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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UNA NUEVA LEY SE DEROGA EL DECRETO DEL EJECUTIVO QUE SE IMPUGNA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2003. · Registro digital (IUS): 17770
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CONTRA EL JEFE DE GOBIERNO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, , Pág. 1091.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2003. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, CONTRA EL JEFE DE GOBIERNO DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: MIGUEL BONILLA LÓPEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de agosto de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de enero de dos mil tres, Patricia Garduño Morales, quien se ostentó como presidenta de la Comisión de Gobierno y representante legal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que se precisan, de las autoridades que a continuación se señalan:

"1. Órgano demandado. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con domicilio conocido en Plaza de la Constitución, Distrito Federal.

"2. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, con domicilio en Plaza de la Constitución y Pino Suárez, tercer piso, colonia Centro, Distrito Federal.

"Actos cuya invalidez se demanda.

"1. La expedición del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 3 de diciembre de 2002.

"Específicamente se impugnan las normas generales consistentes en los artículos 1o., en su parte final; 3o., en lo que se refiere a la Secretaría de Medio Ambiente; 4o., fracción III; 8o., fracción I; 10; 13; segundo y tercero transitorios.

"2. El refrendo del decreto antes señalado, realizado por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de 1996, se reformó el artículo 122 de la Constitución Federal, quedando redactado en los términos vigentes hasta el día en que se publicó el decreto cuya invalidez se demanda y la presentación de este ocurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"2. El día 3 de diciembre de 2002 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, expedido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y refrendado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, según consta en dicha publicación.

"3. En la sesión del periodo ordinario de sesiones celebrada el 28 de diciembre de 2002, que culminó en las primeras horas del 29 de diciembre de 2002, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un punto de acuerdo en el que se autoriza la presentación de esta demanda de controversia constitucional."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Único. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, al expedir el ‘Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México’ y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y la Secretaría del Medio Ambiente, al refrendar el mismo decreto, invadieron la esfera de competencia constitucional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

"A. Violación al principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En efecto, en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el principio de legalidad que se expresa en el axioma legal consistente en que las autoridades sólo pueden hacer aquello que las leyes expresamente les permiten. Luego entonces, si tanto la Constitución General de la República como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorgaron la facultad expresa a la Asamblea Legislativa para legislar en materia de administración pública local, incluyendo en ésta lo relativo a la prestación del servicio de agua potable en la Ciudad de México, solamente mi representada está facultada para cambiar, mediante reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la adscripción de dicha función de una secretaría del Gobierno del Distrito Federal a otra, por lo que aunque no lo prohíba, tampoco permite a la autoridad ejecutiva local expedir y publicar decretos que violenten lo aprobado por la Asamblea Legislativa.

"La conducta del jefe de Gobierno del Distrito Federal constituye, por una parte, una transgresión al principio de legalidad y, por ende, al sistema constitucional de facultades expresas y excluyentes y, por otra, pretende sostener la validez de una norma general que, por carecer de la debida fundamentación, es inconstitucional.

"La competencia de las autoridades estatales es uno de los elementos esenciales del acto formalmente administrativo, aunque materialmente legislativo, que debe encontrar su fundamento constitucional en el artículo 16 de la Constitución Federal. Entre sus características más importantes destacan las siguientes:

"I. En todos los casos se requiere un texto expreso de la ley para poder existir constitucional y legalmente.

"II. La autoridad debe tener la competencia expresa para realizar los actos, con la característica de que encuentra su fundamento en el principio de legalidad, según el cual las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos en que la misma determina. En efecto, si el Estado sólo puede tomar determinaciones respecto a casos concretos cuando haya una autorización de la ley, está implícita en esa idea la de que la propia ley sea la que determine el órgano competente para efectuar los actos que autoriza. Según se ha advertido, la competencia, como poder legal para actuar, sólo debe tener como origen un acto legislativo formal o material.

"III. Su ejercicio es obligatorio para el órgano a quien se le atribuye; esto es, no es un derecho del titular del propio órgano.

"IV. Participa de la misma naturaleza que los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos; su ejercicio es permanente, es decir, que no se extingue al ser aplicada; sólo puede ser modificada por otro acto jurídico general y abstracto;

"V. Únicamente puede tener como finalidad el interés social o el orden público.

"B. Violación a la facultad legislativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de administración pública local, establecida en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en una invasión de su esfera de competencia constitucional por parte del jefe de Gobierno de esta entidad federativa.

"Ahora bien, el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos, lo que es confirmado por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, norma general expedida por el Congreso de la Unión, en su artículo 42, fracción XI.

"En ejercicio de la facultad señalada, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal discutió, aprobó y expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 29 de diciembre de 1998, misma que fue reformada por decretos de mi representada publicados en el mismo órgano oficial los días 20 de mayo de 1999 y 31 de enero de 2002.

