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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2003. · Registro digital (IUS): 18157
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 1124.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2003. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de marzo de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el quince de julio de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, quien se ostentó como jefe de Gobierno del Distrito Federal, en representación del órgano ejecutivo de esa entidad, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. Entidad, poder u órganos demandados: A. Órgano legislativo de carácter local del Distrito Federal, Asamblea Legislativa del Distrito Federal (II Legislatura). B. Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. C. Presidente de la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. D. Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Todos con domicilios legales públicamente conocidos en el Distrito Federal. ... IV. Actos cuya invalidez se demanda: 1. El acto emitido mediante oficio No. CAPL/750/VI/2003, de fecha 9 de junio de 2003, suscrito por el C. Diputado Federico Döring Casar en su carácter de presidente de la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dirigido al C. Diputado Gilberto Ensástiga Santiago, como miembro de dicha comisión y que hace consistir en la ‘convocatoria’ a presentar tres propuestas de aspirantes a consejeros ciudadanos y miembros del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, así como cualquier otro de iguales características que se haya dirigido a los demás integrantes de la señalada comisión. 2. Todos y cada uno de los actos subsecuentes realizados por la Asamblea Legislativa o sus comisiones, tendentes a la designación de los consejeros ciudadanos del Consejo de Información Pública del Distrito Federal. 3. El acto emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que designó como ciudadanos representantes de la sociedad civil a Odette Rivas Romero, María Elena Pérez-Jean Zermeño y Leoncio Lara Sáenz, integrantes del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, según oficio CG/165/2003, de fecha 8 de julio de 2003, suscrito por la C. Diputada Patricia Garduño Morales, presidenta de dicha comisión."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

"1. El 8 de mayo de 2003 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; la Asamblea Legislativa estableció la conformación de un Consejo de Información Pública del Distrito Federal, en los términos siguientes: ‘Artículo 57. El Consejo de Información Pública del Distrito Federal es un órgano autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de acceso a la información pública, integrado por representantes de la sociedad civil y de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y autónomos del Distrito Federal.’. ‘Artículo 58. El consejo se integrará con tres representantes de la administración pública del Distrito Federal designados por el jefe de Gobierno, tres diputados designados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia que podrán ser Magistrados, Jueces y consejeros de la Judicatura designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, tres representantes de la sociedad civil y un representante designado por cada uno de los órganos autónomos del Distrito Federal, de entre sus propios integrantes. Los representantes de la sociedad civil percibirán un ingreso equivalente al de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.’. ‘Artículo 59. Para ser consejero ciudadano se requiere: I. Ser ciudadano mexicano, con residencia legal en el Distrito Federal de por lo menos cinco años anteriores a la designación; II. Tener al menos treinta años cumplidos al día de su designación; III. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional; IV. No ser ni haber sido dirigente de algún partido o asociación política, ni ministro de culto religioso, cuando menos cinco años antes, y no haber sido servidor público por lo menos tres años antes, en ambos casos al momento de su designación; y V. No haber sido condenado por delito doloso.’. ‘Artículo 60. Los consejeros durarán en su encargo un periodo de cinco años y podrán ser reelectos por una sola vez. Los consejeros no podrán ser retirados de sus cargos durante el periodo para el que fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación académica. El presidente del consejo será nombrado por sus pares y por un periodo de dos años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. Sólo podrá ser presidente del mismo quien sea representante de la sociedad civil. El Pleno del consejo será la instancia directiva y la presidencia la ejecutiva.’. ‘Artículo 61. El consejo de información contará con un secretario que lo auxiliará en el despacho de los asuntos de su competencia y que será designado por el presidente del consejo, en términos del instrumento que regule la operación de dicho cuerpo colegiado.’