Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN QUE SE IMPUGNAN DISPOSICIONES GENERALES QUE RIGEN EN UN ÁMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ MAYOR DEL QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD ACTORA. SI NO SE ALCANZA LA VOTACIÓN DE OCHO VOTOS, CUANDO MENOS, A FAVOR DE LA INVALIDEZ, PROCEDE SU DESESTIMACIÓN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2002. · Registro digital (IUS): 18466
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, , Pág. 1611.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2002. MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de agosto de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de noviembre de dos mil dos, Jesús Alfredo Delgado Muñoz, quien se ostentó como presidente constitucional y representante del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se menciona, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

"II. Entidad, poder y órgano demandado y su domicilio. Lo es el H. Congreso del Estado de Chihuahua, a través de su Sexagésima Legislatura, en su segundo periodo ordinario de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional, con domicilio en la calle Aldama No. 901, colonia Centro, en el edificio denominado Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. ... IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como en su caso, medio oficial en que se hubieran publicado. El Decreto Número 375/02 III P.E. de fecha 26 de julio del año en curso, de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, por medio del cual en su artículo único modifica las fracciones I y III del artículo 1563, así como el 1569, ambos del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, y el cual fue publicado por mando del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua número 77, del 25 de septiembre de 2002; señalando como su primer acto de aplicación de esta norma general, la sesión extraordinaria celebrada el 15 de octubre del año en curso, por los miembros del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez contenida en el acta número 439, por medio del cual presentan como nuevo tesorero al C.P. Alejandro Rafael Aguirre Aguirre; teniendo conocimiento de tal evento a través del secretario de dicha Junta al expedir la certificación de la sesión antes citada."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. En el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999 se publicó el decreto de reformas y adiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual regula la organización y funcionamiento de los Municipios como base de la organización política y administrativa de los Estados. Que la fracción III del artículo 115 antes mencionado se reformó para quedar como sigue: ‘Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.’. 2. Que de conformidad con el artículo primero transitorio del decreto mencionado, las reformas y adiciones al artículo 115 constitucional entraron en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del día 22 de marzo del año 2000. 3. En el artículo segundo transitorio del decreto antes mencionado se estableció que los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. 4. En el artículo tercero transitorio del decreto multicitado se estableció que tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sean competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo transitorio anterior sean prestados por los Gobiernos Estatales, de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. En el párrafo final del transitorio tercero se estableció que ‘En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.’. 5. Con fecha 20 de marzo del año 2001 bajo Decreto No. 850/01 II P.O. la Quincuagésima Novena H. Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua reunida en su segundo periodo ordinario de sesiones dentro del tercer año de ejercicio constitucional llevó a cabo la reforma al artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y al 180 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el cual, primero mencionado, entre otras consideraciones, establece que: ‘La ley en materia municipal determinará los ramos que sean de la competencia del Gobierno Municipal, la que será ejercida por los Ayuntamientos en forma exclusiva. Los ramos a que se refiere el párrafo anterior, en forma enunciativa y no limitativa, serán los siguientes: I. En materia de funciones y servicios públicos: ... b) Agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. ... Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios del Estado observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Cuando se trate de Municipios de otro Estado, se deberá contar con la aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.’. Por su parte el artículo 180 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en virtud de la reforma, quedó de la forma siguiente: ‘Las funciones y servicios públicos municipales, son los siguientes: ... II. Agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales ... Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipio, del Estado observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Cuando se trate de Municipios de otro Estado, se deberá contar con la aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.’. En el artículo transitorio tercero del decreto, en este punto citado, se transcriben íntegros los párrafos primero y último del artículo tercero transitorio del decreto publicado el 23 de diciembre de 1999, que reforma y adiciona al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Decreto No. 850/01 II P.O. fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, con el número 38, en fecha 12 de mayo de 2001. 