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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 137 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, AL INCLUIR A LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA COMO SUJETOS DE JUICIO POLÍTICO, NO INVADE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE AQUÉL, NI LIMITA LA FACULTAD DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, QUE FACULTA A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL PODER LEGISLATIVO PARA FISCALIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE AQUÉL, NO VIOLA SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE LA CONSTITUCIÓN LOCAL NO PREVEA QUÉ ÓRGANO SERÁ SU REPRESENTANTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES, NI VULNERA LA AUTONOMÍA DE AQUÉL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2000. · Registro digital (IUS): 17549
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, , Pág. 637.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2000. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de marzo de dos mil tres.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio presentado el veintiocho de septiembre de dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor Manuel González Cianci, ostentándose como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional demandando la invalidez de las normas y actos que más adelante se precisan, emitidas por las autoridades que a continuación se indican:

"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: 1. Poder Constituyente Permanente del Estado de Morelos así como de los órganos que lo integran, como son: a) Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos (sic), como órgano emisor, con domicilio en el Palacio Legislativo, ubicado en la calle Matamoros número 10, centro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, código postal 62000. b) Los Ayuntamientos que integran el Estado de Morelos, con domicilios en sus respectivas cabeceras municipales. 2. H. Congreso Local del Estado de Morelos, como depositario del Poder Legislativo en la entidad. 3. C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo y como promulgador de las normas generales cuya invalidez se reclaman, con domicilio en Plaza de Armas sin número, colonia Centro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, código postal 62000. IV. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se hubieran publicado: A) El decreto 1234 expedido por la mayoría del Pleno de la XLVII Legislatura, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el que dicha asamblea política tuvo a bien aprobar el día 25 de julio del año 2000, así como del addendum de fecha 28 de julio del mismo año y publicado en la edición número 4073 del Periódico Oficial Tierra y Libertad, de fecha 1o. de septiembre de 2000. B) El Decreto 1235 expedido por la mayoría del Pleno de la XLVII Legislatura, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el que dicha asamblea política tuvo a bien aprobar el día 25 de julio del año 2000, así como el addendum de fecha 28 de julio del mismo año y publicado en la edición número 4073 del Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha 1o. de septiembre de 2000. C) Además de las disposiciones generales cuya invalidez se reclaman, también se endereza esta demanda en contra de los actos concretos de cumplimiento, ejecución y aplicación que de las primeras pudieran emanar, cuya suspensión se pide en capítulo posterior."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. Con fecha 25 de julio del año 2000, los diputados integrantes de la Cuadragésima Séptima Legislatura del Congreso Constitucional del Estado de Morelos, tuvieron a bien aprobar reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado de Morelos, así como lo que ellos denominaron addendum, con fecha 28 de julio del mismo año. 2. Todo ello conforme a la facultad y derecho que por imperativo constitucional les corresponde en relación con la iniciativa y formación de leyes, para lo cual y en observancia de reformas constitucionales, en términos del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, iniciada la reforma y aprobada por los votos de las dos terceras partes del número total de diputados que la integran (treinta), por tratarse de reformas, adiciones y derogaciones a nuestra Carta Magna Local, se pasó a los Ayuntamientos constitucionales de cada uno de los 33 Municipios del Estado, con los debates que hubiere provocado dicha reforma para su discusión. 3. En sesión de fecha 28 de agosto de 2000, el diputado Luis Rubén Cifuentes Carrillo, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva en turno de la XLVII Legislatura, hizo la siguiente declaratoria: ‘Se da cuenta al Pleno de esta honorable legislatura que se han recibido las actas de Cabildo de los siguientes Municipios: Amacuzac, Axochiapan, Coatlán del Río, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec, Morelos, mismos que tienen por aprobadas las reformas a la Constitución que esta honorable asamblea tuvo a bien aprobar el día 25 de julio del presente año, así como del addendum de fecha 28 de julio del año 2000.’. 4. Bajo ese orden de ideas, con aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, que en la especie fueron 18 de 33 Municipios, el presidente de la mesa directiva de la citada Legislatura, envió el oficio correspondiente al titular del Poder Ejecutivo para su publicación inmediata conforme al artículo 47 de la Constitución Política Local, mismo que al no formular observaciones, ordenó la publicación de los Decretos 1234 y 1235, los que aparecieron en el número 4073 del Periódico Oficial Tierra y Libertad, de fecha 1o. de septiembre de 2000, y que contiene reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, que por sus características particulares quebrantan principios jurídicos del régimen federal y de la Constitución Política del Estado de Morelos. 5. A manera de antecedente es preciso señalar que el día 2 de julio del año 2000, en el Estado de Morelos tuvo verificativo el proceso electoral para elegir diputados al Congreso Local, al gobernador del Estado, así como a los integrantes de los 33 Ayuntamientos que integran la entidad; en este sentido el Poder Legislativo fue renovado en su totalidad, por lo que con fecha 1o. de septiembre de este año quedó formal y legítimamente instalada la Cuadragésima Octava Legislatura del Congreso Local, con la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional, circunstancia que se acredita con la publicación del Decreto Número Uno, en la edición 4075 del Periódico Oficial Tierra y Libertad, de fecha 13 de septiembre del año 2000, y que fue la Cuadragésima Séptima Legislatura la que procedió a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, que es justamente lo que motiva la interposición de la presente demanda de controversia constitucional, ya que se considera que dichas reformas son violatorias a la Constitución General de la República, como más adelante se argumentará en los conceptos de invalidez. 6. Como se acredita con la copia certificada de la parte relativa del acta de fecha trece de septiembre de dos mil, de la sesión ordinaria del Tribunal Superior de Justicia, en la que se acuerda por dicho cuerpo colegiado la presentación de la demanda de controversia constitucional en contra del H. Congreso del Estado, instruyéndose al C. Presidente para que a nombre y en representación del Poder Judicial plantee la presente demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma circunstancia que se da respecto del Consejo de la Judicatura Estatal, lo que igualmente se acredita con la exhibición de la copia certificada del acta relativa de la sesión ordinaria de fecha veintiuno de septiembre."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora señalan:

