PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2002. EL CONGRESO LOCAL NO INCIDE EN LA ESFERA COMPETENCIAL DE LOS MUNICIPIOS, SI EL DECRETO EN QUE AQUÉL ESTÁ CONTENIDO PREVÉ LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE EL GOBIERNO ESTATAL DESTINARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, AL PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y AL PAGO DE SUELDOS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS, PUES EN DICHOS RUBROS SÓLO SE CONTEMPLAN RECURSOS DEL ESTADO CUYO DESTINO ES SATISFACER SUS NECESIDADES PROPIAS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 19/2002. MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de septiembre de dos mil dos.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado el trece de febrero de dos mil dos, ante el autorizado por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Ángel Romero Espinosa, quien se ostentó como primer síndico y en representación del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, promovió controversia constitucional demandando de la autoridad que a continuación se señala, la invalidez del acto que también se menciona:
"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: La honorable LIV Legislatura del Estado de México, autoridad emisora de las disposiciones de carácter general, con domicilio bien conocido en Toluca de Lerdo, Estado de México; y Arturo Montiel Rojas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, autoridad que realizó el acto de promulgación respectivo, con domicilio en Palacio de Gobierno en Toluca de Lerdo, Estado de México. ... IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieren publicado: Lo constituye el Decreto Número 51 de la honorable LIV Legislatura del Estado de México, de fecha veintinueve de diciembre del año 2001, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, Gaceta del Gobierno, el día lunes treinta y uno de diciembre del año 2001, por el que se emite el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2002."
SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:
"VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande: El proceso legislativo de desarrollo del Decreto Número 51 de la honorable LIV Legislatura del Estado de México, de fecha veintinueve de diciembre del año 2001, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, Gaceta del Gobierno, el día lunes treinta y uno de diciembre del año 2001, por el que se emite el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2002."
TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son los siguientes:
"Primero. Se considera, en primer lugar, que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2002 violenta en su artículo 14 lo preceptuado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 19, en relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las siguientes consideraciones: El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2002 en su artículo 14 a la letra reza lo siguiente: ‘Las erogaciones previstas para el gasto de capital que incluye la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la obra pública, ascienden a $3,420'586,185.90, distribuidos en la clasificación económica de la siguiente manera:
Ver tabla 1
"‘Los recursos del Programa Estatal de Inversión Pública se ejercerán en las obras, acciones y proyectos que integran los programas derivados del Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005. Los recursos asignados a los capítulos 5000 y 6000 no podrán ser transferidos a gasto corriente. A efecto de asesorar, promover, fomentar y dar seguimiento a la inversión pública en el Estado, la secretaría destinará hasta un 1.0% del monto total presupuestado para el Programa Estatal de Inversión Pública. Dichos recursos estarán sujetos a los procedimientos de contratación, ejercicio, comprobación, registro y control en la materia. Los recursos presupuestarios del capítulo 6000 se distribuyen por eje rector hasta por los siguientes montos:
Ver tabla 2
"‘Estos montos se ejercerán de acuerdo con la legislación aplicable y las normas que en la materia emita la secretaría.’. Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 19 nos dice que: ‘Los recursos cuya captación y administración corresponda a las autoridades, se aplicarán preferentemente a la atención y solución de las necesidades de los habitantes, para lo cual las Leyes de Ingresos y los presupuestos de egresos del Estado y de los Municipios, estarán orientados a la asignación prudente de tales recursos, considerando criterios de proporcionalidad y equidad en la distribución de cargas y de los beneficios respectivos entre los habitantes.’