CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES IMPUGNADAS POR UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL TIENE EFECTOS RELATIVOS A LAS PARTES EN LA CONTROVERSIA. DISTRITO FEDERAL. EL ACUERDO DEL JEFE DE GOBIERNO POR EL QUE EXPIDIÓ NORMAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DE LAS DELEGACIONES DE ESTA ENTIDAD.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2002. DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de noviembre de dos mil tres.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el dos de abril de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco de Souza, quien se ostentó como jefe de Gobierno Delegacional en Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: Jefatura de Gobierno, cuyo titular es el C. Lic. Manuel López Obrador, con domicilio en el Palacio del Antiguo Ayuntamiento del Distrito Federal, ubicado en Plaza de la Constitución y 5 de febrero sin número, Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado: El "Acuerdo por el que se expiden las normas generales en materia de comunicación social para la administración pública del Distrito Federal", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 13 de febrero del año dos mil dos."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"Primero. Con fecha 31 de diciembre del año próximo pasado se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2002, emitido por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Segundo. En el artículo 21 del referido decreto se estableció que los titulares de las delegaciones y órganos autónomos del Distrito Federal que ejerzan recursos aprobados, serán directamente responsables de los compromisos que establezcan con cargo al mismo. Tercero. El artículo 40, fracción VIII, del citado decreto dispone que las erogaciones por decreto de publicidad, propaganda, comunicación social, se sujetarán a los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad. ‘Artículo 40. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad, disciplina y austeridad y podrán efectuarse solamente cuando se cuente con suficiencia presupuestal, así como con la autorización expresa de los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades. Criterios de racionalidad, disciplina y austeridad: ... VIII. Publicidad, propaganda y erogaciones relacionadas con actividades de comunicación social. Se sujetarán a los criterios que determine la Oficialía y la Dirección General de Comunicación Social; las erogaciones por estos conceptos que realicen las entidades se autorizarán, además, por su órgano de gobierno, con base en los lineamientos que se establezcan para el efecto. ...’. Cuarto. Con fecha trece de febrero del año dos mil dos fue publicado en la Gaceta Oficial el ‘Acuerdo por el que se expiden las normas generales en materia de comunicación social para la administración pública del Distrito Federal’, el cual de manera medular contiene las siguientes disposiciones: a) Regula las políticas generales a que se sujetarán las acciones relativas a los servicios de publicidad, propaganda, difusión e información de los órganos político-administrativos, entre otros órganos. b) Los titulares de los órganos político-administrativos serán responsables de adoptar las medidas correspondientes para el debido cumplimiento de las normas sujetas a controversia. c) Cada órgano político-administrativo elaborará su programa de comunicación social, el cual remitió (sic) a la Dirección General de Comunicación Social, dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal. d) Los órganos político-administrativos administrarán y ejercerán directamente sus asignaciones correspondientes a los servicios de difusión e información, observando las normas y demás disposiciones aplicables. e) En ningún caso los recursos presupuestarios se utilizarán con fines de promoción de imagen de servidores públicos, partidos políticos o candidatos a puestos de elección popular, las campañas institucionales ordinarias y extraordinarias, previamente a su difusión, deberán ser autorizadas por la Dirección General de Comunicación Social. g) Los impresos, publicaciones, rótulos en muebles e inmuebles, vehículos y cualquier material que con fines de identificación impriman, publiquen, rotulen o difundan los órganos político-administrativos, se ajustarán al Manual de Imagen Gráfica del Gobierno del Distrito Federal, cuya elaboración, modificación y difusión estará a cargo de la Dirección General de Comunicación Social. h) La Dirección General de Comunicación Social determinará el formato y los requisitos de calidad que están obligados a cumplir los trabajos remitidos. i) La contratación