"Primero. La reforma contenida en el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Morelos, cuya invalidez se demanda, es violatoria de los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal, atendiendo las siguientes consideraciones: La tesis que han seguido nuestras Constituciones en que existe un solo poder: el Supremo Poder de la Federación, el cual se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El artículo 49 de la Constitución General de la República a la letra dice: ‘El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.’. Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Federal dispone en su primer párrafo: ‘El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.’. Una sana interpretación de dichas disposiciones constitucionales nos conducen a afirmar que lo que está dividido es el ejercicio del poder; que cada uno es creado por la propia Constitución, la que les señala expresamente sus atribuciones y su competencia, y lo que no se les atribuyen no lo podrán ejercer. De ahí que la Constitución ha establecido una situación de equilibrio entre las tres ramas en la que ha sido dividida la acción gubernativa, el texto tiende a evitar la creación de un órgano del poder todo poderoso. La Constitución Política del Estado de Morelos aceptó la tesis de la división de poderes, la cual se encuentra plasmada en el artículo 20 de la Constitución Local, al establecer: ‘El poder público del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.’. En este orden de ideas, el reformado artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Morelos a la letra decía: ‘El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Tribunal Estatal Electoral, en los juzgados que establezca la ley y en el Consejo de la Judicatura Estatal. La representación del Poder Judicial corresponderá siempre al Tribunal Superior. El Consejo de la Judicatura tendrá las atribuciones que se señalan en el artículo 92-A de esta Constitución.’. Como se advierte en dicho precepto constitucional, dispone expresamente que la representación del Poder Judicial corresponderá siempre al Tribunal Superior de Justicia, sin que obste para ello que el Poder Judicial se ejerza también por tribunales de diversa jurisdicción y especialidad. Ahora bien, el Congreso Local del Estado de Morelos reforma el citado artículo 86 constitucional, cuya invalidez se demanda, mediante el Decreto 1235, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el día primero de septiembre del año dos mil, que textualmente dispone: ‘El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los juzgados que establezca la ley; en el Consejo de la Judicatura Estatal, en el Tribunal Estatal Electoral y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cada uno en el ámbito de competencia que les corresponde.’. Se aprecia que la reforma al artículo 86 de la Constitución Local del Estado de Morelos, sustancialmente consiste en: A) Integrar al Poder Judicial del Estado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. B) Despoja al Tribunal Superior de Justicia de la representación del Poder Judicial. C) Suprime el párrafo segundo, que indica la disposición constitucional que señala las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Una interpretación teleológica de lo hasta aquí expuesto nos conduce a establecer la invalidez de la norma general que se demanda, pues si bien el texto constitucional reformado estableció como principio único que la representación del Poder Judicial ‘corresponderá siempre al Tribunal Superior de Justicia’, el Poder Legislativo del Estado, sin tener una justa causa final, o sea, un motivo y un fin que realmente responda a los imperativos sociales que la reclamen, reformó dicho texto constitucional que hoy es combatido, despojando al Tribunal Superior de Justicia de la representación del Poder Judicial, escudándose en la integración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al propio Poder Judicial, lo que no es motivo de justificación de este despojo de representación, pues en una reforma anterior el propio Legislativo deposita en otro tribunal especializado, como lo es el Tribunal Estatal Electoral, el ejercicio del Poder Judicial, sin que esto fuera considerado como un motivo y un fin a los imperativos sociales que lo pudieran justificar; al no existir esta legitimación, la reforma que introdujo al artículo 86 el Congreso Local sólo se puede entender como un mero subterfugio para encubrir, tras la apariencia de una forma jurídica, el despojo de la representación que históricamente nuestra Constitución Local ha otorgado al Tribunal Superior de Justicia respecto del Poder Judicial. Así pues, la reforma general cuya invalidez se demanda vulnera la autonomía del Poder Judicial, puesto que a través de ella el Poder Legislativo invade la esfera particular de atribuciones que corresponde al Poder Judicial, y como poder autónomo e independiente tiene la facultad de ser representado como imponía el texto constitucional reformado, y se violenta con dicha reforma la norma constitucional federal consagrada en los artículos 49 y 116 que preceptúan la separación de poderes, que pretende alcanzar una situación de equilibrio entre las tres ramas en que ha sido dividida la acción gubernativa, precepto constitucional que tiende a evitar que uno de los tres poderes se sobreponga a los restantes, tesis constitucional que el Congreso Local del Estado de Morelos viola a través de la norma general cuya invalidez se demanda, al sobrepasar la autonomía del Poder Judicial del Estado. Segundo. Este concepto de invalidez se hace consistir en lo siguiente: El espíritu de la creación del Consejo de la Judicatura Federal y Estatal, es el de separar la actividad jurisdiccional de la administrativa, la cual es exclusiva del Consejo de la Judicatura. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 100, cuarto párrafo, de la Constitución Federal, el consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces. Sólo podrán ser privadas de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley, última parte del artículo 97 de la Constitución Federal. En ningún momento la Constitución Federal otorga facultades al Congreso de la Unión o Cámara de Diputados para implementar procedimientos de destitución, en particular a Jueces de primera instancia. En tratándose de Jueces de primera instancia locales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110, segundo párrafo, de la Constitución Federal, no son sujetos de juicio político. Ahora bien, de conformidad con el Decreto Número 1234, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano informativo del Gobierno del Estado de Morelos, de fecha primero de septiembre de dos mil, sexta época, número 4073, fue publicado el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, entre otras disposiciones, fue reformado el artículo 137 de la Constitución Local, donde en la actualidad dicha reforma incluye como responsables y serán sometidos a juicio político por actos y omisiones a los Jueces de primera instancia del Poder Judicial en el Estado de Morelos. Se considera, haciéndose valer como concepto de invalidez, el hecho de que el Congreso del Estado de Morelos al reformar, incluyendo a los Jueces de primera instancia del Poder Judicial de esta entidad como sujetos a juicio político, va mas allá de sus facultades, contraviniendo flagrantemente lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Federal, que establece la división de poderes, con una violatoria invasión a la autonomía e independencia de los órganos del Poder Judicial de esta entidad federativa, considerando que cada poder es autónomo, que va en perjuicio del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal, por el menoscabo al mando como depositarios del Poder Judicial, lo anterior se explica de la siguiente manera: El artículo 117, fracciones X, XI y XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con arreglo a la Constitución Federal, le corresponde al Consejo de la Judicatura iniciar el trámite de investigación administrativa, recibir las quejas en contra de Jueces, tomar a su cargo entre otras la disciplina del Poder Judicial. También los artículos del 189 al 196 de la precitada Ley Orgánica del Poder Judicial establecen el procedimiento administrativo a seguir para llegar a una posible destitución de Jueces, por conducto y como facultad del Consejo de la Judicatura. De continuar vigente la reforma al artículo 137 de la Constitución Local del Estado de Morelos, que incluye a los Jueces de primera instancia como sujetos de juicio político por actos y omisiones, restará, como ya se dijo, mando al Pleno del Tribunal Superior y al Consejo de la Judicatura Estatal, porque únicamente tendrá facultad el Consejo de la Judicatura para nombrar Jueces de primera instancia, mas no para destituirlos en caso de que existan causas para ello, lo que se traduce en considerar que: a) Las quejas que se presenten al Consejo de la Judicatura por denuncia en contra de Jueces, ahora deberán presentarse ante el Congreso del Estado. b) De continuar vigente la reforma al artículo 137 de la Constitución Local, se suspende o suprime el trámite administrativo de investigación. c) Continuar (sic) vigente la reforma de referencia, el público en general que denuncie hechos u omisiones y quejas contra Jueces lo hará directamente al Consejo de la Judicatura. d) De continuar vigente la reforma de la que se