"En esta ley, la Asamblea Legislativa estableció, en lo que interesa para la litis de la presente controversia, lo siguiente:

"‘Artículo 27. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción y operación hidráulica ... y prestar el servicio de agua potable. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

"‘I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de su competencia ...

"‘II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables;

"‘...

"‘VI. Diseñar, normar y en su caso, ejecutar, conforme a la presente ley y otras disposiciones aplicables, las políticas de la Administración Pública del Distrito Federal en materia de prestación de los servicios públicos de su competencia;

"‘VII. Conformar con el servidor público correspondiente de la delegación una comisión encargada de formular, coordinar y operar los programas de obras de construcción, conservación y mantenimiento de la red hidráulica, drenaje y alcantarillado del Distrito Federal;

"‘VIII. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración de las obras de agua potable y alcantarillado;

"‘IX. Prestar el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes.’

"La misma ley en estudio, en el artículo 26 otorga facultades a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, que en la parte que interesa y única relacionada con la litis constitucional refiere:

"‘Artículo 26. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales.

"‘Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

"‘...

"‘VII. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y la Comisión de Aguas del Distrito Federal, las políticas y normatividad, así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reuso de agua en el Distrito Federal.’

"De la lectura del texto legal que antecede, se nota que no tiene relación alguna con la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado, operación hidráulica y demás que sí le están otorgadas por la ley a la Secretaría de Obras y Servicios.

"En la misma ley se dispuso lo siguiente referente al refrendo que deben realizar los titulares de las secretarías del Gobierno del Distrito Federal, con lo que certifican y dan validez a los decretos expedidos por el jefe de Gobierno:

"‘Artículo 14. El jefe de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. ...

"‘Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el jefe de Gobierno deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por el secretario que corresponda, según la materia de que se trate, y cuando se refieran a materias de dos o más secretarías, deberán refrendarse por los titulares de las mismas que conozcan de esas materias conforme a las leyes.’

"De la lectura del decreto impugnado se aprecia que únicamente fue refrendado por la titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, entidad a la que legalmente no le corresponde la materia de agua potable y alcantarillado.

"Por lo que se refiere a que las secretarías del Gobierno del Distrito Federal serán las cabezas de los diversos sectores de la administración pública según su ámbito de competencia, se dispuso lo siguiente:

"‘Artículo 16. Los titulares de las secretarías ... tendrán las siguientes atribuciones generales:

"‘...

"‘III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los órganos administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; así como coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de presupuesto que les correspondan;

"‘...

"‘VII. Apoyar al jefe de Gobierno en la planeación, conducción, coordinación, vigilancia y evaluación del desarrollo de las entidades paraestatales agrupadas en su subsector en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y los demás programas que deriven de éste. ...’

"En lo que se refiere a la materia de administración pública paraestatal, en la que están comprendidos los organismos públicos descentralizados, tenemos lo siguiente:

"‘Título tercero

"‘De la administración pública paraestatal

"‘Capítulo I

"‘De la administración pública paraestatal

"‘Artículo 40. Son organismos descentralizados las entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten, creadas por decreto del jefe de Gobierno o por ley de la Asamblea Legislativa.’

"‘Artículo 45. A efecto de llevar la operación de las entidades del Distrito Federal, el jefe de Gobierno las agrupará por sectores, considerando el objeto de cada una de ellas y las competencias que esta ley atribuya a las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal.’

"De la lectura de los dos artículos precedentes, se hace evidente que los organismos descentralizados deben estar adscritos o agrupados, como se dice en la ley, por sectores, considerando el objeto de cada uno y la competencia que esta ley atribuye a cada secretaría, esto es, el jefe de Gobierno debió adscribir o agrupar en el sector de la Secretaría de Obras y Servicios al organismo público descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, porque así lo dispuso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al discutir, aprobar y expedir la ley que nos ocupa; por tanto, el demandado, al adscribir el Sistema de Aguas del Distrito Federal en el ámbito sectorial de la Secretaría del Medio Ambiente, invadió la esfera de competencia constitucional de mi representada, ya que ésta es la única facultada para determinar las materias sobre las que tendrán competencia cada una de las secretarías de la administración pública local; en este sentido, se aprecia con claridad que al expedir, promulgar y ordenar la publicación de su decreto y al ser refrendado el mismo por la Secretaría del Medio Ambiente, del contenido del mismo, específicamente en los artículos impugnados, el jefe de Gobierno se arrogó facultades legislativas formales y materiales de las que carece y cambió en forma inconstitucional e ilegal la sectorización del organismo descentralizado Sistema de Aguas de la Ciudad de México de la Secretaría de Obras y Servicios a la del Medio Ambiente, cuando la única autoridad con facultades y competencia para hacerlo es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por medio de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

"Refuerzan los argumentos que se hacen valer los siguientes artículos de la ya citada Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

"‘Artículo 49. Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista económico o del interés público, la Secretaría de Finanzas atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al jefe de Gobierno la disolución, liquidación o extinción de aquél. Asimismo podrá proponer su fusión, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad.’