. ‘Artículo 62. El Pleno del consejo podrá sesionar válidamente con la presencia de la mayoría simple de sus miembros, pudiéndose tomar los acuerdos por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.’. ‘Artículo 63. El consejo tendrá las siguientes atribuciones: I. Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la presente ley; II. Realizar investigaciones en materia de acceso a la información y sus derechos relacionados; III. Establecer políticas y lineamientos en materia de acceso a la información y catalogación de todo tipo de datos, registros y archivos; IV. Crear y mantener el mecanismo para la operación de una biblioteca especializada en materia de acceso a la información; V. Organizar seminarios, cursos, talleres y demás actividades que promuevan el conocimiento de la presente ley y las prerrogativas de las personas, derivadas del derecho de acceso a la información pública; VI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el conocimiento de la presente ley; VII. Emitir su reglamento interno, manuales y demás normas que faciliten su organización y funcionamiento; VIII. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de los entes públicos sobre el cumplimiento de esta ley; IX. Opinar sobre los criterios generales que se le presenten para la catalogación, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos, registros y archivos; X. Establecer los lineamientos para la creación y operación de los archivos que contengan información pública de consulta directa; XI. Evaluar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los entes públicos y emitir las recomendaciones a dichos entes cuando violenten los derechos que esta ley consagra; XII. Recibir para su evaluación los informes anuales de los entes públicos respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública; XIII. Establecer los lineamientos para la protección de la información relacionada con los datos personales; y XIV. Las demás que le señale esta ley, su reglamento u otras disposiciones aplicables.’. Como se puede observar, es evidente que el ejercicio legislativo de la Asamblea Legislativa respecto del Consejo de Información Pública del Distrito Federal fue impreciso y contradictorio. Por ejemplo, si bien prescribe que el consejo se integrará con tres representantes de la sociedad civil, en el capítulo correspondiente no establece ni el procedimiento para elegirlos o designarlos, ni a quién corresponde la elección o designación. Por otra parte, establece la incompatibilidad del cargo de consejero con otro empleo o actividad y, sin embargo, señala que los representantes de la Asamblea Legislativa deben ser diputados y que éstos como consejeros durarán en su encargo cinco años, cuando por mandato constitucional sólo pueden fungir como diputados durante tres años. Faculta a los órganos de gobierno local y a los autónomos a designar a sus representantes como consejeros y luego impide que éstos puedan ser removidos por quienes los han nombrado, ya que sólo pueden ser removidos por causa grave por la Asamblea Legislativa. Señala los emolumentos que habrán de percibir los consejeros ciudadanos y, sin embargo, omitió establecer si los demás consejeros que habrán de nombrar los órganos ejecutivo, judicial y autónomos, como sus representantes, recibirán alguno o serán honoríficos, máxime que señala la incompatibilidad del cargo con otro empleo o actividad, salvo la académica o de investigación. Ante este tipo de imprecisiones y contradicciones, era de esperarse que el órgano legislativo procediera a la modificación de la norma o, en su caso, permitir el ejercicio de la facultad reglamentaria del Ejecutivo Local, a efecto de que se proveyera en la esfera administrativa a la exacta observancia del instrumento legislativo en comento. No obstante, en clara violación a los preceptos constitucionales y a los propios principios que estableció la Asamblea Legislativa en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, como son la transparencia y publicidad de los actos de los órganos de gobierno locales y autónomos del Distrito Federal, por conducto del C. Presidente de la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa emitió oficio, el cual dice: ‘(Al margen superior el Escudo Nacional que dice: «Estados Unidos Mexicanos Asamblea Legislativa del Distrito Federal II Legislatura Comisión de Administración Pública Local.»). Asunto: Convocatoria. Oficio: CAPL/750/VI/2003. México, D.F., junio 9, 2003. Dip. Gilberto Ensástiga Santiago. Integrante. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se le convoca, como miembro de la comisión indicada en el membrete, a presentar tres propuestas de aspirantes a consejeros ciudadanos y miembros del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, en las oficinas de esta presidencia, ubicadas en la Calle de Venustiano Carranza, No. 49, 3er. piso, oficinas 312 y 313, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, a partir de las 10:00 horas y hasta las 18:00 horas, del lunes 16 al viernes 27 de junio del año 2003. Los aspirantes propuestos deberán satisfacer los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y exhibir la documentación comprobatoria de dichos requisitos. Atentamente. (Una firma ilegible). Dip. Federico Döring Casar. Presidente.’ ... 3. Conocí de dicho acto mediante notificación del acuerdo de 30 de junio del mismo año, dictado en el juicio de amparo promovido por René Sosa Cedeño, que se tramita con expediente No. 1111/2003-III, ante el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, hecha al suscrito el 1o. de julio de 2003. 4. El 8 de julio de 2003, la C. Diputada Patricia Garduño Morales, presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, emitió oficio CG/165/2003, que señala: ‘(Al margen superior una leyenda que dice: «Dip. Patricia Garduño Morales, presidenta de la Comisión de Gobierno.»). México, D.F., a 8 de julio de 2003. Oficio No. CG/165/2003. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de esta Comisión de Gobierno, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 57, 58 y segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal designó a los ciudadanos representantes de la sociedad civil Odette Rivas Romero, María Elena Pérez-Jean Zermeño y Leoncio Lara Sáenz como integrantes del Consejo de Información Pública del Distrito Federal. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente. (Una firma ilegible). C.c.p. Diputados Integrantes de la Comisión de Gobierno.’. Desde luego, se desconoce cuáles fueron los actos que se realizaron entre la ‘convocatoria’ y la notificación de la designación, tendentes a llevarla a cabo, mismos que se impugnan también. La designación de consejeros ciudadanos de un Consejo de Información Pública del Distrito Federal, mediante un procedimiento ilegal y por la Asamblea Legislativa sin tener atribuciones para ello y cuyas atribuciones del consejo incidirán en la esfera jurídica de la administración pública del Distrito Federal, de la cual soy titular, y la de los habitantes del Distrito Federal, pues será el organismo encargado de establecer políticas y lineamientos en materia de acceso a la información y catalogación de todo tipo de datos, registros y archivos; diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de los entes públicos sobre el cumplimiento de esta ley; opinar sobre los criterios generales que se le presenten para la catalogación, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos, registros y archivos; establecer los lineamientos para la creación y operación de los archivos que contengan información pública de consulta directa; evaluar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los entes públicos y emitir recomendaciones; recibir para su evaluación los informes anuales respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y establecer los lineamientos para la protección de la información relacionada con los datos personales, son violatorios de los artículos 16 y 122 constitucionales."

TERCERO. El promovente aduce como conceptos de invalidez, los siguientes:

"Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal viola en perjuicio del órgano ejecutivo local del Distrito Federal lo dispuesto en los artículos 16 y 122 constitucionales, que en su parte conducente señalan: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. ‘Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo. Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno. El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona elegida por votación universal, libre, directa y secreta. ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación; b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. ... c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción IV del artículo 74, en lo que sean aplicables. ... e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la Contaduría Mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal; f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos con registro nacional; g) Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos; h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio; i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social; j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal; k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución; m) Expedir la ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos; n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal; ... o) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.’. Así, la Asamblea Legislativa tiene diversas facultades expresas y específicamente un inciso o) que le otorga como otras atribuciones aquellas que se le confieran expresamente en la Constitución. Queda definido de manera clara y precisa el ámbito de competencia de la Asamblea Legislativa; estableciéndose la posibilidad de que sea ampliado mediante otras disposiciones de la propia Carta Magna, pero con una condición puntual, que cualquier otra atribución debe ser de manera expresa; lo anterior es así, ya que el régimen de facultades residuales en el caso del Distrito Federal y en especial respecto del ejercicio legislativo recae en virtud del propio artículo 122 en el Congreso de la Unión. El Estatuto de Gobierno, en su artículo 42, hace suyo el contenido de la base primera antes citada, sin incorporar mayor atribución al respecto a la Asamblea Legislativa; sin embargo, sí precisa en su artículo 45 quiénes son los sujetos a los que puede otorgar atribuciones y funciones; a la letra dice: ‘Artículo 45. Las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal otorgarán atribuciones y funciones sólo a los órganos locales del Gobierno del Distrito Federal.’