. Como vemos, la disposición emitida en el presupuesto de egresos mencionado contraviene lo preceptuado por la Constitución del Estado al haber emitido dicho presupuesto sin establecer criterios de proporcionalidad y equidad para su distribución, violentando, en consecuencia, el principio de legalidad que consagra nuestra Constitución Federal en los artículos 14 y 16. La propia Constitución Particular del Estado establece de manera clara al hacer alusión a los recursos que capte el Estado y cuya administración le corresponda a las autoridades, será imperativo que, entre otros, en el presupuesto de egresos del Estado se consideren criterios de proporcionalidad y equidad en su distribución. En tanto que en el presupuesto de egresos multicitado no se contemplan, al referirse a los recursos del Programa Estatal de Inversión Pública, criterios de proporcionalidad y equidad que sean tomados en cuenta al momento en el que el Ejecutivo del Estado distribuya entre los diversos Municipios de la entidad los recursos públicos, violentando con ello lo mandatado por la Constitución Particular en su artículo 19, que exige criterios para la asignación prudente de dichos recursos. Es clara la Constitución al exigir que los presupuestos de ingresos y de egresos del Estado considerarán criterios de proporcionalidad y equidad en su distribución. Nos dice la Ley Suprema Estatal que en los presupuestos, que en el caso particular lo es el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año 2002, se considerarán criterios. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define el término ‘considerando’, como: ‘Cada una de las razones esenciales que preceden y sirven de apoyo a un fallo o dictamen y empiezan con dicha palabra.’. En tanto que la misma academia define como ‘criterio’: ‘Norma para conocer la verdad.’. Esto es, la Constitución nos dice que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México nos debió dar esas normas que son razones esenciales para posteriormente realizar el acto material de distribución de dichos recursos presupuestales. Esto, a fin de conocer de manera cierta y verdadera en el presupuesto de egresos la proporcionalidad y equidad con que se distribuirán los recursos, y con ello conocer con certeza y seguridad el derecho que tiene mi representado a recibir el presupuesto del Programa Estatal de Inversión Pública. Criterios que deben ser en sí mismos las herramientas y parámetros a fin de dar certeza y seguridad jurídica a cada uno de los Municipios respecto de los recursos que por derecho les debe corresponder, y no dejar al arbitrio de una persona el que determine si un Ayuntamiento tiene derecho o no a la asignación de recursos del Programa Estatal de Inversión Pública, y en el caso de que le sea asignada una parte de este presupuesto, estaría también al arbitrio o discrecionalidad de esta persona la cantidad o monto de los recursos a asignar a mi Municipio, violentando con ello, entre otros, el principio de seguridad jurídica que consagra nuestra Constitución Federal. Criterios que son indispensables establecer y que, por ello, para diversas materias se contemplan de manera imperativa en la propia Constitución Particular, ya que constituyen en sí mismos razones esenciales y sustento de acciones y objetivos que ordena y busca la propia Constitución en múltiples ámbitos y materias. Tan sólo algunos ejemplos de ello los encontramos en el artículo 12, en su último párrafo, que a la letra dice: ‘Artículo 12. ... La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo señalará las sanciones que deban imponerse por incumplimiento de estas disposiciones.’. El artículo 39 del mismo instrumento nos dice: ‘Artículo 39. La Legislatura del Estado se integrará con 45 diputados electos en distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y 30 de representación proporcional. La base para realizar la demarcación territorial de los 45 distritos electorales será la resultante de dividir la población total del Estado, conforme al último censo general de población, entre el número de los distritos señalados, teniendo también en cuenta para su distribución, los factores geográfico y el socioeconómico.’. En tanto el artículo 61 establece: ‘Son facultades y obligaciones de la legislatura: ... XXVI. Crear y suprimir Municipios, tomando en cuenta criterios de orden demográfico, político, social y económico.’. Como vemos, en innumerables casos los criterios son condiciones sine qua non para que se cumpla o realice el derecho. Esto es, la propia Constitución contempla la necesidad de que se establezcan criterios, ya sea a nivel constitucional o de ley, pero que se establezcan a fin de que las acciones que realicen los diversos órganos del Estado, de la naturaleza que sean, funden sus acciones y facultades en criterios previamente establecidos a fin de que éstos tengan sustento y, con ello, dar también cumplimiento al principio de seguridad jurídica que debe imperar en todo régimen de derecho. De no existir estos criterios previamente establecidos en el presupuesto de egresos, carecería de fundamento la distribución que realizara el Gobierno del Estado, asimismo, se correría el peligro de aplicar criterios arbitrarios, propios y con la posibilidad de caer en criterios subjetivos, parciales, inequitativos e inciertos. De allí que haya previsto