"‘Artículo 50. El órgano de gobierno estará integrado por no menos de cinco ni más de quince miembros propietarios y de sus respectivos suplentes. Será presidido por el titular de la coordinadora de sector o por la persona que éste designe. ...’

"Éstas, entre otras disposiciones, hacen evidente la invasión de la esfera de competencia constitucional de mi representada, lo que tiene por efecto la no observancia del artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos, por lo que si el jefe de Gobierno, con la expedición del decreto, dispuso el cambio de adscripción sectorial del organismo público descentralizado Sistema de Aguas del Distrito Federal, este acto deberá ser declarado inválido constitucionalmente por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Lo anterior se acredita con la publicación del decreto impugnado, que, en la parte que interesa, con los argumentos de nuestra parte que demuestran su invalidez constitucional, dice:

"‘Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado, Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

"‘Artículo 1o. Se crea ... el cual se sectoriza a la Secretaría del Medio Ambiente.’

"Concepto específico de invalidez constitucional:

"En este precepto se advierte con toda claridad la invasión de la esfera de competencia constitucional de mi representada por parte del demandado, ya que esta asamblea, en ejercicio de la facultad legislativa que tiene en la materia, determinó que en todo lo relacionado con agua potable, como es la construcción y operación hidráulica; planear, organizar, normar y controlar la prestación del servicio de agua potable, vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de agua potable; diseñar, normar, ejecutar, conforme a la ley de la materia las políticas de la Administración Pública del Distrito Federal en materia de prestación del servicio de agua potable; formular, coordinar y operar los programas de obras de construcción, conservación y mantenimiento de la red hidráulica, drenaje y alcantarillado del Distrito Federal; supervisar la construcción, conservación y mantenimiento, operación y administración de las obras de agua potable y alcantarillado; y expresamente prestar el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes, compete a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, lo que es dejado sin efectos, en primer lugar con la ‘creación’ del Sistema de Aguas en la Ciudad de México; y en segundo lugar, pero no menos importante, con la sectorización del sistema en el ámbito de la Secretaría del Medio Ambiente.

"‘Artículo 3o. Para efectos del presente decreto se entenderá por:

"‘...

"‘Secretaría. La Secretaría del Medio Ambiente.’

"Concepto específico de invalidez constitucional:

"En los mismos términos que el concepto específico anterior, al tener como la secretaría controladora o cabeza de sector a la del Medio Ambiente, se deja sin efectos la disposición legislativa de que todo lo relacionado con agua potable debe estar sectorizado en la Secretaría de Obras y Servicios.’

"‘Artículo 4o. Para el cumplimiento de su objeto, Sistema de Aguas tiene las siguientes atribuciones:

"‘...

"‘III. Auxiliar técnicamente a la secretaría en la planeación y presupuestación de los programas a su cargo, así como establecer los criterios de coordinación con las diferentes dependencias y los órganos político administrativos para normar los distintos usos del agua.’

"Concepto específico de invalidez constitucional:

"En los mismos términos que los dos conceptos específicos anteriores, al tener como la secretaría controladora o cabeza de sector a la del Medio Ambiente, se deja sin efectos la disposición legislativa de que todo lo relacionado con agua potable debe estar sectorizado en la Secretaría de Obras y Servicios.

"‘Artículo 8o. El consejo está integrado por:

"‘I. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente; el cual fungirá como presidente del consejo.’

"‘Artículo 10. Las decisiones del consejo serán tomadas por mayoría de los miembros presentes teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate.’

"Concepto específico de invalidez constitucional para los artículos 8o., fracción I y 10:

"En los mismos términos que los dos conceptos específicos anteriores, al tener como la secretaría controladora o cabeza de sector a la del Medio Ambiente, se deja sin efectos la disposición legislativa de que todo lo relacionado con agua potable debe estar sectorizado en la Secretaría de Obras y Servicios. En este caso se prescinde del secretario de Obras y Servicios, quien debería fungir como presidente del consejo, a fin de ejercer el voto de calidad que es una de sus prerrogativas y de gran peso, ya que en ocasiones éste es el fiel que inclina la balanza en las decisiones trascendentes de los organismos descentralizados.

"‘Artículo 13. El director general, será designado por el jefe de Gobierno, o bien, a indicación de éste por el titular de la secretaría; y podrá ser removido libremente por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.’

