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Modo: Corpus Pro

HUSOS HORARIOS. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y EL JEFE DE GOBIERNO, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, NO TIENEN FACULTADES PARA LEGISLAR O EXPEDIR DECRETOS EN ESA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2001. · Registro digital (IUS): 7352
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 1026.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2001. PODER EJECUTIVO FEDERAL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de septiembre de dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio presentado el treinta de marzo de dos mil uno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan de Dios Castro Lozano, ostentándose como consejero jurídico del Ejecutivo Federal y en representación del titular de dicho Poder Ejecutivo, promovió controversia constitucional demandando la invalidez del acto que a continuación se señala, emitido por la autoridad que se menciona en el párrafo siguiente:

"II. Entidad demandada: El Distrito Federal, por conducto de su jefe de Gobierno, con domicilio en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, colonia Centro, C.P. 06067, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. ... IV. Acto cuya invalidez se demanda: El artículo primero del Decreto por el cual se conserva en el Distrito Federal el huso horario vigente, expedido por el jefe de Gobierno y publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad federativa el 26 de febrero de 2001, en el que se establece lo siguiente: ‘Decreto: Primero. En el Distrito Federal se conservará el huso horario vigente.’.-A pesar de la deficiente técnica empleada, el efecto jurídico concreto del decreto emitido por el jefe de Gobierno es la determinación del huso horario que regirá en el Distrito Federal."

SEGUNDO.-En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"El 26 de febrero de 2001, apareció publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el cual se conserva en el Distrito Federal el huso horario vigente, expedido por el jefe de Gobierno de dicha entidad federativa, en el que se establece el huso horario que regirá en la mencionada entidad."

TERCERO.-La parte actora expone como conceptos de invalidez, los siguientes:

