MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. NO ES IMPEDIMENTO PARA SER DESIGNADO CON TAL CARÁCTER, HABER SIDO DURANTE EL AÑO ANTERIOR A SU DESIGNACIÓN, SUBSECRETARIO TÉCNICO DE GOBIERNO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. SUSTITUCIÓN EN EL CARGO DE MAGISTRADO PRESIDENTE.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2002. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de marzo de dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el once de febrero de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Rufino Mendieta Cuapio, quien se ostentó como presidente del Tribunal Superior de Justicia y representante legal del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, promovió controversia constitucional demandando de las autoridades que a continuación se señalan la invalidez de los actos que más adelante se precisan:
"Ejecutivo Local del Estado de Tlaxcala y el H. Congreso del Estado ... Actos de designación y de nombramiento de Magistrado llevados a cabo por el Ejecutivo Local del Estado de Tlaxcala y el H. Congreso del Estado quienes tienen su domicilio, el primero de ellos en Plaza de la Constitución número cinco, centro de Tlaxcala, y el segundo en el mismo centro de la ciudad de Tlaxcala con domicilio conocido."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"1. En cumplimiento a lo previsto en el artículo séptimo transitorio del decreto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala publicado el día diez de enero del año dos mil dos, que a su vez cumplimenta la reforma y adición de diversos artículos de la Constitución Política Local, publicadas el día dieciocho de mayo del año próximo pasado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como a lo dispuesto en el capítulo primero del título segundo de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se concedió al gobernador del Estado un término perentorio para que entregara al Congreso Local las ternas relativas a la designación de Magistrados propietarios y suplentes que ocuparían las Salas de nueva creación y de los supernumerarios. 2. Lista que entregó el Ejecutivo del Estado en fecha once de enero del año dos mil dos, en la cual destacaba la propuesta de designación del C. Licenciado Hugo Morales Alanís, mismo que venía desempeñando el cargo de subsecretario técnico de Gobierno del Estado de Tlaxcala y que, desde luego, contraviene con el postulado señalado en el artículo 116 del texto constitucional federal, el cual señala en forma tajante y rotunda la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Estatales; y que si bien es cierto el nombramiento para Magistrados de los Poderes Judiciales ha recaído en los otros dos Poderes Constituidos, Ejecutivo y Legislativo, éstos se deben de apegar a lo expresado en los artículos 116 y 95, ambos de la Constitución Federal y que tienen como objetivo primordial el proteger la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales. Prohibiendo el numeral 95 la propuesta de designación a aquellos funcionarios relacionados íntimamente con cualquiera de los poderes que se encargan de realizar el nombramiento de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales. 3. Es el caso de que el licenciado Hugo Morales Alanís, por Decreto Número 164 de fecha doce de enero del presente año, publicado en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 14 de enero del año en curso, resultó electo Magistrado por el Congreso del Estado, dando como resultado el atropello total de la independencia y autonomía de nuestro Poder Judicial Estatal, ya que el C. Lic. Hugo Morales Alanís al venir desempeñando el cargo de subsecretario técnico de Gobierno del Estado y haber llevado a cabo diversas acciones tendientes a representar al propio gobernador en diversos eventos de carácter oficial, así como por obvias razones, actividades necesarias de una íntima relación entre representante y representado por su cargo en dicho Gobierno Estatal, resulta contundente que no se puede hablar de imparcialidad, requisito sine qua non para ocupar el cargo de Magistrado, ya que debido a esta íntima relación de subordinación ante el Ejecutivo Local, es evidente que no se cumple con el requisito exigido por los artículos 116 y 95 de la Constitución Federal, esto es, la independencia e imparcialidad, toda vez que el antiguo servidor público del Ejecutivo siempre deberá el favor a quien representó y lo propuso para tan delicado cargo en la Judicatura, por su íntima relación, a diferencia de otros candidatos propuestos y ratificados que llegaron por méritos propios y cuya honorabilidad, independencia e imparcialidad es compatible con las labores del Poder Judicial. 4. No conforme con haber realizado esta propuesta que a todas luces viola lo estipulado en los artículos 116 y 95 de nuestra Carta Magna, el Ejecutivo, por medio de declaraciones ante los medios de comunicación, se ha querido deslindar de su actuar y pretende ser un partidario de la independencia de los Poderes Constituidos en el Estado, argumento que resulta totalmente absurdo, en virtud de que la propuesta del citado Morales Alanís corrió a su cargo y se debe considerar como una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial debido al alto cargo que venía desempeñando."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son:
