CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO PREVIAMENTE A SU PRESENTACIÓN EL PROMOVENTE INTERPUSO DIVERSO MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA, SIN QUE SE HUBIESE DICTADO EN ÉL RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 20/2002. JEFE DELEGACIONAL DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE BENITO JUÁREZ, DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de agosto de dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de febrero de dos mil dos, José Espina Von Roehrich, quien se ostenta como jefe delegacional en Benito Juárez, Distrito Federal, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades que a continuación se señalan, demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: a) Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, con domicilio en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, colonia Centro, C.P. 06068, México, Distrito Federal. b) Secretaría de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal, con domicilio en Plaza de la Constitución y Pino Suárez, primer piso, colonia Centro, C.P. 06068, en esta Ciudad de México, Distrito Federal. Norma general y acto cuya invalidez se demanda: a) El artículo 7o., fracción I, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en lo relativo a la adscripción que se hace de los órganos político-administrativos a la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal, ordenamiento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 28 de diciembre de 2000. b) La resolución administrativa dictada por el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Agustín Ortiz Pinchetti, en fecha 18 de diciembre del año 2001, mediante la cual el referido secretario declara nulo tanto el procedimiento administrativo contenido en el expediente DV/EM/406/2001, instaurado por la Delegación Benito Juárez respecto del inmueble ubicado en el número 290 de la calle de San Lorenzo, colonia Del Valle Sur, en esta ciudad, como la resolución administrativa de fecha 13 de diciembre de 2001, que recayó sobre el citado expediente."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"1. Con fecha 2 de julio de 2000, los ciudadanos vecinos de la Delegación Benito Juárez, de conformidad con lo ordenado por el artículo 122, apartado C, base tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en legítimo ejercicio de la prerrogativa que les concede la fracción I del artículo 35 de la propia Ley Fundamental, eligieron en forma universal, libre, secreta y directa al licenciado José Espina Von Roehrich, como titular del órgano político administrativo en la citada demarcación territorial. 2. Con fecha 28 de diciembre de 2000, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 3. El órgano político administrativo en Benito Juárez recibió denuncias vecinales formuladas por la C. Raquel Garza García Moreno, representante de los vecinos de las colonias Del Valle Sur y Tlacoquemécatl del Valle, solicitando se corroborase el debido funcionamiento de la escuela instalada en el inmueble ubicado en la calle de San Lorenzo No. 290, colonia Del Valle Sur, en la propia Delegación Benito Juárez. 4. En ejercicio de la atribución que le concede la fracción V del artículo 124 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el día 3 de octubre de 2001, el director general jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, emitió la orden de visita de verificación extraordinaria DV/EM/406/2001, por lo que con esa misma fecha la verificadora adscrita a la citada dirección general se constituyó en el domicilio mencionado para la práctica de la visita de verificación ordenada. 5. Al concluir la referida visita de verificación, la verificadora comisionada hizo del conocimiento del visitado que contaba con cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la verificación, para que por escrito presentara ante la Subdirección de Calificación de Infracciones su inconformidad en contra del acta de visita de verificación extraordinaria, exhibiera pruebas o alegara lo que a su derecho conviniera. 6. Dentro del término concedido, la C. Ma. Guadalupe Lucio Gómez Maqueo, directora general del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, se sujetó al procedimiento administrativo instaurado por la Delegación Benito Juárez, compareciendo mediante escrito en el que presentó las pruebas y formuló los alegatos que consideró pertinentes en relación con el acta de la visita de verificación en comento, sometiéndose formalmente al procedimiento administrativo. 