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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE. HORARIO DE VERANO. EL DECRETO PRESIDENCIAL QUE LO ESTABLECIÓ, DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL UNO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, ES UN REGLAMENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA MATERIAL. HUSOS HORARIOS. AUNQUE NO SON, EN SÍ MISMOS, UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE TIEMPO, SÍ LO INTEGRAN. HUSOS HORARIOS. COMO LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL DECRETO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL UNO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, POR EL QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PROVEE SOBRE SU APLICACIÓN, FUE PROMOVIDA POR EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA SENTENCIA QUE DECLARÓ SU INVALIDEZ SÓLO TIENE EFECTOS EN ESTA ENTIDAD. HUSOS HORARIOS. LOS ACUERDOS DE LOS QUE EMANAN HAN SIDO RESPETADOS POR MÉXICO CONFORME A LA COSTUMBRE INTERNACIONAL. HUSOS HORARIOS. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE SURTIR EFECTOS PARA EL DISTRITO FEDERAL LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL UNO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, POR EL QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PROVEE SOBRE SU APLICACIÓN. HUSOS HORARIOS. SÓLO EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE SU APLICACIÓN, CON MOTIVO DE QUE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL LO AUTORIZA PARA ESTABLECER UN SISTEMA GENERAL DE PESAS Y MEDIDAS. HUSOS HORARIOS. SU APLICACIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A TRAVÉS DEL DECRETO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL UNO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, VIOLA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. CONFORME AL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, LAS UNIDADES QUE SIRVEN PARA COMPUTAR LA MAGNITUD DE TIEMPO SON EL SEGUNDO, EL MINUTO, LA HORA Y EL DÍA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. LA FACULTAD PARA PROVEER EN LA ESFERA ADMINISTRATIVA A LA EXACTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES, COMPRENDE, ADEMÁS DE LA EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS, LA EMISIÓN DE ACUERDOS Y DECRETOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TODOS AQUELLOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA ESE FIN. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/2001. · Registro digital (IUS): 7341
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 882.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 5/2001. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de septiembre del año dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el cinco de marzo de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de jefe de Gobierno del Distrito Federal, promovió controversia constitucional demandando la invalidez del decreto que a continuación se señala, emitido por las autoridades que se mencionan en el párrafo siguiente:

"Entidad, poder u órgano demandado: La Federación y el Poder Ejecutivo Federal, representados por: 1. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 2. El secretario de Gobernación, titular de dicha dependencia de la administración pública federal; 3. El secretario de Energía, titular de dicha dependencia de la administración pública federal. Todos con domicilios legales públicamente conocidos en el Distrito Federal. IV. Norma general o acto administrativo concreto cuya invalidez se demanda: Decreto de fecha 30 de enero de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1o. de febrero del mismo año, por el que se establece que en el territorio nacional habrá cuatro zonas de husos horarios, expedido por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y refrendado por los CC. Secretarios de Gobernación y de Energía de la administración pública federal, respectivamente."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. Con fecha 30 de enero de 2001, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el 'Decreto por el que se establece que en el territorio nacional habrá cuatro zonas de husos horarios y se abrogan los diversos relativos a los horarios estacionales en los Estados Unidos Mexicanos, publicados el 4 de enero de 1996, 13 de agosto de 1997, 31 de julio de 1998 y 29 de marzo de 1999, respectivamente.'. 2. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pretende fundar el decreto, en la parte que se impugna, en los artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expone en el capítulo de considerandos, entre otros argumentos, los siguientes: 'Que el establecimiento de horarios estacionales, medida conocida también como «horario de verano», se aplica en numerosos países del mundo durante el periodo de mayor insolación durante el año, y que dicha acción consiste en adelantar una hora el horario local al inicio del periodo, y en retrocederlo, también una hora, una vez concluido el mismo ... Que en el territorio nacional durante el periodo de los meses de mayo a septiembre se presenta la mayor luminosidad natural del país, pero también el más alto consumo de electricidad; que estudios realizados en el pasado reciente por organismos especializados del Gobierno Federal y, en particular, por la Universidad Nacional Autónoma de México, concluyeron que el establecimiento del «horario de verano», por una parte, generó una reducción significativa en la demanda de energía eléctrica durante las horas pico, lo que tuvo un impacto favorable en el sistema de generación eléctrica nacional y, por la otra, que la medida no produce efectos perniciosos en la salud, en la seguridad pública ni en el desempeño de las actividades de las personas; que sin embargo, diversos grupos de la sociedad han manifestado su inconformidad derivada de la aplicación del «horario de verano» por la escasa luminosidad natural que se presenta por las mañanas, básicamente de los meses de abril y de octubre, y que diversos sectores sociales han solicitado al Gobierno Federal que los horarios estacionales sean adaptados, con la experiencia de años anteriores, a las necesidades de las diferentes regiones de la República mexicana ...'. 3. El decreto señala en su parte conducente: 'Artículo 1o. En el territorio nacional habrá las zonas de husos horarios siguientes: I. Primera: Comprende todo el territorio nacional, salvo el correspondiente a las zonas segunda, tercera y cuarta. ...'. 'Artículo 2o. Durante el periodo comprendido del primer domingo de mayo al último domingo de septiembre de cada año, salvo en el caso de la tercera zona que será del primer domingo de abril al último domingo de octubre de cada año, regirán los husos horarios siguientes: I. En la primera zona, el correspondiente al meridiano 75° al oeste del meridiano de Greenwich. ...'. 'Artículo 3o. Fuera del periodo a que se refiere el artículo anterior, regirán los husos horarios siguientes: I. En la primera zona, el correspondiente al meridiano 90° al oeste del meridiano de Greenwich. ...'. 'Artículo 4o. Para los efectos del presente decreto, los cambios de husos horarios en las zonas primera, segunda y tercera, se realizarán de la manera siguiente: I. El primer domingo de mayo de cada año, y en el caso de la tercera zona el primer domingo de abril de cada año, a las dos horas antes meridiano de los husos horarios 90°, 105° y 120°, se pasará a los husos horarios de los meridianos 75°, 90° y 105°, respectivamente, y II. El último domingo de septiembre de cada año, y en el caso de la tercera zona el último domingo de octubre de cada año, a las dos horas antes meridiano de los husos horarios 75°, 90° y 105° se pasará a los husos horarios de los meridianos 90°, 105° y 120°, respectivamente.'. 4. En virtud de que dicho decreto es violatorio de diversos preceptos constitucionales, en mi carácter de jefe de Gobierno del Distrito Federal, emití declaratoria de procedencia de controversia constitucional respecto del mismo, la cual fue publicada el 26 de febrero de 2001, en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, la que en su parte conducente señala: 'Que de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad privativa del H. Congreso de la Unión adoptar un sistema general de pesas y medidas, entre los que están los husos horarios aplicables en el país. Que de acuerdo con ese mismo precepto, mientras que el H. Congreso de la Unión no legisle al respecto, el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, los gobernadores de los Estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y las dependencias federales, no podrán modificar los husos horarios. En consecuencia, el Distrito Federal está obligado a conservar los husos horarios vigentes ... El presidente de la República no respetó lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no haberlo hecho, generó una invasión de competencias que viola la división de Poderes Federales, prevista en el artículo 49 de la propia Constitución, el principio de seguridad jurídica, en perjuicio de las autoridades del Distrito Federal y las garantías y derechos de sus habitantes. Que estamos en presencia de un agravio en contra del Gobierno del Distrito Federal y sus habitantes, pues se pretende realizar y ejecutar un acto que viola nuestra Constitución; lo anterior da competencia a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de la controversia constitucional prevista por el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional. Que la violación a la Constitución no repercuta gravemente en la población, en los términos de la ley reglamentaria, solicitaré la suspensión del acto violatorio de la Constitución. (sic) ... Segundo. Determino que es el caso declarar procedente plantear ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, respecto del decreto de fecha 30 de enero de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1o. de febrero de 2001, relativo a los husos horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. En términos de la ley reglamentaria solicitaré la suspensión del decreto citado en el numeral anterior.'. El decreto es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de leyes de ella emanadas."