de servicios de información, difusión y publicidad con medios de comunicación privados u oficiales, se llevará a cabo con base en tarifas comerciales debidamente acreditadas, penetración o lectoría, garantizada por las instituciones oficiales y profesionales que la estudian y la cobertura debida para el tipo de campaña que se establece, respecto a publicaciones impresas, electrónicas, servicios de comunicación no masivos y por publicidad. j) La Dirección General de Comunicación Social llevará un registro de erogaciones por concepto de comunicación social, tiempos de transmisión, distribución y valor monetario de los mismos. k) Cada órgano político-administrativo, con el visto bueno de la Dirección General de Comunicación Social y la Coordinación Ejecutiva de Desarrollo Informático del Gobierno del Distrito Federal, establecerá una dirección electrónica en internet para su identificación institucional y para difundir mensajes de orientación y apoyo entre la población usuaria del servicio. l) La Dirección General de Comunicación Social, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría General del Distrito Federal y a la Secretaría de Finanzas, en su respectivo ámbito de competencia, podrá solicitar a los órganos político-administrativos, en cualquier momento, la información que estime pertinente para verificar el cumplimiento de lo establecido en ellas. m) La Dirección General de Comunicación Social, elaborará el programa sectorial de comunicación social que establezca los lineamientos sobre la orientación y procedencia de las actividades y erogaciones en materia de comunicación social, para garantizar una recepción fluida de la opinión pública y la proyección adecuada de los mensajes de la administración pública del Distrito Federal. n) La inobservancia de las normas sujetas a la presente controversia será sancionada de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables. o) Corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal y a cada una de las contralorías internas, vigilar el adecuado cumplimiento de las normas materia de esta controversia. El acuerdo sujeto a estudio establece en sus transitorios: ‘Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Segundo. Se deroga todas (sic) aquellas disposiciones que se opongan al presente acuerdo. ...
"‘Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
(Firma)
Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Oficial mayor.
(Firma)
Ing. Octavio Romero Oropeza.
Directora general de Comunicación Social.
(Firma)
Lic. Ana Lilia Cepeda de León.’
"Quinto. En el acuerdo impugnado se dictan normas que constituyen una violación al derecho a la información y a la libertad de expresión, las cuales se encuentran consagradas en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, ya que éstas regulan lo relativo a la publicidad e información de los órganos político-administrativos y se pretende coartar la libertad de expresión e información oportuna a los ciudadanos, ya que establece y exige la censura previa de la Dirección General de Comunicación Social, violando con ello, como ya quedó dicho, el derecho a la información y a la libertad de expresión, el cual es un derecho ciudadano y una obligación de las autoridades. Sexto. Aunado a lo anterior, se hace notar que tanto el jefe de Gobierno del Distrito Federal como la Dirección General de Comunicación Social carecen de la facultad para realizar dicha revisión (censura), en virtud de que no existe ningún ordenamiento legal (estatuto, ley o reglamento) que les otorgue dicha competencia, razón por la cual se violan las garantías de autoridad competente, legalidad, fundamentación y motivación establecidas en el artículo 16 de la Constitución. Toda vez que, además, el acto impugnado adolece de la más mínima fundamentación legal, en la medida en que la autoridad demandada no cita ni transcribe la debida disposición en la que funda su decisión unilateral, de, por un lado, centralizar las atribuciones correspondientes a las demarcaciones territoriales y, por otro lado, tampoco funda, su facultad de legislar sobre este aspecto. Séptimo. Violación a las garantías de legalidad, fundamentación, motivación y autoridad competente establecidas en el artículo 16 de la Constitución, en relación con los artículos 90 del Estatuto de Gobierno y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Se dice que se violan las garantías de legalidad, fundamentación, motivación y autoridad competente establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, con fundamento en el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los reglamentos, decretos y acuerdos deberán estar firmados