CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DECRETO NÚMERO 83, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRÁNSITO PARA EL ESTADO DE OAXACA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 24/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día ocho de agosto de dos mil.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve, Felipe Heredia Marín, Arturo Eleazar Castellanos Palacios, en su carácter de síndicos primero y segundo, respectivamente, del Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, promovieron en representación del Municipio mencionado, controversia constitucional en contra de las autoridades y por las disposiciones y los actos que a continuación se señalan:
"II. Poderes y autoridades demandados y su domicilio: Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca por conducto de su representante legal, con domicilio en Avenida Juárez número 703, Centro, Oaxaca, Oaxaca.-Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, representado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Lic. José Murat Casab, con domicilio en Pino Suárez número 509, Centro, Oaxaca.-Secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca, Lic. Héctor Anuar Mafud Mafud con domicilio en el Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca, ubicado en el domicilio bien conocido en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.-V. Normas generales o actos cuya invalidez se demanda y medios oficiales en los que fueron publicados: El Decreto Número 83 por el que se reforman y adicionan diversos artículos y fracciones de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca, específicamente por lo que se refiere al servicio público de tránsito.-La aprobación del Decreto Número 83, mencionado en el párrafo inmediato anterior, por la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el día 6 de julio de 1999.-El refrendo en el decreto que se viene mencionando, dado por el secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca.-El mandato, dado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Lic. José Murat Casab, para que se imprimiera, publicara, circulara y se le diera el debido cumplimiento, el y al Decreto Número 83 por el que se reforman y adicionan diversos artículos y fracciones de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca.-La publicación del referido Decreto Número 83, en el extra del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Tomo LXXXI, de fecha 9 de julio de 1999.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto Número 83, a que nos venimos refiriendo: La Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca, aprobada por la Cuadragésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, el 27 de junio de 1972 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, número 45, tomo LIV, de fecha 4 de noviembre de 1972, por lo que se refiere al servicio público de tránsito.-El Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca, expedido por el Gobernador Interino Constitucional del Estado de Oaxaca, Lic. Fernando Gómez Sandoval, con fecha 8 de marzo de 1973 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, suplemento al número 13, Tomo LV, de fecha 13 de marzo 1973, por lo que se refiere al servicio público de tránsito."
SEGUNDO.-Los antecedentes del caso son los siguientes:
"VII. Los hechos o abstenciones que nos constan y que constituyen los antecedentes de la norma general y actos cuya invalidez demandamos, son los siguientes: El Municipio es la entidad política jurídica integrada por una población asentada en un espacio geográfico determinado administrativamente, que tiene unidad de gobierno y se rige por normas jurídicas de acuerdo a sus propios fines. Según la disposición constitucional, el Municipio Libre es una entidad de carácter político con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda. El Ayuntamiento es el órgano de Gobierno Municipal a través del cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad soberana que determinó a través del voto, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad, y por ello debe señalarse que no debe existir autoridad intermedia entre los Municipios y el Gobierno del Estado. El Municipio es de jure un ente autónomo, y constitucionalmente un nivel de gobierno, diverso de los niveles estatal y federal, con los atributos siguientes: a) Personalidad jurídica propia, por tanto, sujeto de derechos y atribuciones. b) Es libre, no en el concepto inherente a la persona humana, incluido el filosófico, sino en la ausencia de coacción física o moral que pueda generarse sobre el órgano en la esfera de su competencia; sin perjuicio de la necesaria relación que sostenga con los otros niveles de gobierno. Esto es muy importante, pues su ámbito de competencia no podrá ser afectada. Lo anterior no ha sido comprendido aún por el Gobierno del Estado.-El 3 de febrero de 1983 fue publicada en el Periódico Oficial de la Federación la octava reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, misma de la que proviene la redacción vigente de la fracción III del mencionado precepto, reforma que en su artículo 1o. transitorio ordena la derogación de todas las leyes que se le opongan y en su artículo 2o. transitorio dispone: 'El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, en el plazo de un año computado a partir de la vigencia de este decreto, procederán a reformar y adicionar las leyes federales, así como las Constituciones y leyes locales, respectivamente, para proveer al debido cumplimiento de las bases que se contienen en el mismo ...'.-Con fecha 2 de febrero de 1984 se publicó, en el alcance al número 5 del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, la Ley Orgánica Municipal del mismo Estado, misma ley orgánica que en su artículo 80 establece: 'Los Municipios organizarán y reglamentarán la administración, funcionamiento, conservación y explotación de sus servicios públicos, considerándose como tales en forma enunciativa, los siguientes: I. ...; II. ...; III. ...; IV. ...; V. ...; VI. ...; VII. ...; VIII. Seguridad pública, tránsito y transportes; IX. ...; X. ...; XI. ...;' y en su artículo primero transitorio establece: 'Se abroga la Ley Orgánica de Ayuntamientos del Estado de Oaxaca, de 28 de noviembre de 1925, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.'