"Antes de abordar los conceptos de invalidez propiamente dichos, se considera conveniente dejar sentado, que el objeto del decreto que se impugna es determinar que el huso horario que regirá en el Distrito Federal, a partir del día siguiente de la publicación del decreto de referencia, es el correspondiente al meridiano 90° al oeste de Greenwich (vigente al momento de expedir el multicitado decreto), sin cambio ni modificación estacional alguna. En otras palabras, el jefe de Gobierno al decretar que en el Distrito Federal se ‘conservará’ el huso horario ‘vigente’, automáticamente está fijando o estableciendo el que debe regir.-Adicionalmente, si en los resultandos y considerandos del citado decreto el jefe de Gobierno argumenta la supuesta ausencia de la facultad del presidente de la República para establecer y modificar husos horarios, y nadie excepto él lo ha hecho, luego entonces no queda otra consideración que la de aceptar que la fijación de éstos en el Distrito Federal se realizó mediante el citado decreto.-Por último, si la parte demandada pretendiese alegar que a través del decreto impugnado no se establece, fija o se modifica el huso horario en el Distrito Federal, entonces estaría reconociendo la validez del huso horario fijado a través del decreto presidencial del 1o. de febrero del año en curso.-Una vez precisado que los efectos reales del decreto impugnado son el establecimiento del huso horario que regirá en el Distrito Federal desde el 27 de febrero del año en curso (fecha en que entró en vigor), se procede a expresar los conceptos de invalidez.-1. Se viola el régimen de distribución de competencias establecido en el artículo 122 constitucional.-A. Los órganos de gobierno locales del Distrito Federal sólo tienen las facultades que expresamente les señala el artículo 122 de la Constitución.-En el artículo 122 constitucional se establece el régimen jurídico del Distrito Federal. Dicho régimen es sui generis, toda vez que esa entidad federativa tiene una naturaleza distinta a la de los Estados, en cuanto a que es sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 44 constitucional).-Desde la exposición de motivos de la reforma que dio origen al régimen constitucional vigente en el Distrito Federal, se reconoce que: ‘... La naturaleza jurídica especial del Distrito Federal se ha definido en el artículo 44 constitucional, que subraya que la Ciudad de México es, a un tiempo, Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. En la iniciativa que ahora se presenta el nuevo artículo 122, ratifica esta importante decisión política constitucional respecto de la naturaleza jurídica que hace del Distrito Federal una entidad de perfiles singulares. ...’.-Debido a su naturaleza jurídica especial, el Distrito Federal tiene características distintivas, dentro de las que destacan dos que a continuación se mencionan.-La primera, consiste en que de conformidad con el artículo 122, primer párrafo, de la Constitución, el Gobierno del Distrito Federal está a cargo tanto de los Poderes Federales como de los órganos locales de gobierno.-‘Art. 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo. ...’.-En consecuencia, en el Distrito Federal, a diferencia de los Estados, coexisten dos órganos legislativos (el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa) y dos órganos ejecutivos (el presidente de la República y el jefe de Gobierno).-La segunda, radica en que el artículo 122 constitucional estableció para el Distrito Federal un régimen específico de distribución de competencias entre los Poderes Federales y los órganos de gobierno locales. Conforme a dicho régimen, los órganos de gobierno locales -Asamblea Legislativa y jefe de Gobierno-, sólo pueden ejercer las facultades que expresamente les confiere la Constitución.-Como puede observarse, este esquema es inverso al establecido en el artículo 124 constitucional para la distribución de competencias entre la Federación y los Estados, el cual está determinado por una premisa sencilla, conforme a la cual: ‘las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados’.-Así, la Federación sólo ejerce las atribuciones que se señalan de manera expresa y limitativa, correspondiendo a los Estados todas las facultades no enumeradas.-Este esquema es conocido por la doctrina como esquema de facultades residuales.-En sentido inverso a las Legislaturas de los Estados, la Constitución estableció para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el esquema de facultades expresas y, por tanto, limitadas, y para el Congreso de la Unión el esquema residual.-En efecto, en términos del artículo 122, apartado A, fracción I, corresponde al Congreso de la Unión ‘legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas en el propio texto a la Asamblea Legislativa’.-En este sentido, el Congreso de la Unión legisla para el Distrito Federal con una competencia residual, que abarca todo aquello que no está expresamente conferido a la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el Congreso de la Unión legisla para el Distrito Federal en materias como seguridad pública y responsabilidad de los servidores públicos, por el simple hecho de que éstas no se atribuyeron específicamente a favor de la Asamblea Legislativa.