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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CUANDO SE IMPUGNA UN ACTO QUE NO ES DEFINITIVO EN EL PROCESO LEGISLATIVO FEDERAL DEL CUAL FORMA PARTE.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 64/2002. · Registro digital (IUS): 17982
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, , Pág. 1225.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 64/2002. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de febrero del año dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, y turnado ese mismo día a la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal promovió controversia constitucional en contra de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, demandando la invalidez de los actos que enseguida se precisan:

"‘Dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, en cuanto a que con dicha aprobación el Senado de la República hace propio el contenido del dictamen, mismo que se transforma en una manifestación de voluntad del órgano legislativo de la Federación con los efectos jurídicos de regresarlo a la colegisladora federal, con base en una interpretación directa de los artículos 71, 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ) y 135 de la Constitución General de la República sin tener facultades constitucionales para ello, lo que tiene como consecuencia que se niegue la facultad de mi representada para presentar iniciativas de reformas y adiciones a la Constitución Federal exclusivamente en materias relacionadas con el Distrito Federal, constituyendo esto en una clara invasión de la esfera de competencia constitucional de mi representada. Específicamente se impugnan los puntos resolutivos del dictamen, en cuanto a que el primero resuelve no aprobar la minuta; el segundo precisa que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene competencia para presentar iniciativas de reformas constitucionales ante el H. Congreso de la Unión; y el cuarto, que ordena devolver la minuta a la colegisladora federal. El medio oficial en el que fue publicado el acto cuya invalidez se reclama, por lo que respecta al dictamen aprobado, lo es la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, correspondiente al martes 1o. de octubre de 2002, número 64, publicación constante de 44 páginas. Asimismo, la discusión y aprobación del dictamen consta en la versión estenográfica de la sesión del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y, en caso de ya estar impreso, en el Diario de los Debates del Senado de la República, órgano oficial de difusión de la misma en términos del artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales se solicitó un ejemplar de copias certificadas a la demandada, como lo acredito con el acuse de recibo del oficio presentado el día 6 de noviembre del año en curso, cuyo original agrego a la presente como anexo dos. Es importante hacer notar que no estamos en el caso del ejercicio de la conocida como interpretación auténtica, facultad del Poder Legislativo de la Federación establecida en el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no se expidió y promulgó norma alguna que interpretara o aclarara el sentido de otro precepto constitucional."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. En fecha 13 de noviembre de 2001, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución General de la República presentó ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, como Cámara de Origen, una iniciativa para reformar y adicionar los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren al régimen jurídico de la entidad federativa del Distrito Federal. 2. En fecha 14 de diciembre de 2001, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión discutió y aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa señalada en el punto que antecede, lo que tiene como efecto constitucional y legal que esta honorable colegisladora del Congreso de la Unión reconoció y avaló la facultad de iniciativa constitucional de mi representada. 3. En fecha 14 de diciembre de 2001, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión envió a la colegisladora Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, como Cámara Revisora, la minuta aprobada que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Con fecha 15 de diciembre de 2001, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión turnó a las Comisiones del Distrito Federal, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos la minuta antes relacionada para que se elaborara el dictamen correspondiente. 5. Con fecha 1o. de octubre de 2002, las Comisiones Unidas del Distrito Federal, Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos presentaron al Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el dictamen correspondiente para su discusión y aprobación. 