. Lo anterior, permite entonces el estudio de las leyes que expide la Asamblea Legislativa, a efecto de determinar qué atribuciones y funciones se estableció, como órgano legislativo local, ella misma. Así, tenemos que para su estructura y funcionamiento interno, la Asamblea Legislativa ha expedido tanto la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como el Reglamento para el Gobierno Interno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, instrumentos en los que se observa, entre otras situaciones, las atribuciones que la Asamblea Legislativa en Pleno tiene, así como la Comisión de Gobierno y las otras comisiones, pero la Asamblea Legislativa, como órgano colegiado o en Pleno, no cuenta con atribuciones en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ni mucho menos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ni en su reglamento, para designar a los ciudadanos integrantes del consejo de información. En otro orden de ideas, la actividad legislativa de la autoridad demandada, como órgano originario de gobierno del Distrito Federal, se expresa en la elaboración, discusión y aprobación de normas jurídicas de carácter general, abstracto e impersonal, a través del proceso legislativo que se contiene en su ley orgánica. El órgano legislativo del Distrito Federal sólo puede expresar su voluntad respecto de las normas que emite, precisamente, a través del proceso legislativo. Por tanto, la autoridad demandada sólo puede variar el sentido de una norma jurídica expedida por ella, mediante el mismo proceso de creación de la norma y no mediante modificaciones o interpretaciones que se hagan por conducto de sus comisiones o de alguno de sus diputados, aunque presida una comisión, a una serie de preceptos confusos e imprecisos para subsanar sus deficiencias; menos aún puede aplicar e interpretar dichos preceptos para atribuirse facultades que la misma no se confirió de manera expresa en la ley que pretende aplicar y que no se sustentan tampoco en otra norma legal. En este contexto, frente a las confusiones, imprecisiones y vaguedades de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por la falta de una norma jurídica expresa de carácter general, abstracto e impersonal, que otorgue facultades a alguna autoridad específica para hacer el nombramiento de los representantes de la sociedad civil como consejeros ciudadanos, miembros del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, la autoridad demandada tenía como única opción reformar dicha ley para establecer de manera clara y precisa, en el capítulo correspondiente, cuál era el procedimiento para nombrar a los representantes de la sociedad civil y a qué autoridad correspondía hacer dicho nombramiento. Y si su voluntad era que el procedimiento y nombramiento estuviera a su cargo, al margen de si constitucionalmente podía atribuirse dicha facultad, debió reformar la ley mediante el proceso legislativo que a ella corresponde hacer. Mientras tanto, le resulta jurídicamente imposible a la Asamblea Legislativa en Pleno o por conducto de sus comisiones establecer procedimientos o atribuirse facultades para hacer los nombramientos de representantes de la sociedad civil como consejeros ciudadanos del Consejo de Información Pública del Distrito Federal. No obstante, las Comisiones de Administración Pública Local y de Gobierno de la Asamblea Legislativa, de manera totalmente infundada, van más allá de los preceptos legales que les confieren atribuciones, deciden llevar a cabo un procedimiento que inicia con una supuesta convocatoria de la Comisión de Administración Pública Local y culminan con la designación, que hace la Comisión de Gobierno a nombre de la Asamblea Legislativa de tres particulares como consejeros ciudadanos para integrar el Consejo de Información Pública del Distrito Federal. La supuesta convocatoria, el procedimiento de designación, el cual se ignora cómo fue, y la designación, realizados por la Asamblea Legislativa y sus comisiones carecen de sustento jurídico y, por tanto, atentan contra el principio de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional y, en consecuencia, afectan la esfera de atribuciones del órgano ejecutivo local establecida en el artículo 122 constitucional, al pretender designar como consejeros ciudadanos a particulares para que integren el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, el cual emitirá actos que incidirán en la esfera jurídica del órgano