"I. El actuar del Ejecutivo Local viola el principio de división de poderes que rige nuestro Estado de derecho, el cual habla de la colaboración de poderes mas no de subordinación de cualquiera de ellos a otro, tampoco de prevalencia a alguno de éstos, y es el caso que con el actuar del C. Gobernador del Estado es notoria y manifiesta la injerencia que pretende dentro del Poder Judicial Estatal; por esto, es indudable que tal acto debe ser nulo de pleno derecho. En efecto, el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal establece los lineamientos generales a que deben contraerse las disposiciones constitucionales de los Estados referentes a los Poderes Judiciales a fin de garantizar la independencia de Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones, el presente artículo nos remite a las fracciones I a V del artículo 95 de la propia Norma Suprema; asimismo, limita el acceso a los cargos de Magistrados a quienes hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local en sus respectivos Estados durante el año previo al día de su designación; lo que en el caso no ocurrió, toda vez que el licenciado Hugo Morales Alanís venía desempeñando el cargo de subsecretario técnico hasta antes de la fecha de su designación. Por otra parte, esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado mediante jurisprudencia definida en el sentido de que ante la interpretación de los diversos preceptos constitucionales de las entidades federativas debe optarse por aquellos que permitan que la función jurisdiccional se desarrolle con libertad y sin injerencias externas, bajo el criterio de fortalecimiento del Poder Judicial y de la realización plena de su autonomía e independencia. Ahora bien, los pronunciamientos de este Alto Tribunal han sido en el sentido de que la designación de Magistrados se realice en cumplimiento a los diversos dispositivos constitucionales locales en íntima relación con lo establecido por la Carta Magna. A su vez, el artículo 83 de la Constitución Política del Estado señala los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado destacando, para el caso, las fracciones VII y X que textualmente señalan: 'VII. No haber sido gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, procurador general de Justicia, diputado local, senador, diputado federal o presidente municipal, durante el año previo a su designación; ... X. Aprobar los exámenes públicos de oposición, que se efectúen conforme a la ley, ante el Pleno del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, el que estará integrado básicamente por académicos e investigadores preferentemente ajenos al Estado. Previamente a la práctica de esos exámenes, deberá expedirse con un mes de anticipación, una convocatoria dirigida a todos los abogados de la entidad, debidamente publicitada en los periódicos de mayor circulación, conteniendo el nombre de los sinodales. ...'. Como se mencionó en el capítulo de hechos el C. Lic. Hugo Morales Alanís venía desempeñando el cargo de subsecretario técnico de Gobierno en el Estado de Tlaxcala, esto relacionado con lo dispuesto en la fracción VII del citado artículo 83 de la Constitución Local, dejaría un tanto subjetivo el criterio referente a 'servidor público de primer nivel en la administración pública estatal'. La autonomía e independencia del Poder Judicial no debe sujetarse solamente a los requisitos establecidos por un dispositivo legal, sino que deben ser vistos lato sensu, esto implica que el análisis debe comprender aspectos meta-jurídicos, pues de lo contrario se estaría ante un vacío jurídico de fondo. Esto se entiende de la siguiente manera: existen posiciones administrativas que implican una estrecha relación de funcionarios con el titular del Ejecutivo y que jurídicamente pueden considerarse de equis nivel, pero en la práctica administrativa realizan funciones de un interés preponderante para el titular del Ejecutivo, lo cual obliga funcional y estructuralmente a considerarlos de primer nivel, aunque la ley no los considere de esta manera; como ejemplo citaremos el caso de las denominadas coordinaciones con las que cuenta el Ejecutivo Federal conforme lo disponen los artículos 8o. y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estos organismos, en teoría jurídica administrativa, deberían estar presididos por el titular de alguna de las secretarías de Estado que correspondiera al ramo de que se trate, sin embargo, las personas que presiden dichas coordinaciones no se encuentran contempladas como parte de la administración pública, conforme a lo señalado en la ley orgánica, esto es, no laboran para ninguna secretaría de Estado en lo particular. Lo anterior obliga a considerarlos ajenos a la citada administración pública federal al no tener un reconocimiento legal, dado que su función no se encuentra especificada en la ley orgánica