6. Los artículos 1563 y 1569 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, antes de las modificaciones que se dieron en virtud del Decreto Número 375/02 III P.E. del Congreso del Estado de Chihuahua, establecían lo siguiente: ‘(1563). Las Juntas Municipales tienen un consejo directivo integrado por presidente, un secretario, un tesorero y cinco vocales, que serán designados: I. El presidente por el gobernador del Estado, en un plazo no mayor de quince días naturales a partir de la recepción de la terna propuesta por el Ayuntamiento, y de no recibirse respuesta en tiempo, el Ayuntamiento queda facultado para hacer la designación; II. El secretario por el Ayuntamiento; III. El tesorero por el Ayuntamiento en un plazo no mayor de quince días a partir de la terna propuesta por la Junta Central, y de no recibirse una propuesta en tiempo, la Junta Central queda facultada para hacer la designación; IV. Un vocal por cada una de las siguientes entidades: a) Programa de Desarrollo Urbano del Estado; b) Servicios Coordinados de Salud Pública; c) Cámara de Propietarios de Bienes Raíces; d) Cámara de Comercio; y e) Cámara de la Industria de Transformación. f) Un representante de los trabajadores al servicio de las Juntas Municipales. Los cargos serán honorarios con excepción del presidente y el tesorero, quienes serán funcionarios de tiempo completo. En aquellos Municipios en donde no se cuente con alguna de las Cámaras mencionadas en incisos anteriores, se considerarán en su lugar representantes de las organizaciones de productores, profesionistas o de servicio social con mayor membresía en Municipio.’. ‘(1569). Los miembros de los consejos directivos de las Juntas Municipales serán designados cada tres años y podrán ser removidos en cualquier tiempo.’. 7. Con fecha 26 de noviembre del año en curso se presentó ante el Congreso del Estado de Chihuahua iniciativa con carácter de decreto por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Patricio Martínez García, para reformar el artículo 1563, en sus fracciones I y II, así como el artículo 1569 del Código Administrativo del Estado, a efecto de que el gobernador del Estado tenga la facultad de nombrar y remover directamente a los presidentes de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, de igual forma que los tesoreros de las mismas sean designados por conducto del titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, cuyos cargos tendrán una duración de seis años. El iniciador fundamenta su propuesta en que las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento se ven perjudicadas cada tres años, en la agilidad y eficacia en su funcionamiento, en virtud de que el servidor público entrante desconoce las políticas de abasto, rezago, control, etc., del vital servicio. Por otra parte, se ha visto en la práctica que los criterios tomados por los otros presidentes de dichos organismos son únicamente con miras a obtener logros que sean acordes a la política que impera dentro de la presidencia municipal en turno, lo que provoca que el Gobierno del Estado no avance en sus programas de desarrollo, y que dicha situación repercuta en los usuarios del servicio. Continúa exponiendo el iniciador que es importante resaltar que las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento tienen la facultad de contratar créditos, enajenar bienes inmuebles y celebrar contratos de obra, servicios profesionales y saneamiento con la autorización expresa de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado en tanto los Municipios no se hagan cargo directamente del servicio; sin embargo, también es común en la práctica que los presidentes nombrados por los Gobiernos Municipales pasan por alto lo preceptuado en el artículo 1562, fracciones I, II y III, del Código Administrativo del Estado, violentando la obligación que tiene para con la Junta Central, provocando retrasos e impactos sociales negativos en un manejo irresponsable de los servicios de agua potable y alcantarillado. Igualmente, señala el iniciador que por lo que respecta a la figura del tesorero de las Juntas Municipales tenemos que, al igual que la designación del presidente de estos organismos, la designación de tesorero por el honorable Ayuntamiento en turno provoca un serio conflicto al organismo central, dado que dicho funcionario es un elemento clave en la administración y aplicación de los recursos económicos del organismo municipal, ya que es quien al final es el encargado de responder sobre las cuentas al detalle ante la Junta Central de Agua y Saneamiento; por ello, se estima imperiosa la necesidad de nombrar personal capacitado directamente por la Junta Central de Agua y Saneamiento que pueda hacer cumplir con todas y cada una de las exigencias que sean demandadas de la población del lugar en la cual se preste el servicio en cita. Igualmente, señala el iniciador que el artículo 1569 establece que: ‘Los miembros de los consejos directivos de las Juntas Municipales serán designados cada tres años y podrán ser removidos en cualquier tiempo.’. El artículo que antecede no cuenta con justificación alguna para que cada tres años sean designados nuevos miembros de los Congresos directivos de las Juntas Municipales, ya que lo único que se provoca con tal determinación es que los proyectos y planes de desarrollo en materia de agua potable y alcantarillado sanitario tengan un retraso temporal, y eso si no corren con la suerte de encontrar cancelaciones definitivas, dado como ... dando como resultado que los pobladores del Municipio que corresponda sean los más perjudicados con cambios de funcionarios claves de estos organismos. Ante tal situación, el iniciador considera necesario modificar dichos artículos para el efecto de que sea el gobernador del Estado quien designe al presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento por un periodo de seis años, y que el tesorero de la Junta Municipal lo designe la Junta Central de Agua y Saneamiento. 8. La iniciativa del titular del Ejecutivo del Estado fue sometida a la consideración del Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua, bajo dictamen de la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo en base a las siguientes consideraciones: ‘La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo estima que es atendible la iniciativa presentada por el gobernador del Estado, en el sentido de que sea éste el que haga la designación directa de los presidentes de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, y que el titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento efectúe el nombramiento de los tesoreros de las referidas Juntas Municipales cuyos cargos tendrán una duración de seis años, en virtud de que el ejercicio de la facultad de nombrar a los responsables de las diferentes unidades y dependencias constituyen la más distintiva de las características de la estructura administrativa, específicamente la que corresponde al Poder Ejecutivo Estatal. Las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento son organismos descentralizados de la Junta Central de Agua y Saneamiento, lo que implica que exista entre dichos entes una permanente coordinación para la aplicación de los planes y programas administrativos y de servicio público que están llamados a desarrollar. Asimismo, cabe destacar que el sentido de la fórmula que actualmente establece ... se establece para el nombramiento de dichos funcionarios, esto es, el presidente de la Junta Municipal por el Ejecutivo Estatal, mediante terna propuesta para los Ayuntamientos, y los tesoreros, por los Ayuntamientos, mediante terna propuesta por la Junta Central de Agua y Saneamiento contenida en el numeral 1563 del Código Administrativo del Estado, representa una modalidad del ejercicio de la facultad de nombramiento contenida en el artículo 93, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el cual establece que el nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo es facultad del gobernador del Estado, si no se encuentran determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes. Además, lo anterior tiene relación con los artículos 3o. y 7o. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, conforme a los cuales el Ejecutivo del Estado se auxilia de los organismos descentralizados, como entidades de la administración pública paraestatal, según lo dispone el primero de los preceptos, habida cuenta que las dependencias de la administración pública centralizada y paraestatal conducirán sus actividades en forma programada con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación estatal del desarrollo establezca el Ejecutivo, según lo dispuesto por el segundo precepto. Como hemos dicho, la Junta Central de Agua y Saneamiento es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, que fue creado por disposición de ley, como es el Código Administrativo del Estado. La designación de los funcionarios de los organismos descentralizados municipales corresponde a los presidentes de los Ayuntamientos por disposición del artículo 29, fracción VI, del Código Municipal, precepto que confirma la existencia del derecho de nombramiento del presidente de la administración municipal. De igual manera, en materia de nombramientos de los titulares de los organismos descentralizados estatales, la facultad respectiva corresponde al Ejecutivo Estatal, como ha quedado establecida en el párrafo anterior. Sin embargo, conforme a la disposición legal actual no sucede así y es por ello que se estima procedente la iniciativa en estudio, con el fin de que el gobernador pueda ejercer la facultad de nombramiento en los organismos descentralizados de la administración estatal, en congruencia con las disposiciones legales igualmente mencionadas en el párrafo precedente. Es importante citar la norma básica que determina el alcance y valor jurídico de la facultad que en materia de creación de los organismos descentralizados corresponde al gobernador del Estado, la cual se publica en el artículo 64, fracción XLI, de la Constitución del Estado, conforme a la cual los organismos descentralizados son creados por el Congreso del Estado a propuesta o iniciativa del gobernador del Estado. En el caso que nos ocupa el gobernador del Estado hace uso de su derecho de iniciar leyes proponiendo la modificación de las disposiciones del Código Administrativo del Estado, por lo cual consideramos que, tanto por lo que toca a la facultad general de iniciar leyes, como por lo que respecta a la facultad de proponer la creación y, por ende, la modificación de la estructura de los organismos descentralizados, asiste al iniciador este derecho, lo cual se ve robustecido por la naturaleza misma de la organización administrativa del organismo descentralizado, toda vez que no siendo éste parte de la estructura municipal y por corresponder su organización a la estructura administrativa estatal, resulta conveniente que la facultad de designación del presidente del organismo corresponda precisamente al gobernador del Estado y no al Ayuntamiento, como el texto vigente lo contempla, pues no se trata de una dependencia municipal ni de un organismo descentralizado del Municipio, como pudiera sugerir su designación, sino de un organismo descentralizado de otro organismo descentralizado de la administración pública estatal, en ese sentido, es procedente la reforma del precepto respectivo. Iguales principios son aplicados a la designación del tesorero del organismo, toda vez que es el gobernador, el que propone la forma de designarlo, que será por parte del presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, lo que consecuentemente hace procedente la reforma que sobre el particular se propone. Es importante