solicita su invalidez, en lugar de quejas administrativas constituirán cada una un juicio político. Como se puede observar, existe una clara invasión a la autonomía e independencia del Poder Judicial que va en contra de lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se ha dicho, al involucrar este artículo como sujetos del juicio político a los Jueces de primera instancia, limita al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en cuanto a su poder disciplinario de poder dar de baja a los Jueces que incurran en falta gravísima, pues ahora para poder destituir a un Juez tiene que existir un juicio político, cuya competencia ya es del Consejo de la Judicatura, además de lo lento que puede ser un juicio de esta índole y, por otra parte, se pierde de vista que el juicio político procede para quien puede actuar políticamente como titular de un órgano soberano, cabeza de poder, lo que antes se consideraba como alto funcionario y es cuestionable que un Juez lo sea, pues en primer lugar, sus resoluciones son recurribles y revocables por este órgano superior y, asimismo, tienen los Jueces órgano superior; si bien es cierto que el Juez debe ser protegido por la ley, también se estima que como está actualmente, esto es, gozador de inamovilidad (ya que solamente se le puede dar de baja mediando causa y procedimiento especial), está adecuadamente protegido a su categoría pues, incluso, desde el punto de vista de un juicio político está sometido a la acción popular de cualquier ciudadano, que además al atribuirse al Congreso la facultad de dar de baja a un Juez le quita esta atribución al Consejo de la Judicatura, esto es, al Poder Judicial. Tercero. Irroga un tercer concepto de invalidez las reformas constitucionales en cuestión, pues en una plena invasión a la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos, un órgano interior de otro poder (Legislativo), a través de la Contaduría de Hacienda, pretende fiscalizar los recursos públicos de este poder; en efecto, el artículo 84 de la Constitución morelense dispone: ‘Artículo 84. Las cuentas de recaudación e inversión de toda clase de fondos públicos, los informes de gobierno, los programas operativos anuales y los programas financieros del Estado y de los Municipios, serán glosados definitivamente por la Contaduría Mayor de Hacienda, que dependerá del Congreso. Este órgano de fiscalización está facultado para realizar todo tipo de visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, financieras, de cumplimiento, evaluación de gestión social a las dependencias o entidades del sector paraestatal, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial en cualesquiera de los tribunales estatales, del propio Poder Legislativo, y del Consejo Estatal Electoral, en los términos de su propia ley orgánica. En su caso determinar las responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos estatales y municipales, tanto en la administración centralizada, como del sector paraestatal o paramunicipal, con la excepción prevista en el artículo 145 de esta Constitución; promover juicios civiles y presentar denuncias o querellas en representación del Congreso y actuar como coadyuvante del Ministerio Público en esos casos.’. Ya se ha dicho que son propios de la internidad de un poder estatal, los poderes administrativos de superior al inferior de ese propio poder, por lo que al autoaplicarse el Congreso la facultad de realizar visitas a los Jueces y a los Magistrados, está invadiendo atribuciones propias del Poder Judicial del Estado, correspondientes en congreso (sic) al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, porque son actos de control y vigilancia las visitas, inspecciones, revisiones, auditorías operativas, financieras, de cumplimiento y de evaluación, involucrándose el poder de revisión y el disciplinario que corresponden al poder estatal de que se trate, en la especie, el Tribunal Superior de Justicia en Pleno o el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por lo que esa atribución atenta en contra del principio de división de poderes, pues trata al Poder Judicial como subordinado del Poder Legislativo, y lo somete en acto concreto a su poder, por lo que, incluso, en cuanto a esto deposita dos poderes en una misma corporación, lo que significa una clara intromisión a la esfera de competencia del Poder Judicial en sus dos órganos de gobierno. Tiene aplicación al caso la siguiente tesis jurisprudencial: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, agosto de 1999. Tesis: P./J. 82/99. Página: 568. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES.’ (se transcribe)."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son: 14, 16, 40, 41, 49 y 116.

QUINTO. Por acuerdo de nueve de octubre del año dos mil, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual por turno correspondió conocer como instructor al Ministro Juventino V. Castro y Castro.

Mediante auto de diez del mismo mes y año, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenando emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. Las autoridades demandadas al producir su contestación adujeron en síntesis lo siguiente:

El Congreso del Estado de Morelos, respecto del primer concepto de invalidez manifestó:

a) Que las reformas a la Constitución del Estado de Morelos no vulneran el principio de división de poderes estatuido en la Constitución Federal, toda vez que la propia Norma Fundamental Local ha adoptado tales principios, sin que se deba establecer en su texto en quién recae la representación del Poder Judicial.

b) Que si bien del texto constitucional local se suprimió que la representación del Poder Judicial recaía en el Tribunal Superior de Justicia, esta circunstancia no significa que se vulneren los principios rectores de la misma, toda vez que en el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, se prevé que entre las facultades del presidente del Tribunal Superior de Justicia se encuentra la de representar dicho poder ante los otros del Estado, en nombre del referido tribunal; por lo anterior, la reforma al artículo 86 de la Constitución Local no implica en forma alguna que el aludido órgano jurisdiccional pierda su representación.

c) Que la inclusión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al Poder Judicial del Estado de Morelos, obedeció al hecho de dotar de mayor autonomía al citado órgano administrativo.

d) Que resulta incorrecto que se hubiese suprimido el segundo párrafo del referido artículo 86, en lo relativo a las atribuciones del Consejo de la Judicatura Local.

Respecto del segundo concepto de invalidez:

a) Que la parte actora en su demanda confunde la responsabilidad política con la administrativa, puesto que aquélla es atribución del Congreso Local, mientras que ésta corresponde sancionarla al Consejo de la Judicatura, además de ser distintas en cuanto a su origen y naturaleza jurídica.

b) Que el artículo 137 de la Constitución de Morelos, ahora impugnado, no resulta violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contemplar como sujetos de juicio político a los Jueces de primera instancia, en atención a que el artículo 110 de la Constitución Federal sujeta a este tipo de responsabilidad a los Jueces de Distrito y a los del fuero común del Distrito Federal, por lo que el Constituyente Permanente Local, al sujetar a los Jueces de primera instancia del Estado, lo hace con el fin de analizar la presunta responsabilidad política en que pudiesen incurrir, tomando como base la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad, dejando a salvo las facultades del Consejo de la Judicatura para que investigue y, en su caso, sancione a los mencionados servidores públicos por faltas de carácter administrativo.

Respecto del tercer concepto de invalidez:

a) Que con la reforma al artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos no se vulnera la autonomía del Poder Judicial, toda vez que al establecer las facultades de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso Local, no implica que el texto mismo transgreda disposición alguna, sino, por el contrario, la facultad concedida a la citada dependencia atiende a que ésta vigile que los recursos que se otorguen a los Poderes del Estado sean ejercidos conforme al presupuesto de egresos.

b) Que para hacer posible la evaluación del legal destino y aplicación de los recursos que le son asignados al Poder Judicial del Estado, se hace necesario revisar, verificar y evaluar su cuenta pública, lo cual no implica subordinación ni sometimiento alguno al Poder Legislativo.

c) Que el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos no es contrario a la Constitución Federal, al encontrarse en concordancia con el artículo 79 de ésta, en el cual se prevén las facultades de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, al producir su contestación a la demanda manifestó:

a) Que el Poder Ejecutivo no se pronuncia a favor ni en contra de alguno de los otros poderes involucrados en la presente controversia constitucional y, que no obstante ello, será respetuoso de la resolución que se emita en la misma.

b) Que el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Morelos debe declararse inconstitucional, así como el órgano de fiscalización que contempla, ya que es contrario al principio de división de poderes que contempla el artículo 116 de la Constitución Federal.

Ahora bien, se hace innecesario sintetizar las contestaciones de demanda de los Ayuntamientos de Cuernavaca, Cuautla y Yautepec, todos del Estado de Morelos, en atención a los motivos que posteriormente se precisarán.

SÉPTIMO. No se atenderán las manifestaciones del procurador general de la República rendidas mediante su oficio número PGR/054/2001, signado por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, en ausencia del titular de la dependencia, porque atendiendo lo dispuesto por el artículo 102, apartado A, tercer párrafo, de la Constitución Federal, su intervención en las controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 del mismo ordenamiento debe ser de manera personal, es decir, no es una facultad delegable.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial de la Novena Época, número P./J. 91/2001, emitida por el Pleno de este Máximo Tribunal, consultable en la página 677 del Tomo XIV, del mes de julio del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA EN NOMBRE DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, SI EL ESCRITO DE DEMANDA RESPECTIVO NO CONTIENE SU FIRMA SINO LA DE OTRA PERSONA QUE SIGNÓ EN SU AUSENCIA. Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c) y 102, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procurador general de la República puede ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17549-21494343/controversia-constitucional-el-presidente-del-tribunal-superior-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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