correspondiente, pero algo que no puede ser descartado es que existen de facto, y tal vez lo más importante es su estrecha relación con el titular del Ejecutivo Federal; además, si dichas coordinaciones existen, sus titulares perciben ingresos de la Federación y debido a que las coordinaciones concentran información de diversas instituciones conforme al sector que se les designe, ello implica una estrecha relación y mutuo interés entre los titulares referidos. Ahora, en el caso que se controvierte, una interpretación literal de las funciones enunciadas en los artículos 95 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, no nos permitiría contemplar en toda su magnificencia las garantías de independencia y autonomía otorgadas a los Poderes Judiciales Locales, por eso se requiere llevar a cabo un análisis tomando como base las facultades que se tienen conferidas, es decir, para corroborar el nexo o vinculación directa entre los Poderes Legislativo o Ejecutivo y sus colaboradores. Cabe hacer mención que no es el nombre el que le da la naturaleza jurídica a una institución, sino las facultades y el funcionamiento que lleva a cabo, las cuales permiten corroborar el grado de relación que existe entre los Poderes Constituidos Legislativo y Ejecutivo, y sus colaboradores; es el caso que el cargo de subsecretario técnico que por sus facultades y funciones está totalmente vinculado con el Ejecutivo Estatal, esto puede ser corroborado al dar lectura al artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno vigente, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día veintiséis de octubre del año dos mil (el cual se anexa a la controversia) mismo que a la letra dice: 'Artículo 16. La Subsecretaría Técnica, tendrá las facultades y responsabilidades siguientes: I. Despachar los asuntos que por su importancia le encomiende el gobernador o el secretario de Gobierno, informando oportunamente de su avance y resolución ...'. Como puede desprenderse de la lectura citada, el subsecretario técnico de Gobierno en el desempeño de sus funciones mantiene una dependencia directa con el gobernador estatal; además, con base en el artículo 18, fracción IV, del cuerpo normativo último mencionado, se encarga de representar el interés del Ejecutivo del Estado en los juicios en que así lo determine el titular del mismo. Por otro lado, la fracción VIII señala 'Apersonarse en los juicios de amparo, cuando el gobernador, el secretario de Gobierno o los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, así lo determinen.'. La fracción X del numeral en comento menciona 'formular a nombre del Ejecutivo las demandas y denuncias que procedan conforme a la ley'. Todas estas facultades llevadas a cabo a través de la dirección jurídica, misma que se encuentra bajo su mando. Lo antes expuesto ante ustedes señores Ministros de nuestro Máximo Tribunal evidencia de manera inequívoca que la propuesta del C. Gobernador del Estado hacia la persona del C. Lic. Hugo Morales Alanís, para el efecto de ser nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, de origen violenta el espíritu de los artículos constitucionales 116 y 95 que aluden a la independencia y autonomía del Poder Judicial Estatal; ya que como ha quedado demostrado con los oficios que se acompañan a la controversia, el cargo de subsecretario técnico lo siguió desarrollando hasta la propuesta para ser considerado como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dejando en claro la pretensión del Ejecutivo de tener dentro del Poder Judicial a alguien que lo representara, violentando la autonomía e independencia de nuestro Máximo Tribunal Estatal, además del principio de la división de poderes consagrado en nuestro Texto Federal. II. La designación llevada a cabo por la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, misma que al no tomar en cuenta la dependencia del C. Licenciado Hugo Morales Alanís con el Ejecutivo Local, ésta resulta violatoria de los dispositivos normativos constitucionales citados con antelación, dada cuenta que la propuesta hecha por el Ejecutivo Local se encontraba viciada, atendiendo lo dispuesto en los numerales constitucionales federales en comento, desde el mismo origen, debido al cargo de subsecretario técnico de Gobierno del Estado de Tlaxcala, sin embargo, la legislatura correspondiente sin haber considerado ese vicio de origen admitió a trámite la terna propuesta y eligió ratificar la propuesta indebidamente, dada la falta de análisis de la propuesta y de la disposición establecida en los artículos 116, fracción III y 95 de la Constitución Federal, de lo cual se deduce la inconstitucionalidad de los actos de propuesta y ratificación del nombramiento del C. Licenciado Hugo Morales Alanís, por lo cual también deben ser considerados nulos los Decretos 163 y 164 del Congreso del Estado, ambos de fecha doce de enero del presente año y publicados el día 14 de enero del año en curso en el Periódico Oficial del Estado. III. Ha sido unánime la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal al establecer que el nombramiento