7. Previo estudio y valoración de las pruebas y argumentos ofrecidos por la visitada, con fecha 13 de diciembre de 2001, el director general jurídico y de Gobierno en Benito Juárez resolvió lo siguiente: 'Primero. Se le impone al albergue temporal de las preparatorias de Magdalena Contreras y Coyoacán, así como las oficinas administrativas de la Universidad de la Ciudad de México, ubicado en el número 290, de la calle San Lorenzo, en la colonia Del Valle Sur, como medida de seguridad la clausura total definitiva de sus instalaciones por la violación al uso de suelo y la suspensión de actividades que realiza el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, en términos de lo asentado en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución y para efectos de corregir las irregularidades detectadas por esta autoridad. Segundo. Con fundamento en lo que establecen los artículos 101 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 67 de la Ley de Protección Civil en el Distrito Federal y 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, hágase del conocimiento del interesado que tiene un término de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente resolución, para que de creerlo necesario interponga el recurso de inconformidad ante el superior jerárquico, o promueva juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con el apercibimiento de que transcurrido el término antes indicado se tendrá por ejecutoriada la presente resolución. Tercero. Notifíquese y cúmplase.'. 8. El día 18 de diciembre de 2001, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, aplicando lo dispuesto por el artículo 7o., fracción I, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y extralimitándose en el ejercicio de sus atribuciones mediante la invasión de la esfera de actuación del órgano político-administrativo en Benito Juárez, al unilateralmente atribuirse la calidad de superior jerárquico del director general jurídico y de Gobierno de la demarcación a la cual represento, y contraviniendo lo dispuesto por nuestra Constitución Política, resolvió lo que a continuación se transcribe: 'Primero. Se declara nulo el procedimiento administrativo contenido en el expediente DV/EM/406/2001, instaurado por la Delegación Benito Juárez, seguido a las «Preparatorias del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal», respecto del inmueble ubicado en el número 290 de la calle San Lorenzo, colonia Del Valle Sur, en esta Ciudad. Segundo. Se declara nula la resolución administrativa de fecha 13 de diciembre de 2001, que recayó sobre el expediente DV/EM/406/2001, instaurado por la Delegación Benito Juárez, donde se ordena la clausura total definitiva de las instalaciones de las «Preparatorias del Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal», respecto del inmueble ubicado en el número 290 de la calle San Lorenzo, colonia Del Valle Sur, en esta ciudad. Tercero. Se instruye al órgano político-administrativo Delegación Benito Juárez, para que en el término de un día hábil, contado a partir de la notificación de la presente resolución, se retiren los sellos de clausura que se impusieron al inmueble ubicado en el número 290 de la calle San Lorenzo, colonia del Valle Sur, en esta ciudad, y se le restablezca de este modo la total posesión, uso y disfrute del mismo al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS) de modo que este organismo descentralizado del Gobierno del Distrito Federal continúe prestando el servicio público que le ordena la normatividad aplicable. Cuarto. Notifíquese y cúmplase.'. 9. Con fecha 23 de enero de 2002, esta jefatura delegacional presentó ante el jefe de Gobierno, con motivo de la emisión del oficio a que se refiere el punto que antecede, la controversia competencial contenida en el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. El jefe de Gobierno aún no resuelve la controversia en comento."
TERCERO. La parte actora expone como conceptos de invalidez, los siguientes:
"1. El artículo 7o., fracción I, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal debe ser declarado inválido, en virtud de que violenta la supremacía constitucional que la propia Ley Fundamental garantiza en su artículo 133. La disposición reglamentaria combatida, literalmente ordena lo siguiente: 'Artículo 7o. Para el despacho de asuntos que competan a las dependencias de la administración pública, se les adscriben las unidades administrativas, las unidades administrativas de apoyo técnico-operativo, los órganos político-administrativos y los órganos desconcentrados siguientes: I. A la Secretaría de Gobierno: ... Quedan adscritos a esta secretaría los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial. Asimismo, se le adscribe el órgano desconcentrado, Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal.'