.-La anterior ley orgánica fue abrogada por la actual que se publicó el 20 de noviembre de 1993, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, de número 47, Tomo LXXIV.-Con fecha 20 de octubre de 1998, ese Alto Tribunal dictó resolución para poner fin a la controversia constitucional número 2/98, planteada por el Gobierno del Estado de Oaxaca en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez y otros, resolución en la que se estableció, categóricamente: Que el servicio de transporte le corresponde prestarlo el Gobierno del Estado de Oaxaca y el servicio público de tránsito le corresponde prestarlo al Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.-Con fecha 6 de julio de 1999, la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprobó el Decreto Número 83, por el que se reforman y adicionan diversos artículos y fracciones de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca. Decreto Número 83, que fue publicado en el extra del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Tomo LXXXI, de fecha 9 de julio de 1999.-En el artículo segundo transitorio del referido Decreto Número 83, se estableció que: 'Continuarán aplicándose las disposiciones legales y reglamentarias vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto ...'. Estos son la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca, aprobada por la Cuadragésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el 27 de junio de 1972, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca Número 45, Tomo LIV, de fecha 4 de noviembre de 1972 y el Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca, expedido por el Gobernador Interino Constitucional del Estado de Oaxaca con fecha 8 de marzo de 1973, publicado en el Periódico Oficial del mismo Estado, en el suplemento al número 13, Tomo LV, de fecha 13 de marzo de 1973."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:
"VIII. Conceptos de invalidez: Se viola el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente: I. La redacción vigente de la fracción III del artículo 115 constitucional proviene de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, misma que establece: 'Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: a) Agua potable y alcantarillado; b) Alumbrado público; c) Limpia; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines; h) Seguridad pública y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.-Los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponda.'.-Por lo que respecta al primer párrafo, a la fecha no se ha declarado por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, la necesidad de que alguno de los servicios públicos a que se refiere la fracción transcrita, sea prestado con el concurso del Estado de Oaxaca y mucho menos ese concurso se encuentra determinado en alguna ley, por lo que los servicios públicos que se definen en la fracción que se transcribe los debe (obligatoriamente) prestar en forma exclusiva, en el presente caso el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, encontrándose dentro de dichos servicios el de tránsito. Que por cierto según la reforma constitucional de próxima vigencia así lo establece, exclusividad en la prestación de los servicios públicos correspondientes de los Municipios.-Por lo anterior se contraviene la disposición constitucional mencionada y se invade la esfera competencial de facultades y obligaciones del Municipio de Juárez, Oaxaca, por parte de la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, al aprobar el Decreto Número 83, por el cual se reforman y adicionan diversos artículos y fracciones de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca, ya que el mencionado decreto que se combate se refiere a una reforma en la materia que corresponde a un servicio público que constitucionalmente deben prestar los Municipios, y en el presente caso, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y en segundo término porque el referido Decreto Número 83 contiene reformas y adiciones a artículos y fracciones de una ley que se encuentra abrogada por el artículo primero transitorio de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, de fecha 31 de enero de 1984, al establecer que: 'Se abroga la Ley Orgánica de Ayuntamientos del Estado de Oaxaca, de veintiocho de noviembre de mil novecientos veinticinco, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.'. Y dentro de las disposiciones que se oponen a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca de 1984, se encuentran la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca y su reglamento, pues la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, acabada de mencionar en su artículo 80 ya establecía, con fundamento en la octava reforma al artículo 115 constitucional, de 1983, el servicio público de tránsito que deben prestar en forma exclusiva los Municipios del Estado de Oaxaca, entre los que está comprendido el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.-II. La reforma al artículo 115 constitucional, de 1983, en sus artículos transitorios 1o. y 2o., ordenó la derogación de todas las leyes que se opusieron a la misma y que el Congreso de la Unión y las Legislaturas del Estado, en el plazo de un año deben proceder a reformar y adicionar las leyes federales, así como las Constituciones y leyes locales, para proveer el debido cumplimiento de las bases que se contienen en la misma reforma, con lo cual, no cumplieron tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pues, la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca y su reglamento se continuaron aplicando.-III. En el artículo segundo transitorio del Decreto Número 83, que por este medio impugnamos, establece lo siguiente: 'Continuarán aplicándose las disposiciones legales y reglamentarias vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto ...', evidentemente se refiere a la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca y su reglamento a las que erróneamente considera vigentes y aún más les 'otorga aplicabilidad', ya que como se tiene manifestado dichos cuerpos legales fueron abrogados desde 1984, y aún más debieron haber sido derogadas en 1983, en base a la reforma constitucional de ese año, al artículo 115 constitucional y con base en esa disposición constitucional, los Municipios la reglamentarían habida cuenta de que la Ley Orgánica Municipal disponía tal servicio.