dejar claro que las facultades contenidas en los preceptos legales, cuya modificación se solicita, ninguna relación o vinculación guardan con las facultades de prestación del servicio de agua potable que por disposición del artículo 115 constitucional corresponden al Municipio, toda vez que aquéllos aluden a una relación administrativa que se da entre órganos descentralizados de la administración estatal, sin distinguir quien presta el servicio indicado y sin aludir a la prestación de este servicio, el cual en todo caso deberá regularse por las disposiciones federales y del Estado, así como el Código Municipal del Estado, en cuya hipótesis serán aplicables los procedimientos que los mismos establecen para la prestación del servicio por parte de los Municipios o en su caso el Estado. Es decir, la adecuación legal que se propone no prejuzga ni se refiere a la facultad del Municipio para la prestación del servicio de agua, ni afecta en forma alguna a tal servicio, sino únicamente pretende establecer las normas aplicables a la designación de funcionarios del organismo descentralizado citado que, como se ha dicho, ninguna estructura tiene en la administración municipal. Ciertamente, conforme al artículo 115 constitucional, al Municipio le corresponde la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. La facultad que se pretende ejercer y que es materia de la iniciativa en estudio no se refiere a la prestación del servicio citado, ni implica de ninguna manera la identidad del caso con la estructura administrativa municipal y mucho menos con la función o servicio de agua. La adecuación legal que ahora se propone aprobar sencillamente posibilita y simplifica el ejercicio de la facultad de nombramiento en los organismos que integran el sector paraestatal, a la vez que reivindica para el titular del Ejecutivo del Estado la facultad de nombramiento que en todo tiempo debe ser propia de la administración centralizada. La fórmula actual de designación y su procedimiento se desestiman por reflejar una composición indebida y poco práctica en razón de que propicia la confusión de facultades y de la naturaleza de los organismos, como si se tratara de la estructura municipal, siendo que por su naturaleza jurídica los organismos pertenecen a la estructura de la administración estatal descentralizada los cuales, de municipal, sólo conservan su nombre, circunstancia esta que como antes quedó establecido nos obliga a recordar que la adecuación legal no implica de ninguna manera legislar sobre el servicio público de agua y saneamiento, el cual por disposición del artículo 115 constitucional debe ser prestado por el Municipio, quedando en todo caso a salvo ese derecho, así como el de solicitar al Estado su colaboración para la prestación del mismo servicio. Conforme a la fórmula actual de designación, las Juntas Municipales tienen un consejo directivo integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y seis vocales. El primero de ellos es designado por el gobernador del Estado de una terna propuesta por el Ayuntamiento, por su parte, el cargo de tesorero de la Junta Municipal es designado por el Ayuntamiento a partir de la terna propuesta por la Junta Central; esta fórmula se considera inapropiada porque representa el ejercicio de facultades, que en orden administrativo, deben corresponder al Ejecutivo Estatal y no al Municipio, toda vez que no se trata de una dependencia de la organización Municipal y, por tanto, no existe razón para que la terna surja de un ente distinto a la organización estatal siendo lo sano que el nombramiento se haga por el titular del Ejecutivo, en la observancia de la facultad de nombramiento propia de la administración pública centralizada. Por todo esto, estimamos conveniente que el gobernador retome su facultad constitucional de nombrar y remover directamente a los presidentes de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento y, de igual forma, que los tesoreros de las mismas sean designados por conducto del titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, permitiendo así que exista una verdadera coordinación entre dichos entes descentralizados para la prestación de un mejor servicio que redunde en un mayor beneficio para la sociedad.’. En virtud de lo anterior se aprobó el dictamen antes transcrito con carácter de decreto, el cual en su artículo primero establece: ‘Se modifican las fracciones I y II del artículo 1563, así como el artículo 1569, ambos del Código Administrativo del Estado, para quedar en los siguientes términos: «Artículo 1563. ... I. El presidente, por el gobernador del Estado; ... III. El tesorero, por el presidente del Consejo Directivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento.». «Artículo 1569. Los miembros de los consejos directivos de las Juntas Municipales serán designados cada seis años y podrán ser removidos en cualquier tiempo.». Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.’. El anterior decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 77 en la fecha del 25 de septiembre de 2002. 9. Con fecha 15 de octubre del año 2002 se llevó a cabo la celebración de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez que quedó asentada en el acta número 439 y en la cual se hace la presentación del C.P. Alejandro Rafael Aguirre Aguirre, como tesorero de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 10. Que con fecha 14 de noviembre del año en curso se celebró la sesión de Cabildo No. Once, por la cual se aprobó el punto de acuerdo por el que se autorizó a esta H. Autoridad para presentar demanda de controversia constitucional en contra de los actos de aplicación y de las reformas a los artículos 1563 y 1569 del Código Administrativo del Estado que se llevaron a cabo a través del Decreto No. 375/02 III P.E."

TERCERO. La parte actora manifestó, en síntesis, en sus conceptos de invalidez los siguientes argumentos:

1) Que la modificación al artículo 1563 en sus fracciones I y III, y el artículo 1569, ambos del Código Administrativo de Chihuahua, incumple con lo dispuesto por los artículos segundo y tercero transitorios del decreto publicado el veintitrés de diciembre de 1999, por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque impide el ejercicio pleno de la reforma constitucional al 115, que ordena que la función y el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, quede a cargo de los Municipios.

Lo anterior es así porque si la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez es el organismo público descentralizado del Estado de Chihuahua que brinda al Municipio de Juárez el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, es claro que dicha función debe estar a cargo del Municipio de Juárez y, en esa tesitura, las normas o disposiciones que regulen el funcionamiento y prestación de dicho servicio deben adecuarse para que quede a cargo del ahora Municipio actor todo lo que corresponda al respecto, y no modificar esas normas para que quede a cargo del gobernador del Estado el control administrativo de la descentralizada mencionada.

2) Que con las modificaciones a las normas del código administrativo en cita, tanto el organismo descentralizado de la Junta de Aguas y Saneamiento como sus funcionarios, quedan ilegítimamente vinculados a las políticas del gobernador del Estado, y que esta situación es una transgresión a la orden del transitorio segundo del decreto del 23 de diciembre de 1999, en el sentido de que los Estados deben adecuar sus leyes a lo ordenado en la reforma, pues no se conjuga con el objetivo principal de ampliar las facultades que tenían los Municipios hasta antes de esas reformas.

3) Que si en virtud de las reformas queda a cargo de los Municipios el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, lo verdaderamente sano es que el Estado lleve a cabo la adecuación de sus leyes para que el servicio público encomendado a los Municipios quede a cargo de éstos, el hecho de que el Congreso del Estado a través de la modificación de los artículos 1563 y 1569 del Código Administrativo del Estado, el Gobierno del Estado tome absoluto control de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez implica que el Estado de Chihuahua no está dando cumplimiento a la adecuación de sus normas o leyes para que el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, quede a cargo del Municipio de Juárez, Chihuahua.

4) Que además se viola lo establecido en el último párrafo del transitorio segundo del decreto antes mencionado, en el que se establece que en tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes, ya que con esa reforma es claro que la función y servicio público de agua potable no se siguen ejerciendo o prestándose en los mismos términos y condiciones vigentes a la reforma de 23 de diciembre de 1999, toda vez que la situación vigente, previa a la reforma de la norma del código administrativo, consistía en que regulaba que el tesorero era designado por el Ayuntamiento en un plazo no mayor de quince días a partir de la terna propuesta por la Junta Central, y de no recibirse una propuesta en tiempo, la Junta Central quedaba facultada para hacer la designación.

5) Que es claro el propósito de la modificación de los preceptos del código administrativo decretado por el Congreso del Estado de Chihuahua a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Estatal de desvincular al Municipio de Juárez, Chihuahua, con el organismo descentralizado Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, el cual es el único que brinda el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de sus aguas residuales en este Municipio, y con ello es evidente la violación al sentido del imperativo 115 constitucional y sus transitorios segundo y tercero, de que dicha función o servicio público esté a cargo de los Municipios.

CUARTO. El precepto de la Co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18466-5308db8f/controversias-constitucionales-en-que-se-impugnan-disposiciones-generales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.