. En la redacción de la disposición cuya invalidez se demanda, el jefe de Gobierno pasa por alto las limitaciones que por su propia naturaleza lleva intrínseca la facultad reglamentaria que el artículo 122, apartado C, base segunda, que la propia Constitución le otorga, al no sólo ir más allá de lo que la Ley Suprema contempla en la base tercera del ordenamiento en cuestión, sino contrariando el espíritu de lo que el Constituyente plasmó en dicha norma máxima. En la citada disposición reglamentaria, el jefe de Gobierno no sólo no se subordina a las leyes cuyos preceptos desarrolla a detalle, sino que contraría lo que la Constitución Política, el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica del Distrito Federal ordenan. Antes de analizar las violaciones en que se incurre con la disposición combatida, cabe hacer un breve paréntesis para reparar en lo que la doctrina considera respecto de tan estudiados temas. En relación con la facultad reglamentaria de que goza el Ejecutivo, el Diccionario Jurídico Mexicano, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, contempla lo siguiente: '... La facultad reglamentaria corresponde al Poder Ejecutivo en razón de que la función de los reglamentos es facilitar y hacer posible la ejecución de la ley, lo cual es la función típica y natural del Ejecutivo. Los reglamentos desarrollan y precisan los preceptos contenidos en las leyes, pero no pueden ni contrariar ni exceder el alcance de ellas. ...'. Por lo que hace a la supremacía constitucional, es de explorado derecho que el ideal de un sistema constitucional es mantener indemne el derecho fundamental mediante el aseguramiento del principio de supremacía con que está investido respecto de la legislación secundaria. Que es la Constitución la Ley Fundamental del Estado, y en ella se integra la base jurídica y política sobre la que descansa toda la estructura estatal, así como que es de ella de quien derivan todos los poderes y normas, no existiendo sobre la misma ningún otro cuerpo legal y debiendo toda la legislación secundaria supeditársele. Ahora bien, a la luz de lo antes manifestado, entremos al estudio de lo previsto por el artículo 122, apartado C, base tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de las bases a que habrá de sujetarse el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y, en consecuencia, el resto de las disposiciones subordinadas al mismo: 'C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: ... Base tercera. Respecto a la organización de la administración pública local en el Distrito Federal: I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; II. Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal. Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.'. De la redacción del precepto transcrito apreciamos que el Constituyente hizo una evidente diferenciación entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados de la administración pública del Distrito Federal, y los órganos político-administrativos de las distintas demarcaciones territoriales, dando a estos últimos un carácter y naturaleza distinta a la de los primeros. Asimismo, nuestra Carta Magna claramente determina como atribución del Poder Legislativo Local, y no del jefe de Gobierno, la facultad de fijar la competencia de los órganos político-administrativos, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Basta dar lectura al precepto constitucional en comento, para categóricamente afirmar que la intención del Constituyente no fue en ningún momento la de establecer una relación de subordinación entre los jefes delegacionales y el jefe de Gobierno, sino la de facultar al Poder Legislativo del Distrito Federal para sentar las bases de una relación armónica entre ambos, por lo que la disposición reglamentaria combatida atenta de manera artera en contra de la sustancia de dicha norma constitucional, al unilateralmente atribuirse el jefe de Gobierno las facultades necesarias para subordinar a los órganos político-administrativos, mediante su adscripción a la Secretaría de Gobierno. Si la intención del Constituyente hubiese sido la de subordinar a los órganos político-administrativos al jefe de Gobierno, no habría facultado al Legislativo para fijar 'las relaciones de dichos órganos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal', sino que simple y sencillamente los hubiere subordinado al mismo. Lo anterior resulta aún más evidente si consideramos que el propio Constituyente dispuso en el artículo 122 constitucional, que los jefes delegacionales fuesen electos por los ciudadanos y no nombrados por el jefe de Gobierno, así como que el legislador, recogiendo de manera coherente el ánimo del Constituyente, establece en el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que los jefes delegacionales no podrán ser removidos por el citado funcionario, lo que nos lleva a concluir que si los jefes delegacionales son electos y no