-IV. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, vigente, que abrogó a la anterior ley de 1984, establece en su artículo 116 lo siguiente: 'Los Municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, considerando enunciativamente y no limitativamente los siguientes: I. Agua potable y alcantarillado. II. Alumbrado público. III. Mercados y centrales de abastos. IV. Asistencia social en el ámbito de su competencia. V. Panteones. VI. Rastro. VII. Calles, parques y jardines. VIII. Seguridad pública y tránsito. IX. Registro Civil. X. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras de interés social. XI. Los demás que acuerde el Cabildo.'.-Esto es, que el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por disposición constitucional tiene la obligación de prestar el servicio público de tránsito y, además, con fundamento en el precepto legal transcrito de la Ley Reglamentaria del Artículo 115 de la Constitución Federal, tiene a su cargo la explotación, la administración y la conservación de todos y cada uno de los servicios a que se refieren los cuerpos legales a que nos referimos, dentro de cuyos servicios se encuentra el servicio de tránsito.-V. En igual forma, en abierta contravención a lo resuelto por ese Alto Tribunal, en la controversia constitucional número 2/98, promovida precisamente por 'El representante de la personalidad jurídica del Estado de Oaxaca', los demandados en la presente controversia se atrevieron a aprobar, refrendar, publicar y mandar a que se imprimieran, circulara y se le diera el debido cumplimiento al Decreto Número 83, por el que se reforman y adicionan diversos artículos y fracciones de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca, violando con ello, también el artículo 116, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, vigente. Ahora bien, si esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró exclusivas las competencias del Estado de Oaxaca para la prestación del servicio de transporte y para el Municipio de Oaxaca de Juárez, para la prestación del servicio público de tránsito, es claro que la expedición del Decreto Número 83, por el que se reforman y adicionan diversos artículos y fracciones de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca, es una absoluta invasión a la competencia municipal para la prestación del servicio público de tránsito y en concreto al Municipio de Oaxaca de Juárez que cuenta con un reglamento de tránsito, pues dicho Decreto Número 83 reforma y adiciona diversos artículos y fracciones de la ley en comento, en el sentido siguiente: artículo 2o. Le otorga facultades al titular del Poder Ejecutivo del Estado para la aplicación de la abrogada Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca y sus reglamentos, en flagrante contradicción con lo que se establece al final del propio artículo, al decir: 'Lo anterior sin menoscabo de las facultades y atribuciones de los Municipios en materia de tránsito.'.-Artículo 3o. Se refiere a la integración de la Dirección de Tránsito del Estado.-Artículo 4o. Hace referencia a quienes son auxiliares de la Dirección de Tránsito del Estado.-Artículo 6o. De las autoridades de tránsito en el Estado, encontrándose dentro de éste el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.-Artículo 7o. Le otorga competencia al gobernador del Estado para nombrar y remover al personal de la Dirección de Tránsito del Estado.-Artículo 7o. Bis. Le otorga atribuciones y competencia al secretario de Transporte para cumplir y hacer cumplir la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca y sus reglamentos, para aplicar las sanciones a que se refiere dicha ley y reglamentos, así como, para ejercer el mando en la Dirección de Tránsito del Estado.-Artículo 8o. Le otorga atribuciones al director de Tránsito del Estado para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley y reglamentos a que nos venimos refiriendo, así como, las disposiciones que en materia de tránsito emanen del titular del Poder Ejecutivo del Estado o del secretario de Transporte.-Artículo 9o. Le otorga y señala obligaciones del subdirector de Tránsito en materia del servicio público de tránsito.-Artículo 10. Otorga atribuciones y señala obligaciones a los delegados foráneos de tránsito, relativas al servicio público de tránsito.-Artículo 11. Otorga atribuciones y señala obligaciones a la policía de tránsito, correspondientes al servicio público de tránsito.-Artículo 13. Señala obligaciones a los integrantes del cuerpo médico de la Dirección de Tránsito relacionadas con el servicio público de tránsito.-Artículo 30. Establece sanciones para las disposiciones de la ley reformada para el Estado de Oaxaca y sus reglamentos.-Artículo 33. Establece el procedimiento para la tramitación del recurso de revisión en materia de tránsito.-Artículo primero transitorio.-Le otorga plazo al Ejecutivo Estatal para elaborar y publicar los reglamentos respectivos acordes con las reformas a que se refiere el propio decreto.-VI. Con la aprobación, refrendo y publicación del Decreto Número 83, que se combate, los demandados también violan el artículo 2o., en su tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pues, en él se establece: Artículo 2o. ... El poder público y sus representantes sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacer, lo que la ley les ordena. Los particulares pueden hacer lo que la ley no les prohíbe y deben hacer, lo que la ley ordena.-VII. De igual manera, los demandados con la aprobación, refrendo y publicación del Decreto Número 83, a que nos venimos refiriendo y combatimos en el presente documento, violaron lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, párrafo cuarto que transcribe lo establecido por la fracción III, del artículo 115 de la Constitución Federal."
CUARTO.-El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estima infringido es el 115, fracción III, inciso h).
QUINTO.-Por acuerdo de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ministro Genaro David Góngora Pimentel, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y designó como instructor al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Por auto de veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor tuvo a los promoventes con el carácter que se presumió ostentaban y por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación de demanda; correr traslado a los terceros perjudicados y al procurador general de la República para que manifestaran lo que a su interés y representación correspondiera; y tuvo como pruebas de la actora las documentales que adjuntó a su demanda. Por diverso acuerdo de ocho de septiembre del año mencionado, el Ministro instructor reconoció a los promoventes el carácter que ostentan de síndicos primero y segundo del Ayuntamiento actor.
SEXTO.-El presidente de la Diputación Permanente y de la Gran Comisión de la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado, de Oaxaca, al formular su contestación de demanda manifestó:
"Improcedencia y sobreseimiento.-Con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 10, fracción III, y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente sobreseer en el presente juicio, respecto a la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado, autoridades señaladas como terceros interesados.-Lo anterior en virtud de que no pueden intervenir con ese carácter en la presente controversia constitucional, por ser autoridades auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, poder este que fue señalado como demandado. También, se surte la causal de improcedencia que establecen los preceptos antes mencionados, respecto a la legitimación del presidente municipal constitucional para comparecer a nombre y representación del Municipio de Oaxaca de Juárez, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, sólo los síndicos primero y segundo cuentan con la potestad de representar los intereses del Municipio. Por lo que deberá sobreseerse en la presente controversia constitucional.-De igual forma se surte la causal de improcedencia y debe sobreseerse en el presente juicio respecto al secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca, señalado como parte demandada, toda vez que en el caso no se actualiza lo dispuesto por el artículo 105 fracción I de nuestra Carta Magna en relación con el artículo 10 de su ley reglamentaria, al no estar legitimada procesalmente por no ser una entidad, un poder o un órgano a los que dicho precepto se refiere. Tampoco es en términos del artículo 11 de la citada ley reglamentaria, un funcionario facultado para representarlos.-Por último, con fundamento en el artículo 19 de la multicitada ley reglamentaria, en el caso debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de la impugnación que con base en el artículo segundo transitorio del Decreto 83, hace la actora dentro de esta controversia constitucional de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca publicada el 4 de noviembre de 1972 y de su reglamento de fecha 13 de marzo de 1973 por lo que al servicio se refiere, toda vez que se surten las causales de improcedencia previstas en las fracciones V, VII y VIII de la propia Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, al darse los supuestos de: haber cesado en algunos casos los efectos de la norma; de que para la impugnación de ambos ordenamientos ha transcurrido en exceso los plazos establecidos en el artículo 21; por último porque no son actos atribuibles a la legislatura señalada como autoridad demandada en esta controversia.-Análisis de los hechos de la demanda.-1. En relación al argumento de la demandante en el sentido de que el Gobierno del Estado, no ha comprendido que el Municipio Libre es una entidad de carácter político con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda cuyo ámbito de competencia no podrá ser afectada, ni se acepta ni se niega por no ser un hecho propio del órgano demandado.-2. En relación a la publicación de la octava reforma al artículo 115 de la Constitución Federal que en su artículo 1o. transitorio ordena la derogación de todas las leyes que se le opongan y en su artículo 2o. transitorio dispone: 'El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, en el plazo de un año computado a partir de la vigencia de este decreto, procederán a reformar y adicionar las leyes federales, así como las Constituciones y leyes locales respectivamente, para proveer el debido cumplimiento de las bases que se contienen en el mismo ...', se acepta por ser cierto, tan es así que tal y como la propia demandada reconoce expresamente en su apartado VII tercer párrafo, la redacción vigente de la fracción III, del artículo 115 constitucional proviene de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983; asimismo acepta que con fecha 2 de febrero de 1984 fue publicada en el alcance al número 5 del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, la reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado, misma que abroga la Ley Orgánica de Ayuntamientos del Estado de Oaxaca de 28 de noviembre de 1925.