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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS A QUE SE REFIERE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE BELÉM, BRASIL, DE NUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. LA DECLARACIÓN INTERPRETATIVA FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE APARECE LA VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU DESTINO. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA RESERVA EXPRESA FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO AL ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE BELÉM, BRASIL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE MAYO DE 2002, NO CAUSA AFECTACIÓN ALGUNA AL DISTRITO FEDERAL. TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DEMANDAR SU INVALIDEZ EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ÚNICAMENTE DEBE LLAMARSE A JUICIO A LAS AUTORIDADES INTEGRANTES DE LOS PODERES DE LA FEDERACIÓN QUE INTERVINIERON EN SU PROCESO DE FORMACIÓN. TRATADOS INTERNACIONALES. SON NORMAS GENERALES Y, POR TANTO, SON IMPUGNABLES EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2002. · Registro digital (IUS): 18282
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 959.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2002. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

PONENTE: MINISTRO JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintinueve de junio del año dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de abril de dos mil dos, Andrés Manuel López Obrador, quien se ostentó como jefe de Gobierno del Distrito Federal, en representación de este último, interpuso controversia constitucional y demandó de las autoridades que a continuación se señalan, la invalidez de los actos que más adelante se precisan:

"... II. Entidad, poder u órganos demandados: A. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos; B. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; C. Secretario de Gobernación de la Administración Pública Federal. ... IV. Norma general cuya invalidez se demanda: Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 18 de enero de 2002, y la fe de erratas a dicho decreto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2002, en la parte que establece reserva expresa al artículo IX de la convención y declaración interpretativa sobre la misma, que a continuación se transcribe: ‘Reserva. El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, formula reserva expresa al artículo IX, toda vez que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución Mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. «Declaración interpretativa. Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de México, al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, se entenderá que las disposiciones de dicha convención se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la presente convención.».’."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"I. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, como respuesta de la comunidad internacional al gravísimo problema que se daba en diversos países de nuestro continente: la desaparición forzada de personas, siendo ésta una de las prácticas más aberrantes de violación a los derechos humanos. II. La gravedad de la desaparición forzada de personas es de tal magnitud que ha sido condenada y combatida por los organismos de la sociedad internacional. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas de las Desapariciones Forzadas, aprobada por la resolución 47/133 de la asamblea general del 18 de diciembre de 1992, se señala que las desapariciones forzadas se producen cuando se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de su libertad, sustrayéndolas así de la protección de las leyes. Asimismo, agrega, entre otras consideraciones, que su práctica afecta: ‘... los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.’. A partir de la formación del sistema interamericano de derechos humanos, cuyos órganos más importantes son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han realizado investigaciones, emitido informes, así como establecido diversos procedimientos jurisdiccionales a propósito de desapariciones cometidas en nuestro continente: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido diversos casos en los que ha responsabilizado a algunos Estados del continente americano por esta brutal práctica: ‘La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la convención y que los Estados partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un Juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto ... Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan por sí mismos formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona ... Por lo demás, las investigaciones que se han verificado donde ha existido la práctica de desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado su libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes ...’ (Caso ... sentencia de 29 de julio de 1988, serie C, No. 4, párrafos 155 y 156). III. En México, el primer caso documentado de desaparición forzada fue el de ... el 19 de mayo de 1969. Han sido reportados más de 700 casos de personas, cuyo paradero no ha sido esclarecido, según se desprende del ‘Informe Anual de Actividades, mayo 1997-mayo 1998’, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado en 1998, página 751. Estas desapariciones han sido reclamadas por los familiares de las víctimas y por las organizaciones defensoras de derechos humanos a las autoridades competentes en turno, sin que durante todos estos años se llevara a cabo el esclarecimiento de los hechos. La práctica de desapariciones y las condiciones de impunidad con que se han cometido en nuestro país no han sido solamente expresadas y denunciadas por los familiares de las víctimas o de los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo constitucional autónomo, cuya misión encomendada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la de conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos. El 27 de noviembre de 2001 dicha comisión emitió el ‘Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80’, dentro del cual se encuentran los siguientes resultados: ‘... Se desprende que la comisión nacional partió de los hechos probados e íntimamente relacionados con el hecho principal que se pretendió probar. Así, a partir de los hechos donde la comisión nacional probó fehacientemente que la detención de las personas motivo de la investigación fue ilegal, dado lo inconstitucional e ilegal del actuar de los servidores públicos que la realizaron, que tuvo certeza de que estuvieron a disposición de servidores públicos que excedieron sus funciones y carecían de facultades para hacer tal privación de libertad, y dado que en algunos casos la evidencia indica que las personas estuvieron en cárceles clandestinas, concatenado con la circunstancia de que en muchos casos, posteriores a esa última noticia de haber estado a disposición legal de dichas autoridades ministeriales, puede presumirse su desaparición forzada, circunstancia que en todo caso corresponderá al Ministerio Público y, en su caso, a los Jueces determinar la responsabilidad penal que se desprenda de ello. (cuarto párrafo, punto C, parte VI). ... Se logró acreditar que la falta de atención a las denuncias de hechos o la irregularidad en la integración de las averiguaciones previas relacionadas con las desapariciones forzadas a que se refiere este informe ... contribuyeron a que quedaran impunes y propiciaran con ello un clima de inseguridad contrario a la obligación del Estado de proteger la integridad de los individuos que lo conforman ... Al respecto, no pasa desapercibido para esta comisión nacional que en los escritos de queja que recibió se aprecia, entre otros hechos, lo relativo a las irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la institución del Ministerio Público, constitucionalmente facultada para la investigación de los delitos pues, como se desprende de los mismos, no obstante que se presentó denuncia que cubría las formalidades legales, las averiguaciones previas que debieron iniciarse no tuvieron el desarrollo adecuado, en virtud de la inactividad en el curso de dichos procedimientos, sin que existiera explicación sobre tal omisión, no obstante que se trataba de delitos perseguibles de oficio y que, incluso, se agotó la vía de hacerlas públicas por los medios de comunicación. Por otra parte, de las investigaciones realizadas por esta comisión nacional, entre las que se incluye la consulta de archivos públicos, tampoco se encontró procedimiento alguno orientado a determinar quién o quiénes fueron los responsables de las desapariciones forzadas referidas en el apartado V del presente informe especial, ni a deslindar las responsabilidades inherentes y, en su caso, posibilitar la aplicación de las sanciones previstas en la legislación penal, pues no pasa desapercibido que el abuso de autoridad y la privación ilegal de la libertad constituyen delitos de la mayor gravedad, cuya persecución no requiere más requisitos que la noticia del delito, la cual se presentó en su momento en los casos aludidos, tal como se desprende de los documentos elaborados por los familiares de los agraviados, y que fueron constantemente reproducidos en notas periodísticas publicadas en la década de los 70 y principios de los 80, así como de las declaraciones públicas realizadas por diversos testigos. Con las omisiones en que incurrieron los servidores públicos encargados de la investigación de los delitos se transgredió el verdadero sentido de la facultad que le señala la Constitución a la institución del Ministerio Público, por lo que se conculcaron en perjuicio de los agraviados y familiares de los desaparecidos el principio de legalidad y el derecho a la debida procuración de justicia, lo cual trae como consecuencia que tales irregularidades deban subsanarse, para que de esta manera se restituyan dentro del orden jurídico mexicano los derechos fundamentales que les fueron vulnerados. Existen elementos de convicción para dar por acreditado que la desaparición forzada de las personas mencionadas en el apartado V del presente informe especial fue consumada por quienes abusaron del poder público. La circunstancia de que el aparato del Estado sirvió para crear un clima en el que la desaparición forzada se cometió impunemente, y que con posterioridad a la desaparición se haya abstenido de actuar, se comprobó con la suerte de las denuncias que en su momento fueron presentadas e incluso se hicieron públicas y que terminaron en archivos ... En virtud de que los hechos contenidos en los expedientes que sustanció esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativos a la desaparición forzada de personas en la década de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX, se comprobó que fueron conculcados los derechos a la libertad personal y a la adecuada defensa, previstos en los artículos 1o., 11, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se tradujo en una transgresión a los derechos de igualdad ante la ley, de circulación y residencia, de la libertad, de la seguridad jurídica, de justicia, de protección contra la detención arbitraria, de proceso reglar, (sic) así como a la integridad de las persona protegidas por los artículos 1o., 5o., 7o., 8o.1, 11.1 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2o.1, 3o., 5o., 7o., 9o., 11.1 y 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; I, II, VIII, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 9o.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De conformidad con el principio de derecho internacional, de identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito generador de la responsabilidad y aquel en que ella es declarada. Lo anterior es válido también en el campo de los derechos humanos aunque, desde un punto de vista ético y político, la actitud del nuevo gobierno fuera mucho más respetuosa de esos derechos que la de los gobiernos de la época cuando se produjeron las violaciones objeto del reciente informe especial. Tales conductas se desarrollaron en un ámbito en el que el marco legal no surtió los efectos esperados para regular y limitar la actuación de los servidores públicos responsables de las conductas violatorias, cobijadas o soslayadas por la inacción de agentes del Estado encargados de la investigación y prosecución de los delitos y sin la vigilancia adecuada de las instancias correspondientes. No existe razón de seguridad nacional que en un Estado democrático de derecho resulte válida para justificar la desaparición forzada de personas, como tampoco existe la posibilidad de que el interés del Estado pueda situarse por encima del principio de legalidad.’. IV. En el informe sobre la situación de los derechos humanos en México, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 24 de septiembre de 1998 (OEA/Ser. L/V/II.100), la comisión analiza las desapariciones forzadas ocurridas en el país como un tema preocupante y relevante (capítulo III del referido informe, párrafos del 145 al 211). En dicho informe, la comisión interamericana estableció las siguientes recomendaciones al Estado Mexicano: ‘... 204. Que adopte las medidas necesarias para reformar la legislación penal mexicana, a los fines de que se consagre dentro de ella el delito de desaparición forzada. 205. Que realice investigaciones serias, rápidas e imparciales en todos los casos de desapariciones que queden pendientes por resolver, y sancione a los responsables. 206. Que actúe de una manera seria, rápida y eficiente, para asegurar que las denuncias sobre violaciones del derecho a la vida por parte de miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, sean investigados de manera inmediata y en forma exhaustiva y, en consecuencia, sean debidamente sancionados sus responsables. 207. Que adopte las medidas necesarias para garantizar la suspensión preventiva de sus agentes de seguridad mientras se resuelve definitivamente la denuncia de aquellos que se encuentren bajo investigación por presuntas violaciones al derecho a la vida. 208. Que desarrolle estrategias integrales a los fines de combatir efectivamente la proliferación de «guardias blancas» organizados por propietarios de tierras, desarticular a dichas bandas, desarmar a sus miembros, investigar los hechos violatorios, y sancionar a quienes resulten responsables de los mismos.’. V. La organización no gubernamental ‘Human Rights Watch’ publicó en enero de 1999 un informe sobre la situación de los derechos humanos en México. La referida publicación lleva por título ‘Abuso y Desamparo: Tortura, Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial en México’. Es relevante para el caso que nos ocupa, transcribir algunas partes del resumen y las recomendaciones emitidas por esta organización no gubernamental. Dicha organización no gubernamental, de gran relevancia internacional, apunta que: ‘La tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo generalizadas en México, a pesar de las numerosas reformas legales e instituciones aducidas por los sucesivos gobiernos mexicanos como prueba de su compromiso con la protección de los derechos humanos. De hecho, se han producido reformas, pero éstas no han logrado disminuir, mucho menos resolver, estos problemas graves y aparentemente crónicos. Esto se debe en parte a que las autoridades no se han mostrado dispuestas a garantizar la aplicación enérgica de las leyes vigentes relacionadas con los derechos humanos; las autoridades tienen tendencia a cerrar filas y desmentir incluso la existencia de abusos bien documentados, en lugar de insistir en que se imparta justicia a los responsables. Sin embargo, el problema va mucho más allá de la tolerancia oficial de los abusos y la impunidad. Las violaciones de los derechos humanos se derivan también de la protección ineficaz de las garantías individuales dentro del sistema de procuración e impartición de justicia, y del tratamiento poco estricto de estos abusos. ... el Gobierno Mexicano ha optado por tratar los problemas de derechos humanos como un asunto que debe ser manejado políticamente combatido, invocando estadísticas superficiales o enfrentando con reformas o iniciativas insuficientes. En este informe, basado en una investigación realizada durante más de dos años, se documentan casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en cinco Estados mexicanos. Se examinan los abusos violentos cometidos por policías o soldados y las acciones que después tomaron las autoridades políticas, los agentes del Ministerio Público y los Jueces. ... El Gobierno Mexicano no ha estructurado el sistema de procuración e impartición de justicia para que la finalidad de la investigación de delitos y de la sanción a delincuentes esté en consonancia con los objetivos de la protección de los derechos humanos y la promoción del Estado de derecho independientemente de que la víctima sea un sospechoso de robo, un narcotraficante acusado o un presunto guerrillero de izquierdas.’ (a fojas de la 1 a la 27 del Informe publicado por Human Rights Watch en enero de 1999 denominado ‘Abuso y Desamparo: Tortura, Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial en México’). VI. Amnistía Internacional, organización no gubernamental de reconocimiento internacional, ha documentado y publicado en sus informes anuales los casos de desaparición forzada cometidos en México, de los años 1977 a 2000. Esto muestra la trascendencia y preocupación internacional que ha tenido la práctica de desapariciones forzadas en nuestro país. VII. Atendiendo a las inquietudes y recomendaciones de los distintos actores nacionales e internacionales sobre el tema, el 10 de diciembre de 2001 el Senado de la República finalmente tomó la determinación de aprobar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, con la reserva al artículo IX, para lo cual remitió al Ejecutivo Federal el decreto correspondiente para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, mismo que fue publicado en dicho órgano de difusión el 18 de enero de 2002. En dicho decreto no se contenía ninguna declaración interpretativa a la convención. Posteriormente, el día 27 de febrero de 2002 apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación una fe de erratas en la que aparece tanto la reserva formulada como la declaración interpretativa de la convención, que ya ha sido transcrita con anterioridad en este escrito. Fue en ese momento cuando entró plenamente en vigor de manera integral y se conoció de manera completa el contenido de la norma que se impugna. El decreto impugnado, en la parte conducente, relativa a la reserva del artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y en la declaración interpretativa a la misma que en él se contienen, es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que al efecto se hacen valer los siguientes: ... IX. Por tanto, el día 1o. de abril de 2002, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, declaré la procedencia de la demanda de controversia constitucional a fin de que se declare la invalidez del Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2002, y de la fe de erratas a dicho decreto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2002, en la parte conducente que aprueba la reserva al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, y la declaración interpretativa a dicha convención, aprobada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y refrendada por el secretario de Gobernación de la administración pública federal."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. Se controvierte la constitucionalidad de la reserva al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas adoptada por el Gobierno mexicano, que forma parte del Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro. La reserva es inconstitucional, ya que pretende sustentarse en una aplicación e interpretación indebida del artículo 13 constitucional. Este precepto establece que: ‘... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.’. En contravención a este precepto constitucional, la reserva señala lo siguiente: ‘... formula reserva expresa al artículo IX, toda vez que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. La reserva es inconstitucional, ya que aplica e interpreta indebidamente la disposición constitucional citada. El precepto es claro al establecer el fuero de los militares en los casos de ‘delitos y faltas contra la disciplina militar’, sin que de ello se desprenda de manera directa que el ‘fuero de guerra’ se aplica ‘cuando el militar haya cometido algún delito encontrándose en servicio’ y el ilícito se cometa contra civiles. En efecto, de acuerdo con el precepto constitucional, no basta para que la jurisdicción militar opere que el sujeto reúna una condición específica, esto es, la de ser militar, sino que la conducta ilícita tenga como característica material la de ser considerada como ‘delitos y faltas contra la disciplina militar’, lo que en términos constitucionales tiene un significado y efectos específicos distintos a la genérica manifestación hecha en la reserva de que tal fuero se aplica cuando el ilícito se cometa encontrándose en servicio. Manifestación que, a diferencia del criterio material contenido en el artículo 13 constitucional, parte de un criterio meramente personal, esto es, que el militar cometa el ilícito encontrándose en servicio, independientemente de si el delito o infracción va contra la disciplina militar. Lo anterior va contra el espíritu del Constituyente, pues busca ampliar, a partir de un criterio subjetivo, los casos de competencia de los tribunales militares, cuando el Constituyente por el contrario buscó su acotamiento. La comisión dictaminadora del Constituyente señaló: ‘En el proyecto se circunscribe más aún la jurisdicción de los tribunales militares retirándoles aquélla de un modo absoluto respecto de los paisanos implicados en delitos del orden militar. De esta suerte, el fuero militar responde exactamente a la necesidad social que hace forzosa su subsistencia; viene a constituir una garantía para la misma sociedad en lugar de un privilegio otorgado a la clase militar como fue en otro tiempo. Lo que obliga a conservar la práctica de que los militares sean juzgados por militares y conforme a las leyes militares es la naturaleza misma de la institución del Ejército. Estando constituido éste para sostener las instituciones, urge rodearlo de todas las precauciones dirigidas a impedir su desmoralización y mantener la disciplina que es su fuerza, porque un Ejército no deja de ser sostén de una nación, sino para convertirse en azote de la misma.’. El dictamen es claro: lo que determina el fuero no es la ‘clase’, sino el bien jurídico protegido. No es un criterio subjetivo sino material el que establece la Constitución. En consecuencia, la reserva formulada tiene el propósito de establecer un privilegio a favor de los militares al pretender comprender dentro del fuero a cualquier acto ilícito que cometan por estar en servicio, independientemente de que los mismos sean delitos o infracciones cometidos contra la disciplina militar. Al respecto, Zaffaronni, uno de los más distinguidos penalistas contemporáneos señala: ‘El delito militar ha menester tanto de la calidad militar del autor como del carácter castrense de los bienes o intereses protegidos. Si el delito militar entraña una violación al deber militar, no nos parece dudoso que la ley penal militar sólo puede dirigir su mandato, y exigir el cumplimiento del deber militar, a quien ostente ese carácter.’ (Derecho Penal Militar, página 199). Así pues, para determinar si un delito es de carácter castrense tiene que determinarse en función de los bienes o intereses protegidos. Es evidente que el delito de desaparición forzada de personas no tiene como bien o interés tutelado la disciplina militar, sino por el contrario, derechos de las personas, tales como la libertad, la integridad, la seguridad jurídica y el de acceder a la justicia. No es dable establecer como contra argumento el que el Código de Justicia Militar considere como delitos contra la disciplina militar a los delitos del orden común o federal cuando fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo, según se establece en el artículo 57, fracción II, inciso a), del código aludido. Y no puede admitirse lo anterior, en primer término, porque en esta controversia estamos determinando una cuestión de carácter constitucional que no puede resolverse acudiendo a una norma de inferior jerarquía y, segundo, porque tal vía de solución es contraria a la propia Constitución. En efecto, en tanto lo que se debate es la inconstitucionalidad de la reserva, la decisión acerca de esta litis parte de la interpretación que se le dé a la Norma Suprema. Para la determinación del sentido no es dable hacerlo recurriendo a la legislación subordinada, como sería en este caso el Código de Justicia Militar, ya que sería tanto como negar el carácter supremo de la Constitución. Por el contrario, la interpretación constitucional parte de su propio texto, esto es, de la plena manifestación normativa de su carácter supremo y por su función central en el ordenamiento jurídico: es una norma de control. Un control de constitucionalidad, exige una interpretación constitucional diría Wróblewski (Constitución y Teoría General de la Interpretación Jurídica, Cívitas, Madrid, 2001, pág. 99). Aun en caso de oscuridad o insuficiencia debe acudirse a los valores o instituciones que se pretendieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor, según lo ha establecido este tribunal en la tesis XXVIII/98, visible a foja ciento diecisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época: ‘INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18282-13dc74a3/controversia-constitucional-el-sobreseimiento-por-falta-de-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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