designados; si no pueden ser nombrados ni tampoco removidos por el jefe de Gobierno, luego entonces, no dependen jerárquicamente de él y, en consecuencia, no puede el propio jefe de Gobierno disponer de un órgano político-administrativo mediante su subordinación a una determinada dependencia. El titular de un órgano político-administrativo es electo por el pueblo en uso de su voluntad soberana, voluntad que no puede de ninguna manera ser violentada por las disposiciones que el jefe de Gobierno emita en el arbitrario ejercicio de su facultad reglamentaria. Resulta asimismo trascendental el análisis de lo contemplado por los artículos 36 a 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, preceptos que, en cabal acato a lo ordenado por el transgredido artículo 133 constitucional, por su jerarquía debieron ser también respetados por el jefe de Gobierno al hacer uso de su facultad reglamentaria. 'Artículo 36. Para un eficiente, ágil y oportuno estudio, planeación y despacho de los asuntos competencia de la administración pública centralizada del Distrito Federal, se podrán crear órganos desconcentrados en los términos del artículo 2o. de esta ley, mismos que estarán jerárquicamente subordinados al jefe de Gobierno o a la dependencia que éste determine y que tendrán las facultades específicas que establezcan los instrumentos jurídicos de su creación. En el establecimiento y la organización de los órganos desconcentrados, se deberán atender los principios de simplificación, transparencia, racionalidad, funcionalidad, eficacia y coordinación.'. 'Artículo 37. La administración pública del Distrito Federal contará con órganos político-administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará delegaciones del Distrito Federal y tendrán los nombres y circunscripciones que establecen los artículos 10 y 11 de esta ley.'. 'Artículo 38. Los titulares de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa en los términos establecidos en la legislación aplicable y se auxiliarán para el despacho de los asuntos de su competencia de los directores generales, directores de área, subdirectores y jefes de unidad departamental, que establezca el reglamento interior.'. 'Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial. ...'. De la lectura de los anteriores artículos podemos alcanzar tres contundentes conclusiones: A) Conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, los órganos desconcentrados creados por el jefe de Gobierno están jerárquicamente subordinados a éste 'o a la dependencia que éste determine y tendrán las facultades específicas que establezcan los instrumentos jurídicos de su creación'. B) Los órganos político-administrativos no son contemplados por el artículo 36 de la ley orgánica, en virtud de que no son creados por el jefe de Gobierno, sino que nacen por disposición del Poder Legislativo, con lo que se confirma que tienen una naturaleza distinta a la de los órganos desconcentrados previstos por dicho precepto, y a diferencia de éstos, no están jerárquicamente subordinados al jefe de Gobierno o a dependencia alguna, teniendo en términos del artículo 37 de la propia ley 'autonomía funcional en acciones de gobierno'. C) De conformidad con lo establecido por el artículo 122, apartado C, base tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las atribuciones con que los jefes delegacionales se encuentran investidos, se consagran en el artículo 39 de la ley orgánica y provienen de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de ninguna manera tienen su origen en una delegación de facultades por parte del jefe de Gobierno. Confirma que la naturaleza de los órganos político-administrativos es distinta a la de los órganos desconcentrados creados por el jefe de Gobierno, lo contemplado por el artículo 2o. de la referida ley orgánica, precepto en el que se emplean, incluso, párrafos independientes para cada uno de ellos. 'Artículo 2o. La administración pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la administración pública centralizada. En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la administración pública central contará con órganos político-administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará delegación del Distrito Federal. Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la administración centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al propio jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la administración pública paraestatal.'