-Ahora bien, esta particular distribución de competencias legislativas entre el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa, lógicamente también define la forma en que se desarrolla la función ejecutiva en el Distrito Federal y, por tanto, la competencia tanto del presidente de la República como del jefe de Gobierno en el Distrito Federal.-El apartado B, fracción IV, del artículo 122, señala que corresponde al presidente de la República proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal.-Por su parte, conforme al apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), corresponde al jefe de Gobierno: ‘Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos ...’.-Como puede observarse, tanto al presidente de la República como al jefe de Gobierno les corresponde ejercer la función ejecutiva en el Distrito Federal -mediante reglamentos, decretos, acuerdos u órdenes-, pero cada uno de ellos únicamente puede hacerlo respecto de las competencias que la Constitución reserva para el Congreso de la Unión, en el primer caso, y para la Asamblea Legislativa, en el segundo.-B. Los órganos de gobierno locales del Distrito Federal no tienen facultad para fijar los husos horarios.-Una vez que, conforme al inciso anterior, ha quedado claro que los órganos de gobierno locales del Distrito Federal sólo pueden ejercer las facultades expresas que les marca la Constitución, corresponde señalar cuáles son estas facultades.-Las atribuciones de la Asamblea Legislativa se encuentran establecidas en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, constitucional. Este catálogo no comprende facultad alguna para legislar sobre husos horarios ni sobre cualquier otra de la que pueda desprenderse dicha facultad. Por lo tanto, es claro que en el Distrito Federal la citada facultad corresponde a los Poderes Federales.-En este orden de ideas, si la Asamblea Legislativa no tiene la facultad de legislar en materia de husos horarios, tampoco corresponde al jefe de Gobierno proveer en la esfera administrativa sobre dicha materia. Por tanto, cualquier reglamento, decreto, acuerdo u orden que expida sobre husos horarios carece de fundamento constitucional y, por ende, es inválido.-A mayor abundamiento, ni en el artículo 122, apartado C, base segunda, de la Constitución, ni en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, ni en ninguna otra disposición legal, se establece facultad alguna en favor del jefe de Gobierno para establecer o modificar los husos horarios en el Distrito Federal, ni cualquier otra de la que pueda desprenderse dicha facultad.-En tal virtud, la expedición del acto reclamado vulnera el régimen de distribución de competencias establecido en el artículo 122 en perjuicio de la Federación, ya que el jefe de Gobierno no cuenta con ningún fundamento constitucional ni legal para emitir el decreto impugnado, por tratarse de una materia que no se le encuentra expresamente conferida.-No existe la menor duda de que conforme al régimen constitucional vigente, en el Distrito Federal la facultad de fijar y modificar los husos horarios corresponde a los Poderes de la Unión.-Cabe aclarar que, independientemente de que se considere o no aplicable el régimen de distribución de competencias establecido en el artículo 124 constitucional, el resultado sería el mismo, ya que en el Distrito Federal los órganos locales sólo ejercen las facultades expresas, las demás corresponden a los Poderes Federales, ya sea como órganos locales o federales.-C. Los órganos de gobierno locales del Distrito Federal reconocen que no cuentan con facultades para establecer husos horarios.-Los órganos de gobierno locales del Distrito Federal reconocen expresamente que no disponen de la facultad de fijar husos horarios o de establecer los horarios que rijan en su territorio, ni ninguna otra de la que se desprenda dicha facultad.-En los resultandos, primero y segundo párrafos del Decreto por el cual se conserva en el Distrito Federal el huso horario vigente, cuya invalidez se demanda, el actual jefe de Gobierno acepta que no tiene competencia para determinar el huso horario que regirá en la Ciudad de México: ‘Que de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad privativa del H. Congreso de la Unión adoptar un sistema general de pesas y medidas, entre éstos están los husos horarios aplicables en el país.-Que de acuerdo con ese mismo precepto, mientras que el H. Congreso de la Unión no legisle al respecto, el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los gobernadores de los Estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y las dependencias federales, no podrán modificar los husos horarios. En consecuencia, el Distrito Federal está obligado a conservar los husos horarios vigentes.’.-Cabe señalar que este reconocimiento no es exclusivo de la administración actual. El 29 de marzo de 1999, la Asamblea Legislativa emitió un punto de acuerdo en el que solicita: ‘... al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, proponga y notifique al Gobierno Federal que la Ciudad de México no se incorpore este año al horario de verano.’.