Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA NO HAYA ENTRADO EN VIGOR, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO. EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CUMPLE CON EL MANDATO CONTENIDO EN EL DIVERSO 32 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, AL PERMITIR QUE EL GOBERNADO EJERZA EN FORMA PLENA SU DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LOGRE UNA EFECTIVA IGUALDAD EN OPORTUNIDADES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD DE PRESTAR, ADEMÁS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, LA PREESCOLAR Y MEDIA SUPERIOR, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD DE IMPARTIR LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y MEDIA SUPERIOR, NO CONTRAVIENE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE EL ORDEN CONSTITUCIONAL, PUES EL CRITERIO QUE ORIENTARÁ LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD ES COINCIDENTE CON DIVERSOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ESTADO ESTABLECIDOS EN LA LEY FUNDAMENTAL. EDUCACIÓN. LA FACULTAD DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE ESA FUNCIÓN SOCIAL NO ES ILIMITADA. EDUCACIÓN. LAS LEYES QUE EXPIDAN LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN ESTA MATERIA, DEBEN SUJETARSE A LA LEY RESPECTIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. EDUCACIÓN. LOS ARTÍCULOS 11, 13, FRACCIONES III Y XIII, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 107, 112 Y 119, FRACCIÓN XII, DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN NORMAL Y DE OTROS TIPOS PARA LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN ESA ENTIDAD, INVADEN LA ESFERA DE COMPETENCIA FEDERAL. EDUCACIÓN. LOS ARTÍCULOS 135 Y 137 DE LA LEY RELATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INVADEN LA FACULTAD DE REGULAR EL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITOS, REVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS, QUE CORRESPONDE DE MANERA EXCLUSIVA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2000. · Registro digital (IUS): 7570
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, , Pág. 919.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2000. PODER EJECUTIVO FEDERAL.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de noviembre de dos mil uno.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día cuatro de agosto del año dos mil, la Federación, por conducto del titular del Poder Ejecutivo Federal, representado por quien se ostentó como secretario de Educación Pública, demandó la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida por la autoridad mencionada en el párrafo siguiente:

"Parte demandada: Asamblea Legislativa del Distrito Federal, órgano legislativo local, con domicilio en Donceles y Allende, Centro Histórico."

"Norma general cuya invalidez se demanda: Ley de Educación del Distrito Federal, expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 28 de abril de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 8 de junio de 2000."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso son los siguientes:

"Antecedentes de la norma general cuya invalidez se demanda: 1. El Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que se le confieren en los artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV, expidió la Ley General de Educación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 para, entre otros efectos, regular la educación que imparte el Estado -Federación, entidades federativas y Municipios-, sus órganos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, como se desprende del artículo 1o.; distribuir la función social educativa, según las normas que se consagran en su 'Capítulo II, Del federalismo educativo, Sección 1, De la distribución de la función social educativa', artículos 12 al 17; y establecer los principios a que se sujetará el financiamiento de los servicios educativos, previstos en el 'Capítulo II, Del federalismo educativo, Sección 3, Del financiamiento a la educación' que se contiene en los artículos del 25 al 28. 2. De conformidad con lo que establecen los artículos 43 y 44 constitucionales, el Distrito Federal es parte integrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. En los términos del artículo 122 de la propia Ley Fundamental, el gobierno de dicha entidad está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local. Sus autoridades locales son la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 3. El artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir normas sobre función social educativa en los términos de la fracción VIII del artículo 3o. de la propia Constitución. 4. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Educación del Distrito Federal, misma que fue publicada el día 8 de junio de 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son del tenor siguiente:

"Primero. Violaciones de los artículos 3o., 73, fracción XXV y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos constitucionales invocados, en lo conducente dicen: 'Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale; IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley; VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.'. 'Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XXV. ... así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. ...'. 'Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: Base primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: ... l) Expedir normas sobre ... y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución.'. Como se desprende del artículo 3o. de la Constitución General de la República, el Constituyente consignó decisiones políticas fundamentales que, como se indica en el propio precepto, constituyen criterios y principios que orientan la educación pública. La Ley de Educación del Distrito Federal, en su artículo 9o. contiene principios orientadores de los servicios educativos que imparta el Gobierno del Distrito Federal expresados en términos distintos a los consignados en la Ley Fundamental y que, por tanto, pudieran dar lugar a interpretaciones contradictorias en perjuicio de la necesaria unidad de la educación nacional. La Ley de Educación del Distrito Federal viola los preceptos transcritos en razón de que invade la competencia del Congreso de la Unión al disponer la distribución de la función social educativa que es facultad exclusiva del Poder Legislativo Federal. A mayor abundamiento, la distribución que se consigna en el ordenamiento legal expedido por la Asamblea Legislativa es contraria a la dispuesta por el Congreso Federal en la Ley General de Educación, como se expondrá a continuación: A) La Ley General de Educación expedida por el Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades exclusivas que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV, dispone: Capítulo II. Del federalismo educativo. Sección 1. De la distribución de la función social educativa: 'Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos del artículo 48; II. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica; III. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación; IV. Autorizar el uso de libros de texto para la educación primaria y la secundaria; V. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación primaria y la secundaria; VI. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica; VII. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial y preescolar que, en su caso, formulen los particulares; VIII. Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro; IX. Llevar un registro nacional de instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional; X. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social a que se refiere el capítulo VII de esta ley; XI. Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar; XII. Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte, y XIII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.'. 'Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: I. Prestar los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; II. Proponer a la secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica; III. Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respeto al calendario fijado por la secretaría; IV. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la secretaría determine; V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la secretaría expida; VI. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, y VII. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.'. 'Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes: I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y IV del artículo 13, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales; II. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12; III. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13, de acuerdo con los lineamientos generales que la secretaría expida; IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares; V. Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del artículo 12; VI. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística; VII. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa; VIII. Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica; IX. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones; X. Vigilar el cumplimiento de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias, y XI. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta ley, con excepción de aquellas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.'. 'Artículo 16. Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, al gobierno de dicho distrito y a las entidades que, en su caso, establezca. En el ejercicio de estas atribuciones no será aplicable el artículo 18. Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados, en el Distrito Federal, por la secretaría. El Gobierno del Distrito Federal concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el propio distrito, en términos de los artículos 25 y 27.'. B) A su vez, la Ley de Educación del Distrito Federal dispone: Capítulo II. De la distribución de la función educativa: 'Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones: ... III. Prestar los servicios de educación inicial, básica, media superior, normal y demás para la formación, actualización, capacitación y superación profesional para los profesores de educación básica, incluyendo la indígena y la especial. Además, atender e impartir todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior. La educación media superior y superior se prestará en forma concurrente con la Federación. ... IX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, primaria, secundaria , normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respecto al calendario fijado por la Secretaría de Educación Pública, cuando ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos del Distrito Federal. ... XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Además, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en concurrencia con el Gobierno Federal. ...'. C) Como puede apreciarse, la ley local distribuye indebidamente la función social educativa cuando establece la atribución del Gobierno del Distrito Federal, para impartir educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Específicamente, el Congreso de la Unión distribuyó a favor del Gobierno del Distrito Federal sólo las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que están conferidas a las autoridades educativas locales. Mientras que los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el Distrito Federal, fueron reservadas para la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, según se desprende del artículo 16 de la Ley General de Educación. Los artículos 11, 13, fracciones III, V y XIII, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 107, 108, fracción III, 110, 112, 119, fracción XII y 135 de la Ley de Educación del Distrito Federal, son inválidos en la medida que rebasan las atribuciones que se confieren a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los términos del artículo 122 constitucional y, por tanto, son contrarios a la distribución de la función social educativa que el Congreso de la Unión dispone en la Ley General de Educación, considerando que regulan facultades en materia de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica que, por disposición expresa del artículo 16 de la Ley General de Educación, no corresponden a los órganos del Distrito Federal, sino a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. D) Como se expresa en el artículo 12, fracción VIII, de la Ley General de Educación, el Congreso de la Unión distribuyó de manera exclusiva a la autoridad educativa federal la atribución de regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencia que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otros. En congruencia, el artículo 13, fracción V, facultó en exclusiva a las autoridades educativas locales para revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos que la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal expida. No obstante, la Asamblea Legislativa invadió la competencia del Congreso Federal al disponer en su artículo 137 normas sobre revalidación de estudios que deben entenderse como facultad exclusiva de la autoridad educativa federal. Segundo. Violaciones al artículo 3o., primer párrafo y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: El primer párrafo del artículo 3o. constitucional dispone: 'Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.'. Contrariamente a lo establecido por la Constitución Federal, los artículos 4o. y 140 de la Ley de Educación del Distrito Federal disponen la obligatoriedad de la educación preescolar. Por su parte, el artículo 31, fracción I, dispone que son obligaciones de los mexicanos: 'Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.'. La Ley de Educación del Distrito Federal establece en su artículo 140, la obligación de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de: 'Hacer que sus hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, en las escuelas oficiales o particulares debidamente autorizadas o, en su caso, educación especial en dichos niveles. ...'. Como se aprecia del texto constitucional, el Estado se obliga a la impartición de la educación preescolar, primaria y secundaria; empero la obligación de los gobernados sólo comprende la primaria y la secundaria, por tanto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contraviene lo dispuesto en la Ley Fundamental, al establecer en la Ley de Educación del Distrito Federal la obligatoriedad de la educación preescolar y de la media superior. Lo deseable es un mejor nivel de escolaridad para los mexicanos, sin embargo, imponer a los gobernados la obligación de cursar la educación media superior además de los niveles que la Constitución General de la República tiene establecidos como básicos y obligatorios, pudiera resultar en una infundada restricción a la capacidad de decisión de las personas. Sobre el particular es válido invocar el principio de supremacía de la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión, que emanan de ella, consagrado en el artículo 133 de la Ley Fundamental, que determina la calidad de la Ley Suprema de la Unión respecto de la propia Constitución Federal y las leyes del Congreso de la Unión, a pesar de las disposiciones en contrario que puede haber en las legislaciones locales. La contravención generará en los gobernados que ejercen la patria potestad o tutela de menores de 18 años, confusión e incertidumbre jurídica, con las consecuencias negativas que esto implica. Tal sería el caso de quienes proviniendo de otras entidades federativas que, en consonancia con el texto de la Constitución y de la Ley General de Educación, no consideran la obligatoriedad de la educación preescolar y por tal razón enfrentarían dificultades para inscribir a sus hijos o pupilos en la educación primaria en el Distrito Federal, si no acreditan el haber cursado el nivel preescolar. Tercero. Violaciones a los artículos 73, fracción X, 123, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: El artículo 73, fracción X, establece que corresponde al Congreso de la Unión, la facultad para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. A su vez, este último ordenamiento señala que el propio Congreso de la Unión deberá expedir leyes sobre el trabajo que regirán de una manera general, todo contrato de trabajo, así como entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. La Ley de Educación del Distrito Federal en sus artículos 50, 145 y 149, contienen disposiciones en materia de trabajo que abordan temas vinculados con el sistema escalafonario, las jornadas y horarios de los docentes de educación básica y media superior, y beneficios que derivan de las relaciones jurídico laborales. Dichos temas debieran ser legislados por el Poder Legislativo Federal y desarrollados en contratos de naturaleza laboral, condiciones generales de trabajo o reglamentos de escalafón. A partir de las facultades exclusivas conferidas en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal al Congreso de la Unión, para legislar las relaciones de trabajo en general y específicamente las establecidas por el Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores, se explica que el artículo 122 constitucional no otorga a favor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ninguna facultad para legislar o expedir normas en materia de trabajo."

CUARTO. La parte actora estima violados en su perjuicio los artículos 3o., 31, fracción I, 73, fracciones X y XXV, 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso l) y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de diez de agosto de dos mil, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que correspondió el número 29/2000 y, por razón de turno, tocó conocer como instructor al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Mediante auto de once de agosto del citado año, el Ministro instructor tuvo al promovente secretario de Educación Pública, con la personalidad con que se ostentó y por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó llamar a juicio con el carácter de demandada a la jefa de Gobierno del Distrito Federal y emplazar a las autoridades demandadas, para que formularan su contestación; tuvo como tercero interesado al Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores; y ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal formuló contestación a la demanda, en la que argumentó, en síntesis, lo siguiente:

1. Que es improcedente la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en las fracciones I y II del propio numeral 105, puesto que la Ley de Educación del Distrito Federal no viola los preceptos constitucionales que invoca la parte actora referentes, sustancialmente, a facultades del Congreso de la Unión, por lo que es a este último al que corresponde, en su caso, el ejercicio de los medios de control constitucional, lo que deviene en falta de legitimación activa de la parte actora en este juicio.

2. Que además de que la ley impugnada no viola ninguna disposición constitucional, ni invade el ámbito de competencias del Congreso de la Unión, no ha entrado en vigor pues no se ha cumplido con la condición que al efecto establece el artículo único transitorio de la Ley de Educación del Distrito Federal, por lo que no existe ningún acto que pueda calificarse como invasor de la esfera de competencia del Ejecutivo Federal.

3. Que según la actora la Ley de Educación del Distrito Federal contiene disposiciones violatorias de los artículos 3o., 73, fracción XXV y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el artículo 9o. de esa ley contiene principios orientadores de los servicios educativos que imparta el Gobierno del Distrito Federal, distintos a los consagrados en el artículo 3o. constitucional, lo que pudiera dar lugar a interpretaciones contradictorias en perjuicio de la necesaria unidad de la educación nacional.

Que es inexacto dicho argumento porque el artículo 9o. de la Ley de Educación impugnada, establece los principios que deben sustentar el criterio que orientará los servicios educativos que imparta el Gobierno del Distrito Federal, reiterando el texto constitucional, que si bien se adicionan otros que este último no cita, tal circunstancia; lejos de contravenir o confundir el aludido precepto constitucional, lo enriquecen y actualizan.

4. Que la Asamblea Legislativa no invade la competencia del Congreso de la Unión al disponer la distribución de la función social educativa, pues esta materia no es exclusiva de la Federación, sino concurrente.

5. Que la Asamblea Legislativa no puede expedir normas que distribuyan la función social educativa entre la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, supuesto al que se refiere el artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución, pero sí legislar sobre la distribución de dicha función en su ámbito de competencia.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7570-9973cb79/controversias-constitucionales-la-circunstancia-de-que-la-norma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.