. Con las anteriores manifestaciones queda contundentemente demostrado que los jefes delegacionales actúan en virtud del mandato conferido a ellos por los ciudadanos, que sus facultades provienen de la ley y que no existe relación de subordinación entre éstos y el jefe de Gobierno, por lo que el artículo 7o., fracción I, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal debe ser declarado inválido, al disponer la subordinación de los órganos político-administrativos a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, mediante el abusivo ejercicio de la facultad reglamentaria que el artículo 122, apartado C, base segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al jefe de Gobierno, atentando en contra de la supremacía constitucional que la propia Carta Magna consagra en su artículo 133. El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal no puede subordinar a un órgano político-administrativo a dependencia alguna, cuando ni la Constitución Política, ni el Estatuto de Gobierno, ni la propia Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal lo hacen así, pues la disposición reglamentaria no puede ir en ningún momento más allá de la ley ni en contra de su espíritu. 2. En la resolución emitida por el secretario de Gobierno, resulta evidente que contraviene lo ordenado por el artículo 16 constitucional, en el primer párrafo, al no ser el secretario de Gobierno el funcionario competente para emitirla y al no estar la misma debidamente fundada y motivada. Como se desprende de la transcripción que a continuación se hace, el referido funcionario pretende acreditar su competencia en el artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, atribuyéndose de manera errónea el carácter de superior jerárquico del director general jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, mediante una deficiente interpretación que hace de los ordenamientos jurídicos que regulan a la administración pública del Distrito Federal. En la resolución que se combate se indica lo siguiente: 'José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Gobierno del Distrito Federal, en uso de las facultades que me conceden los artículos 15, 16, 23, fracciones III, IV, X, XIV, XVII, XX, XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (en adelante LOAPDF); artículos 5o., fracción I, 7o., fracción I, 26, fracciones X y XVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (en adelante RIAPDF); artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal (en adelante LPAdmvo); artículo 129 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público (en adelante Lrsp); y formalmente enterado por medio de comunicación escrita de la Secretaría de Desarrollo Social (en adelante SDS), de 17 de diciembre de 2001, de la clausura del inmueble ubicado en San Lorenzo 290, colonia Del Valle Sur, por parte de la Delegación Benito Juárez, dentro del expediente DV/EM/406/2001, la clausura que afecta la operación en dicho inmueble de las preparatorias Coyoacán y Magdalena Contreras del Instituto de Educación Media Superior (en adelante IEMS) y de la Universidad de la Ciudad de México (UCM); he tenido a bien: Analizar, revisar y evaluar el caso planteado por la secretaria de Desarrollo Social, C. Dra. Raquel Sosa Elizaga en su oficio SDS/9120/2001, de fecha 17 de diciembre de 2001, para determinar si es procedente declarar de oficio la nulidad de la clausura ordenada en el expediente DV/EM/406/2001, de acuerdo a lo mandado por el artículo 27 de la LPAdmvo.'. Asimismo, en el primer considerando de la resolución que se combate, el secretario de Gobierno continúa argumentando: 'Primero. El artículo 27 de la LPAdmvo ordena, en su primer párrafo, que: «El superior jerárquico podrá de oficio reconocer la anulabilidad o declarar la nulidad del acto en vía administrativa, cuando éste no reúna los requisitos o elementos de validez que señala esta ley. También podrá revocarlo de oficio, cuando sobrevengan cuestiones de oportunidad e interés público previstos en ley.». El secretario de Gobierno es el superior jerárquico de las delegaciones políticas en tanto que éstas son órganos desconcentrados, de acuerdo al artículo 3o., fracción II, de la LOAPDF. El artículo 36 de la misma LOAPDF ordena que: «Para un eficiente, ágil y oportuno estudio, planeación y despacho de los asuntos competencia de la administración pública centralizada del Distrito Federal, se podrán crear órganos desconcentrados en los términos del artículo 2o. de esta ley, mismos que estarán jerárquicamente subordinados al jefe de Gobierno o a la dependencia que éste determine ...». En acatamiento de este mandamiento, el jefe de Gobierno, en uso de su facultad reglamentaria, determinó en el artículo 7o., fracción I, del RIAPDF, que las delegaciones políticas se encuentran adscritas a la Secretaría de Gobierno. Por otra parte, al secretario de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas ... seguimientos de funciones desconcentradas de las delegaciones del Distrito Federal ... de acuerdo al artículo 23 de la LOAPDF. Más