del título tercero, denominado ‘Del ejercicio presupuestal de las dependencias y órganos desconcentrados’, mientras que los preceptos aplicables a las delegaciones se regulan en la sección tercera, bajo el título ‘Del ejercicio presupuestal de los órganos político-administrativos’, que comprende los artículos 415-A, 415-B y 415-C, como se puede apreciar en el cuadro comparativo que a continuación se desarrolla.
Ver cuadro
"En técnica legislativa, el manejo diferenciado de libros, títulos, capítulos, secciones, artículos, apartados, párrafos, fracciones, incisos y subincisos responde a la separación de ideas y conceptos. En el caso concreto, si el legislador hubiera considerado que los órganos político-administrativos deberían ser incluidos en la administración desconcentrada, no hubiera establecido su regulación en secciones distintas. En consecuencia, el oficio de 26 de diciembre de 2002 que se impugna carece de la debida fundamentación, pues el precepto jurídico que se cita no es aplicable al caso concreto. Sirve de apoyo a la anterior consideración la siguiente tesis jurisprudencial, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, página 175: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’. La actuación de la Secretaría de Finanzas, al carecer de fundamento legal y contravenir las disposiciones jurídicas aplicables, adolece también de la motivación debida. Debe considerarse que en el orden jurídico mexicano, la autoridad está obligada a regir su actuación bajo el principio de que sólo puede hacer lo expresamente conferido por la ley. En el caso que se aborda, el acto que se impugna, emitido por la Secretaría de Finanzas, se excede en su ámbito de atribuciones, estableciendo fechas de cierre a los compromisos contraídos por mi representada, citando como fundamento el entonces vigente artículo 411-B del Código Financiero, precepto no aplicable al órgano político-administrativo que represento. Efectivamente, el establecimiento de las fechas de cierre para asumir compromisos con cargo al presupuesto aprobado para los órganos político-administrativos no es atribución de la Secretaría de Finanzas, correspondiendo esta facultad en todo caso a un órgano legislativo, como es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la que hizo uso de ella, por primera vez, en las reformas al Código Financiero, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2002, que serán vigentes para el 2003, al establecer lo siguiente: ‘Artículo 411-B. Las dependencias y órganos desconcentrados deberán establecer sus compromisos con la anticipación necesaria para que al 31 de diciembre de cada año queden totalmente devengados y contabilizados. La secretaría comunicará las fechas de cierre para establecer dichos compromisos. Para el caso de las delegaciones, la fecha de cierre será el día 30 de noviembre.’. En consecuencia, antes de esta definición por parte de la Asamblea Legislativa, debe entenderse que el ejercicio anual del presupuesto para el caso de las delegaciones comprendía los 12 meses calendario. La anualidad del ejercicio del presupuesto deriva de la Carta Magna, así se desprende del artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), constitucional, que confiere a la Asamblea Legislativa la facultad de ‘examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal ...’. Así se deduce también de lo establecido por el artículo 320 del Código Financiero del Distrito Federal, que señala como requisito para cumplir los compromisos establecidos, entre otros, que se encuentren contabilizados al treinta y uno de diciembre del ejercicio correspondiente, y ‘que se informe a la secretaría, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, en los términos del artículo 393-D de este código, el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante’. Asimismo, el presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del año 2002 establece en sus artículos 5o., 31 y 39, en esencia, que en el caso de los órganos político-administrativos, éstos recibirán los recursos aprobados de acuerdo a su calendario financiero y que no podrán realizar erogaciones que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre del año 2002. De lo anterior se desprende que para el caso específico de las delegaciones, el ejercicio de su presupuesto se debe llevar a cabo conforme a su propio calendario y que este ejercicio terminó hasta el 31 de diciembre de 2002, y no antes, como erróneamente lo sostuvo la Secretaría de Finanzas, toda vez que el presupuesto se aprueba para ejercerlo durante la anualidad. Más aún, atendiendo al significado de la palabra anualidad, consultable en el Diccionario de la Real Academia Española, éste se da en el siguiente sentido: ‘anualidad. 1. f. Cualidad de anual. 2. f. Importe anual de una renta o carga periódica, como la de amortización o la de capitalización’, y anual, por su parte, se define de la siguiente manera: ‘anual. (de lat. annuãlis). 1. adj. Que sucede o se repite cada año. 2. Adj. Que dura un año’; y un año según la misma fuente ‘... equivale a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos’, es el ‘... periodo de doce meses, a contar desde el día 1o. de enero hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive’. En su significado económico, año es el ‘... espacio de doce meses durante el cual se rigen los presupuestos de gastos e ingresos públicos’ (ídem). En el artículo 411-B del Código Financiero, hasta antes de las reformas publicadas el 31 de diciembre de 2002, no se incluía a los órganos político-administrativos, pero después de las reformas la Asamblea Legislativa, además de incluirlos expresamente, les fijó fechas de cierre para establecer los compromisos en el ejercicio presupuestal del año 2003. Con ello, la Asamblea Legislativa hizo uso de una de sus atribuciones previstas en el artículo 42, fracción II, en relación con el 117, fracción VII, del Estatuto de Gobierno, en correlación con el artículo 415-A del Código Financiero del Distrito Federal. Por ende, el precepto en que se funda el acto que se combate no es aplicable al caso concreto, independientemente de que con su aplicación la Secretaría de Finanzas invade la esfera de competencia de otras autoridades y, por ello, violenta el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional, al carecer de la debida fundamentación y motivación, toda vez que en el caso de actos de autoridad que no trascienden directamente en la esfera jurídica de los particulares, y se verifican solamente entre las autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene como finalidad el respeto al orden jurídico y evitar la invasión de competencias entre autoridades. Así lo ha establecido ese H. Tribunal, en jurisprudencia firme: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación.’. Al respecto, también debe tomarse en cuenta el criterio establecido en la tesis jurisprudencial número P./J. 23/97, dictada por ese H. T
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18213-271251d4/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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