CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO HAYAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 39/2003. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de abril de dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio presentado el ocho de mayo de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, quien se ostentó como jefe de Gobierno del Distrito Federal, promovió controversia constitucional y demandó de la autoridad que a continuación se señala la invalidez de los actos que más adelante se precisan:
"II. Poderes u órganos demandados y su domicilio.-La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con domicilio en Donceles y Allende s/n, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en esta Ciudad de México, Distrito Federal.-IV. Normas generales o actos cuya invalidez se demanda.-Acuerdo de la Comisión de Gobierno para la devolución del documento denominado ‘Observaciones al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal’ al jefe de Gobierno del Distrito Federal, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Comisión de Gobierno de la II Legislatura de dicha asamblea, con fecha veinticinco de marzo de dos mil tres, en cuyo punto primero del acuerdo se señala: Devuélvase al jefe de Gobierno del Distrito Federal el documento original denominado ‘Observaciones al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal’ recibido en la Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa el 29 de enero de 2003.-El acuerdo de referencia se hizo del conocimiento del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través del oficio número CSP/MD/18/03-03, del 25 de marzo de 2003, suscrito por el diputado Alejandro Diez Barroso Repizo, presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal."
SEGUNDO.-La parte actora formuló los antecedentes del caso y los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, a cuyo contenido resulta innecesario hacer alusión, en virtud del sentido del presente fallo.
TERCERO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se consideran violados son el 16 y 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), segundo párrafo.
CUARTO.-Por acuerdo de trece de mayo de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que le correspondió el número 39/2003, la cual, debido a que guarda conexidad con la controversia constitucional 13/2003 promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que fue turnada a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, se remitió a la Ministra mencionada a quien le corresponde actuar como instructora en el procedimiento.
Por auto de la misma fecha la Ministra instructora admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.
QUINTO.-En el caso resulta innecesario hacer alusión al contenido de la contestación de la demanda formulada por la autoridad demandada, como a las manifestaciones expuestas por el procurador general de la República, en atención al sentido de la presente resolución.
SEXTO.-Sustanciado el procedimiento en este asunto se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resolución.
SÉPTIMO.-Atendiendo a la solicitud formulada por la Ministra ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre dos órganos de gobierno del Distrito Federal, y que dado el sentido de la presente resolución se hace innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
SEGUNDO.-En el caso resulta innecesario ocuparse de la oportunidad de la demanda y de la legitimación de las partes en este juicio, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el acto impugnado en la controversia constitucional ha cesado en sus efectos.
La consideración anterior encuentra apoyo en lo siguiente:
El artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia prevé:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."
Respecto de la cesación de efectos de la norma general o acto materia de las controversias constitucionales, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que se actualiza la causal de improcedencia en comento cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que motivaron la controversia constitucional, en tanto que la declaración de invalidez que se pronuncie en tal medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.
La jurisprudencia en que se sustenta lo indicado es la consultable en la página ochocientos ochenta y dos del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual señala:
"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.-La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."
Por otra parte, del oficio de demanda se advierte que la actora señala como acto impugnado:
"Acuerdo de la Comisión de Gobierno para la devolución del documento denominado ‘Observaciones al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal’ al jefe de Gobierno del Distrito Federal, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través de la Comisión de Gobierno de la II Legislatura de dicha asamblea, con fecha veinticinco de marzo de dos mil tres, en cuyo punto primero del acuerdo se señala: Devuélvase al jefe de Gobierno del Distrito Federal el documento original denominado ‘Observaciones al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal’ recibido en la Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa el 29 de enero de 2003."
De lo transcrito se advierte que a través del acto cuya invalidez se demanda, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acordó devolver al jefe de Gobierno el documento original denominado Observaciones al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal aprobado por la Asamblea Legislativa el veintiséis de diciembre de dos mil dos, dicho acuerdo tiene su origen y fin en el procedimiento legislativo consistente en la aprobación del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, llevado a cabo por la Asamblea Legislativa el veintiséis de diciembre de dos mil dos, lo cual culminó con la promulgación y publicación parcial de dicho decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de treinta y uno de diciembre de dos mil dos.
Ahora bien, el veintiséis de diciembre de dos mil tres se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, en vigor a partir del primero de enero de dos mil cuatro, de conformidad con su artículo primero transitorio emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en uso de sus facultades.
Asimismo, el veintinueve de enero de dos mil cuatro se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la reforma al artículo 278 y la derogación del inciso f) del artículo 79, ambos del Código Financiero del Distrito Federal, llevada a cabo por la Asamblea Legislativa.
En estas circunstancias, en atención a que la Asamblea Legislativa reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, las cuales fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de diciembre de dos mil tres y veintinueve de enero de dos mil cuatro, el acuerdo impugnado ha cesado en los efectos que produjo durante su vigencia, aun cuando no haya sido revocado formalmente, toda vez que tiene su origen y fin en el procedimiento legislativo consistente en la aprobación del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, llevado a cabo por la Asamblea Legislativa el veintiséis de diciembre de dos mil dos, lo cual culminó con la promulgación y publicación parcial de dicho decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de treinta y uno de diciembre de dos mil dos.
En razón de lo anterior, no podría analizarse la constitucionalidad del acuerdo impugnado sin afectar la nueva situación jurídica que prevalece respecto de las disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, en virtud de su reforma, adición y derogación, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de veintiséis de diciembre de dos mil tres y veintinueve de enero de dos mil cuatro; consecuentemente, han cesado los efectos que produjo durante su vigencia el acuerdo impugnado en este asunto, aun cuando no haya sido revocado formalmente.
Cabe precisar que en atención a la naturaleza de esta controversia constitucional, no se está en el supuesto de restituir a la actora en el derecho constitucional que en el caso resultare vulnerado, porque la declaración de invalidez de las sentencias respectivas no tienen efectos retroactivos por disposición expresa del último párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.
En este orden de ideas, si el acto cuya invalidez se demanda ha cesado en sus efectos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la propia ley, se debe sobreseer en el presente juicio.
Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, aplicable por analogía, la tesis jurisprudencial publicada con el número P./J. 9/2004, a páginas novecientos cincuenta y siete, Tomo XIX, marzo de dos mil cuatro, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.-De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el presupuesto de egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos. Por tanto, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción V, 59 y 65, todos de la mencionada ley reglamentaria.
"Acción de inconstitucionalidad 6/2003 y su acumulada 8/2003. Diputados Federales integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión y Procurador General de la República. 6 de enero de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy ocho de marzo en curso, aprobó, con el número 9/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de marzo de dos mil cuatro."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; por medio de oficio a las partes, publíquese la presente resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente). Ausente el señor Ministro Humberto Román Palacios.
Nota: La controversia constitucional 13/2003, citada en esta ejecutoria aparece publicada en la página 1211, de esta misma publicación.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18093-744d9bcb/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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