por el secretario a que el asunto corresponda, sin este requisito no serán obedecidos; asimismo, el artículo 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala que los reglamentos, decretos y acuerdos del jefe de Gobierno de Distrito Federal, deberán ser refrendados por el secretario que corresponda según su materia; todo ello aunado a que, de conformidad con el artículo 14, párrafo tercero, de la ley orgánica en cita, los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el jefe de Gobierno deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por el secretario que corresponda según la materia de que se trate y, en la especie, el acuerdo materia de controversia para su validez y observancia debió haber sido refrendado por el titular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 23 de la multicitada ley orgánica que señala que es a la Secretaría de Gobierno a quien corresponde el despacho de las materias relativas al gobierno, relaciones con Estados y Municipios, la coordinación metropolitana, trabajo y previsión social, seguimiento de funciones desconcentradas de las delegaciones del Distrito Federal y en virtud de carecer de dicho refrendo, con fundamento en los artículos anteriormente citados, el acuerdo en controversia resulta ser inválido e inobservable. Octavo. En el citado acuerdo también se encuentran órdenes tendentes a invalidar, desconocer, cancelar o extinguir los límites de esferas competenciales, ya que pretende privarnos de las facultades, derechos y obligaciones que señalan los artículos 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, ya que en la especie invade la esfera competencial de las delegaciones en las materias de gobierno y administración, violando con ello, como ya quedó dicho, el derecho a la información y a la libertad de expresión, el cual es un derecho ciudadano y una obligación de las autoridades; pretendiendo establecer ‘una revisión’ (censura), pues exige la autorización de la Dirección General de Comunicación Social, previa a la difusión, para llevar a cabo cualquier campaña informativa, en clara contravención a la Constitución, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ley orgánica y reglamento correspondientes. Se dice que invade la esfera competencial de las delegaciones, en virtud de que el artículo 122, apartado C, base tercera, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala la existencia de los órganos político-administrativos, por lo que son órganos constitucionalmente creados y, por ello, de una jerarquía especial, esto aunado a que el artículo 12, fracción III, del Estatuto de Gobierno, establece que los órganos político-administrativos cuentan con autonomía funcional para ejercer las competencias que les otorga el estatuto y las leyes, y a mayor abundamiento, el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal otorga a las delegaciones autonomía funcional en acciones de gobierno. Noveno. En este acuerdo también se encuentran normas que invaden la esfera competencial del Poder Legislativo, toda vez que se violenta el artículo 122 constitucional, apartado A, fracción I, ya que tal dispositivo faculta al Congreso de la Unión para legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa en el artículo 122, base primera, fracción V, inciso G, resultando con ello que el acto materia de controversia invade dicha facultad. Ello aunado, además, a que mediante el acuerdo impugnado se contraviene la competencia expresamente otorgada a las demarcaciones territoriales denominadas comúnmente delegaciones. Décimo. El citado acuerdo también entraña una violación a la autonomía de los órganos político-administrativos que emana del artículo 122, apartado C, base tercera, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 12, fracción III y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. En el citado acuerdo también se encuentran órdenes tendentes a invalidar, desconocer, cancelar o extinguir la autonomía y los límites de las esferas competenciales de los órganos político-administrativos, ya que fuera del orden jurídico-constitucional pretende privarnos de las facultades, derechos y obligaciones que señalan los artículos 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Décimo primero. Dicho acuerdo contiene órdenes tendentes a invalidar, desconocer, cancelar o extinguir el principio de jerarquía de leyes, supremacía constitucional y orden jerárquico normativo, señalado en el artículo 133 constitucional, ya que en el caso concreto pretende hacer predominar las disposiciones de un acuerdo administrativo sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (mismas que más adelante señalamos)."