TERCERO. La parte actora expone como conceptos de invalidez, los siguientes:

"Primero. El decreto es inválido, porque es violatorio de los artículos 16, 49, 73, fracción X, 89, fracción I, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por indebida aplicación de lo dispuesto por los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Al respecto, el artículo 16 constitucional en la parte conducente, dispone lo siguiente: 'Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...'. Dicho precepto establece que todo acto de autoridad debe provenir de autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado. La fundamentación es la cita del precepto legal aplicable al caso concreto, es decir, de los supuestos normativos en que se encuadra la conducta y la facultad otorgada a la autoridad para emitir el acto controvertido y la motivación es el razonamiento que hace la autoridad acerca de los motivos y circunstancias especiales que llevaron a la misma a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. El decreto combatido, en su parte correspondiente, señala: 'Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ...'. El artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 'Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.'. Este precepto guarda congruencia con lo establecido con los artículos 49, 128 y 133, que en su parte conducente, prescriben: 'Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo ...'. 'Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.'. 'Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. ...'. De conformidad con los preceptos antes transcritos, el C. Presidente constitucional, sólo puede realizar actos en cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes emanadas de ella. De tal forma, todo reglamento o decreto que expida debe estar encaminado a promulgar o ejecutar una ley emanada del Congreso de la Unión y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia. Por lo que cualquier otro acto del C. Presidente que tienda a regular alguna esfera de acción sin el sustento legal implica una invasión de competencias que se encuentra estrictamente prohibida en el artículo 49 constitucional y viola el principio de supremacía legal a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio relativo a los límites de la facultad reglamentaria presidencial, ha sido reconocido en las tesis jurisprudenciales que a continuación se transcriben: 'Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, septiembre de 1995. Tesis 2a./J. 47/95. Página 293. FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.' (se transcribe). 'Octava Época. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1988. Página 261. FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.' (se transcribe). 'Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, septiembre de 1999. Tesis 2a. CXV/99. Página 266. FACULTAD REGLAMENTARIA. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE REFIERAN A SU INFRACCIÓN, DEBEN ESTABLECER UNA CONTRARIEDAD O EXCESO DE LOS MANDATOS LEGALES POR LA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA, COMO CONDICIÓN PARA REVELAR UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.' (se transcribe). En el caso que nos ocupa, es de observarse que el C. Presidente constitucional, mediante el decreto que se combate por esta vía, viola los preceptos constitucionales antes señalados. En efecto, si bien es cierto que se invoca que el decreto se expide con fundamento en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del contenido del mismo se desprende que es totalmente falsa tal afirmación. Es por demás evidente que al expedir el decreto combatido, el C. Presidente de la República no está promulgando ni ejecutando ley alguna que hubiere expedido el Congreso de la Unión, ni mucho menos está proveyendo a la exacta observancia de alguna norma, es decir, no está haciendo debido uso de la facultad reglamentaria. Al contrario, estamos en presencia de un decreto autónomo que tiene como objeto modificar en el territorio nacional los husos horarios durante los meses de mayo a septiembre, por lo que corresponde al Distrito Federal. El C. Presidente, al dar la orden mediante el decreto impugnado, pretende fundarla en lo dispuesto por los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, argumentando un pretendido ahorro de energía, sin que: a) Se precise cuál de las XXV fracciones del artículo 27 invocado, ni tampoco cuál de las XII fracciones del 33, le otorgan la facultad de expedir el decreto controvertido y, por ende, para imponer husos horarios distintos a los que convencionalmente corresponden a las distintas partes del territorio mexicano. b) En alguna de las atribuciones del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se contemple la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación pueda establecer zonas de husos horarios en el territorio de la República. En este apartado cabe reflexionar sobre lo que dispone la fracción IV del referido artículo 27 al establecer que la Secretaría de Gobernación: '... debe vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales, y dictar las medidas administrativas que requieran ese cumplimiento'. La propia secretaría tiene el deber jurídico de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, entre las que se encuentra ella misma, situación que olvida completamente, pues su propio titular es quien refrenda el inconstitucional decreto combatido. Tampoco se desprende de la cita del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para la Secretaría de Energía, la atribución para despachar lo relacionado con el establecimiento, cambio o imposición de las zonas de husos horarios en el país. No es óbice a lo anterior, que la fracción VIII del precepto legal en comento disponga lo siguiente: 'Artículo 33. A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... VIII. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre ahorro de energía, estructuras, costos, proyectos, mercados, precios y tarifas, activos, procedimientos, reglas, normas y demás aspectos relacionados con el sector energético, y proponer, en su caso, las acciones conducentes.'. Lo anterior demuestra que sólo se otorga al titular de la Secretaría de Energía, la facultad de realizar y promover estudios e investigaciones sobre ahorro de energía, pero no así, establecer zonas de husos horarios. En el supuesto sin conceder, que el Ejecutivo Federal se haya referido con la cita del artículo 33, a la atribución derivada de la fracción VIII del mismo, y considerando que sus argumentos fueran verdaderos, en cuanto al supuesto ahorro de energía, en que sustenta el decreto controvertido, de cualquier forma es contrario a los ordenamientos jurídicos vigentes, ya que la fracción VIII debe adminicularse con la facultad del secretario en comento, prevista en el artículo 5o., fracción XVII, inciso a), del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, que señala: 'Artículo 5o. El secretario tendrá las siguientes facultades no delegables: ... XVII. Celebrar acuerdos y convenios con otras dependencias de la administración pública federal y, en su caso, con los Gobiernos Estatales y Municipales, con objeto de establecer programas para: a) Ahorro de energía y su utilización eficiente.'. Por tanto, cualquier medida encaminada al ahorro de energía, sólo puede establecerse mediante programas establecidos por medio de acuerdos y convenios que celebre la Secretaría de Energía con otras dependencias de la administración pública federal y, en su caso, con los Gobiernos Estatales y Municipales, incluido el Distrito Federal, con base en los estudios realizados; lo que no ha sucedido en la especie. Queda demostrado que el C. Presidente, no sólo expidió el decreto sin contar con facultades conferidas por alguna ley, sino que lo hizo contraviniendo el texto expreso de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del reglamento de la Secretaría de Energía, máxime si con dicho decreto, pretende regular la materia de energía que conforme a la fracción X del artículo 73 constitucional, corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión y no existe disposición al respecto que le faculte a expedir un decreto de esta naturaleza. Por tanto, legalmente no puede concluirse en forma alguna que la modificación de los husos horarios tenga su fundamento en disposiciones relativas al ahorro de energía, cuando no se le faculta a expedir un decreto de esa naturaleza, por existir otras figuras jurídicas previstas para llevar a cabo el ahorro de energía que supuestamente se pretende lograr con dicha modificación a través del decreto impugnado. Por lo expuesto es de concluirse que el decreto mediante el cual se pretende modificar los husos horarios en los Estados Unidos Mexicanos, expedido por el Poder Ejecutivo Federal, contraviene los diversos preceptos constitucionales citados, por lo que estamos en presencia de un acto infundado, el cual afecta la esfera jurídica del Distrito Federal y de sus habitantes, al contener una orden presidencial que impone una serie de obligaciones, sin contar con fundamento legal o constitucional, afectando así sus garantías y derechos, por lo que resulta procedente la presente demanda de controversia constitucional y, por ende, debe declararse inválido y restituir al Distrito Federal y sus habitantes en los legítimos derechos transgredidos. Segundo. El decreto que se combate es inválido, porque es violatorio de los artículos 49, 73, fracción XVIII, 89, fracción I, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 73 constitucional, en su fracción XVIII, establece: 'El Congreso tiene facultad: ... XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas.'. De lo anterior se concluye que es el Congreso de la Unión el facultado para determinar los husos horarios que corresponden al territorio nacional, así como la de cambiarlos, tomando en consideración situaciones sociales que necesiten ser reguladas. Tal aseveración es ajustada a derecho, si tomamos en cuenta lo que se entiende por pesas y medidas. Al respecto, los artículos 3o. y 5o. de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, disponen: 'Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ... VI. Medir: el acto de determinar el valor de una magnitud; VII. Medida materializada: el dispositivo destinado a reproducir de una manera permanente durante su uso, uno o varios valores conocidos de una magnitud dada. ...'. 'Artículo 5o. En los Estados Unidos Mexicanos el Sistema General de Unidades de Medida es el único legal y de uso obligatorio. El Sistema General de Unidades de Medida se integra entre otras, con las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades: de longitud, el metro; de masa, el kilogramo; de tiempo, el segundo; de temperatura termodinámica, el kelvin; de intensidad de corriente eléctrica, el ampere; de intensidad luminosa, la candela; y de cantidad de sustancia, el mol, así como con las suplementarias, las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos de todas ellas, que apruebe la Conferencia General de Pesas y Medidas y se prevean en normas oficiales mexicanas. También se integra con las no comprendidas en el sistema internacional que acepte el mencionado organismo y se incluyan en dichos ordenamientos.'. Los husos horarios son una medida de tiempo, pues si bien es cierto que el artículo 5o. transcrito hace referencia al segundo para medirlo, también lo es que alude a sus múltiplos, es decir, a minutos, horas, días, etcétera. Por tanto, es el Congreso de la Unión el que cuenta con facultades constitucionales para modificar los husos horarios en las zonas del territorio nacional y alterar de esta manera los horarios internacionalmente fijados; máxime que el decreto tildado de invalidez, implica que un día del año (el primer domingo de mayo del 2001, y el correspondiente a los años posteriores), tenga 23 horas, y que otro día (el último domingo de septiembre del 2001, y el correspondiente a los años posteriores), sea de 25 horas. En consecuencia, se concluye que la orden presidencial dada mediante decreto, para modificar los husos horarios como medida de tiempo, invade la competencia del Congreso de la Unión y con ello viola lo dispuesto en los artículos 49, 73, fracción XVIII, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al arrogarse atribuciones que no le corresponden; por tanto, procede la controversia constitucional que se plantea mediante la presente demanda y la declaración de invalidez del multicitado decreto. Tercero. El decreto que se combate es inválido, porque es violatorio de los artículos 14, 16, 49, 89, fracción I, 122, 124, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante los razonamientos expuestos en el concepto de invalidez que antecede, y suponiendo sin conceder que se considere que ninguna fracción del artículo 73 citado concede al Congreso de la Unión la facultad de normar los husos horarios, por no constituir una medida del tiempo, es el caso que el decreto que se combate es inválido porque es violatorio de los artículos 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diverso 124 constitucional, dispone lo siguiente: 'Artículo 124. Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.'. De acuerdo al principio establecido en este artículo, corresponde a las Legislaturas de los Estados regular aquellas materias que no estén expresamente asignadas al Congreso de la Unión. Luego entonces, si normar los husos horarios no es facultad del Congreso de la Unión, corresponde a las Legislaturas de los Estados hacerlo. Por tanto, conforme a este principio tampoco es atribución del presidente modificar los husos horarios, atendiendo al principio de que éste sólo puede actuar en el marco de lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso del Distrito Federal, a pesar de que se trata de una entidad federativa, con una organización de gobierno en la que participan los Poderes Federales y órganos de Gobierno Local y en este sentido su forma de gobierno es diferente de la de los Estados, debe aplicarse el mismo principio, tomando en cuenta que la norma es anterior a las reformas del artículo 122, pero que resulta aplicable al Distrito Federal, porque donde hay la misma razón, debe haber el mismo principio. Sin embargo, suponiendo sin conceder que se estime que dada la especial forma de gobierno que tiene el Distrito Federal, no le resulta aplicable el principio contenido en el artículo 124, es el caso que tampoco es facultad del presidente de la República modificar los husos horarios en el Distrito Federal, porque con respecto a sus atribuciones en relación con esta entidad federativa, se circunscriben, en relación con el tema, a lo establecido en el artículo 122, apartado B, esto es, a iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal y proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión, respecto de éste, supuesto en el que no se encuentra el combatido decreto. En relación con lo anterior, el artículo 122 constitucional, inciso A, fracción I, dispone lo siguiente: 'Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. ... La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones: A. Corresponde al Congreso de la Unión: I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa.'. De acuerdo a lo anterior, todo aquello que no competa a la Asamblea Legislativa de manera expresa es competencia del Congreso de la Unión, por lo que, en todo caso, correspondería al Congreso de la Unión normar los husos horarios en el Distrito Federal. En conclusión, es por demás evidente que el C. Presidente de la República no tiene facultad constitucional para expedir decreto alguno que tenga como finalidad modificar los husos horarios para alterar el horario en el Distrito Federal. El C. Presidente constitucional, al emitir el decreto que se impugna, viola los preceptos constitucionales hechos valer en todos y cada uno de los conceptos de invalidez y, en consecuencia, violenta los derechos del Distrito Federal y sus habitantes al afectar con el mismo la esfera jurídica de éstos e imponerles una serie de obligaciones, sin ningún fundamento legal. Por tanto, debe declararse la invalidez por inconstitucional, del 'Decreto por el que se establece que en el territorio nacional habrá cuatro zonas de husos horarios y se abrogan los diversos relativos a los horarios estacionales en los Estados Unidos Mexicanos, publicados el 4 de enero de 1996, 13 de agosto de 1997, 31 de julio de 1998 y 29 de marzo de 1999', expedido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de febrero de 2001, por invadir la competencia del Congreso de la Unión respecto de leyes del Distrito Federal y afectar la esfera jurídica del Distrito Federal y de sus habitantes. Por otro lado, desde este momento se solicita a esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad a los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicar en beneficio del Gobierno del Distrito Federal la siguiente tesis de jurisprudencia. 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JURÍDICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS.' (se transcribe)."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 14, 16, 49, 73, fracciones X y XVIII, 89, fracción I, 122, 124, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Mediante proveído de seis de marzo de dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y por razón de turno se designó al Ministro Juan Díaz Romero, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostentó y por admitida la demanda relativa; ordenó emplazar a las responsables para que rindieran su respectivo informe, se reconoció el carácter de tercero interesado al Congreso de la Unión a través de las Cámaras de Senadores y Diputados y se ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

SEXTO. Por escritos de treinta de marzo, veinte y veintisiete de abril del año en curso, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, éste en su calidad de representante de la Federación y titular del Poder Ejecutivo Federal, así como los secretarios de Gobernación y de Energía, en forma coincidente al rendir sus informes, en síntesis manifestaron de igual manera, lo siguiente:

Como causa de improcedencia se aduce fundamentalmente:

Que no existe declaratoria fundada y motivada del jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Que la demanda que se contesta resulta improcedente y debe entonces

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7341-b571b36e/controversia-constitucional-mediante-esta-accion-la-suprema-corte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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