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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 41, FRACCIÓN IV, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, SI LA LEY QUE SIRVIÓ DE BASE PARA ESTIMAR EL ACTO IMPUGNADO COMO VIOLATORIO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL FUE ABROGADA, PUES LA POSIBLE AFECTACIÓN QUE PUDIERA RESENTIR EL ACTOR QUEDA SIN EFECTOS AL ESTAR VIGENTE UNA LEY DIVERSA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 38/2002. · Registro digital (IUS): 17551
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, , Pág. 863.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 38/2002. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de marzo de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de mayo de dos mil dos, María de los Ángeles Moreno Uriegas, quien se ostentó como presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura, en representación de ese órgano legislativo, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, de la autoridad que a continuación se señala:

"Órgano demandado. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 2, esquina 5 de febrero, oficina 103, Col. Centro, C.P. 06080, Del. Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Acto del que se demanda su invalidez. La conducta omisa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en relación con la obligación que le impone el inciso b) de la fracción II de la base segunda del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues injustificadamente se ha abstenido de reglamentar y proveer dentro de la esfera administrativa para la aplicación y cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal, expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, en lo que interesa, los siguientes:

"3. Previo el proceso legislativo, con fecha 21 de diciembre de 1995, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal fue publicada la Ley de Transporte del Distrito Federal, emitida por la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Como corresponde, a fin de que dicho ordenamiento legal produjese sus efectos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre de 1995 (anexo 3). 4. En el año de 1999, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron los artículos 1o., en su primer párrafo, 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18 (sic), 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 5 (sic), 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 8 (sic), 86, 88, 89, 90 y 91 de la Ley de Transporte del Distrito Federal. El decreto de mérito fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con fecha 19 de mayo de 1999 (anexo 4). 5. Para el caso que nos ocupa, es pertinente puntualizar que mediante la reforma a que me refiero en el párrafo inmediato anterior, el artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal se reformó para quedar conforme al texto siguiente: ‘Artículo 66. Los conductores y propietarios de vehículos de servicio público, mercantil, privado y particular están obligados a responder por los daños y perjuicios causados a terceros en su persona y patrimonio. Quienes presten el servicio público lo harán en términos de la fracción X del artículo 45 de esta ley. La secretaría fomentará que todo vehículo matriculado en el Distrito Federal, cuente con póliza de seguro vigente para este efecto. Para cumplir con la obligación anterior, los vehículos matriculados en el Distrito Federal deberán contar con una póliza de seguro, que cubra los daños y perjuicios que puedan causarse a terceros en su persona. A quien no cumpla con esta obligación se le aplicará una sanción de veinte veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.’. Asimismo y para mayor claridad, el artículo 2o. de la mencionada ley establece lo siguiente: ‘Artículo 2o. Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones: ... Secretaría: La Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal. ...’. Como es evidente hay la obligación de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal de ejecutar lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal, existiendo una responsabilidad directa de dicho funcionario, pero también es claro que la Constitución obliga al jefe de Gobierno del Distrito Federal a prever (sic) la exacta observancia de las leyes emanadas de la Asamblea Legislativa en la esfera administrativa, por lo que también incumple con el mencionado artículo 66 al no dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de la Ley de Transporte en la administración pública del Distrito Federal. 6. De igual manera, es importante destacar que en el artículo sexto transitorio del decreto de referencia se ordenó que dicho artículo 66 iniciaría su vigencia a partir del primero de enero del año dos mil dos. 7. En el caso, nos encontramos con un acto formal y materialmente legislativo cuya vigencia, como se señaló, inició a partir del 1o. de enero del año 2002; en esas condiciones, en cumplimiento de la ley y el artículo 122, base segunda, fracción II, inciso b), el jefe de Gobierno del Distrito Federal debe: a) Cumplir con la Ley de Transporte del Distrito Federal expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. b) Ejecutar la Ley de Transporte del Distrito Federal, lo que debe hacer, en términos del inciso b) de la fracción II de la base segunda del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proveyendo en la esfera administrativa y expidiendo el reglamento inherente a la ley. Contrariamente a su obligación, el jefe de Gobierno del Distrito Federal mediante actitud omisa a la fecha, se ha abstenido de cumplir con sus obligaciones constitucionales, pretendiendo hacer nugatorio el mandato legislativo, con actitudes como las que a continuación relato. 