de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados tiende a una colaboración entre los Poderes Constituidos y que es válida y permitida la actuación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, siempre y cuando se ciñan a lo establecido por los artículos 116 y 95 de nuestra Carta Magna, mismos que se refieren de manera expresa y contundente a la protección de la autonomía e independencia de los Poderes Judiciales de los Estados; para fortalecer lo expresado en líneas anteriores, se citan las siguientes tesis de jurisprudencia emitidas por este Alto Tribunal, que a la letra dicen: 'MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. EN LA INTERPRETACIÓN DE SUS CONSTITUCIONES, EN LA PARTE RELATIVA A SU DESIGNACIÓN, DEBE OPTARSE POR LA QUE RESPETE LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 116, fracción III, de la Carta Magna establece un marco jurídico para los Poderes Judiciales Locales al que deben sujetarse las Constituciones y las leyes de los Estados y los órganos de poder, a fin de garantizar la independencia de Magistrados y Jueces y, con ello, los principios que consagra como formas para lograr tal independencia. Asimismo, en su párrafo inicial el propio precepto impone a los Estados miembros de la Federación el principio de la división de poderes conforme al cual, entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial debe existir equilibrio e independencia recíproca. Lo anterior implica que ante posibles interpretaciones diversas de los preceptos relativos de las Constituciones Locales, debe optarse por aquella que permita que la labor jurisdiccional se desarrolle con libertad y sin injerencias externas, bajo el criterio de fortalecimiento del Poder Judicial, y de la realización plena de su autonomía e independencia, lo que exige la efectividad de las garantías jurisdiccionales. Por tanto, ante situaciones que no se encuentren reguladas o que no lo sean con toda claridad, la interpretación de las normas locales debe hacerse en forma tal que se integren bajo los principios que con toda nitidez se contienen en la Constitución Federal. Aceptar que se interpreten las normas de las Constituciones Locales en forma tal que pugnen con la Constitución Federal, en especial cuando de los antecedentes de la reforma introducida a aquéllos se advierta que su propósito específico fue ajustarse a la segunda, equivaldría a atribuir al Congreso Estatal y, lógicamente, a sus integrantes, dolo y mala fe, lo que resulta jurídicamente inaceptable, debiéndose en consecuencia entender que si por la redacción del precepto podría seguirse esa oposición, ello sólo puede explicar deficiencias de expresión o de técnica legislativa.'. 'MAGISTRADOS DE NUEVA DESIGNACIÓN EN LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. QUIENES LEGALMENTE TIENEN LA FACULTAD DE HACER LAS PROPUESTAS RELATIVAS, DEBEN SUSTENTARLAS CON EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES, SUJETÁNDOSE, PREFERENTEMENTE, A REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS Y DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO. El principio de sujeción de la designación de Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se designen, consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Carta Magna como forma para salvaguardar la independencia judicial, implica que el órgano u órganos a los que las Constituciones Locales otorgan la facultad de hacer las propuestas relativas, deben sustentarlas con el contenido del expediente que demuestre que los integrantes de dichas propuestas cumplen los requisitos constitucionales, entre los que se encuentran la buena reputación y la buena fama en el concepto público, siendo una forma idónea de conocerlas, la consulta pública y, preferentemente, deberán sujetarse a reglas y procedimientos previamente establecidos y que sean del conocimiento público, que podrán ser establecidos por el legislador local en ley o por los órganos encargados de la elección, quedando ello a la decisión soberana del Estado, todo esto a fin de garantizar el sometimiento en la elección que se realice a criterios objetivos que lleven a una selección justa y a la designación de personas que satisfagan a plenitud los requisitos que para ocupar tal cargo consigna la Constitución Federal.'. IV. Como puede desprenderse de lo preceptuado tanto en la doctrina como en las disposiciones constitucionales, así como en la interpretación que ha emanado de nuestro Máximo Tribunal, todas ellas tienden a proteger de manera indubitable la independencia y la autonomía de los Poderes Judiciales Estatales y en el caso que presentamos a ustedes señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser anulados por esta soberanía (sic) los actos que exponemos ya que transgreden el principio de la división de poderes, además de tener injerencia directa en el desarrollo de las actividades de la administración de justicia estatal. Ya que como es sabido por ustedes y así lo ha pronunciado su presidente sin independencia y autonomía del Poder Judicial no podemos esperar un sano desarrollo en nuestro Estado de derecho."
CUARTO. La parte actora considera que los actos cuya invalidez demanda son violatorios de los artículos 95 y 116, fracción III, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil dos, el presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente 11/2002 relativo a la presente controversia constitucional, y por razón de turno designó para conocer de ésta como instructor al Ministro Juan N. Silva Meza.
Mediante proveído de quince de febrero de dos mil dos, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados al Congreso y al Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Tlaxcala, ordenó emplazarlos para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación conviniera.
SEXTO. La Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, al formular la contestación de la demanda manifestó, en síntesis:
1. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, al momento de hacer la designación de los Magistrados actuó conforme a la legalidad establecida en sus propias normas jurídicas, tomando en consideración la facultad que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala otorgaba al gobernador del Estado para enviar las ternas relativas para la elección de los Magistrados que integrarían las Salas de nueva creación.
2. Que en términos de la legislación vigente no ratificó la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo, tal como consta en el expediente parlamentario, sino que se aprobó inicialmente, y posteriormente fueron electos a través del procedimiento correspondiente, que al no violentar la autonomía del Poder Judicial no puede haber ningún acto de inconstitucionalidad ni en la propuesta del Ejecutivo ni mucho menos en la designación, por lo que no pueden declararse nulos los Decretos 163 y 164 del Congreso del Estado de Tlaxcala publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el doce y catorce de enero de dos mil dos, pues los actos que le son atribuidos han sido apegados al Estado de derecho, respetando la ley y la independencia de los Poderes de la Nación.
3. Que los actos que se le atribuyen no han sido tendientes a vulnerar o transgredir la autonomía del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
SÉPTIMO. El gobernador del Estado de Tlaxcala, al rendir su contestación, en síntesis, externó:
1. Que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 10, fracción I, del citado ordenamiento, toda vez que el promovente de la controversia constitucional carece de legitimación al no acreditar que actualmente tenga el carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
2. Que es infundado que proceda la nulidad del procedimiento de propuesta y designación de Hugo Morales Alanís como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, ya que tal designación se encuentra dentro de los extremos de los artículos 95 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyos principios correlativos se contienen en el artículo 82 de la Constitución Local antes de su reforma.
3. Que la propuesta que recayó en el citado párrafo anterior, al reunir los requisitos de las fracciones I a V del primer precepto constitucional, aun cuando ostentó cargo público dentro de la administración pública estatal no se desempeñó como secretario o su equivalente, procurador de Justicia o diputado local, y su cargo no tenía ni tiene rango de primer nivel, representación popular, ni equivalente, pues corresponde a una unidad administrativa, parte de la estructura de la Secretaría de Gobierno.
4. Que las dependencias de primer nivel de la administración pública del Estado se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal en el artículo 11, entre las que no se encuentra la Subsecretaría Técnica y, por tanto, se encuentra excluida de la hipótesis prevista en el artículo 116, fracción III, tercer párrafo, de la Constitución Federal, y en el caso de aplicación taxativa de la ley no cabe la presunción humana no demostrada.
5. Que el Ejecutivo Estatal observó estrictamente lo prescrito en el citado artículo 116 de la Constitución Federal y en el nombramiento y designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se apegó cabalmente a las reglas prescritas en los artículos 95 y 116, fracción III, de la Constitución Federal y correlativos de la Constitución Política Estatal, en cuanto a los requisitos que deben cubrir los designados para ocupar las magistraturas.
6. Que en virtud de que la iniciación de la vigencia de la reforma al artículo 83 de la Constitución del Estado es hasta el dos mil cinco, no es aplicable en el caso dicho precepto, ni tampoco los aspectos "metajurídicos" consistentes en atender a requisitos no establecidos por la ley, como son su relación con el titular del Ejecutivo, ya que ni la jurisprudencia ni criterios de este órgano constitucional prevén dicha concepción, cuando existe disposición expresa.
Se citan por el gobernador del Estado las jurisprudencias de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESUNCIÓN LEGAL EN CUANTO A LA REPRESENTACIÓN Y CAPACIDAD DE LOS PROMOVENTES NO OPERA CUANDO DE LA DEMANDA SE DESPRENDE QUE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESA ACCIÓN." y "FALTA DE ACCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL ACTOR.".
7. Que la propuesta del Ejecutivo del Estado para el nombramiento de Magistrados encuentra su fundamento en el artículo séptimo transitorio de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala reformada, del cual se desprenden las facultades del Ejecutivo para proponer a la legislatura los candidatos a ocupar las magistraturas que integran el Tribunal Superior de Justicia, conforme a las Salas de nueva creación, además de las facultades e imperativo temporal dentro del cual se debía dar cumplimiento, y en ese tenor se expidió convocatoria abierta, misma que requisita los elementos a que aluden los principios rectores de los artículos 95 y 116, fracción III, de la Constitución Federal.
8. Que efectuado lo anterior, acudieron los aspirantes y previa evaluación en el campo del derecho por expertos en la materia se conformó la relación de propuestas integradas por recomendados que obtuvieron los resultados más sobresalientes en la evaluación, en esta forma se propuso al Congreso del Estado, el cual convalidó la legalidad de la propuesta y nombró Magistrados.
9. Que tal ejercicio de facultades encuentra su fundamento en el orden jurídico estatal, Constitución Política del Estado, antes y después de su reforma, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica de la Administración Pública, Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, entre otros, y se ajustó escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal federal y estatal, por lo que no existe violación al principio de legalidad ni transgresión directa e indirecta a la Constitución Federal.
OCTAVO. El procurador general de la República manifestó, en lo medular:
1. Que en el caso se actualiza la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sustanciar y resolver la controversia constitucional.
2. Que la demanda es oportuna, de conformidad con la tercera hipótesis contenida en la fracción I del artículo 21 de la ley de la materia.
3. Que en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala compareció José Rufino Mendieta Cuapio, quien se ostentó como Magistrado presidente del mismo, y atendiendo lo dispuesto por los artículos 13, 14 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, vigente a partir del quince de enero de dos mil dos, la representación legal del Poder Judicial de la entidad la tiene el presidente del tribunal.
4. Que tomando en consideración la copia certificada que obra en autos del acta de sesión de Pleno extraordinaria, celebrada el seis de febrero de dos mil uno, y de acuerdo a lo establecido en la fracción V del citado numeral 14, el periodo de funciones en el cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, a favor de José Rufino Mendieta Cuapio, feneció el treinta y uno de enero de dos mil dos, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de controversia constitucional el once de febrero de dos mil dos, el promovente carecía de legitimación para comparecer en representación del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y como de los autos que obran en la controversia no existe alguno que demuestre la existencia de su reelección, es de considerarse que el funcionario en cuestión carece de personalidad y de facultades para representar a dicho órgano en la presente controversia constitucional y, por ende, de legitimación.
5. Que no es el caso de presumir válida la representación, al no existir duda, deficiente regulación, o la existencia de una laguna legislativa o situación análoga, por lo que la causa de improcedencia que hace valer el gobernador de la entidad resulta fundada, ya que quien se ostenta como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala no acredita que cuenta con la representación del citado órgano.
6. Que la excepción de falta de acción del actor hecha valer por el gobernador constituye una defensa que se relaciona con el fondo de la controversia.
7. Que el incidente de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17510-60debb56/magistrado-del-tribunal-superior-de-justicia-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- HUSOS HORARIOS. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y EL JEFE DE GOBIERNO, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, NO TIENEN FACULTADES PARA LEGISLAR O EXPEDIR DECRETOS EN ESA MATERIA. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA NO HAYA ENTRADO EN VIGOR, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO. EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY RE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- COORDINACIÓN FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN CARACTERÍSTIC (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FED (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FED (67)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FED (84)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FED (P./J. 112/2001 )
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. (P./J. 50/2004 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis