Corpus
Modo: Corpus Pro

COORDINACIÓN FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN CARACTERÍSTICAS PROPIAS QUE LOS DIFERENCIAN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE REGULA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/99. · Registro digital (IUS): 16987
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 900.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/99. ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de marzo de dos mil dos.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio depositado el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve en la Oficina de Correos Número Uno del Servicio Postal Mexicano, de la ciudad de San Luis Potosí, y recibida el seis de julio de mil novecientos noventa y nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Silva Nieto, Juan Carlos Barrón Cerda y José Luis Ugalde Montes, en su carácter, respectivamente, de gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y secretario de Finanzas, todos del Estado de San Luis Potosí, y en representación del mismo Estado, promovieron controversia constitucional en la que solicitaron la invalidez de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-284, de fecha once de mayo de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el administrador general jurídico de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el representante legal de Tiendas Chedraui, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la que se declara la contravención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal y ordena se devuelva a la inconforme la cantidad de $401,257.00 (cuatrocientos un mil doscientos cincuenta y siete pesos, cero centavos) cobrados por el Municipio de Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, con cargo a las participaciones a que tiene derecho ese Estado.

SEGUNDO. Los antecedentes del caso, en síntesis, son los siguientes:

a) Que mediante Decreto Número 245 bis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, la Cuarenta y Nueve Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó en todas sus partes el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, instrumento que permitió el ingreso de dicha entidad federativa al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en el que permanece hasta la fecha.

b) Que mediante el convenio de adhesión referido, el Estado de San Luis Potosí convino dejar en suspenso y no establecer gravámenes estatales o municipales sobre la producción, enajenación o tenencia de los bienes que en el mismo se señalan.

c) Que ni en el convenio de adhesión celebrado entre la Federación y el Estado de San Luis Potosí, ni en el de coordinación en materia federal de derechos se incluyó el derecho de "resello" entre los que dicho Estado convino en dejar en suspenso.

d) Que mediante escrito presentado en la Administración General Jurídica de Ingresos el veinte de febrero del mil novecientos noventa y ocho, la contribuyente Tiendas Chedraui, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de inconformidad por violaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, a los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Coordinación en Materia Federal de Derechos, celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

e) Que el motivo toral de la reclamación de la contribuyente estriba en el hecho de que la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, particularmente la vigente en los ejercicios fiscales de 1995, 1996 y 1997, contemplaba el derecho denominado "resello" por los productos cárnicos que no se obtienen del rastro municipal, "resello" que a juicio de la inconforme Tiendas Chedraui, Sociedad Anónima de Capital Variable, es violatorio de la fracción IV del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, por tratarse de un derecho por la realización de actos de inspección o vigilancia.

f) Que el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se recibió en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el oficio número 325-SAT-284 en el que se contiene la resolución número 84/98, por virtud de la cual el administrador general jurídico de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria declara cometida una violación al artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal que reclama la contribuyente Tiendas Chedraui, Sociedad Anónima de Capital Variable, ordenando se devuelva a esta última la cantidad de $401,257.00, con cargo a las participaciones a que tiene derecho el Estado de San Luis Potosí.

g) Que en atención a que la motivación de la resolución en comento no se adecua a la hipótesis legal que la ahora demandada estimó violada, y por la afectación que causa en los intereses jurídicos y patrimoniales del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se controvierte su legalidad ante este Alto Tribunal.

TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:

a) Que es evidente que la demandada soslayó que si el "resello" no constituye uno de los derechos que el Estado se comprometió a no establecer o mantener al concretar su ingreso al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, es precisamente porque no se encuentra, ni se ha encontrado, dentro de los supuestos que contempla el multicitado numeral 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal como derechos que las entidades federativas que opten por coordinarse en la materia se comprometen a no mantener en vigor.

b) Que del análisis que este Alto Tribunal realice al contenido del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, podrá arribar a la conclusión de que el "resello" no se encuentra en ninguno de los supuestos de derechos que las entidades federativas coordinadas se comprometen a no mantener vigentes, mucho menos debería encontrarse dentro de los supuestos de excepción.

c) Que el "resello" implica un cobro por la abstención de utilizar el servicio de rastro municipal, por lo que nada tiene que ver con la expedición de licencias, anuencias previas a su otorgamiento, concesiones, permisos o autorizaciones, o bien, obligaciones o requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales o de prestación de servicios a que se refiere la fracción I del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuando mucho, la falta de pago de "resello" da lugar al financiamiento de un crédito fiscal a favor del Municipio, mas en ningún momento impide el ejercicio de actividad alguna como consecuencia directa e inmediata de su incumplimiento.

d) Que respecto del supuesto contemplado en la fracción II del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, resulta evidente que el "resello" no constituye una contraprestación por actos de registro.

e) Que en lo referente al supuesto que se contiene en la diversa fracción III del precepto en cita, el "resello" no guarda relación alguna con el uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas.

f) Que en lo referente a la fracción IV del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, el "resello" no implica ni presupone actos realizados en el ejercicio de las facultades de inspección o vigilancia propias de las autoridades municipales, dado que dicho numeral prohíbe expresamente que las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, mantengan en vigor derechos estatales o municipales por concepto de actos de inspección o vigilancia; luego entonces, no queda incluido en dicha hipótesis el derecho denominado "resello" que se establece en el artículo 10, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, ya que dicho derecho no constituye una contraprestación por actos de inspección o vigilancia realizados por el Ayuntamiento en materia de sanidad, sino por el expendio o consumo en el Municipio de carnes frescas o refrigeradas de animales sacrificados fuera del rastro municipal.

g) Que es relevante que la propia demandada ciña su resolución al hecho de que el "resello" constituye un derecho que recae sobre la no utilización de un servicio público, como lo es el de rastro del Municipio, no así a que constituya un derecho por actos de inspección o vigilancia, por lo que es incuestionable que el "resello" no encuadra en la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

h) Que con los anteriores argumentos queda demostrada no sólo la falta de adecuación entre los motivos que la demandada aduce y el precepto legal en que se apoya para declarar la infracción a las normas que rigen la coordinación fiscal por el Estado de San Luis Potosí, así como para ordenar la devolución de la cantidad de $401,257.00, en favor de la contribuyente inconforme, con cargo a las participaciones a que tiene derecho el propio Estado, sino también que el aludido precepto, esto es, el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal resulta inaplicable en la especie.

i) Que por lo anterior, la resolución impugnada contraviene el principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional en perjuicio de los intereses jurídicos y patrimoniales del Estado de San Luis Potosí; además, encierra una limitación a la facultad que dicha entidad federativa posee para establecer contribuciones sobre la prestación de los servicios públicos municipales, como lo es el de rastro municipal, lo que viola los artículos 73, fracción XXIX, y 115, fracciones III, inciso f) y IV, inciso c), penúltimo y último párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 16, 73, fracción XXIX, y 115, fracciones III, inciso f) y IV, inciso c), penúltimo y último párrafos.

QUINTO. Por acuerdo de nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 18/99, y designó como instructor del procedimiento al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.

En auto de doce de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes, por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a la demandada para la formulación de su respectiva contestación; correr traslado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quien se señaló como tercero interesado, y al procurador general de la República para que manifestaran lo que a su derecho conviniere y se tuvieron como pruebas de la actora las documentales que adjuntó a su demanda.

SEXTO. El administrador general jurídico de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria, al formular su contestación de demanda manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) Que el Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y los funcionarios que acuden a presentar la demanda carecen de legitimación para intentar la controversia constitucional en representación de la entidad federativa, la cual recae en el procurador general de Justicia del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación con el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que debe decretarse el sobreseimiento.

b) Que la demanda resulta improcedente, porque se pretende ejercer la acción de controversia contra órganos derivados que no se ubican dentro de los entes públicos que pueden figurar como partes en el procedimiento de controversia constitucional.

c) Que la actora no combate de manera directa los fundamentos y motivos de la resolución que se impugna, ya que, por una parte, dicha resolución establece que el precepto violado es la fracción IV del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal y la demandante argumenta que el derecho de "resello" no se ubica en las fracciones I a III del propio precepto legal.

d) Que la demandante no razona cuál es el supuesto o hecho imponible de la contribución que se analiza, ni logra desvirtuar que el servicio que presta el órgano estatal se sitúa dentro de los servicios de inspección y vigilancia a que se refiere la resolución impugnada.

e) Que es infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida resolución violó el contenido de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional en virtud de que, por una parte, dicha disposición no otorga facultades a los Estados para establecer contribuciones sobre la prestación de los servicios públicos municipales, ya que éstas corresponden a la Federación y, por otra, que la referida autoridad actuó dentro del marco legal que le confiere facultades para emitir la resolución del recurso de inconformidad, en la cual ordenó se devolviera a la inconforme el dinero que se le cobró indebidamente.

f) Que es infundado el concepto de invalidez en el que se aduce violación al artículo 115, fracciones III, inciso f) y IV, inciso c), penúltimo y último párrafos, de la Constitución Federal, en virtud de que ese precepto legal se refiere a la facultad de los Municipios para coordinarse con los Estados para la prestación de los servicios públicos.

g) Que el cobro por la no utilización de un servicio público municipal no constituye una recaudación permitida por la Constitución Federal, ya que en las fracciones IV y V del artículo 117 constitucional, se establece la prohibición a los Estados de gravar el tránsito de cosas que atraviesen por su territorio, o bien, de gravar directa o indirectamente la entrada y/o salida de su territorio, lo que deviene en una transgresión a ese precepto constitucional.

h) Que no resulta fundada la violación al último párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional, ya que en ella se establece la obligación que tienen los Estados para revisar las leyes de ingresos de los Municipios y en la resolución impugnada no se restringe ese derecho.

SÉPTIMO. El secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de tercero interesado en la presente controversia, en síntesis, manifestó lo siguiente:

a) Que la controversia es improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, y procede el sobreseimiento con base en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, del citado ordenamiento legal, en virtud de que los promoventes de la controversia carecen de atribuciones para representar en ese procedimiento a la entidad federativa actora, recayendo tal representación en el procurador general de Justicia del Estado, en términos de lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, por ser el representante jurídico del Estado en procedimientos como el de la especie.

b) Que la presente controversia es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 10 y 22 de la ley de la materia, porque las demandantes no enderezan su acción contra los poderes, entidades y órganos que conforme al artículo 105 constitucional y al diverso 10 de su ley reglamentaria pueden figurar como demandados dentro del procedimiento de controversia constitucional, ya que se pretende ejercer la acción de inconstitucionalidad contra órganos derivados como es el administrador general jurídico de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria; en todo caso, las demandantes debieron enderezar su acción contra el titular del Poder Ejecutivo Federal, en tanto que la controversia que se plantea versa sobre el incumplimiento de los convenios celebrados por la entidad federativa con la Federación en materia del sistema de coordinación fiscal a que se refiere la ley de la materia.

c) Que resultan inoperantes las manifestaciones que se vierten en el escrito de demanda, en el sentido de que el derecho de "resello" no se ubica dentro de los supuestos contenidos en las fracciones I a III del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, porque tales expresiones no combaten de manera directa los fundamentos y motivos de la resolución que se impugna.

d) Que contrario a lo que aducen las demandantes, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, en tanto que en ella se establece que el cobro hecho por el Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a la contribuyente Tiendas Chedraui, Sociedad Anónima de Capital Variable, de cantidades de dinero por concepto de "resello" de carnes frescas o refrigeradas de animales sacrificados fuera del rastro municipal, que se introduzcan, expendan o consuman en el Municipio, contraviene lo dispuesto por la fracción IV del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

OCTAVO. Por oficio número PGR 559/99, presentado el veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, en síntesis, opinó lo siguiente:

a) Que la demanda de controversia constitucional se promovió oportunamente, toda vez que el escrito relativo se depositó en la oficina de correos un día antes de que venciera el término que para tal efecto establece el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia.

b) Que es infundada la causa de improcedencia aducida por la demandada y el tercero interesado, prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, que hacen derivar de la circunstancia de que el gobernador de la entidad y los funcionarios que suscribieron la demanda no se encuentran legitimados para intentar la presente vía en representación del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que al gobernador se le otorga la representación de la entidad y no la representación de alguno de los poderes que la conforman, es decir, se le faculta para intervenir en las controversias constitucionales cuando comparezca a nombre del Estado de San Luis Potosí, esto es, a nombre de los poderes que lo integran.

c) Que el gobernador del Estado cuenta con la representación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, fracción XXVIII, de la Constitución Política de la entidad, por lo que está legitimado para representarlo en la presente controversia constitucional; en cambio, carecen de legitimación procesal para promover la presente controversia a nombre de la referida entidad los secretarios general de Gobierno y de Finanzas del propio Estado.

d) Que en relación con el secretario general de Gobierno y el secre-tario de Finanzas, si bien acreditan la personalidad con que se ostentan, carecen de legitimación activa, ya que la finalidad de los juicios de controversias constitucionales es la de resolver los conflictos que se susciten entre la Federación, los Estados, los poderes de éstos, el Distrito Federal y los Municipios, entendiéndose todos ellos como órganos primarios del Estado, los cuales son los únicos facultados para accionar en los juicios de controversia constitucional, de conformidad con lo señalado por el artículo 105 constitucional; aunado a lo anterior, las normas secundarias que rigen la actuación de ambas autoridades no establecen que la representación del Estado de San Luis Potosí recaiga sobre ellas, por lo que los secretarios general de Gobierno y de Finanzas de San Luis Potosí, representan a dependencias auxiliares del Poder Ejecutivo; consecuentemente, no cuentan con la legitimación procesal activa en la presente controversia constitucional.

e) Que resulta infundada la causa de improcedencia que hacen valer la parte demandada y el tercero interesado prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, porque es dable quela acción se haya intentado respecto de los actos realizados por el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que de los artículos 11 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal se desprende que la vía idónea para reclamar una resolución recaída a un recurso de inconformidad, tratándose de entidades federativas que resulten afectadas por ella, lo es la controversia constitucional.

f) Que es infundada la causal de improcedencia que hacen valer la autoridad demandada y el tercero interesado, contenida en la fracción VIII del artículo 19, en relación con el 20, fracción II, ambos de la ley reglamentaria de la materia, porque si bien en el artículo 105 constitucional se establece que las entidades federativas pueden ser parte en el juicio de controversia constitucional, esto no debe entenderse en un sentido literal como lo señala la demandada, esto es, que la entidad federativa es la actora y no el Poder Ejecutivo, ya que el Estado es un ente que se conforma de tres poderes y cualquiera de ellos puede acudir a la vía de controversia constitucional cuando se vean afectados en sus esferas jurídicas, por tanto, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado es quien comparece porque es precisamente el que se ve afectado con la resolución que se impugna, es decir, el Poder Ejecutivo del Estado se vio afectado por un acto de la Administración General Jurídica de Ingresos; entonces, es dicho Poder Ejecutivo quien debe acudir a la vía de la controversia que nos ocupa a través de su representante, el cual es el gobernador del Estado de San Luis Potosí, tal como lo establece la Constitución Política de esa entidad. Además, la apreciación de la demandada es incorrecta, toda vez que el artículo 86 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí otorga al procurador la representación de la entidad y no la representación de alguno de los poderes que la conforman, por tanto, se le faculta para intervenir en las controversias constitucionales cuando comparezca a nombre del Estado de San Luis Potosí, es decir, a nombre de los tres poderes que lo integran.

g) Que es infundada la causal de improcedencia que hacen valer la demandada y el tercero interesado, contenida en la fracción VIII del numeral 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 22 del mismo ordenamiento legal, por lo que deviene procedente la presente controversia constitucional, porque si bien es cierto que ésta se planteó respecto del incumplimiento de los convenios celebrados entre la Federación y la entidad federativa actora, y que quien celebra los convenios de referencia con las entidades federativas es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también lo es que dicha controversia se enderezó en contra de la resolución que recayó al recurso de inconformidad, mediante la cual se obliga a las autoridades hacendarias de la entidad accionante a realizar la devolución de una cantidad líquida a favor de un contribuyente; por lo anterior, es dable que la acción se haya intentado respecto de los actos realizados por el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunado a lo anterior, de la Ley de Coordinación Fiscal se desprende que la vía idónea para reclamar una resolución recaída a un recurso de inconformidad, tratándose de entidades federativas que resulten afectadas por ella, es la controversia constitucional.

h) Que es pertinente determinar si la Administración General Jurídica de Ingresos emitió la resolución que se impugna dentro del marco de atribuciones que la ley le confiere y de conformidad con la legislación aplicable, por lo que es necesario acudir a los preceptos legales que se invocan en la resolución combatida; los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria establecen que los recursos administrativos interpuestos en contra de actos y resoluciones de las unidades administrativas, se tramitarán "ante el Servicio de Administración Tributaria o serán resueltos por el mismo, cuando se encuentren vinculados con la materia objeto de la citada ley", el cual consiste en observar y asegurar la aplicación correcta y oportuna de la legislación fiscal, así como determinar, recaudar y liquidar las contribuciones en general; por su parte, los artículos 32, fracción XIX y 45, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, otorgan competencia al Servicio de Administración Tributaria para tramitar y resolver el recurso administrativo de inconformidad previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.

i) Que de la lectura del artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, se entiende que para formar parte del sistema de coordinación fiscal, el Estado de San Luis Potosí firmó el convenio de adhesión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve; en dicho convenio se acordó, de manera general, que la entidad federativa recibiría porcentajes fijos de todos los impuestos federales; a cambio de esto, el Estado de San Luis Potosí se obligó a no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que contraríen las limitaciones señaladas en las leyes sobre dichos impuestos; de esta manera puede entenderse que, con la celebración de ese convenio, el Estado de San Luis Potosí se obligó a suspender las contribuciones estatales y de los Municipios que se encuentran dentro de su circunscripción, pues una de las finalidades del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es la de evitar la doble tributación y transferir a los Estados y Municipios las participaciones que les corresponden; además, que el objeto del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es coordinar el sistema fiscal nacional, de conformidad con lo que establece el artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que el ámbito de aplicación del convenio que nos ocupa alcanza a cada uno de los Municipios que forman parte del Estado de San Luis Potosí.

j) Que la Administración General Jurídica de Ingresos señaló en su resolución que el Municipio de Ciudad Valles cobró indebidamente al contribuyente Tiendas Chedraui, Sociedad Anónima de Capital Variable, un "derecho" denominado "resello", ya que el artículo 10-A señala que para efectos de la Ley de Coordinación Fiscal se entenderá por "derecho" cualquier contribución que tenga las características de "derecho", de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.

k) Que de la lectura de las leyes de ingresos del Municipio de Ciudad Valles, de ejercicios fiscales anteriores, se desprende que se estableció el cobro del "resello" a las carnes frescas o refrigeradas de animales sacrificados fuera del rastro municipal y que se introdujeran, expendieran o consumieran en el Municipio. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, se generan los "derechos" por la prestación de servicios por parte del Estado o los Municipios, lo cual justifica el pago de la contribución, cuyo monto debe atender al costo ordinario que para el Estado tenga la ejecución del servicio. De lo anterior, puede señalarse que el cobro que realizó el Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, no puede ser un "derecho", pues el Código Fiscal de la Federación determina con claridad que debe prestarse un servicio para poder cobrar un "derecho" y, en la especie, la causa que generó el cobro del "resello", no fue la prestación del servicio de rastro, sino la no utilización del mismo, por lo que no es lógico que se cobre por no hacer uso de un servicio público.

l) Que el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal establece que se considerarán "derechos" las contribuciones que tengan las características de "derechos", de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, aun cuando en las leyes locales se establezcan bajo otra denominación; en el caso que nos ocupa, no debe considerarse que se trata de un derecho cobrado bajo la denominación de "resello" de carnes frescas o refrigeradas de animales sacrificados fuera del rastro municipal que se introduzcan, expendan o consuman dentro del Municipio, pues se ha definido que dicho cobro no cumple con las características de ser un derecho.

m) Que la Administración General Jurídica de Ingresos fundamentó su determinación en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual prohíbe de manera expresa el cobro de derechos por actos de inspección y vigilancia, y consideró que el cobro del "resello" deviene de un acto de esta naturaleza, de conformidad con el dictamen técnico de la Comisión Federal de Competencia.

n) Que al respecto, en el Diario Oficial de la Federación del trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se publicó la Declaratoria referente a la existencia de una barrera estatal al comercio erigida por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, donde la Comisión Federal de Competencia señaló haber realizado una investigación de oficio para determinar la existencia de actos de autoridad de la entidad federativa en comento que imponían restricciones al comercio interestatal de carnes frescas o refrigeradas de ganado y aves; la comisión señaló que "los actos consistieron en el requerimiento de pago de derechos por el servicio de 'resello' de carnes frescas o refrigeradas de ganado y aves sacrificados fuera de los rastros municipales del Estado de San Luis Potosí y que se introduzcan o consuman en los mismos, previstos en sus respectivas leyes de ingresos municipales para 1997, sin que la normatividad federal aplicable a la movilización de animales y sus productos en el territorio nacional prevean dicho 'resello'", concluyendo que esa contribución persistía en las leyes de ingresos municipales del Estado para el ejercicio fiscal de 1998. Ahora bien, la Comisión Federal de Competencia, con fundamento en la Ley Federal de Competencia, para realizar dicha investigación, consideró que dichos actos tuvieron como objeto impedir la entrada de l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16987-482db6db/coordinacion-fiscal-los-juicios-que-preven-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.