TERCERO. El promovente adujo como conceptos de invalidez los siguientes:
"1. Violación a las garantías que consagran el derecho a la información y a la libertad de expresión, establecidas en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución. Procede la invalidez del acuerdo impugnado en virtud de que en el mismo se dictan normas que constituyen una violación al derecho a la información y a la libertad de expresión, los cuales se encuentran consagrados en los artículos 6o. y 7o. constitucionales que, en su parte conducente, establecen lo siguiente: ‘Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.’. ‘Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta que no tienen más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.’. Dichos artículos regulan lo relativo a la publicidad e información de los órganos político-administrativos y en el citado acuerdo se pretende coartar la libertad de expresión e información oportuna a los ciudadanos, ya que establece y exige la ‘revisión’ (censura) de la Dirección General de Comunicación Social, previa a la difusión, para llevar a cabo cualquier campaña informativa, en clara contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal correspondientes, violando con ello, como ya quedó dicho, el derecho a la información y a la libertad de expresión, el cual es un derecho ciudadano y una obligación de las autoridades. Se dice que el acuerdo combatido coarta la libre comunicación entre el órgano político-administrativo y los ciudadanos que eligieron de manera universal, libre, secreta y directa a su titular, ya que no sólo atenta contra el derecho natural que todo órgano electo tiene de comunicarse con los ciudadanos que lo eligieron, sino que causa agravio al derecho de información consagrado en el artículo 6o. de nuestra Ley Fundamental, norma que no puede ser violentada con base en la facultad reglamentaria del jefe de Gobierno, ya que ésta no puede restringir un derecho fundamental de los gobernados, lo que nos lleva a deducir que las normas dictadas al respecto en el referido acuerdo deben ser declaradas totalmente inválidas. Por otro lado, la existencia del decreto de presupuesto de egresos en su artículo 40, ya citado, y que no fue considerado fundamento del acuerdo ahora combatido, marca los criterios en materia de ejercicio del gasto presupuestal autorizado por la Asamblea Legislativa a los órganos político-administrativos, pero no puede considerarse que regule el contenido de las comunicaciones de dichos órganos con los ciudadanos, razón por la cual, el acuerdo citado se considera violatorio del orden constitucional referido. Respecto a este concepto de invalidez resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial: ‘DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE. Inicialmente, la Suprema Corte estableció que el derecho a la información instituido en el último párrafo del artículo 6o. constitucional, adicionado mediante reforma publicada el 6 de diciembre de 1977, estaba limitado por la iniciativa de reformas y los dictámenes legislativos correspondientes, a constituir, solamente, una garantía electoral subsumida dentro de la reforma política de esa época, que obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran ordinariamente sus programas, idearios, plataformas y demás características inherentes a tales agrupaciones, a través de los medios masivos de comunicación (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 2a. Sala, Tomo X, agosto 1992, p. 44). Posteriormente, en resolución cuya tesis LXXXIX/96 aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio 1996, p. 513, este Tribunal Pleno amplió los alcances de la referida garantía al establecer que el derecho a la información, estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional. A través de otros casos, resueltos tanto en la Segunda Sala (AR. 2137/93, fallado el 10 de enero de 1997), como en el Pleno (AR. 3137/98, fallado el 2 de diciembre de 1999), la Suprema Corte ha ampliado la comprensión de ese derecho entendiéndolo, también, como garantía individual, limitada como es lógico, por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de tercero.’. 2. Violación a las garantías de legalidad, fundamentación, motivación y autoridad competente establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Se violan dichas garantías en virtud de que la autoridad demandada, sin fundamento legal alguno, pretende desconocer la competencia de esta delegación e intervenir en la jurisdicción que en cuanto a las materias de gobierno, administración y asuntos jurídicos, libertad de expresión e información, se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su parte conducente, establecen lo siguiente: ‘Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. Del mismo modo se violan también el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. En primer lugar, porque tanto el jefe de Gobierno del Distrito Federal como la Dirección General de Comunicación Social carecen de la facultad para realizar dicha revisión (censura), en virtud de que no existe ningún ordenamiento legal (estatuto, ley o reglamento) que le otorgue dicha competencia, razón por la cual se violan las garantías de autoridad competente, legalidad, fundamentación y motivación establecidas en el artículo 16 de la Constitución. Y, en segundo lugar, porque el acto impugnado adolece de la más mínima fundamentación legal, toda vez que la autoridad demandada no cita ni transcribe la debida disposición en la que funda su decisión unilateral de, por un lado, centralizar las atribuciones correspondientes a las demarcaciones territoriales y, por otro lado, tampoco funda su facultad de legislar sobre este aspecto. Lo anterior, en virtud de que es de explorado derecho que la autoridad