y establezca la propia Constitución del Estado que sea la legislatura un órgano colegiado y no una persona física la que dé esos criterios. La estructura que está prevista en el procedimiento de la emisión del presupuesto de egresos procura evitar ese tipo de situaciones o errores. Esto es, la Constitución parte del supuesto de que los menos y no los más, en casos delicados como el particular, están expuestos a equivocarse. De allí que sea ordenado por la Constitución que un órgano colegiado (Legislatura del Estado) sea el facultado para emitir esos criterios de proporcionalidad y equidad de distribución. Agravio que se me causa al no haber certeza en los montos o cantidades que tiene derecho a recibir el Municipio hoy actor, en virtud de no existir criterio previamente criterios de proporcionalidad (sic) y equidad que me sean ciertos previamente a aplicar en el momento de la asignación de dichos recursos del Programa Estatal de Inversión Pública. Si partimos de la definición de seguridad jurídica que nos da el jurista Delos, como ‘la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación’. Dicho así, debemos tener la seguridad jurídica, en el presente caso, de que el Ayuntamiento, hoy actor en el presente medio, tendrá asignada una cantidad determinada y cierta de recursos que le corresponden del presupuesto del Programa Estatal de Inversión Pública y en el posible caso de que no sea así, pueda, con seguridad, exigir lo que en derecho le corresponde, y de este modo tener la certeza de que esos bienes o derechos del Ayuntamiento del Programa Estatal de Inversión Pública le serán respetados. Pero para ello, se requiere que existan las condiciones necesarias o ideales para que esta garantía se cumpla, que en el presente caso son los criterios de proporcionalidad y equidad, que se requiere establecer como lo ordena y prevé la Constitución Particular del Estado en su artículo 19, en el apartado correspondiente del artículo 14 relativo a la distribución que deberá haber de los recursos del Programa Estatal de Inversión Pública establecido en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del año 2002. Al omitir dicho presupuesto la emisión de criterios de proporcionalidad y equidad con que se habrán de distribuir dichos recursos, se violentaron los principios de legalidad y seguridad jurídica que consagra nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como indirectamente el principio de supremacía constitucional, tanto de la citada Ley Suprema como de la Particular del Estado. Segundo. De igual forma, en segundo lugar, se considera que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2002 violenta los artículos 13, 16, 41, primer párrafo, 115, 116, segundo párrafo, 126 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción XXX del artículo 61 y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en razón de las siguientes consideraciones jurídicas. Lo anterior con base en los siguientes razonamientos y estudio de diversas disposiciones a nivel de la Constitución Federal. Esto, en virtud de que su estudio requiere de un análisis sistemático y funcional de diversas disposiciones constitucionales. Por otra parte, precisar su relación con lo que se refiere a la fijación de las remuneraciones a todos los servidores públicos del Estado con la aprobación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2002. Es preciso mencionar que debe existir un sistema jurídico congruente en lo que se refiere al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado con el principio contenido en el artículo 39 de la Constitución Federal, consistente en que la soberanía nacional reside, esencial y originalmente, en el pueblo, así como con el derivado del artículo 40 en cuanto a que ‘es voluntad del pueblo constituirse en una República representativa’, principios a los que se encuentran sujetas todas las entidades federativas, incluyendo, desde luego, los Municipios. Por lo que toca al sistema de fijación de remuneraciones, existe un dispositivo de carácter general aplicable no sólo a la Federación, sino también a los Estados y a los Municipios. El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice a la letra: ‘Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.’. La Ley Fundamental acoge el principio básico de nuestro sistema jurídico, consistente en que sólo a través de un acto formalmente legislativo se puede establecer el salario de un servidor público, lo que resulta congruente con los principios de soberanía y representación popular. Ésta es la razón por la cual, tratándose de funcionarios federales, se exige que su remuneración la establezca la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos, tal como lo estipulan los artículos 75 y 126 de la Constitución que ordenan: ‘Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.’. ‘Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior.’. El Constituyente reservó a la representación nacional la facultad de fijar las remuneraciones de los servidores públicos a través de la aprobación del correspondiente presupuesto de egresos de la Federación, el cual es un acto formalmente legislativo, por provenir de una de las Cámaras del Congreso de la Unión, tal como lo señala el artículo 74, fracción IV, de la Ley Fundamental, que establece: ‘Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: ... IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior.’. Por otra parte, el artículo 73 señala, en su fracción VII, la facultad del Congreso de la Unión de ‘imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto’. También resultan ilustrativos los párrafos tercero a octavo de la fracción IV del propio artículo 74, que dispone: ‘No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del presidente de la República. La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Para la revisión de la cuenta pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. La cuenta pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de la Ley de Ingresos y del proyecto de presupuesto de egresos, así como de la cuenta pública, cuando medie solicitud delEjecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho, correspondiente a informar de las razones que lo motiven.’. El párrafo noveno del artículo 100, relativo al Poder Judicial de la Federación, que constitucionalmente goza de plena autonomía en grado superior o, al menos, análogo a la de las entidades y Municipios, dispone: ‘La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su presidente.’. Respecto del Gobierno del Distrito Federal, se previenen disposiciones semejantes. En la base primera del artículo 122, se establece que: ‘... V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación; b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Dentro de la Ley de Ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. ...’. Finalmente, también fortalece las consideraciones expuestas del artículo 127 de la Constitución, que establece que: ‘Artículo 127. El presidente de la República, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda.’. De esta forma, la interpretación sistemática de los artículos transcritos del Código Supremo lleva a la conclusión de que sólo pueden retribuirse los servicios prestados por un servidor público federal en los términos señalados en el presupuesto de egresos de la Federación aprobado anualmente por la Cámara de Diputados. Las anteriores consideraciones, sustentadas en disposiciones de la Constitución Federal, permiten inferir que las Constituciones y leyes locales deben seguir el mismo sistema. Esto quiere decir que cuando la fracción XXX del artículo 61 establece que es facultad de la legislatura expedir anualmente el presupuesto de egresos que distribuya el gasto público, el cual no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. Lo que quiere decir es que se está respetando lo establecido por la Constitución Federal al prevenir que sólo la legislatura, como órgano legislativo representante de la ciudadanía, puede autorizar la remuneración de los servidores públicos, no sólo del Estado, sino también de los Municipios, al carecer el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del carácter de órgano formalmente legislativo. El mandato del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice: ‘... Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. ...’, se vería violentado e insatisfecho si la remuneración de un servidor público fuera autorizada por algún órgano de la administración pública, esto es, por algún ente, llámese gobernador, que no sea un órgano formalmente legislativo que no tiene facultades para expedir leyes. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, ordena que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, en Legislativo y en Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo; este precepto, conjuntamente con lo ordenado por el artículo 115 de la Constitución Federal, así como con los artículos 61, fracción XXX y 147 de la Constitución Local, llevan a la conclusión de que la facultad de establecer las remuneraciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos del Estado de México corresponde única y exclusivamente a la Legislatura del Estado. Así es como con una interpretación sistemática, armónica y funcional entre las disposiciones de las Constituciones Federal como Local nos lleva a la conclusión de que el único órgano competente para establecer los salarios o retribución a los servidores públicos en el Estado de México, en el ámbito local, lo es la legislatura, y el momento para realizar o señalar dicha retribución lo fue en el momento de decretar y emitir el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2002. Así, la medida que se establece en la fracción XXX del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de México, que establece que la legislatura al aprobar el presupuesto de egresos no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley, y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo, así como lo establecido por el artículo 147 del mismo ordenamiento al señalar que el gobernador, los diputados, los Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia y de lo Contencioso Administrativo, los miembros del Consejo de la Judicatura y los demás trabajadores al servicio de los poderes del Estado, así como los miembros de los Ayuntamientos y demás servidores públicos municipales recibirán una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada en el presupuesto de egresos que corresponda. Disposiciones que ordenan establecer remuneraciones de los servidores públicos como un acto formalmente legislativo, en las atribuciones que la Constitución Federal, así como la Constitución Estatal y las leyes secundarias otorgan a la Legislatura Local para aprobar, entre otras, la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Facultad reservada a la legislatura, de señalar y establecer los sueldos que habrán de percibir los servidores públicos del Gobierno del Estado como retribución por sus servicios prestados, que deben ser establecidos por el órgano colegiado representante de la sociedad, a fin de que quien determine los montos que correspondan a los distintos puestos y responsabilidades de cada uno de los servidores públicos, desde el gobernador hasta el empleado de nivel menor de la administración, sean definidos y establecidos guardando armonía, proporcionalidad y equidad con las percepciones de los demás servidores públicos del Estado y de los Municipios, extremos que sólo puede alcanzar el Congreso Local, que por sus propias funciones tiene la visión del panorama general de la entidad en los aspectos de la administración pública. Mediante la aprobación de los montos de los salarios y remuneraciones a los servidores públicos, la Legislatura Local tiene la oportunidad, aplicando criterios equitativos generales, de contribuir a la integración presupuestal de los diferentes órganos de la administración pública e, inclusive, de los Ayuntamientos, a fin de que los servidores públicos se vean retribuidos en la proporción a las posibilidades financieras, y con ello se evitaría la fijación de remuneraciones tan desmesuradas dentro de los criterios generales que constituyen desigualdades incongruentes y con ello cooperar al fortalecimiento del Pacto Federal. Las Constituciones ordenan que la fijación de los salarios y remuneraciones a los servidores públicos, que en el caso particular es a los servidores públicos en el Estado de México, se realice por parte de la Legislatura del Estado con el objeto y la visión de evitar que la situación económica de los funcionarios y servidores públicos, que por falta de temperamentos a sus remuneraciones se incrementen de manera excesiva, venga a sustituir las motivaciones y convicciones políticas, éticas y de servicio, requeridas en todos aquellos individuos que aspiren a ocupar un puesto administrativo o de elección popular. Es importante recordar que el hecho de que los montos o la determinación de los salarios y/o remuneraciones a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, Judicial y de los Ayuntamientos es una facultad exclusiva de la Legislatura del Estado, si bien son entes autónomos e independientes, pero no soberanos, cabe concluir que la omisión en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2002, de señalar los salarios, retribuciones y remuneraciones a los servidores públicos de la administración pública local en el Estado, es un violentamiento a las disposiciones que señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos señalados anteriormente, así como una violación a los artículos 61, fracción XXX y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Por lo cual, solicito a los integrantes de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan a bien ordenar a la autoridad responsable que incorpore dentro del cuerpo del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2002, la relación de los montos o cantidades que deberán recibir como retribución por su trabajo, función, empleo, cargo o servicio prestado todos los servidores públicos de la administración pública local en la entidad, atendiendo, entre otros criterios, los de proporcionalidad, equidad y responsabilidad. Así vemos cómo en el segundo párrafo de la fracción XXX se señala por nuestra Carta Magna Estatal que la legislatura, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. Lo que se traduce en que existe la obligación de la legislatura por mandato expreso de la Constitución Particular del Estado de señalar o establecer la retribución que deberán percibir todos los servidores públicos del Estado, esto es, sí bien no de manera individualizada y personalizada, si bien al menos por medio de los llamados tabuladores. En vir
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17242-a7c0c506/presupuesto-de-egresos-del-estado-de-mexico-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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