6. El mismo día 1o. de octubre de 2002, el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión discutió y aprobó el dictamen presentado, que en sus puntos resolutivos expresa: ‘Primero: Después de un análisis exhaustivo de las consideraciones de derecho y de las opiniones vertidas por quienes intervinieron en este proceso, las comisiones concluimos que no es de aprobarse la minuta de la Cámara de Diputados que contiene la iniciativa presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por todas las razones que se hacen valer en el cuerpo de este dictamen. Segundo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene competencia para presentar iniciativas de reformas constitucionales ante el H. Congreso de la Unión. Tal competencia está claramente establecida por los artículos 71 y 135 de la Ley Fundamental. Tercero. Con la aprobación de esta minuta quedarían restringidos y limitados los Poderes Federales ante los órganos de gobierno del Distrito Federal, rompiendo con el orden constitucional que actualmente impera. Las reformas propuestas tienden únicamente a otorgar más competencias a los órganos de gobierno legislativo, administrativo y judicial del Distrito Federal, lo cual podría concluir en el eventual sometimiento de los Poderes Federales, por lo que no debe ser aprobada. Cuarto. Devuélvase a la honorable colegisladora para los efectos legales a que haya lugar.’. 7. En razón de que las sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión son actos públicos y notorios, esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal tuvo conocimiento y se hizo sabedora de la aprobación del dictamen que contiene el acto cuya invalidez se demanda el mismo día 1o. de octubre de 2002. 8. Con fecha 31 de octubre de 2002, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un punto de acuerdo en el que se autoriza la presentación de esta demanda de controversia constitucional, por conducto de la presidenta de la mesa directiva de este órgano legislativo local."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión invadió la esfera de competencia constitucional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al interpretar directamente la Constitución General de la República y declarar que la parte actora carece de facultad (competencia como se estableció en el punto resolutivo segundo del dictamen) de iniciativa para reformar o adicionar, en materia del Distrito Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A) Significado de la palabra iniciativa, en relación con la materia constitucional: Tomaremos en cuenta la opinión de la destacada constitucionalista especialista en derecho parlamentario o legislativo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Susana Thalía Pedroza de la Llave: ‘La palabra iniciativa unida al término ley significa: el derecho de presentar o proponer un proyecto de precepto o de disposiciones que versen sobre alguna materia de interés común, a través de las cuales, se mande o se prohíba algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. La ley o derecho positivo tiene como características el ser general, abstracta, imperativa u obligatoria y dictada por el Congreso, no valiendo su ignorancia como excusa para su incumplimiento, ni el desuso, la costumbre o la práctica en contrario. La palabra iniciativa unida al término decreto significa: el derecho de presentar o proponer un proyecto de precepto o disposiciones de carácter particular, es decir, que se refieran a determinados lugares, tiempos, corporaciones o establecimientos, como por ejemplo, las relativas al otorgamiento de licencias al titular del Ejecutivo, a admitir su renuncia, a designar presidente de la República interino o sustituto, así como para autorizar un ciudadano mexicano a prestar sus servicios a un gobierno extranjero.’. En esta virtud, queda claro el sentido de que la iniciativa se refiere a la facultad o derecho amplios de presentar o proponer un proyecto de ley, entendida ésta también en su sentido más amplio como ha sido en la historia de las reformas y adiciones constitucionales, abarcando inclusive al texto de la Constitución General de la República. Además de lo anterior, resulta claro que la iniciativa no vincula al órgano legislativo que la recibe y le da trámite, toda vez que éste es soberano al realizar los actos de turno a comisiones, elaboración de dictámenes, discusión y aprobación de éstos, en cuanto a la forma y a su contenido, como se sustenta con la tesis que enseguida se transcribe: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, septiembre de 1999. Tesis: P. LXIX/99. Página: 8. ‘INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURÍDICA. El examen sistemático del contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución, en relación con las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del reglamento para su gobierno interior, que se vinculan con el trabajo legislativo de dicho órgano, lleva a concluir que si bien es cierto que la iniciativa de leyes o decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulación, también se observa que su presentación no vincula jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a presentar la comisión encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusión y votación que realicen los miembros de las Cámaras de Origen y Revisora donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que los diputados y senadores válidamente pueden resolver en sentido negativo a la proposición legislativa, mediante un dictamen adverso, o bien, una vez discutido éste y escuchadas las opiniones en favor y en contra de la iniciativa, a través de la votación que produzca el desechamiento o modificación del proyecto de ley o decreto sujeto a su consideración, pues es en estos momentos cuando se ejerce propiamente la facultad legislativa por los representantes populares, con independencia del órgano político que hubiese presentado la iniciativa que dio origen al proceso.’ (cita precedente). B) En el caso de la iniciativa de reformas y adiciones que presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión no se siguió el procedimiento del artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo que confirmó que la citada Cámara de Diputados reconoció expresamente el derecho o facultad de iniciativa en materia constitucional del Distrito Federal a mi representada. En efecto, cabe apuntar que el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que: ‘Toda petición de particulares, corporaciones o autoridades que no tengan derecho de iniciativa, se mandarán pasar directamente por el ciudadano presidente de la Cámara a la comisión que corresponda, según la naturaleza del asunto de que se trate. Las comisiones dictaminarán si son de tomarse o no en consideración estas peticiones.’. Lo anterior implica que si el trámite seguido en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión no se realizó mediante este procedimiento, expresamente se confirmó la facultad de iniciativa de la Asamblea Legislativa, toda vez que ésta no se encuentra entre las personas que se indican en el texto del artículo que resulta obligatorio para ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión. C) Antecedentes histórico-constitucionales de la facultad de iniciativa para reformar o adicionar la Constitución Federal: I. Los artículos 166 al 171 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824 disponían: ‘Artículo 166. Las Legislaturas de los Estados podrán hacer observaciones, según les parezca conveniente, sobre determinados artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva, pero el Congreso General no las tomará en consideración sino precisamente el año de 1830.’. ‘Artículo 167. El Congreso en este año se limitará a calificar las observaciones que merezcan sujetarse a la deliberación del Congreso siguiente, y esta declaración se comunicará al presidente, quien la publicará y circulará sin poder hacer observaciones.’. ‘Artículo 168. El Congreso siguiente, en el primer año de sus sesiones ordinarias, se ocupará de las observaciones sujetas a su deliberación, para hacer las reformas que crea convenientes; pues nunca deberá ser uno mismo el Congreso que haga calificación prevenida en el artículo anterior, y el que decreta las reformas.’. ‘Artículo 169. Las reformas o adiciones que se propongan en los años siguientes al de 30, se tomarán en consideración por el Congreso en el segundo año de cada bienio, y si se calificaren necesarias, según lo prevenido en el artículo anterior, se publicará esta resolución para que el Congreso siguiente se ocupe de ellas.’. ‘Artículo 170. Para reformar o adicionar esta Constitución o el acta constitutiva, se observará además de las reglas prescritas en los artículos anteriores, todos los requisitos prevenidos para la formación de las leyes, a excepción del derecho de hacer observaciones concedido al presidente en el artículo 106.’. ‘Artículo 171. Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva que establece la Libertad e Independencia de la Nación Mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los Poderes Supremos de la Federación y de los Estados.’. De los artículos transcritos de nuestro primer texto constitucional vigente, se puede apreciar que el Constituyente otorgó mayores facultades de iniciativa constitucional a las Legislaturas de los Estados, incluso sobre el propio Congreso General y respecto del presidente de la República. Este tipo de redacción legislativa no se repitió, ya que no se volvió a establecer expresamente lo relativo a las reformas y adiciones constitucionales. II. El artículo 127 de la Constitución Política de la República mexicana, sancionada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1857, establecía ya el procedimiento constitucional de reformas y adiciones a la misma, mismo que llega a nuestros días sin mayores cambios: ‘La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones y reformas.’. III. Esta redacción, como ya se indicó, quedó en los mismos términos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Del texto original del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo se adicionó en el año de 1966 en el sentido de que también la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está facultada para hacer el cómputo de los votos de las Legislaturas Estatales y hacer la declaración respectiva. De los antecedentes reseñados se observa que el Constituyente, en la actual Norma Fundamental, omitió establecer expresamente que la facultad o derecho de iniciativa también incluía lo relativo a la materia de reformas y adiciones a la Constitución General de la República, no se señaló expresamente ni al presidente de la República ni a las Legislaturas de los Estados ni a los legisladores federales, como sí se señaló expresamente en la Constitución de 1824. D) Antecedentes de la legislación constitucional en lo relativo al Distrito Federal, que tiene relación con la litis de la controversia constitucional que nos ocupa: Desde el texto original de la Constitución de 1917 se mantuvo la facultad del Congreso de la Unión para regular las instituciones jurídicas y políticas del Distrito Federal en la fracción VI del artículo 73, sin embargo, esta norma se reformó el 10 de agosto de 1987, para quedar, en la parte que interesa, como sigue: ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases siguientes: ... 3a. Como un órgano de representación ciudadana en el Distrito Federal, se crea una asamblea ...’. Por supuesto esto constituye el primer antecedente de la existencia jurídica y constitucional de mi representada, con lo que resulta concluir que a partir de su creación, esta asamblea, ahora legislativa, tenía y tiene las características de un órgano legislativo local. La norma constitucional señalada fue regulada con la expedición de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de 2 de febrero de 1988: Este marco normativo estableció: ‘Artículo 16. La asamblea podrá iniciar, por acuerdo del Pleno, ante el Congreso de la Unión, las leyes o decretos en materia del Distrito Federal. Cualquier representante, o los grupos de representantes a que hace referencia el artículo 47 de esta ley, podrán presentar a la asamblea propuestas de leyes o decretos en materia del Distrito Federal, las cuales serán turnadas a las comisiones de la propia asamblea para ser dictaminadas y presentadas ante el Pleno para que, en su caso, determine su envío al Congreso de la Unión, en los términos del primer párrafo de este artículo.’. Cabe recordar que en esos momentos de la vida constitucional de nuestro país las facultades de la referida Asamblea de Representantes eran únicamente reglamentarias y en materia de expedición de bandos y ordenanzas, por lo que necesariamente se debe entender que la facultad de iniciativa de la asamblea se le otorgó para proponer reformas a la legislación del Distrito Federal ante el Congreso de la Unión, inclusive en materia de reformas y adiciones a la Constitución Federal; interpretar lo contrario constituiría un exceso, ya que quién mejor que los asambleístas de entonces y los diputados de hoy conocen las situaciones sociales que requieren ser reguladas. Como es conocido y notorio, en la reforma de 1993 al artículo 122 de nuestra Carta Magna, en su fracción IV, se adicionó el inciso f) como facultad de la Asamblea de Representantes: ‘Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión.’. En esta misma reforma constitucional, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de octubre de 1993, también se reformó el artículo 73 para quedar como sigue, en la parte que nos interesa: ‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... VI. Para expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo con las materias expresamente conferidas a la Asamblea de Representantes.’. Y el ya mencionado artículo 122: ‘Artículo 122. El Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes de la Unión los cuales lo ejercerán por sí y a través de los órganos de Gobierno del Distrito Federal representativos y democráticos, que establece esta Constitución. I. Corresponde al Congreso de la Unión expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en el que se determinarán: a) La distribución de atribuciones de los Poderes de la Unión en materias del Distrito Federal, y de los órganos de gobierno del Distrito Federal, según lo que dispone esta Constitución. ... IV. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal tiene facultad para: ... f) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión.’. De lo que resulta lógico y jurídico concluir que el Constituyente Permanente otorgó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentar iniciativas de leyes (incluida en éstas a la propia Constitución Federal, como ya se ha explicado) en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión, de lo contrario, este inciso f) resultaría del todo ocioso e inoperante, toda vez que si en el mismo artículo 122 se reservó competencia al Congreso de la Unión para legislar respecto al Estatuto de Gobierno y presupuesto del Distrito Federal, y se otorgaron facultades a la Asamblea Legislativa para regular prácticamente todo el resto de relaciones y conflictos en la sociedad de dicha entidad federativa y no distinguió expresamente que no se refería a reformas y adiciones constitucionales, es válido concluir que éstas sí están incluidas en el actual inciso ñ) de la fracción V, base primera del apartado C del multicitado artículo 122 de la Constitución Federal. Para sustentar lo afirmado, revisemos algunos antecedentes legislativos que nos permiten extraer las intenciones del legislador de la Federación. Veamos un extracto del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y del Distrito Federal al Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para la reforma constitucional de 1993, en el que expresamente se señala: ‘En virtud del ejercicio local de las facultades legislativas y respecto de aquellas materias no atribuidas, cuya competencia corresponde al Congreso de la Unión, se dota a la asamblea de la facultad de iniciar leyes o decretos ante ese Poder Federal, siempre que se trate de materias relativas al Distrito Federal.’ (pp. XII). E) Observaciones respecto del artículo 135 de la Constitución Federal: En relación con el artículo 135 referente al procedimiento legislativo de reformas y adiciones a la Constitución General de la República tenemos que el artículo 166 de la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824 establecía que exclusivamente las Legislaturas Locales estaban facultadas para hacer observaciones sobre determinados artículos de la Constitución y del Acta Constitutiva. La iniciativa debía promoverse ante el Congreso General, quien solamente podría decidir sobre aquellas observaciones merecedoras de ser consideradas por un segundo Congreso General ordinario, a quien correspondería aprobarlas definitivamente. Algunos constitucionalistas mencionan que antes de hacer algunas observaciones acerca de la forma en que se han dado estas reformas en la práctica, parece oportuno señalar varios de los problemas técnicos de interpretación que ofrece la regla general del artículo 135. El primero de ellos es el relativo a quién puede iniciar una reforma constitucional, asunto sobre el cual el artículo 135 no hace una mención expresa, a la inversa de lo que sucede con el artículo 5o. de la Constitución norteamericana. Para resolver este problema hay que poner en juego una de las reglas de interpretación constitucional que establece que la Ley Fundamental debe ser interpretada como un todo, como un conjunto armónico, armonizando unas normas en relación con las otras. De este modo, podemos concluir que si el artículo 135 no contiene una excepción expresa debemos atenernos a la regla general que sobre potestad de iniciativa prevé el artículo 71, de forma tal que esa facultad compete al presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso y a las Legislaturas Locales. Éste ha sido el fundamento de todas las iniciativas de reforma constitucional que se han dado en México, por lo que además es válido entenderla como una costumbre constitucional, asimismo, fuente del derecho constitucional mexicano. F) Conclusiones que sustentan la invalidez constitucional del acto impugnado al Senado de la República: 1. En el artículo 135 de la Constitución Federal sólo se menciona el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución, así como los entes públicos que participarán en el mismo, sin mencionar lo relativo a los órganos legitimados o facultados para presentar la iniciativa de reformas o adiciones. 2. En el artículo 71 se expresó desde el Constituyente de 1917, que la facultad de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión competía a los señalados en su texto, y la interpretación y costumbre han incluido dentro del término leyes a la Constitución General de la República. 3. La Asamblea Legislativa, antes de Representantes, fue constitucionalmente prevista hasta 1987, por lo que es lógico concluir que el Constituyente no la hubiera contemplado en el original artículo 71, sin embargo, el Constituyente Permanente le otorgó las mismas facultades y competencia en el artículo 122, apartado C, fracción V, inciso ñ), con la misma redacción que en el 71, con la restricción expresa de que las iniciativas se refieran exclusivamente a lo relativo al Distrito Federal. De esta manera quedó demostrado que mi representada sí tiene facultad de iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución General de la República en materia del Distrito Federal, sin que sea obstáculo para esta conclusión el que no se haya señalado expresamente de esa manera en el texto constitucional. Sirve de apoyo a este argumento la tesis de jurisprudencia que enseguida se transcribe: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, diciembre de 1995. Tesis: P./J. 40/95. Página: 132. ‘FACULTADES EXPRESAS DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE ESTABLEZCAN LITERALMENTE EN LA CONSTITUCIÓN. El régimen de facultades expresas que prevalece en el orden constitucional mexicano, no puede llevarse al extremo de exigir que en el artículo 122 de la Carta Fundamental se establezcan con determinadas palabras sacramentales las atribuciones de la autoridad, pues ello haría prevalecer un sistema de interpretación literal que no es idóneo por sí solo para la aplicación del derecho y que desarticularía el sistema establecido por el Poder Revisor de la Constitución, al asignar facultades a la Asamblea de Representantes con la coexistencia de las atribuciones del Congreso de la Unión y del referido órgano, para legislar en lo relativo al Distrito Federal. Por el contrario, es suficiente que de manera clara e inequívoca se establezcan dichas facultades.’ (cita precedentes). También debe tomarse en consideración que esta facultad está contemplada como una de las facultades concurrentes que expresamente se autorizan en la Constitución, sirve de apoyo a esta conclusión la tesis de jurisprudencia siguiente: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, enero de 2002. Tesis: P./J. 142/2001. Página: 1042. ‘FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: «Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.», también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado «facultades concurrentes», entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.’ (cita precedente). 4. No es facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentar iniciativas de reformas o adiciones a los artículos de la Constitución General de la República diversos a los que se refieran al Distrito Federal,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17982-f8b6d441/controversia-constitucional-se-actualiza-la-causa-de-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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