-3. En relación al hecho planteado por la demandante en el sentido de que con fecha 20 de octubre de 1998, ese Alto Tribunal dictó resolución que puso fin a la controversia constitucional número 2/98, planteada por el Gobierno del Estado de Oaxaca en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez y otros, en la que se estableció 'categóricamente' que el servicio de transporte le corresponde prestarlo al Gobierno del Estado de Oaxaca y el servicio público de tránsito le corresponde prestarlo al Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se niega por no ser cierto, toda vez que de la simple lectura que a dicho fallo se realice, claramente se desprende que lo que dicha sentencia dejó claramente establecido en la parte final de su considerando quinto fue que la competencia en materia de transporte es estatal, y por lo que se refiere a la materia de tránsito, únicamente señala lo siguiente: 'Aunado a lo anterior debe recordarse que por esta vía no se combate la ley señalada (Ley de Tránsito del Estado Reformada), sino el Reglamento Municipal de Tránsito y de Transporte, por lo que la defensa opuesta, aunque fuera cierta no puede generar en el presente caso ningún pronunciamiento de este Tribunal Constitucional.'. Aún más la sentencia de la Corte invocada erróneamente por los actores es muy clara respecto a la distribución de competencias en el caso que nos ocupa, por lo que transcribimos para avalar nuestros razonamientos.-'Subsiste la competencia en el Estado de Oaxaca en esa materia, dado que ésta no deviene de la ley señalada, sino de la aplicación armónica de los artículos de la Constitución Federal, de la Local y de la Ley Orgánica Municipal que se invocaron precedentemente.' (Diario Oficial de fecha lunes 9 de noviembre de 1998, primera sección, página 97, cuarto párrafo).-La citada sentencia de la Suprema Corte no establece que la competencia en materia de tránsito sea exclusiva de los Municipios, lo cual se deduce al leer el siguiente párrafo que se transcribe: 'Aunado a lo anterior, el análisis de las fracciones XXXVI, LI y LIII del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca autoriza considerar que, en adición a las consideraciones vertidas sobre la distribución constitucional de esferas competenciales y, en fortalecimiento del criterio de este Tribunal Constitucional en el sentido de que en el caso de Oaxaca, la competencia en materia de transporte es estatal, el Constituyente Local estableció la facultad del Congreso Local de expedir leyes sobre vías de comunicación que no sean jurisdicción federal y a legislar sobre los servicios públicos. Cabe señalar que a diferencia del argumento del Ayuntamiento demandado que incluye al transporte dentro del tránsito, el concepto de vías de comunicación sí permite incluir tanto a uno como a otro, ya que alude al objeto sobre el que se llevan a cabo dichas actividades. En efecto, la aseveración vertida anteriormente halla su explicación en que, como ha quedado demostrado, el ámbito competencial estatal se integra por facultades no expresamente reservadas a la Federación y no encomendadas a los Municipios, de tal suerte que la materia de vías de comunicación estatales incluye desde luego la regulación del transporte e, incluso la materia de tránsito, dentro de las áreas geográficas no reservadas a la jurisdicción municipal, como son las vías de comunicación estatales. En adición a lo anterior, la facultad residual consagrada en el fracción LIII del artículo 59 de la Constitución Local no viene sino a apoyar el hecho de que si una potestad no está reservada por la Ley Fundamental Federal a la Federación o a los Municipios corresponde a la entidad federativa.' (Diario Oficial del 9 de noviembre de 1998, primera sección, página 97, tercer párrafo).-4. Respecto al argumento de la actora en su último punto de su capítulo de hechos, cabe mencionar que es cierto que el artículo segundo transitorio del Decreto Número 83 que se controvierte, establece 'Continuarán aplicándose las disposiciones legales y reglamentarias vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto ...', refiriéndose a la Ley de Tránsito Reformada para el Estado de Oaxaca del 4 de noviembre de 1972, con la salvedad de que la vigencia otorgada se refiere única y exclusivamente a la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias en relación a todos aquellos procedimientos administrativos y jurídicos que se hayan iniciado antes de la publicación.-Refutación de los conceptos de invalidez.-En primer término, es necesario centrar la litis en que versa la presente controve
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6715-b3a73ebf/controversias-constitucionales-el-decreto-numero-83-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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