CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS Y ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/2001. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de octubre de dos mil uno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio presentado el veintitrés de febrero del año dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de jefe de Gobierno del Distrito Federal y titular del Poder Ejecutivo Local, promovió controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se indican:
"Actos cuya invalidez se demanda: A) La discusión, aprobación y expedición del decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, de fecha 29 de diciembre de 2000, concretamente los artículos 3o., 9o., 18 y 19. Dicha discusión, aprobación y expedición del decreto en cuestión, estuvo a cargo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.-B) La expedición del decreto promulgatorio que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000, realizado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.-C) El refrendo de los decretos promulgatorios antes señalados, realizado por la Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, representada por el titular del ramo.-D) El Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de fecha 22 de enero de 2001, emitido por el subsecretario de Egresos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y de los CC. Subsecretarios del ramo y de Ingresos, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, representado por su titular.-Asimismo, se demanda de esta autoridad la distribución y calendarización de las ministraciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), a que se refiere el punto segundo del acuerdo antes citado en donde, sin fundamento, se excluye materialmente al Distrito Federal como beneficiario de dicho fondo.-E) La publicación de los decretos promulgatorios y el acuerdo antes mencionados, a cargo del director del Diario Oficial de la Federación, representado por su titular.-F) Los demás actos que se deriven o que sean consecuencia de los anteriormente señalados.
"Poderes y órganos demandados y sus domicilios: 1. La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a través de: la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con domicilio en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia Del Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, de esta ciudad.-2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Vicente Fox Quesada, con domicilio en Palacio Nacional, C.P. 06060, México, D.F.-3. Secretario de Gobernación, C. Santiago Creel Miranda, con domicilio en Bucareli No. 99, C.P. 06600, México, D.F.-4. Secretario de Hacienda y Crédito Público, C. Francisco Gil Díaz, con domicilio en Palacio Nacional, C.P. 06060, México, D.F.-5. Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en Hidalgo 77, C.P. 06300, México, D.F.-6. Director del Diario Oficial de la Federación, C. Carlos Justo Sierra, con domicilio en Abraham González No. 30, México, D.F."
SEGUNDO.-Los antecedentes que aduce la parte actora, en síntesis, son los siguientes:
a) Que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete, decretó las adiciones y reformas a la Ley de Coordinación Fiscal donde destaca la adición de un capítulo V denominado "De los fondos de aportaciones federales", que comprende los artículos 25 a 42, promulgado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de diciembre del año citado, de cuyo artículo 25, vigente en mil novecientos noventa y ocho, se advierte la participación del Distrito Federal en los fondos de aportaciones federales, a través de los cuales se han ministrado ingresos a la hacienda pública del Distrito Federal.
b) Que del Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de enero de mil novecientos noventa y ocho, se advierte que el Distrito Federal fue considerado dentro de diversos fondos municipales; sin embargo, no se le ha incluido en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, no obstante que un gran sector de su población vive en condiciones de extrema pobreza, sobre todo en la periferia de la ciudad.
c) Que mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del día treinta y uno de diciembre de dos mil, se dio a conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil uno.
d) Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil uno, dio a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde destaca la exclusión del Distrito Federal de la participación de los recursos económicos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), no obstante que el criterio de asignación de recursos de este fondo es la pobreza extrema.
e) Que con fecha veintidós de enero de dos mil uno, el subsecretario de Egresos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y de los subsecretarios del ramo y de Ingresos, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, representado por su titular, en términos del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rubricó el acuerdo mencionado; este documento apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintinueve de enero de dos mil uno y constituye el primer acto de aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año dos mil uno y de la Ley de Coordinación Fiscal, cuya invalidez se demanda.
f) Que tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año dos mil uno, como la Ley de Coordinación Fiscal, no pueden tener el carácter de autoaplicativos, ya que hasta que se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, es que se tiene conocimiento de los fondos en que va a participar el Distrito Federal, puesto que lo anterior no se advierte en forma clara de los referidos presupuesto de egresos y Ley de Coordinación Fiscal.
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que aduce la parte actora, en síntesis, son los siguientes:
I. Que las reformas al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año dos mil uno y el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil uno, excluyen al Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y con ello transgreden lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en atención a lo siguiente:
a) Porque resultan contrarios a los principios de la rectoría del desarrollo nacional y al sistema de planeación democrática consagrados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, ya que las autoridades dejaron de tomar en cuenta el objeto de la Ley de Coordinación Fiscal, consistente en coordinar el sistema fiscal de la Federación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, estableciendo la participación y distribución que corresponde a sus haciendas públicas en los ingresos federales, de tal forma que sigan avanzando en la consolidación de un nuevo federalismo y estén en aptitud de dar continuidad al desarrollo de las funciones, responsabilidades y toma de decisiones a su cargo.
b) Porque impiden al titular del Poder Ejecutivo del Distrito Federal el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le fueron conferidas, puesto que no es posible cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal satisfaciendo sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades vinculadas a la infraestructura de sus habitantes que se encuentran en condiciones de pobreza extrema y rezago social, si no se cuenta con los recursos financieros suficientes; máxime que el monto total del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social debe distribuirse entre las treinta y dos entidades que integran el país y no entre treinta y uno.
II. Que no existe justificación alguna para excluir al Distrito Federal de la participación de los recursos económicos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por lo que se contraviene el espíritu del nuevo federalismo, los objetivos que persigue la Ley de Coordinación Fiscal y el principio de equidad distributiva consagrados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, ya que la concentración de la vida económica, política y social del país en la capital de la República, de ninguna manera justifica la exclusión mencionada, sino al contrario, demuestra la existencia de una gran concentración de población, la cual no está provista de la satisfacción de sus necesidades por el simple hecho de residir en el Distrito Federal, ya que en éste, al igual que en otros lugares del país, existen grupos sociales que viven en condiciones de pobreza extrema y rezago social, mismos que demandan sean cubiertas y atendidas tales necesidades.
III. Que los recursos correspondientes a los Ramos 23 y 25 y los relativos a los fondos de aportaciones federales consignados en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, nada tiene que ver con las ministraciones y finalidades a cargo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, puesto que de haber sido esa la intención del legislador, no se justificaría la participación de ningún Estado y/o Municipio en dicho fondo.
IV. Que el criterio que toma en cuenta la Ley de Coordinación Fiscal para la distribución y asignación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social es el de los habitantes que se encuentran en extrema pobreza, situación de la cual no es ajena un gran número de moradores del Distrito Federal, por lo que no existe justificación para la asignación del fondo mencionado si no es por virtud de un criterio de extrema pobreza.
V. Que el trato igual a los iguales no depende del carácter de organización política con el que está dotado el Distrito Federal; por tanto, si el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social fue establecido sobre la base de la extrema pobreza de las entidades federativas, ello no es sinónimo de características o particularidades de ningún Municipio; consecuentemente, si respecto del fondo de aportaciones mencionado la Ley de Coordinación Fiscal no diferencia expresamente a las entidades federativas de los Municipios, no puede darse un trato diferencial al Distrito Federal por carecer de estos últimos.
VI. Que las demandadas, al excluir al Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, dejan de tomar en consideración el objeto de la Ley de Coordinación Fiscal que consiste en establecer la participación y distribución que corresponda a las haciendas públicas de los Estados, los Municipios y del Distrito Federal en los ingresos federales, para cumplir con los principios contenidos en los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, consistentes en la integración y justa distribución de la riqueza, así como en la equidad del crecimiento de la economía nacional, ya que la función de la rectoría del desarrollo nacional debe ser integral y no excluyente.
VII. Que en el presente caso no se cumple con la obligación del Estado consistente en garantizar el crecimiento de la economía nacional bajo la base de un desarrollo equitativo de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, puesto que en el presente caso se descuida el crecimiento y progreso de una de las entidades federativas más importantes que es el Distrito Federal, ya que si bien en éste se asientan los Poderes Federales y se concentra un gran número de habitantes, ello no es justificante para pretender que las necesidades del mismo Distrito Federal se satisfagan con base en los ingresos que por sí mismo genera, y mucho menos si se toma en cuenta que un alto porcentaje de esos ingresos se destinan a la Federación al provenir de impuestos de carácter federal que recauda el Distrito Federal y otros se destinan a subsidiar el costo de los derechos por el suministro de agua que generan diversos inmuebles propiedad de la Federación.
VIII. Que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal debía de tomar en consideración los principios que sobre el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional previó el Estado a través del Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, puntos 3.5., 3.5.3., 3.8., 3.8.1. y 3.8.4., ya que es evidente que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal debe estar a lo previsto por el artículo 26 de la Constitución Federal, puesto que de no ser así no sólo se estarían desconociendo los fundamentos y principios del plan nacional de desarrollo mencionado, sino el propio mandato constitucional. Por ello, si el Congreso de la Unión examinó y opinó respecto de la iniciativa que contenía ese programa y posteriormente lo aceptó tácitamente al omitir pronunciarse en su contra, no es dable que pretenda mediante las normas generales que se impugnan desconocer los actos que el Ejecutivo Federal sometió a su consideración durante la vigencia del plan nacional de desarrollo referido.
IX. Que a partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se institucionalizó que los recursos denominados aportaciones, serían asignados a las entidades federativas como un apoyo independiente del fondo general de participaciones, esto es, que a partir de ese momento la Federación otorgó como un derecho a tales entidades la ministración de los recursos en comento.
X. Que el presupuesto de egresos y el acuerdo cuya invalidez se demanda infringen lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que sin justificación alguna se excluye al Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y, por ende, a un numeroso grupo de sus habitantes, lo que, además, constituye un trato inequitativo entre los Estados y el Distrito Federal, ya que la política social que impulsa la Federación debe tener el objetivo de propiciar igualdad de oportunidades, crear las condiciones que aseguren a la población el disfrute de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución Federal, elevar el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos y de manera prioritaria disminuir la pobreza y la exclusión social, como se señala en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
XI. Que en el procedimiento legislativo por el que se reforma la Norma General, que es antecedente de los actos impugnados, no se respetó lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, ya que para emitir la asignación de recursos denominados aportaciones, forzosamente se debió tomar en cuenta que el desarrollo nacional debe ser integral y no excluyente, como sucedió en el caso concreto, al suprimirse la participación del Distrito Federal de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
XII. Que en el supuesto de que las autoridades demandadas sostuvieran que en el Distrito Federal no se localizan sectores de población que se encuentren en condiciones de rezago social o de pobreza extrema, la carga de la prueba corresponde a la Federación a través del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, de tal suerte que si las demandadas no acreditaron previo a la emisión de los actos impugnados tal circunstancia, se hace evidente la falta de fundamentación y motivación para excluir al Distrito Federal de la participación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, o bien, que justifiquen que no hay habitantes en extrema pobreza en el Distrito Federal.
XIII. Que si el objetivo de la ministración de recursos del fondo en cuestión parte de la proporción directa del número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, la exclusión del Distrito Federal de tal fondo implica al desconocimiento de más de 8'489,997 habitantes del Distrito Federal, puesto que no es posible pretender que por el hecho de que la organización política de éste no comprenda a los Municipios, se niegue la participación del Distrito Federal de los recursos económicos del multicitado fondo, ya que éste forma parte de la Federación y constituye una entidad federativa con necesidades mayores o similares a las de los Estados y Municipios, tan es así, que legalmente se le reconoce el carácter de entidad federativa.
XIV. Que los actos impugnados violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que no existe en el texto de los actos controvertidos fundamentación que permita excluir al Distrito Federal del fondo de aportaciones en comento, ni mucho menos los motivos que permitieron a las entidades demandadas expedir y promulgar los actos que se les atribuyen, y si bien es cierto que un acto legislativo no debe de respetar tales garantías en los mismos términos que los actos de autoridad, sí deben de cumplir con los requisitos constitucionales esenciales consistentes en que la autoridad legislativa esté constitucionalmente facultada para crear las disposiciones legales correspondientes y que exponga los motivos que le permitieron expedir y promulgar los actos que se le atribuyen, de conformidad con la tesis de jurisprudencia de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.", lo que no se cumple en el presente caso, ya que las demandadas omiten expresar los argumentos que tomaron en consideración para excluir al Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
XV. Que al haberse demostrado la inconstitucionalidad de los artículos 3o., 9o., 18 y 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, los actos cuya invalidez se demandan también devienen inconstitucionales, en la inteligencia de que dichos actos forman parte del proceso de creación de los dispositivos legales combatidos, así como de su aplicación, por lo que ostentan los mismos vicios de inconstitucionalidad.
XVI. Que el presupuesto de egresos y el acuerdo impugnados son violatorios del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en su expedición no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento para privar al Distrito Federal de las participaciones federales comprendidas en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el cual nace para fortalecer a los Municipios y al Distrito Federal, y no fue condición para que este último participara de tales aportaciones el que tuviera Municipios; máxime que, por una parte, los pueblos que quedaron comprendidos dentro de la jurisdicción territorial del Distrito Federal históricamente desde su creación, se les dio el tratamiento de Ayuntamientos, resultando oportuno citar la tesis de rubro: "DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. TIENE DERECHO A PERCIBIR LAS CONTRIBUCIONES A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS A), B) Y C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL." y, por otra parte, el artículo 122, apartado C, base tercera, fracción II, de la Constitución Federal prevé el establecimiento de los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, los cuales tienen a su cargo una organización política, hacendaria y administrativa similar a la de un Municipio, conforme a los artículos 8o. y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
XVII. Que si la Cámara de Diputados, al emitir el dictamen correspondiente a las reformas de la Ley de Coordinación Fiscal, omitió exponer las razones en que se funda, sin motivar con proposiciones claras y sencillas por qué excluyó al Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, las normas generales impugnadas resultan violatorias de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
XVIII. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decretó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año dos mil uno, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, y si la intención fue considerar en el Ramo 33 a las entidades federativas, es claro que dicha denominación comprende necesariamente al Distrito Federal, pues la rectoría del desarrollo nacional y el Sistema de Planeación Democrática Nacional se refiere tanto a los Estados y Municipios como al Distrito Federal.
XIX. Que los actos que se impugnan en esta vía no cumplen con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 25 y 26 de la Constitución Federal, porque las demandadas vulneran las formalidades esenciales del procedimiento que se verificó para la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del presupuesto de egresos y del acuerdo controvertidos en este juicio, puesto que no tomaron en cuenta los principios que rigen la rectoría del desarrollo nacional y el sistema de planeación democrática, los cuales se materializan a través del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa para Superar la Pobreza, vigentes hasta diciembre del dos mil, que se rigen por el principio de equidad.
XX. Que todos y cada uno de los siete fondos previstos en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal tienen su propia determinación, por lo que la participación de los Estados, Municipios o el Distrito Federal en uno o en todos los fondos no depende de la suma total de recursos que le sean asignados, sino de las situaciones particulares que prevé la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 26 al 46.
XXI. Que los recursos que percibe el Distrito Federal por concepto de los fondos de aportaciones federales sólo son mayores a los de los Estados de Zacatecas, Morelos, Querétaro, Nayarit, Tlaxcala, Quintana Roo, Campeche, Aguascalientes, Baja California Sur y Colima, por lo que para las sanas finanzas del Distrito Federal y sobre todo de su población pobre, es indispensable que se le incluya en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
XXII. Que se viola en perjuicio del Distrito Federal lo dispuesto por los artículos 16 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el 1o. y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, por virtud de que se priva al Distrito Federal de su participación en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, situación que entraña un trato inequitativo respecto de los Estados, ya que es evidente que todos aquellos derechos o beneficios que se les otorguen a éstos se deben aplicar al Distrito Federal, haciéndose notar que el artículo 1o., segundo párrafo, define el concepto de entidades al disponer: "Cuando en esta ley se utilice la expresión 'entidades', ésta se referirá a los Estados y al Distrito Federal.".
XXIII. Que los ingresos federales se integran fundamentalmente por las aportaciones tributarias que se recaudan en los treinta y un Estados y en el Distrito Federal, por tanto, la redistribución de esos ingresos forzosamente debe respetar el principio de equidad, en el sentido de que tanto los primeros como el segundo tienen derecho a percibir tales recursos económicos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, tan es así que el Distrito Federal es considerado para participar en el fondo general de aportaciones, por lo que es inexplicable que tratándose de participaciones las demandadas consideren al Distrito Federal en un fondo cuya finalidad es el "fomento municipal" y cuando se trata de aportaciones lo excluyen bajo el pretexto de que su régimen de gobierno no cuenta con Municipios, sin que deba perderse de vista que si bien es cierto que las participaciones federales que corresponden a las entidades federativas derivan de los convenios de coordinación fiscal, también lo es que el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal prevé que el Distrito Federal queda incorporado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en consecuencia, éste no está obligado a que medie convenio para que quede adherido a dicho sistema y pueda participar de los ingresos provenientes de los fondos de aportaciones federales.
XXIV. Que los montos de distribución para cada entidad federativa y su calendarización que se contemplan en el punto segundo del acuerdo en cuestión, no cumplen con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 25, 26, 43 y 122, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no se funda ni motiva la exclusión del Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, debiéndose destacar que en el Distrito Federal existen grupos sociales que viven en condiciones de alta marginación y extrema pobreza; baste señalar que 80,000 viviendas no están conectadas al drenaje o 50,000 no cuentan con alumbrado público y sólo poco más de una de cada dos viviendas tiene agua al interior; por tanto, los montos de distribución que se reclaman de ninguna manera responden al espíritu federalista, al desarrollo económico nacional ni al sistema de planeación democrática de dicho desarrollo, previstos en los preceptos constitucionales mencionados.
XXV. Que los montos de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se distribuye en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y de la participación de los recursos provenientes de dicho fondo se le está negando al Distrito Federal la existencia de más de 8'489,007 habitantes, según el conteo del INEGI en 1995; además de que si corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, no es dable tal exclusión injustificada e ilegal, en perjuicio de los habitantes del Distrito Federal, máxime que la asignación de los recursos correspondientes a los fondos de aportaciones federales no se hace tomando en cuenta su naturaleza jurídica y facultades que constitucionalmente tienen conferidas los Estados, por lo que el hecho de que el Distrito Federal cuente o no con Municipios no es justificación para incluirlo o no en el fondo de mérito y sí, en cambio, lo es que en él habita un gran número de personas que viven en extrema pobreza.
XXVI. Que las normas impugnadas vulneran la garantía de igualdad de todo individuo, contemplada en los artículos 1o. y 13 de la Constitución Federal, ya que tanto el presupuesto de egresos como el acuerdo impugnados discriminan a los habitantes del Distrito Federal, al privarlos de los beneficios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, no obstante que el artículo 43 de la Constitución Federal contempla al Distrito Federal como parte integrante de la Federación, por lo que se trata de leyes de carácter privativo.
XXVII. Que los actos que se combaten en la presente controversia constitucional son de naturaleza positiva y vigencia periódica, por lo que es materia de competencia de este Alto Tribunal, mediante la controversia constitucional que ha sido concebida como un medio de control de la constitucionalidad por vía de acción y que está al alcance de los poderes y órganos del Estado; por lo que tomando en cuenta que los efectos que produce una norma general o un acto administrativo pueden ser de naturaleza jurídica y material, que incidan en las cosas o el patrimonio de esos órganos del Estado, se insiste sobre la procedencia de la presente controversia constitucional.
XXVIII. Que el principio de irretroactividad que rige las sentencias en las controversias constitucionales
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7501-e1614e27/controversia-constitucional-es-improcedente-contra-normas-y-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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