-En atención al mencionado punto de acuerdo, el 31 de marzo de 1999, el jefe de Gobierno envió un escrito al presidente de la República en el que se establece que: ‘... Habiendo estudiado el caso y no estando en la facultad de fijar la hora que deba regir en el Distrito Federal entre aquellas que la Constitución General de la República y/o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal confiere al jefe de Gobierno ... me permito enviar a usted, para su consideración, el punto de acuerdo mencionado.’.-No obstante que el jefe de Gobierno estaba consciente de que no tiene facultades para establecer el huso horario que rija en la Ciudad de México, emitió el decreto cuya invalidez se demanda.-2. Se viola el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional.-Conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, las autoridades sólo pueden ejercer las facultades que tengan expresamente atribuidas.-En congruencia con este precepto constitucional, esa Suprema Corte ha sostenido que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; que dentro del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley; que los actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por ley alguna importan violación de garantías.-El decreto cuya invalidez se reclama no se fundamenta en ningún precepto que autorice al jefe de Gobierno a establecer o modificar el huso horario aplicable en el Distrito Federal. Al contrario, invoca como fundamentos preceptos inaplicables al acto de autoridad, como lo son los artículos 122, apartado C, base segunda, inciso f), constitucional y 67, fracción XXXI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.-De la simple lectura de los preceptos citados, puede apreciarse que los mismos ni siquiera prevén facultad alguna, sino que se refieren genéricamente a: ‘las demás que le confieran la Constitución, el estatuto y las leyes’. Esta fundamentación sólo podría ser válida si estuviera relacionada con facultades establecidas en los citados cuerpos normativos. Al no ser esto así, de ninguna manera se puede aceptar como fundamentación disposiciones que no se refieren a atribución alguna, pues de lo contrario, ello significaría que el jefe de Gobierno podría realizar cualquier acto de autoridad aunque no esté expresamente facultado para ello.-Por lo que respecta a la motivación, esa Suprema Corte, en múltiples jurisprudencias, ha determinado que aquélla consiste en señalar con precisión las razones por las que se emitió el acto, siendo necesario e indispensable que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.-En primer lugar, no hay norma aplicable al caso concreto, puesto que, como ya se señaló, el jefe de Gobierno fundamenta su decreto en disposiciones que se refieren genéricamente a: ‘las demás que le confieran la Constitución, el estatuto y las leyes’.-En segundo lugar, si el jefe de Gobierno reconoce en su propio decreto que no es de su competencia la fijación o modificación de husos horarios, luego entonces, no existe adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable.-Por último, tampoco puede servir como motivación para decretar el mantenimiento del huso horario en el Distrito Federal, la supuesta encuesta telefónica que realizó sobre esta materia. Ello es así, toda vez que independientemente de que tal tipo de consulta no tiene fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Participación Ciudadana -en donde se establecen los instrumentos de participación ciudadana-, es lógico que tales consultas deben forzosamente versar sobre las competencias que a los órganos locales otorga la Constitución. De sostenerse lo contrario, el jefe de Gobierno podría convocar a consultas sobre temas que rebasan el ámbito de su competencia, como podrían ser los impuestos federales, un tratado celebrado por el Gobierno Federal o sobre la emisión de moneda en el país, y tomar los resultados obtenidos como fundamento para emitir un decreto sobre dichas materias.-3. Se violan los artículos 104, fracción IV y 105, fracción I, constitucionales.-El jefe de Gobierno al emitir el decreto cuya validez se impugna, se atribuyó facultades reservadas al Poder Judicial Federal, ya que con la emisión de tal decreto, el citado funcionario, bajo la errónea apreciación de que existe una invasión de competencias -que además sería entre dos Poderes Federales-, pretende invalidar y dejar sin efectos el decreto del Ejecutivo Federal que estableció los husos horarios en el país.-Como se señaló en el punto de hechos de la presente demanda, el efecto directo y concreto del decreto del jefe de Gobierno, es determinar el huso horario que regirá en el Distrito Federal durante todo el año sin modificación alguna.-Conforme a los artículos 104, fracción IV y 105, fracción I, constitucionales, compete de manera exclusiva al Poder Judicial de la Federación y, en particular, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación -después de un proceso debidamente establecido en ley-, determinar cuándo existe una invasión de competencias entre dos órdenes de gobierno y, sólo entonces, declarar la invalidez y dejar sin efectos las normas o actos impugnados.-De sostenerse la validez del decreto del jefe de Gobierno, se llegaría al absurdo de que cualquier autoridad, previo a la resolución del Poder Judicial, podría dejar de aplicar o incluso revocar una ley o un acto de otra autoridad, simplemente porque, a su juicio, viola las garantías o invade competencias."

CUARTO.-Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos, son el 16, 104, fracción IV, 105, fracción I y 122.

QUINTO.-Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y designó por razón de turno como instructor, al Ministro Juan Díaz Romero.

Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostentó y por admitida la demanda relativa; ordenó emplazar a la demandada para que rindiera su contestación, así como al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde. De la misma manera, se tuvo como tercero interesado al Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de Senadores y Diputados, por lo que se ordenó darles vista.

SEXTO.-El Gobierno del Distrito Federal, a través de su jefatura, al formular su contestación a la demanda, señaló en síntesis lo siguiente:

1. Que el hecho único de los antecedentes se niega, ya que en el acto impugnado no se establece huso horario alguno que pretenda regir en el Distrito Federal, sino simplemente dispone que: "en el Distrito Federal se conservará el huso horario vigente".

2. Que el órgano federal en su escrito de demanda, reclama como inconstitucional el artículo primero del decreto expedido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, por lo que con fundamento en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, solicita se tenga a la actora por confesa en forma tácita, al admitir y tener como fundado y motivado constitucionalmente el resto del decreto cuya invalidez se demanda, por virtud de no haberlo impugnado en su totalidad.

3. Que el decreto del que emana el artículo que se impugna no está regulando ni trata de regular los husos horarios dentro del ámbito de competencia de la administración pública del Distrito Federal, ya que considera que esa es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

Que lo que se pretende con dicho decreto, es que no se consolide una violación flagrante a la Constitución Federal por parte del Ejecutivo Federal, hasta en tanto no se resuelva la controversia constitucional 5/2001, donde se reclama la invalidez del decreto del presidente de la República de fecha treinta de enero de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero del mismo año, relativo a los husos horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

4. Que es falso que el jefe de Gobierno, al decretar que en el Distrito Federal se conservará el huso horario vigente "automáticamente" esté fijando o legislando el que debe regir, toda vez que únicamente se manifiesta que "se conservará el huso horario que rige en el momento en que se actúa", en razón de que el mismo ya se encuentra fijado desde el veintinueve de diciembre de mil novecientos veintiuno, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo a través del cual nuestro país otorgó su aquiescencia a la resolución adoptada en la Conferencia Internacional de Meridianos celebrada en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro, en la cual los delegados de los Estados representados (entre ellos nuestro país), acordaron por unanimidad proponer a sus gobiernos la adopción del meridiano que pasa por el Observatorio de Greenwich en el Reino Unido de la Gran Bretaña, como el meridiano inicial para medir la longitud geográfica en nuestro planeta, por lo que el huso horario vigente que se conservaría en el Distrito Federal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo primero del decreto impugnado, es el correspondiente al meridiano 90° al oeste de Greenwich.

5. Que tampoco es verdad que se esté reconociendo la validez del huso horario fijado a través del decreto presidencial del treinta de enero de dos mil uno, ya que éste fue impugnado en la controversia constitucional número 5/2001, por lo que dicha afirmación, es una simple apreciación subjetiva del Ejecutivo Federal carente de todo valor jurídico.

6. Que de lo señalado en el artículo 122, apartados A y B, y base segunda de la Constitución General de la República, se desprende que los órganos de gobierno locales tienen delimitadas sus esferas de competencia; sin embargo, los Poderes Federales también tienen restringidas sus facultades expresas dentro del Distrito Federal, siendo éstas las que les son reservadas, así como las coincidentes y coexistentes con las autoridades locales de esta entidad federativa. Por tanto, resulta contrario a toda lógica jurídica que el citado artículo sea "inverso" al numeral 124 constitucional, puesto que en el caso del Distrito Federal, las esferas de atribuciones de los órganos federales y las autoridades locales se sujetan a las disposiciones que les marca el propio artículo 122 de la Constitución Federal.

7. Que el Distrito Federal es una entidad federativa más que conforma la República, como lo señala el artículo 2o. del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por lo que le es aplicable el artículo 124 constitucional; aunado a esto, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos únicamente le corresponde, dentro de su esfera de competencia en el ámbito local del Distrito Federal, proveer la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión; esto significa reglamentar sobre una ley existente, y no como lo pretende hacer con el "decreto presidencial del treinta de enero del año dos mil uno", al regular sobre los husos horarios sin tener sustento legal para hacerlo, por ser facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

8. Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad; por tanto, es falso lo argumentado por el actor, en el sentido de que "tanto al presidente de la República como al jefe de Gobierno del Distrito Federal les corresponde ejercer la función ejecutiva en el Distrito Federal", por lo que el presidente no puede ir más allá de lo que le permite la propia Constitución.

Que en consecuencia, no procede que el órgano federal actor combata la constitucionalidad del artículo primero del decreto impugnado, toda vez que promueve la presente controversia constitucional, arguyendo una supuesta invasión de esferas de competencia, lo cual es incorrecto, porque realmente no existe ni ha existido invasión de esferas de competencias por parte del Ejecutivo del Distrito Federal en perjuicio del Poder Ejecutivo Federal, ya que es de explorado derecho que al carecer el presidente de la República de dicha facultad, no puede existir invasión de competencia.

9. Que es infundado e improcedente el concepto de invalidez relativo a que los órganos de gobierno locales del Distrito Federal no tienen facultad para fijar los husos horarios, pues en el decreto impugnado nunca se pretendió arrogarse la facultad de fijar los husos horarios, ya que, por una parte, de acuerdo con la fracción XVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el Poder Legislativo Federal tiene la facultad exclusiva de adoptar un sistema general de pesas y medidas, entre las que se encuentran las medidas de tiempo, como lo son los husos horarios aplicables en el país y, por otra, mientras que el Congreso de la Unión no legisle al respecto, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los gobernadores de los Estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y las dependencias federales, no podrán modificar los husos horarios.

Que por tanto, el Distrito Federal está obligado a conservar los husos horarios vigentes, hasta en tanto se resuelva por este Tribunal Constitucional la controversia constitucional 5/2001, la cual se promovió por virtud de la existencia de un conflicto entre la Federación y el Distrito Federal, que ocasiona un agravio de difícil reparación a los gobernantes y gobernados de esta ciudad capital, en términos de la fracción I, inciso a), del artículo 105 constitucional.

10. Que se denota una inexacta interpretación del artículo primero impugnado, al afirmar, categóricamente, que el efecto jurídico del mismo es determinar el huso horario que regirá en el Distrito Federal. Sin embargo, en él no se determina huso horario alguno, pues el huso horario vigente ya estaba determinado, siendo el aplicable en la actualidad, por ser el que rige a nuestro país desde mil novecientos veintiuno, como ya se ha expuesto.

11. Que el tercer concepto de invalidez, consistente en que se violan los artículos 104, fracción IV y 105, fracción I, constitucionales, carece de lógica jurídica, en razón de que es inconcebible que se argumente que "el jefe de Gobierno, al emitir el decreto cuya validez se impugna, se atribuyó facultades reservadas al Poder Judicial Federal", puesto que con el decreto impugnado se le reconoce a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad exclusiva que posee como órgano de control constitucional, que se encuentra resguardada en el artículo 105 constitucional, para que resuelva el conflicto que existe entre la Federación y el Distrito Federal derivado de una controversia por un acto meramente administrativo, decretado y publicado por la presidencia de la República en el Diario Oficial de la Federación el día uno de febrero de dos mil uno, mediante el cual se establece que habrá cuatro husos horarios en el territorio nacional, sin tener facultades para ello y, por tanto, causa un agravio de difícil reparación hacia los gobernantes y gobernados del Distrito Federal.

SÉPTIMO.-El procurador general de la República, en esencia, indicó lo siguiente:

1. Que es competente esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal, pues se trata de una controversia entre la Federación y el Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

2. Que de los artículos 122 constitucional y 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se desprende que no contienen facultad expresa para que el jefe de Gobierno del Distrito Federal pueda determinar, a través del decreto combatido, que "en el Distrito Federal se conservará el huso horario vigente" en la fecha de su emisión, ni para emitir disposiciones relacionadas con la materia de husos horarios, pues "de la norma impugnada no se desprende que se esté cumpliendo o ejecutando algún dispositivo legal expedido por el Congreso de la Unión, que se relacione con la esfera de competencia del órgano ejecutivo local o de sus dependencias", ni tampoco que se esté reglamentando alguna disposición emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

3. Que en consecuencia, al ser inexistente la facultad a cargo del Ejecutivo Local en la materia de husos horarios, carece de atribuciones para poder emitir el decreto combatido y, por tanto, éste es violatorio del régimen establecido en el artículo 122 constitucional.

4. Que el referido decreto, al determinar el horario que debe regir en el Distrito Federal, o sea, el vigente en la fecha de su emisión, expresamente está impidiendo que en esa entidad se ej

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7352-5b6c8a10/husos-horarios-la-asamblea-legislativa-y-el-jefe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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