ejecutivo local y de los demás órganos de gobierno y autónomos, mediante un procedimiento que está viciado de origen, lo que vulnera el Estado de derecho que debe regir las relaciones entre órganos, de acuerdo al cual, las autoridades sólo pueden ejercer las atribuciones que constitucional y legalmente les han sido conferidas. La actuación de la autoridad demandada implica, además, un rompimiento de los principios de división y equilibrio de poderes entre el órgano legislativo y los demás órganos de gobierno del Distrito Federal, al querer imponer como integrantes de un consejo a tres particulares que designó el órgano demandado, sin existir norma expresa que le facultara a hacerlo. Carece de fundamentación y motivación el acto del presidente de la Comisión de Administración Pública Local, quien pretende fundar y motivar la supuesta convocatoria que emite en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. De los artículos 58 y 59 citados no se desprende que en la ley, como expresión de voluntad de la Asamblea Legislativa, se haya facultado a la Comisión de Administración Pública Local del órgano demandado para hacer convocatoria alguna. Tampoco se le atribuye esta facultad a otra autoridad. Ahora bien, el artículo segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece: ‘Segundo. La designación de los miembros del consejo de información, deberá tener lugar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente ley. Para lo anterior, los titulares de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y autónomos por ley, deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al contenido del párrafo anterior. Para la designación de los tres consejeros que provendrán de la sociedad civil, la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitirá la convocatoria con la debida anticipación a efecto de hacer dicha designación. Una vez integrado el consejo en términos de esta ley, podrá iniciar sus funciones, salvo las disposiciones transitorias que la misma establece.’. Sin embargo, dicho precepto no es fundamento legal para emitir el acto que el presidente de la comisión hizo consistir en una convocatoria. Esto es así, porque los artículos transitorios son de naturaleza distinta a la de las otras normas contenidas en la ley. En principio, no son normas jurídicas en estricto sentido, en cuanto que no son abstractas, generales, impersonales. Constituyen normas operativas de carácter concreto y particular, para darle vigencia a la ley. Generalmente, se refieren al tiempo y la forma en que habrá de entrar en vigor ésta; por tanto, su validez y eficacia se sustenta en la existencia de la norma general, abstracta e impersonal, a la que pretenden darle vigencia. Tan es así, que dichos artículos se agotan en sí mismos, su eficacia depende de su realización en el tiempo y en la forma que se señalan en el mismo. Sólo se refieren a una acción única que habrá de llevarse a cabo en un determinado tiempo, pero que una vez realizada, no trasciende más allá de su ejecución. En este sentido, si bien el artículo segundo transitorio citado, establece que ‘la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitirá la convocatoria con la debida anticipación a efecto de hacer dicha designación’, dicho precepto resulta imposible de cumplir, porque en los preceptos de la ley que regulan la existencia y funcionamiento del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, la propia Asamblea Legislativa no se atribuye a sí misma o por conducto de la Comisión de Administración Pública Local la facultad de emitir alguna convocatoria, y si bien se obliga a la comisión de mérito a hacer una convocatoria, como dicha comisión no se encuentra facultada a hacerlo legalmente, se trata de una acción de imposible realización, por carecer de sustento jurídico. Por tanto, la ‘convocatoria’ no produce efecto legal alguno ni puede obligar al órgano ejecutivo local a su acatamiento. Se insiste, el remedio para subsanar las deficiencias normativas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal consiste en reformar la ley para hacerle las modificaciones pertinentes, que otorguen a la asamblea y a sus comisiones la atribución de hacer la designación mediante procedimiento expresamente establecido en la ley. En consecuencia, el acto que se hace consistir en la supuesta convocatoria emitida por el presidente de la Comisión de Administración Pública Local, el cual se impugna, debe declararse inválido, toda vez que carece de fundamentación y motivación y, por tanto, viola lo dispuesto en el artículo 16 constitucional y en el artículo 122 constitucional, toda vez que su emisión afecta la esfera de atribuciones del órgano ejecutivo local. Con mayor razón, debe declararse inválido el acto que se hace consistir en la designación de los consejeros ciudadanos que hizo la Asamblea Legislativa por conduc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18157-e4e9cab0/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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