8. Aunque no tuvo trascendencia jurídica, pero con la intención de ilustrar a este Máximo Tribunal la intención del órgano demandado, es conveniente señalar que el 15 de noviembre del año dos mil uno, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal iniciativa que pretendía reformar el artículo sexto transitorio del decreto en comento, que ordenaba que la vigencia de la ley correría a partir del día 1o. de enero del año 2002 (anexo 5). Como lo digo, se trata de patentizar la actitud del jefe de Gobierno demandado respecto de una norma formal y materialmente legislativa, con su frustrada iniciativa pretendía que dicho acto legislativo no se aplicara, evitando la entrada en vigor del segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal hasta que las demás entidades de la República adoptaran la disposición. 9. Siguiendo sus cauces legales, la pretendida reforma del jefe de Gobierno fue declarada improcedente, en primera instancia por la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbano, en sesión celebrada el 16 de noviembre del año 2001, y en última y definitiva instancia por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en sesión celebrada el 29 de noviembre del año 2001 (anexo 6). 10. De igual manera con la finalidad de ilustrar a este Supremo Tribunal respecto a la actitud que el Ejecutivo del Distrito Federal ha adoptado en relación con su obligación constitucional, y al artículo 66 y su sexto transitorio de la Ley de Transporte del Distrito Federal, le informo que el 31 de diciembre del año 2001 fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el programa general de regularización fiscal, en el que mediante la figura de la condonación se eximía del pago de la multa a quien no acatara lo dispuesto por el citado artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal, señalándose en dicho programa: ‘Que es necesario condonar el pago de la sanción por falta de póliza de seguro que cubra los daños y perjuicios que pueden causarse a terceros en su persona, a efecto de conservar y proteger el patrimonio familiar de los ciudadanos del Distrito Federal.’. En el aludido programa también se señaló: ‘Primera. El presente programa general tiene por objeto condonar el pago de la sanción por la falta de póliza de seguro, que cubra los daños y perjuicios que puedan causarse a terceros en su persona. Segunda. Se condona a los conductores y propietarios de vehículos de servicio particular de transporte, matriculados en el Distrito Federal, el 100% del pago de la sanción a que se refiere el punto primero del presente programa. Tercera. Para obtener el beneficio de la condonación a que se refiere el presente programa, los conductores y propietarios a que se refiere el punto anterior deberán acreditar haber realizado los trámites conducentes a la sustitución de las placas de los vehículos automotores por placas de reciente creación, en términos del programa de reemplacamiento en el Distrito Federal, inclusive de manera extemporánea. Cuarta. La presente condonación deberá hacerse efectiva en la administración tributaria que corresponda de acuerdo al domicilio del contribuyente. Quinta. Esta resolución no será aplicable a la administración pública federal, organismos públicos autónomos de carácter federal ni a los Estados. Sexta. La interpretación de esta resolución para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría de Finanzas.’. En el transitorio primero del programa aludido, se estableció una vigencia de la condonación que comprendía del primero de enero de dos mil dos al 30 de junio del mismo año (anexo 7). 11. El dos de enero del año dos mil dos, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se publicó el Programa General de Regularización Fiscal, mediante el cual se condonó el pago de la multa a todos aquellos que no cumplieran con el artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal, programa cuyo texto a continuación transcribo: ‘Primera. El presente programa general tiene por objeto condonar el pago de la sanción por la falta de póliza de seguro, que cubra los daños y perjuicios que puedan causarse a terceros en su persona. Segunda. Se condona, a los conductores y propietarios de vehículos de servicio particular de transporte, matriculados en el Distrito Federal, el 100% del pago de la sanción a que se refiere el punto primero del presente programa. Tercera. Para obtener el beneficio de la condonación a que se refiere el presente programa, los conductores y propietarios a que se refiere el punto anterior deberán acreditar haber realizado los trámites conducentes a la sustitución de las placas de los vehículos automotores, por placas de reciente creación, en términos del programa de reemplacamiento en el Distrito Federal, inclusive de manera extemporánea. Cuarta. La presente condonación deberá hacerse efectiva en la administración tributaria que corresponda, de acuerdo al domicilio del contribuyente. Quinta. Esta resolución no será aplicable a la administración pública federal, organismos públicos autónomos de carácter federal ni a los Estados. Sexta. La interpretación de esta resolución para efectos administrativos y fiscales, corresponderá a la Secretaría de Finanzas. Transitorios: Primero. La presente resolución surtirá efectos a partir del 2 de enero del 2002 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.’ (anexo 8). Como lo apunté, el órgano ejecutivo del Distrito Federal, a través de diversos actos pretende impedir la vigencia y aplicación del artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal. Resaltada la intención del órgano ejecutivo del Distrito Federal no puedo dejar de aludir al citado programa general de regularización fiscal, en el que con carencia de pulcritud jurídica, a través de la figura de la condonación se pretende impedir la imperatividad del artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal. En materia fiscal, además de otras figuras jurídicas mediante las cuales se exime de las obligaciones fiscales, desde luego, se encuentra la de la condonación, mediante la cual se otorgan al fisco facultades para perdonar a título particular las multas impuestas a los particulares. Es decir, el legislador considera que la multa es un ingreso accesorio cuyo objetivo fundamental es de carácter correctivo o disciplinario y, por consiguiente, si ya obtuvo del infractor el ajuste de su conducta a la norma legal, lógico resulta suponer que la propia autoridad puede discrecionalmente aprobar la situación y deducir parcialmente la sanción impuesta. En este orden de ideas, la pretendida condonación del Ejecutivo, además de evidenciar su verdadera intención, pone de manifiesto que se desconocen los presupuestos de dicha figura. Para que opere la condonación, se requiere la satisfacción de los presupuestos siguientes: a) El incumplimiento por parte de un sujeto de impuesto a una norma (sic). b) Que el incumplimiento a la norma conlleve la imposición de una multa. c) La multa que por infracción se imponga debe ser particular, es decir, sobre persona determinada. d) La condonación debe hacerse en forma particular, nunca en términos generales. e) La condonación opera cuando el infractor cumple con la ley que infringió. 12. Con fecha 11 de febrero del año dos mil dos, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura aprobó por mayoría un punto de acuerdo a fin de que la Asamblea Legislativa exhorte al Gobierno del Distrito Federal para que instrumente los mecanismos que permitan la aplicación del segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Transporte y deje sin efectos el programa de regularización fiscal, que en su artículo único señala: ‘Único. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorte al Gobierno del Distrito Federal para que: I. Instrumente los mecanismos necesarios para aplicar la disposición del segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal. II. Deje sin efectos los programas de regularización fiscal publicados el 31 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que condonan la multa a que se refiere el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal.’ (anexo 9). 13. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, en diversos medios ha realizado una serie de declaraciones que manifiestan claramente su negativa a aplicar el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal, entre las que se encuentran, entre otras, las siguientes: ‘El jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Seguro Único para Vehículos Automotores (SUVA) será obligatorio hasta que su precio esté al alcance de todos los ciudadanos y señaló que los asambleístas, en lugar de demandar sanciones a los automovilistas deberían defenderlos’. Periódico Milenio, 13 de febrero de 2002, página 15. En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo: ‘Vamos a llegar a un arreglo para el bien de todos, en particular de los automovilistas, pues no es justo cobrarles multa de 20 salarios mínimos’. Hace semanas el jefe de Gobierno instruyó ‘que no se cobre dicho monto, que el presupuesto nada más se utilice para quedar bien con las aseguradoras. ... Se trata de un punto de vista diferente de los asambleístas, con todo respeto ellos deberían estar defendiendo a la gente, no a las empresas aseguradoras’. Periódico La Jornada del 13 de febrero de 2002, página 43. ‘Soy respetuoso de la Asamblea Legislativa del D.F., nada más que ya conocen mi punto de vista, no vamos a poner en bandeja a los automovilistas, no les vamos a hacer el juego a las aseguradoras. Quiero ser muy claro en esto, si ellos ofrecen un seguro al alcance de la gente puede haber arreglo, pero así, a la mala, como si el gobierno fuera su gendarme no se va a poder’. Periódico Metro, del 13 de febrero de 2002, página 4. ‘Lo que tienen que hacer los diputados es proceder y no anunciarlo tanto. Los diputados no cuentan con elementos jurídicos. La ley cuenta con muchas deficiencias’. Periódicos El Economista, El Diario de México, El Financiero y La Prensa, del 17 de abril de 2002, páginas 44, 39, 7-A y 10, respectivamente (anexo 10)."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. Es conveniente recordar que de conformidad con el inciso j) de la fracción V de la base primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción XIV del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el órgano actor, es decir, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como facultad exclusiva tiene la de legislar en materia de planeación del desarrollo; desarrollo urbano, particularmente en el uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda, edificaciones y construcciones; vías públicas, tránsito y estacionamiento, adquisiciones y obras públicas; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes patrimonio del Distrito Federal. En uso de sus aludidas atribuciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Transporte del Distrito Federal, misma que fue publicada el 20 de diciembre de 1995 en el Diario Oficial de la Federación y el 21 del mes y año mencionados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. De igual manera, conforme a sus atribuciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió decreto que adicionó, derogó y modificó diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Distrito Federal, decreto que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 19 de mayo de 1999. Mediante este decreto se estableció en el artículo 66 de la referida ley, la obligación a cargo de los conductores y propietarios de vehículos matriculados en el Distrito Federal, de contar con una póliza de seguro que responda al pago de daños y perjuicios a terceros en su persona. Es importante destacar que el decreto de mérito no fue impugnado a través de los sistemas legalmente establecidos. En este orden de ideas, la Ley de Transporte del Distrito Federal, y particularmente su artículo 66, como todo acto de autoridad, es un acto unilateral, coercitivo e imperativo, además, por tratarse de un acto formal y materialmente legislativo, es general, abstracto e impersonal. La Ley de Transporte del Distrito Federal, con las características señaladas, es expresión de un acto de imperio del Estado, cuya vigencia y cumplimiento no está sujeta a voluntad de particulares ni de órganos de gobierno. En congruencia con lo que le es consustancial a la ley, el inciso b), fracción II, base segunda, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al jefe de Gobierno del Distrito Federal la ineludible obligación de: ‘b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos.’. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, se ha abstenido de reglamentar la Ley de Transporte del Distrito Federal; se ha abstenido de realizar actos de gobierno tendientes a ejecutar dicha ley; se ha abstenido de realizar todo acto dentro de la esfera administrativa que procure la exacta observancia y cumplimiento de la referida ley. Para el caso que nos ocupa, la ejecución y reglamentación de la Ley de Transporte del Distrito Federal no es una facultad potestativa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, se trata de una imperiosa obligación exorbitante de su voluntad, se trata, en la especie, de una obligación cuya fuente se consagra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la cual ninguna ley reglamentaria o capricho de órgano de gobierno puede eludir. Resulta que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en términos de los artículos 59 y 60 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, tomó protesta y asumió el cargo de jefe de Gobierno el día 5 de diciembre del año 2000, sin embargo, asumiendo actitudes omisas, ha incumplido con lo que le ordena el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el inciso b) de la fracción II de la base segunda, precepto que se invoca como violado y que funda las causas de invalidez de la actitud omisiva del jefe de Gobierno del Distrito Federal, pretendiendo hacer nugatoria la actividad legislativa del órgano actor.-Repito e insisto que la obligación del jefe de Gobierno del Distrito Federal emana de una disposición constitucional, por tanto, ante su incuestionable incumplimiento no es válido asumir criterios basados en disposiciones secundarias, ni pretextos de cualquier índole, puesto que por encima de la Constitución y en contravención a ella, nada ni nadie.-Segundo. Además, el acto impugnado vulnera gravemente el equilibrio de órganos de gobierno en la Ciudad de México, establecido en nuestro texto constitucional, ya que no puede ni debe estar al arbitrio del órgano ejecutivo la aplicación o no de una ley, que ha cumplido con el procedimiento legislativo marcado en nuestra Constitución y en las leyes respectivas, por ello mismo nuestro marco constitucional establece la posibilidad del jefe del Ejecutivo Local o Federal de intervenir en el proceso parlamentario al momento de crearse una ley y de manera muy precisa establece el derecho de veto que permite al Ejecutivo regresar una ley cuando no está de acuerdo con ella, por lo que cuando una ley ha superado el procedimiento legislativo, incluido el veto, la aplicación de la ley no está sujeta a discusión y el Ejecutivo no tiene ningún instrumento jurídico para evitar su aplicación. Para mayor abundamiento vale la pena el análisis de la siguiente jurisprudencia: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN.-La facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal otorga al Ejecutivo de la Unión para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, puede ser ejercida mediante distintos actos y en diversos momentos, según lo ameriten las circunstancias, sin más límite que el de no rebasar ni contravenir las disposiciones que se reglamenten. Por tanto, no es forzoso que se ejerza tal facultad en un solo acto, porque ello implicaría una restricción no consignada en el precepto constitucional.’."

CUARTO.-El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violado es el 122, párrafos primero y segundo, y base segunda, fracción II, inciso b).

QUINTO.-Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil dos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar bajo el número 38/2002, el expediente relativo a la presente controversia constitucional, que por razón de turno correspondió conocer al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, como instructor del procedimiento.

En diverso auto de veinte de mayo de dos mil dos, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación, y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.-Resulta innecesario transcribir las contestaciones de las autoridades demandadas, así como la opinión del procurador general de la República, en atención al sentido del presente fallo.

SÉPTIMO.-Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO.-Atendiendo a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, por virtud de que se plantea un conflicto entre la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, en el que se hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, en atención al sentido del presente fallo.

SEGUNDO.-En el presente caso resulta innecesario el estudio de las cuestiones relacionadas con la oportunidad de la demanda y con la legitimación de las partes, por virtud de que en los autos de este expediente obran constancias que llevan a considerar indudablemente que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 41, fracción IV, del propio ordenamiento legal.

Los preceptos arriba señalados, son del tenor siguiente:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."

"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

"...

"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."

De las disposiciones transcritas se desprende, en lo que interesa, que las controversias constitucionales son improcedentes cuando se actualice una causal que derive de alguna disposición de la propia ley reglamentaria; asimismo, que las resoluciones que se dicten en este tipo de procedimientos constitucionales deberán contener sus alcances y efectos, fijando con precisión todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia.

La causa de improcedencia invocada se refiere a que las sentencias que dicte este Alto Tribunal deberán surtir efectos, por tanto, cuando exista imposibilidad de que una sentencia surta sus efectos, entonces la controversia constitucional será improcedente.

Ahora bien, a efecto de evidenciar la causa de referencia, se destaca que de las constancias de autos se desprende lo siguiente:

a) Que del estudio integral de la demanda se desprende que la parte actora en este asunto impugna: "La conducta omisa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en relación con la obligación que le impone el inciso b) de la fracción II de la base segunda del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues injustificadamente se ha abstenido de reglamentar y proveer dentro de la esfera administrativa para la aplicación y cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal, expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal."; la citada ley fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y en el Diario Oficial de la Federación el veinte del mismo mes y año, asimismo, que el artículo en comento fue reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

b) Que obra en autos, a fojas quinientos trece, el oficio de la delegada del jefe de Gobierno del Distrito Federal, demandado en el presente asunto, por el que hace del conocimiento de este Alto Tribunal que: "... el pasado 26 de diciembre de 2002, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, misma que en su transitorio segundo señala lo siguiente: ‘Transitorios ... Artículo segundo. Se abroga la Ley de Transporte del Distrito Federal.’. Por lo que dicha ley abroga la Ley de Transporte del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 1995, de la cual se dimana el acto que se le imputa al jefe de Gobierno del Distrito Federal. ...".

c) Que en ejemplar de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de veintiséis de diciembre de dos mil dos, que obra a fojas quinientos veinte del expediente, se encuentra publicada la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, la cual en sus artículos transitorios, en lo que interesa, establece lo siguiente:

"Transitorios

"Artículo primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación."

"Artículo segundo. Se abroga la Ley de Transporte del Distrito Federal."

"...

"Artículo décimo primero. Los reglamentos que deriven de esta ley, deberán expedirse dentro de los cuatro meses, siguientes a la entrada en vigor de esta ley, hasta en tanto se continuarán aplicando los vigentes en lo que no se opongan a la presente ley."

Conforme a lo anterior, la causa de improcedencia de referencia se actualiza en el caso concreto por virtud de que al impugnarse el acto omisivo del jefe de Gobierno del Distrito Federal de reglamentar y proveer dentro de la esfera administrativa para la aplicación y cumplimiento del artículo 66 de la Ley de Transporte del Distrito Federal, vigente al momento de presentar la demanda

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17551-eab394c7/controversia-constitucional-se-actualiza-la-causa-de-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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