"Concepto específico de invalidez constitucional:

"En los mismos términos que los tres conceptos específicos anteriores, al tener como la secretaría controladora o cabeza de sector a la del Medio Ambiente, se deja sin efectos la disposición legislativa de que todo lo relacionado con agua potable debe estar sectorizado en la Secretaría de Obras y Servicios. En este caso se deja en el titular de la Secretaría del Medio Ambiente la facultad de designar al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

"‘Transitorios

"‘...

"‘Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto se llevará a cabo un proceso de transferencia mediante el cual los recursos materiales, financieros y humanos de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y la Comisión de Aguas del Distrito Federal pasarán a formar parte del organismo público descentralizado que se crea.’

"Concepto específico de invalidez constitucional:

"Si en el caso concreto que nos ocupa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara procedente y fundada la presente demanda de controversia constitucional, declarando la invalidez constitucional del decreto que por esta vía se combate, esto tendría como consecuencia que todos los actos que se derivan del mismo decreto también serían inconstitucionales e ilegales, por lo que la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales que se pretende realicen la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y la Comisión de Aguas del Distrito Federal también sería ilegal, en tal virtud, se solicita la invalidez constitucional de este artículo transitorio y su suspensión, a efecto de evitar mayores daños a la Administración Pública del Distrito Federal.

"‘Tercero. Se derogan las disposiciones de orden administrativo que se opongan al contenido del presente decreto. Una vez que concluya la transferencia de la Comisión de Aguas del Distrito Federal y de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se abroga el decreto por el que se crea la Comisión de Aguas del Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 1992, así como el Acuerdo No. 236, por el que se crea la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Núm. 150, el 15 de agosto de 1978.’

"Concepto específico de invalidez constitucional:

"En el mismo sentido del concepto específico que se hace valer para el artículo inmediatamente anterior, si en el caso concreto que nos ocupa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara procedente y fundada la presente demanda de controversia constitucional, declarando la invalidez constitucional del decreto que por esta vía se combate, esto tendría como consecuencia que todos los actos que se derivan del mismo decreto también serían inconstitucionales e ilegales, por lo que no procede que se deroguen las disposiciones administrativas que supuestamente se opongan al decreto y por supuesto no procede la abrogación de disposiciones expedidas por otros órganos de gobierno, como son los que se refieren a la creación de la Comisión de Aguas del Distrito Federal que fue expedido por el presidente de la República que en ese tiempo estaba ocupando dicha responsabilidad. Por las consideraciones expuestas, se solicita la invalidez constitucional de este artículo transitorio y su suspensión, a efecto de evitar mayores daños a la administración pública del Distrito Federal.

"Conclusiones

"De los argumentos antes expuestos, se desprende con claridad que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, al expedir y ordenar la publicación del decreto impugnado, en el que fácticamente se derogan las diversas disposiciones aprobadas por mi representada, por las que adscribió todo lo relacionado con el agua potable y alcantarillado en la Secretaría de Obras y Servicios, y no como lo dispuso el demandado en la Secretaría del Medio Ambiente; y la Secretaría del Medio Ambiente, al refrendar un decreto en el que la materia no es de su competencia expresa, transgredieron el principio de legalidad que están obligados a respetar en agravio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y transgredieron la esfera de competencia que la Constitución Federal expresamente confiere a esta Asamblea Legislativa para legislar en lo relativo a la administración pública local del Distrito Federal."

CUARTO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son el 16 y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso g).

QUINTO.-Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar bajo el número 3/2003 el expediente relativo a la presente controversia constitucional, que por razón de turno correspondió conocer al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, como instructor del procedimiento.

En diverso auto de veintisiete de enero de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a la autoridad demandada para que formulara su contestación y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.-Resulta innecesario transcribir las contestaciones de las autoridades demandadas, así como la opinión del procurador general de la República, en atención al sentido del presente fallo.

SÉPTIMO.-Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO.-Atendiendo a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha once de julio de dos mil tres se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

NOVENO.-Por auto de cinco de agosto de dos mil tres, esta Primera Sala se abocó al conocimiento de la presente controversia constitucional.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se plantea un conflicto entre la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, en el que se hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, en atención al sentido del presente fallo.

SEGUNDO.-En el presente caso resulta innecesario el estudio de las cuestiones relacionadas con la oportunidad de la demanda y con la legitimación de las partes, en virtud de que esta Primera Sala advierte que en autos obran constancias que llevan a considerar, indudablemente, que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.

El precepto señalado prevé:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia."

Del contenido del artículo reproducido, se advierte que las controversias constitucionales son improcedentes cuando hubieran cesado los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos respecto del ente que resintió la afectación. Así lo ha sustentado el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2001, publicada en el Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, página ochocientos ochenta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el siguiente:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.-La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional n

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17770-80fe99a6/controversia-constitucional-si-con-motivo-de-una-nueva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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