gubernamental, sea cual fuere el poder público del que forma parte, no puede realizar actos que generen derechos u obligaciones, órdenes de hacer o de no hacer, ni mucho menos que cambie la situación jurídica de personas de derecho privado o público, so pena de violentar el principio de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, razón por la cual, el acto que se reclama es inválido e inconstitucional, haciendo la aclaración de que la ilegalidad se deriva de que con tal hecho se violan directamente disposiciones legales que establecen todo lo contrario. Como puede observarse, de la simple lectura del acuerdo impugnado se observa que no existe fundamento legal para sustentar el acto que nos ocupa, razón por la que se viola el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que sea óbice para lo anterior, la facultad reglamentaria del jefe de Gobierno del Distrito Federal para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la ley, mediante reglamentos, decretos, acuerdos o circulares, ya que tal disposición es obvio que no incluye la posibilidad de proveer normas contrarias a la ley, puesto que ésta ha sido diseñada por el constituyente precisamente para deducir en la esfera administrativa, las normas contenidas en un ordenamiento de mayor jerarquía denominado ley, por tanto, el acto que se reclama lejos de proveer la exacta observancia de la ley, va en contra de la misma. Respecto a este concepto de invalidez resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación.’. 3. Violación a las garantías de legalidad, fundamentación, motivación y autoridad competente establecidas en el artículo 16 de la Constitución, en relación con los artículos 90 del Estatuto de Gobierno y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Se dice que se violan las garantías de legalidad, fundamentación, motivación y autoridad competente establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en virtud de que éstos señalan lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 14.’ (ya transcrito). ‘Artículo 16.’ (ya transcrito). ‘Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe de departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.’. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. ‘Artículo 1o.’ (ya transcrito). ‘Artículo 90. Los reglamentos, decretos y acuerdos del jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán estar refrendados por el secretario que corresponda según la materia de que se trate.’. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. ‘Artículo 14. El jefe de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Asimismo cumplirá y ejecutará las leyes y decretos relativos al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión. El jefe de Gobierno podrá elaborar proyectos de reglamentos sobre leyes que expida el Congreso de la Unión relativas al Distrito Federal y vinculadas con las materias de su competencia, y los someterá a la consideración del presidente de la República. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el jefe de Gobierno deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por el secretario que corresponda, según la materia de que se trate, y cuando se refieran a materias de dos o más secretarías, deberán refrendarse por los titulares de las mismas que conozcan de esas materias conforme a las leyes.’. En consecuencia, se dice que procede la invalidez del acuerdo impugnado con base en el siguiente razonamiento: En primer lugar, porque con fundamento en el artículo 92 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, todos los reglamentos, decretos y acuerdos deberán estar firmados por el secretario a que el asunto corresponda, sin este requisito no serán obedecidos. Asimismo, el artículo 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala que los reglamentos, decretos y acuerdos del jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán ser refrendados por el secretario que corresponda según su materia. Todo ello aunado a que, de conformidad con el artículo 14, párrafo tercero, de la ley orgánica en cita, los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el jefe de Gobierno, deberán para su validez y observancia, ser refrendados por el secretario que corresponda según la materia de que se trate. Y, en segundo lugar, porque en la especie el acuerdo materia de controversia para su validez y observancia debió haber sido refrendado por el titular de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 23, fracción XII, de la citada ley orgánica que señala que es a la Secretaría de Gobierno a quien corresponde el despacho de las materias relativas al gobierno; relaciones con Estados y Municipios, la coordinación metropolitana; trabajo y previsión social; seguimiento de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17836-b00c17ee/controversias-constitucionales-la-declaracion-de-invalidez-de-normas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES IMPUGNADAS POR UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL TIENE EFECTOS RELATIVOS A LAS PARTES EN LA CONTRO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO PREVIAMENTE A SU PRESENTACIÓN EL PROMOVENTE INTERPUSO DIVERSO MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA, SIN QUE SE HUBIESE DICTADO EN ÉL RESOL (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, EN TRATÁNDOSE DE LA IMPUGNACIÓN DE NORMAS GENERALES CUYA VIGENCI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DESISTIMIENTO DE LA LEGISLATURA QUE SUCEDIO A LA PROMOVENTE DE LA CONTROVERSIA. (s/clave)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FED (67)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FED (84)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FED (P./J. 112/2001 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis