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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES IMPUGNADAS POR UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL TIENE EFECTOS RELATIVOS A LAS PARTES EN LA CONTROVERSIA. DISTRITO FEDERAL. EL ACUERDO DEL JEFE DE GOBIERNO POR EL QUE EXPIDIÓ NORMAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DE LAS DELEGACIONES DE ESTA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2002. · Registro digital (IUS): 17835
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, , Pág. 451.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 27/2002. DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DEL DISTRITO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y LAURA GARCÍA VELAZCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de noviembre de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el dos de abril de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Guadalupe Morales Rubio, quien se ostentó como jefa delegacional de la Delegación Venustiano Carranza en el Distrito Federal, promovió controversia constitucional demandando de la autoridad que a continuación se señala, la invalidez de los actos que más adelante se precisan:

"... II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. En términos de lo estatuido por el artículo 122 de nuestra Carta Magna, lo constituye el órgano ejecutivo local denominado jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuyo titular es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con domicilio en el Palacio del Antiguo Ayuntamiento del Distrito Federal, ubicado en Plaza de la Constitución y Av. 5 de Febrero s/n, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad capital. ... IV. Actos cuya invalidez se demanda así como el medio de publicación. En el presente caso se reclaman los siguientes actos meramente administrativos: por su expedición. A) La expedición del ‘Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales en materia de Comunicación Social para la Administración Pública del Distrito Federal’, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 17 del 13 de febrero de 2002, vigente a partir del 14 del mismo mes y año. Por su primer acto de aplicación. B) La aplicación del ‘Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales en materia de Comunicación Social para la Administración Pública del Distrito Federal’, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 17 del 13 de febrero de 2002, vigente a partir del 14 del mismo mes y año, contenida en el oficio número DGCS/DD/437/2002 del 14 de marzo de 2002, por medio del cual la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal niega y conmina a este órgano actor a retirar del diseño presentado la versión estilizada del escudo de la Delegación Venustiano Carranza, ya que no se encuentra incluida en el manual de imagen gráfica y, por tanto, se contraviene lo establecido en la cláusula octava de las normas generales en materia de comunicación social para la administración pública del Distrito Federal."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

"1. Con fecha treinta y uno de diciembre del año próximo pasado se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el ‘Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2002.’, emitido por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, correspondiéndole al órgano político-administrativo que represento, por concepto de presupuesto, la cantidad de $1,100’059,422.00 (un mil cien millones cincuenta y nueve mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 M.N.) (anexo 2). 2. Por su parte, el artículo 21 del referido decreto establece que los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades y órganos autónomos del Gobierno del Distrito Federal que ejerzan recursos aprobados serán directamente responsables de los compromisos que establezcan con cargo al mismo, así como de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las actividades institucionales y acciones previstas en sus respectivos programas. 3. De igual manera, su artículo 40, fracción VIII, dispone que las erogaciones por concepto de publicidad, propaganda y erogaciones relacionadas con actividades en materia de comunicación social se sujetarán a los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad y podrán efectuarse solamente cuando se cuente con suficiencia presupuestal, así como con la autorización expresa de los titulares, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades. Además deberán sujetarse a los criterios que determine la Oficialía Mayor y la Dirección General de Comunicación Social. 4. Posteriormente, el trece de febrero del año en curso se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el ‘Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales en materia de Comunicación Social para la Administración Pública del Distrito Federal’ (anexo 3), el cual de manera medular contiene las siguientes disposiciones: a) Regula las políticas generales a que se sujetarán las acciones relativas a los servicios de publicidad, propaganda, difusión e información de los órganos político-administrativos entre otros órganos. b) Los titulares de los órganos político-administrativos serán responsables de adoptar las medidas correspondientes para el debido cumplimiento de las normas sujetas a controversia. c) Cada órgano político-administrativo elaborará su Programa de Comunicación Social, el cual remitirá a la Dirección General de Comunicación Social, dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal. d) Los órganos político-administrativos administrarán y ejercerán directamente sus asignaciones correspondientes a los servicios de difusión e información, observando las normas y demás disposiciones aplicables. e) En ningún caso los recursos presupuestarios se utilizarán con fines de promoción de imagen de servidores públicos; partidos políticos o candidatos a puestos de elección popular. f) Las campañas institucionales ordinarias y extraordinarias, previamente a su difusión, deberán ser autorizadas por la Dirección General de Comunicación Social. g) Los impresos, publicaciones, rótulos en muebles e inmuebles, vehículos y cualquier material que con fines de identificación impriman, publiquen, rotulen o difundan los órganos político-administrativos, se ajustarán al Manual de imagen gráfica del Gobierno del Distrito Federal, cuya elaboración, modificación y difusión estará a cargo de la Dirección General de Comunicación Social. h) La Dirección General de Comunicación Social determinará el formato y los requisitos de calidad que están obligados a cumplir los trabajos remitidos. i) La contratación de servicios de información, difusión y publicidad con medios de comunicación privados u oficiales, se llevará a cabo con base en tarifas comerciales debidamente acreditadas, penetración o lectoría garantizada por las instituciones oficiales y profesionales que la estudian y la cobertura debida para el tipo de campaña que se establece, respecto a publicaciones impresas, electrónicas, servicios de comunicación no masivos y por publicidad. j) La Dirección General de Comunicación Social llevará un registro de erogaciones por concepto de comunicación social, tiempos de transmisión, distribución y valor monetario de los mismos. k) Cada órgano político-administrativo, con el visto bueno de la Dirección General de Comunicación Social y la Coordinación Ejecutiva de Desarrollo Informático del Gobierno del Distrito Federal, establecerá una dirección electrónica en internet para su identificación institucional y para difundir mensajes de orientación y apoyo entre la población usuaria del servicio. l) La Dirección General de Comunicación Social, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría General del Distrito Federal y a la Secretaría de Finanzas en su respectivo ámbito de competencia, podrá solicitar a los órganos político-administrativos, en cualquier momento, información que estime pertinente para verificar el cumplimiento de lo establecido en ellas. m) La Dirección General de Comunicación Social elaborará el Programa Sectorial de Comunicación Social que establezca los lineamientos sobre la orientación y procedencia de las actividades y erogaciones en materia de comunicación social para garantizar una recepción fluida de la opinión pública y la proyección adecuada de los mensajes de la administración pública del Distrito Federal. n) La inobservancia de las normas sujetas a la presente controversia será sancionada de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables. o) Corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal y a cada una de las contralorías internas, vigilar el adecuado cumplimiento de las normas materia de esta controversia. 5. El acuerdo sujeto a estudio, establece en sus transitorios: ‘Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente acuerdo.’. 6. La Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas, adscrita a la Jefatura Delegacional en Venustiano Carranza, solicitó a la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, mediante oficio del veintisiete de febrero de dos mil dos, aclarara si la guía de identidad gráfica es la misma a que se refieren las normas generales en materia de comunicación social (Manual de imagen gráfica del Gobierno del Distrito Federal), contestando con oficio s/n del cuatro de marzo del año en curso, lo siguiente: ‘En relación con su misiva de fecha 27 de febrero del año en curso, me permito aclararle que el manual de identidad gráfica es el mismo intitulado guía de identidad gráfica, el cual obra en su poder. ...’. (Se acompaña acuse de recibo del oficio petitorio y original del oficio de respuesta, como anexos 4 y 5). 7. Mediante oficios números CCSYRP/035/2002, CCSYRP/036/2002 y CCSYRP/037/2002, todos ellos del trece de marzo del presente año, este órgano político-administrativo, por conducto de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas, adscritas a la Jefatura Delegacional, solicitó a la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal autorización para el manejo de imagen gráfica y elaboración de treinta mantas para entrega de alarmas vecinales, dos mil invitaciones para el XXI Aniversario de la Casa de la Cultura, profesor Enrique Ramírez y Ramírez y mil volantes semanales para las Jornadas de abasto por el cambio. (Se acompañan acuses de recibo de los oficios petitorios como anexos 6, 7 y 8). 8. Por oficio DGCS/DD/437/2002 del catorce de marzo del año en curso, la Dirección General de Comunicación Social, adscrita a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la directora de Difusión, Lic. Beatriz Gutiérrez Mueller, dio contestación a los oficios de mérito, comunicándonos su negativa en los términos siguientes: ‘... Sin embargo, según lo establecido en la cláusula octava de las Normas generales en materia de comunicación social para la administración pública del Distrito Federal, lo conminamos a retirar de su diseño la versión estilizada del escudo de la Delegación Venustiano Carranza pues no está incluida en la cláusula sexta del mismo ordenamiento. ...’. (Se acompaña original del oficio de respuesta, como anexo 9)."

TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:

"PRIMERO. La expedición del acto administrativo consistente en el ‘Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales en materia de Comunicación Social para la Administración Pública del Distrito Federal’, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de febrero de 2002, vigente a partir del día siguiente de su publicación, viola flagrantemente las disposiciones supremas contenidas en los artículos 14, 16, 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso g), base segunda, fracción II, inciso b), base tercera, fracción II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como las leyes secundarias relativas a los artículos 1o., 36, 42, fracción XI, 67, fracción II y 115, fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o. y 14, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, al pretender regular dentro del ámbito interno de gobierno mediante la emisión del acuerdo que se combate en esta vía constitucional, una situación jurídica inexistente ya que, en la especie, debemos destacar que no existe en la legislación local para el Distrito Federal, ley en materia de comunicación social, pues precisamente ésta sería la medida y justificación de aquéllas y, por ende, incurre en un exceso respecto de los mandatos legales aludidos, de ahí que su actuar deviene inconstitucional de origen tal y como se expone con los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: Para una mayor comprensión de la ilegalidad y exceso en las facultades que le otorgan diversos ordenamientos jurídicos a la autoridad ejecutiva demandada, para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes expedidas por el órgano legislativo local, me permito transcribir los numerales con los cuales el C. Jefe de Gobierno fundó su acto administrativo interno de gobierno: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ‘Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo. ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: ... Base segunda. Respecto del jefe de Gobierno del Distrito Federal: ... II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: ... b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. ...’. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. ‘Artículo 8o. Las autoridades locales del Gobierno del Distrito Federal son: ... II. El jefe de Gobierno del Distrito Federal. ...’. ‘Artículo 67. Las facultades y obligaciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal son las siguientes: ... II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. ...’. ‘Artículo 90. Los reglamentos, decretos y acuerdos del jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán estar refrendados por el secretario que corresponda según la materia de que se trate.’. ‘Artículo 92. La administración pública del Distrito Federal implementará un programa de difusión pública acerca de las leyes y decretos que emitan el Congreso de la Unión en las materias relativas al Distrito Federal y la Asamblea Legislativa, de los reglamentos y demás actos administrativos de carácter general que expidan el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como de la realización de obras y prestación de servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores públicos responsables, a efecto de que los habitantes se encuentren debidamente informados de las acciones y funciones del gobierno de la ciudad.’. ‘Artículo 112. En la iniciativa de decreto de presupuesto de egresos, el jefe de Gobierno deberá proponer a la Asamblea Legislativa asignaciones presupuestales para que las delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo, considerando criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano. Las delegaciones informarán al jefe de Gobierno del ejercicio de sus asignaciones presupuestarias para los efectos de la cuenta pública, de conformidad con lo que establece este estatuto y las leyes aplicables. Las delegaciones ejercerán, con autonomía de gestión sus presupuestos observando las disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública central. Las transferencias presupuestarias que no afecten programas prioritarios, serán decididas por el jefe delegacional, informando del ejercicio de esta atribución al jefe de Gobierno de manera trimestral.’. ‘Artículo 115. Corresponde a los órganos centrales de la administración pública del Distrito Federal, de acuerdo a la asignación que determine la ley, las atribuciones de planeación, organización, normatividad, control, evaluación y operación, referidas a: ... II. Formulación y conducción de las políticas generales que de conformidad con la ley se les asignen en sus respectivos ramos de la administración pública; ... XI. En general, las funciones de administración, planeación y ejecución de obras, prestación de servicios públicos, y en general actos de gobierno que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la ciudad o tenga impacto en dos o más delegaciones, y ...’. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. ‘Artículo 2o. La administración pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal. La jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la administración pública centralizada. En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la administración pública central contará con órganos político-administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal. Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la administración centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al propio jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine. Los organismos descentralizados, las empresas de participación, estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos son las entidades que componen la administración pública paraestatal.’. ‘Artículo 5o. El jefe de Gobierno será el titular de la administración pública del Distrito Federal. A él corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por disposición jurídica no sean delegables. El jefe de Gobierno contará con unidades de asesoría, de apoyo técnico, jurídico, de coordinación y de planeación del desarrollo que determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la administración pública del Distrito Federal. Asimismo, se encuentra facultado para crear mediante reglamento, decreto o acuerdo los órganos desconcentrados, institutos, consejos, comisiones, comités y demás órganos de apoyo al desarrollo de las actividades de la administración pública del Distrito Federal.’. ‘Artículo 6o. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública centralizada, desconcentrada y paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades determinen el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal los demás programas que deriven de éste y las que establezca el jefe de Gobierno.’. ‘Artículo 12. El jefe de Gobierno será el titular de la administración pública del Distrito Federal; será electo y ejercerá sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. La administración pública del Distrito Federal tendrá a su cargo los servicios públicos que la ley establezca. La prestación de éstos podrá concesionarse, previa declaratoria que emita el jefe de Gobierno, en caso de que así lo requiera el interés general y la naturaleza del servicio lo permita, a quienes reúnan los requisitos que establezcan las leyes.’. ‘Artículo 14. El jefe de Gobierno promulgará, publicará y ejecutará las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Asimismo cumplirá y ejecutará las leyes y decretos relativos al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión. El jefe de Gobierno podrá elaborar proyectos de reglamentos sobre leyes que expida el Congreso de la Unión relativas al Distrito Federal y vinculadas con las materias de su competencia, y los someterá a la consideración del presidente de la República. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el jefe de Gobierno deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por el secretario que corresponda, según la materia de que se trate, y cuando se refieran a materias de dos o más secretarías, deberán refrendarse por los titulares de las mismas que conozcan de esas materias conforme a las leyes.’. Reglamento interior de la administración pública del Distrito Federal. ‘Artículo 4o. Con base en los principios de transparencia y legalidad, se proveerán los recursos humanos, materiales y financieros para el exacto y oportuno despacho de los negocios del orden administrativo de todas y cada una de las dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos, órganos desconcentrados y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo de la Administración Pública.’. ‘Artículo 6o. La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen contará con unidades de asesoría, de apoyo técnico, jurídico, de coordinación y de planeación del desarrollo. Asimismo se le adscribe la Dirección General de Comunicación Social y el órgano desconcentrado denominado Junta de Asistencia Privada.’. ‘Artículo 14. El jefe de Gobierno tiene a su cargo el órgano ejecutivo local. A él corresponden originalmente todas las atribuciones que a dicho órgano le confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos relativos al Distrito Federal.’. ‘Artículo 38. Corresponde a la Dirección General de Comunicación Social: I. Planear, coordinar y evaluar las políticas que orienten a los medios de difusión con que cuenten las dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos y órganos desconcentrados de la administración pública y coadyuvar en la materia a las entidades, de conformidad con las normas que al efecto expida el jefe de Gobierno. ... III. Normar y dictaminar sobre la orientación y procedencia de las actividades y erogaciones a realizar, en materia de comunicación social. ...’. Ahora bien, de las disposiciones legales antes transcritas podemos concluir categóricamente que no existe ordenamiento jurídico alguno que permita a la autoridad central regular las políticas generales relativas a publicidad, propaganda, difusión e información para las dependencias, órganos desconcentrados, unidades administrativas, órganos político-administrativos y entidades de la administración pública del Distrito Federal ya que, en la especie, se hubieran citado los ordenamientos de la ley respectiva, que faculte por mandato expreso al jefe de Gobierno del Distrito Federal, para emitir los ordenamientos jurídicos que provean en la esfera de su competencia la exacta observancia de la ley reglamentada. Nótese sobre el particular que la autoridad demandada omite fundamentar su acto administrativo de aplicación en la ley de donde emana el acuerdo que contiene las normas sujetas a controversia, y omite dicha circunstancia por la simple y sencilla razón de que no existe en nuestra legislación local, ley o disposición de carácter general, hipotética y abstracta, que regule las políticas relativas a la publicidad, propaganda, difusión e información en materia de comunicación social, es decir, normó en donde el legislador no ha normado. En efecto, nuestra Carta Fundamental establece en su artículo 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), la facultad del jefe de Gobierno del Distrito Federal para promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos; sin embargo, el acuerdo emitido por éste en materia de comunicación social no encuentra sustento en ninguna ley, tal y como quedó constatado en el propio acto ilegal que ahora se combate. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 50/2000 sustentada por el Pleno de esta H. Corte al resolver la controversia constitucional 34/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 813, que a la letra establece: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la debida motivación.’. La anterior violación resulta más grave si tomamos en consideración que la autoridad ejecutiva demandada ni siquiera se excedió dentro de los mandatos legales que le permite, de acuerdo con el ejercicio de la facultad reglamentaria, proveer en la esfera administrativa su exacta observancia, y menos aún, que exista una contrariedad entre las disposiciones reglamentarias relativas y las contenidas en la ley reglamentada, pues como se ha sostenido a lo largo del presente concepto de invalidez, no existe dentro de la vida jurídica de esta entidad federativa disposición legal alguna que permita regular todo lo relacionado con la materia de comunicación social, por ende, al no existir una norma legal que atribuya a favor de la autoridad expedidora de manera nítida la facultad para actuar en determinado sentido y que, además, su actuación se ajuste en la forma precisa y exacta que lo disponga la ley, se concluye la contundente ilegalidad del acto de autoridad combatido por esta vía constitucional. A mayor abundamiento, mediante el ejercicio de la facultad reglamentaria, el titular del órgano ejecutivo puede, para mejor proveer en la esfera administrativa que garantice el cumplimiento de las leyes, dictar ordenamientos o actos que faciliten a los destinatarios la observancia de las citadas leyes. Con independencia de lo anterior, el acuerdo reglamentario debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones contenidas en la ley reglamentada, pues es ahí en donde el acuerdo o acto que reglamenta parte de un principio definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos, ni mucho menos contradecirla; luego entonces, la facultad reglamentaria no puede ser utilizada para llenar lagunas en la ley, ni para reformarla o para remediar el olvido o la omisión. Sobre este punto, me permito transcribir la jurisprudencia número 25, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, página 83, del tenor siguiente: ‘REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. SUS LÍMITES. Mediante el ejercicio de la facultad reglamentaria, el titular del Ejecutivo Federal puede, para mejor proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de las leyes, dictar ordenamientos que faciliten a los destinatarios la observancia de las mismas, a través de disposiciones generales, imperativas y abstractas que detallen sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación. Sin embargo, tal facultad (que no sólo se deduce de la fracción I del artículo 89 constitucional, sino que a la vez se confirma expresamente el contenido de la fracción VIII, inciso a), del artículo 107 de la propia Carta Suprema), por útil y necesaria que sea, debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del Poder Ejecutivo, esto es, la norma reglamentaria actúa por facultades explícitas o implícitas que se precisan en la ley, siendo únicamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla y que, por ello, compartan además su obligatoriedad. De ahí que, siendo competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos, por tal virtud, si el reglamento sólo encuentra operatividad en e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17835-6417ba5b/controversias-constitucionales-la-declaracion-de-invalidez-de-normas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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