detalladamente el mismo artículo manda que el secretario de Gobierno conduzca las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de Gobierno Local (fracción III); otorgue a los órganos de Gobierno Local el auxilio que requieran para el debido ejercicio de sus funciones (fracción IV); vigile, en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del Distrito Federal, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y derechos humanos, así como dictar las medidas administrativas que requiera su cumplimiento (fracción XIV); elabore, coordine y vigile la ejecución de los programas de protección civil del Distrito Federal (fracción XVII); coordine y supervise el cumplimiento de las funciones desconcentradas de las delegaciones del Distrito Federal (fracción XX); conozca, sustancie y resuelva los recursos administrativos interpuestos contra actos y resoluciones que emitan los delegados en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos que sean competencia de la Contraloría General (fracción XXI); y cumpla y haga cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones del jefe de Gobierno (fracción XXII). De lo anterior se concluye que el secretario de Gobierno es el superior jerárquico de la Delegación Benito Juárez y a él corresponde, en todo caso, de oficio, anular el acto de las autoridades delegacionales contenido en la resolución de 13 de diciembre de 2001, en el expediente DV/EM/406/2001.'. Para reforzar lo anterior, cabe señalar que aunque el funcionario que firma la resolución administrativa que contiene la orden de clausura en comento, es el C. Lic. Jesús Becerra Pedrote, director general jurídico y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez, es la delegación misma la que emite la resolución. Al respecto, el artículo 124 del RIAPDF, claramente establece lo siguiente: 'Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: ... IV. Coordinar las actividades en materia de verificación administrativa, ejerciendo las atribuciones del órgano político-administrativo en esta materia; V. Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de competencia del órgano político-administrativo, levantando las actas correspondientes e imponiendo las sanciones que correspondan, excepto las de carácter fiscal. ...'. Es decir, cuando el Lic. Becerra actúa en el expediente DV/EM/406/2001, lo hace a nombre de la Delegación Benito Juárez; por lo que el superior jerárquico de la autoridad emisora de este acto administrativo es el secretario de Gobierno. De la anterior transcripción resulta evidente que el secretario de Gobierno viola las diversas garantías constitucionales, porque el funcionario carece de facultades para declarar nulo tanto el procedimiento administrativo contenido en el expediente DV/EM/406/2001, como la resolución administrativa de fecha 13 de diciembre de 2001, que recayó sobre el citado procedimiento, al no ser el superior jerárquico del director general jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, funcionario que emite el acto de autoridad anulado. Si como quedó demostrado en el punto que antecede, los jefes delegacionales no dependen jerárquicamente del jefe de Gobierno, es obvio que menos aún dependen jerárquicamente del secretario de Gobierno los funcionarios nombrados por éstos, lo que hace a dicho secretario definitivamente incompetente para declarar la nulidad de la resolución emitida por el director general jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, bajo el inaplicable fundamento del artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Aun suponiendo sin conceder que existiese una subordinación de los jefes delegacionales para con el jefe de Gobierno, resulta inaudito aseverar que hay tal subordinación entre el director general jurídico y de Gobierno de un órgan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17250-9b43feb7/controversia-constitucional-es-improcedente-cuando-previamente-a-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES IMPUGNADAS POR UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL TIENE EFECTOS RELATIVOS A LAS PARTES EN LA CONTRO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2002. EL CONGRESO LOCAL NO INCIDE EN LA ESFERA COMPETENCIAL DE LOS MUNICIPIOS, SI EL DECRETO EN QUE AQU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES IMPUGNADAS POR UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL TIENE EFECTOS RELATIVOS A LAS PARTES EN LA CONTRO (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FED (67)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FED (84)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FED (P./J. 112/2001 )
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. (P./J. 50/2004 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis